Durante el fin de semana del 25 y 26 de Mayo, las webs de Viento Sur -española-, CATDM -de alcance internacional y albergada en Bélgica- y la venezolana Aporrea, todas ellas reconocidas por su orientación anticapitalista, publicaron un artículo de José Ignacio Acuña, miembro del CATDM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo).

El artículo ( http://www.aporrea.org/actualidad/a166718.html ) destilaba cinismo y prejuicio respecto a los resultados, la orientación y la actual dirección del Gobierno de Venezuela, bajo el timón de Nicolás Maduro desde el 14 de Abril. Se “olvidó” el autor de narrar al público internacional al que se dirigía, algunos de los obstáculos naturales que la construcción del socialismo presenta para cualquiera que no viva en el mundo de hadas de la ingeniería social por encargo:

• Resistencia y boicot del sector privado
• Acoso mediático al Gobierno popular
• Identificación generalizada del concepto democracia con su versión representativa, lo que impide transcenderla.
• Límites inherentes a la mencionada democracia representativa para acelerar transformaciones económicas y políticas.

Lanza el autor además esta crítica a la escena internacional justo cuando arrecia de nuevo la agresión contra Venezuela en este escenario: La prensa española se muestra implacable, EEUU aún no ha reconocido al Presidente Maduro y el Presidente Colombiano, país que está negociando su entrada en la OTAN, acaba de recibir al representante de la oposición insurreccional, que no ha reconocido aún los resultados de los comicios del 14 de Abril.

Pero quizás lo más incomprensible de la lectura son sus afirmaciones, que navegan desde el infundio hasta la más absoluta falsedad, llamando especialmente la atención que se permite sostener sus afirmaciones sin referenciar el más mínimo dato. Desglosaré a continuación sólo alguna de ellas:

• "El sector público no es capaz de satisfacer de manera global más del 10% de la demanda nacional de consumo". ¿a qué rubro se refiere el autor?, ¿cual es su fuente? Lo cierto es que el sector público venezolano, tras las nacionalizaciones de Chávez no sólo abastece más del 10% sino que es el principal proveedor en sectores tan disímiles como telecomunicaciones,  crédito bancario personal, café, vivienda, cemento, azucar, electricidad, tráfico aéreo nacional y por supuesto gasolina, por sólo poner algunos ejemplos.

• "del SITME la burguesía obtuvo más del 92% de las divisas liquidadas" Esta afirmación es simplemente descabellada, es CADIVI quien las provee como sabe cualquier venezolano.
• "La postergación de la aplicación de la medida de ajuste cambiario originó una presión sobre los precios de bienes y servicios –mayormente importados-". En primer lugar hay que destacar que Venezuela apenas importa servicios. En segundo lugar a penas un 15% de la economía venezolana depende de la importación[1].
• “El aparato productivo Privado y el Sector Comercial Venezolano, compuesto por más de 7.000 establecimientos, demandan anualmente del Estado más de 40.000 millones de dólares”. Basta con repasar la información del Instituto Nacional de Estadística para conocer la cifra real,  33.071 millones de dólares.

Es curioso también rescatar el silogismo según el cual el autor deduce de la escasa capacidad exportadora del sector privado la ausencia de prioridad para el desarrollo endógeno. Al margen de las consideraciones sobre la ilógica detrás de esta afirmación creo que es lícito preguntar por la consideración que tienen para el autor los esfuerzos de industrialización de los gobiernos chavistas, que han instalado centenares de fábricas en los últimos años (fábricas de vehículos, de celulares, de tractores, de autobuses, de cemento, de bicicletas, de electrodomésticos, de productos agroalimentarios...), vinculadas a una planificación de la industrialización nacional que permea los tres primeros objetivos estratégicos del conocido y participadamente debatido Plan de la Patria.

Ha sido gracias a esta política que el sector industrial/manufacturero en Venezuela ya alcanza un 14%[2], un peso similar al del sector en el Estado Español, una de las 20 economías más fuertes del mundo.

Pero sin duda la perplejidad del lector llega al paroxismo cuando lee la crítica mordaz del autor a la política de déficit público del gobierno venezolano. Nada tengo que añadir que no sepan los lectores del Estado Español ya sobre la reducción del déficti. Si acaso apuntar que en el caso venezolano la deuda fiscal es además perfectamente sostenible, merced al  superavit exportador de más US$ 38.001 millones que acredita el BCV y que supone más del 10% del PIB anual.

Finalmente, viniendo de un autor que parece criticar la “lentitud” del avance hacia el socialismo en Venezuela, no parece muy congruente leer críticas al intercambio de petróleo por mercancias. ¿significa esto que está en contra del intercambio desmonetarizado de petróleo por médicos y medicinas que profesa Venezuela con Cuba? ¿o acaso del intercambio por “mercancías” como electrodomésticos chinos que luego son vendidos a precios subvencionados a las clases populars?, ¿incluye esta crítica a los intercambios de mercancias desconectados del valor de cambio y asociados al valor de uso y al equilibrio  no sólo de los balances económicos sino también sociales que propugna el ALBA como área de comercio?

Finalmente acabaré notando que entre las múltiples “recomendaciones”(sic) que el autor se permite lanzar al Gobierno venezolano, se encuentra muchas acciones que ya hace años vienen desarrollándose y que cualquier lector medio de periódicos bien informado podría haber contrastado.

Entre ellas están 1) el llamado a “Redefinir la política cambiaria; disminuir el otorgamiento de divisas a empresas que importen fuera de rubros necesarios, y considerados como de demanda primaria de la población”, algo que forma parte esencial del sistema de cambio venezolano CADIVI, que cubre más del 90% de las divisas otorgadas, 2) “Ampliar el control de precios; revisar las estructuras de costos actuales de los productos controlados o regulados. Sancionar a empresas que violen el control de precios. Expropiar empresas en sectores estratégicos y vitales para la población” que parece olvidar que existe una política del legislativo (Ley de Costos y Precios Justos) y del ejecutivo (Superintendencia de Control de Precios) que trabaja este área, además de una amplia experiencia de expropiaciones (CANTV, Sidor, Cafés Fama de América, Industrias Alimentarias Diana, Lacteos los Andes, etc.), 3) “Nacionalizar la Banca Privada”, cosa que se hizo con uno de los principales bancos del país, Banco Venezuela, expropiado al español Banco Santander y 4) “Ajustar en lo inmediato los sueldos y salarios de los trabajadores, para garantizar la protección del ingreso familiar”, decisión tomada y ejecutada el 1 de mayo (25 días antes de la publicación de este artículo).