El gobierno militar-cívico de Maduro y compañía se ha planteado, contrariando la opinión generalizada de los venezolanos, la elaboración de una nueva Constitución para reemplazar la aprobada soberanamente por el pueblo en 1999 después de que los venezolanos decidimos que sí queríamos una nueva Constitución; después de que elegimos en votación universal, directa y secreta a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); y después de que, al final, luego de una discusión de toda la sociedad, la aprobamos mayoritariamente en diciembre de 1999. Las razones para tal iniciativa gubernamental en el corto plazo las tenemos en el papel que ha venido jugando la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) siendo usada, inconstitucionalmente, para el ejercicio arbitrario del poder mediante la elaboración de los "Decretos Constituyentes" y "Leyes constituyentes". En el largo plazo, tales razones se relacionan con lo económico y, por tanto, con la entrega del país a los más grandes intereses transnacionales.
Por un lado, el apoyo que recibe el gobierno del Presidente Maduro de China y Rusia, está sujeto al curso que tomará la disputa de esas potencias emergentes con EEUU en el escenario geopolítico global y también, a la capacidad del mismo de garantizarles seguridad jurídica en la redención de los créditos y obligaciones otorgados y por otorgar a la República, la cual depende de la solidez del basamento legal y constitucional que sustenta los compromisos financieros y económicos contraídos. De ello dependerá la continuidad de sus inversiones en los grandes proyectos extractivistas en los cuales tiene cifrado el gobierno de Maduro el relanzamiento de la economía con lo que pretende soslayar el acoso económico de EEUU y sus aliados. Dichos proyectos, especialmente los asociados a la minería a gran escala en el llamado Arco Minero del Orinoco y a la extracción de hidrocarburos en la Faja del Orinoco y otros importantes yacimientos, requieren de grandes inversiones con retorno de largo plazo, que sólo podrían materializarse si los contratos que allí se generen otorgan seguridad jurídica y "grandes ventajas" a los inversores, fundadas en una base constitucional y legal incontrovertible.
Para que esas "ventajas" sean atractivas en la actual coyuntura económica venezolana, caracterizada por un alto riesgo país, deben ser congruentes con el interés del capital transnacional de revalorizarse a través de la obtención de derechos territoriales incuestionables de libertad de extracción y exportación de commodities, como el petróleo, gas, oro, diamante, coltan, cobre, plata, hierro etc., lo cual pasa por la privatización parcial o total de los mismos. Pero, el gran obstáculo que tiene el gobierno para lograr ese propósito, son las restricciones que establece la Constitución Bolivariana y las leyes respectivas para que ese proceso de privatización y desnacionalización se adelante. De ahí la necesidad que tiene la cúpula gobernante, de dinamitar los avances constitucionales logrados en materia de soberanía sobre nuestros recursos naturales, con el fin de impulsar su proyecto extractivista primario-exportador y rentista-dependiente.
Por otro lado, en el plano interno, cuando la crisis se profundiza atizada por la hiperinflación, la escasez, el colapso de la industria petrolera, los efectos perversos del cerco económico financiero de Washington y la incapacidad de esa cúpula de articular un programa de estabilización económica creíble y eficaz, en buena medida por estar prisionera de sus propias contradicciones, el gobierno militar-cívico ahora se plantea lograr la consolidación del nuevo régimen político autoritario que, de facto, ha venido tejiendo a través de "leyes constituyentes" y decretos ejecutivos amparados en un inconstitucional estado de excepción permanente.
Estos elementos, externos e internos y la forma como el gobierno ha venido actuando, dan claves acerca del contenido del nuevo texto constitucional (desconocido hasta hoy por los venezolanos), y la urgencia que tienen de aprobarlo hecho a la medida de esas necesidades del gobierno y que además, surge, sin consulta previa, de una ANC que no expresa la diversidad y representatividad de la sociedad venezolana en su conjunto, por su origen inconstitucional y configuración unipartidista. Intentarán hacer pasar su proyecto constitucional como un "desarrollo avanzado" de la constitución bolivariana, apoyándose en su estructura y semántica para confundir y ocultar las diferencias profundas en el contenido, especialmente en temas medulares como el referido al ejercicio de la soberanía popular a través de la democracia participativa y protagónica, de la democracia directa y referendaria, la confusión entre poder popular y poder estatal, la merma de los derechos sociales y políticos, la centralización del poder en el poder ejecutivo, entre otros cambios que apuntan hacia un salto regresivo en las conquistas democráticas y en los derechos ciudadanos del pueblo venezolano.
Independientemente de la forma y el momento de la entrada en vigencia de tal nueva Constitución, si la misma no está precedida por la más amplia difusión y discusión del texto por parte de todos los venezolanos y seguida por un proceso verdaderamente democrático de aprobación por votación universal directa y secreta de todo el pueblo, estaríamos en presencia de un nuevo fraude a la Constitución vigente.
La cúpula del gobierno-PSUV hábilmente ha venido construyendo un escenario propicio para ganar la batalla en un referéndum consultivo, con lo cual busca legitimarse en el poder, para establecer un nuevo régimen político y económico autoritario. Apoyándose en las debilidades y errores de sectores opositores que hoy lucen dispersos y divididos, con un liderazgo que ha sido incapaz de unificarse por encima de sus diferencias políticas e ideológicas en torno al rescate de la Constitución, la institucionalidad democrática y la soberanía, por la vía pacífica, democrática y constitucional. En su estrategia para descuadernar el campo opositor, la cúpula gobernante ha estimulado las contradicciones internas utilizando la intriga e inhabilitación de candidatos y organizaciones políticas. Para afianzarse en el poder, también ha sabido aprovechar la posición de algunos sectores opositores a favor de la injerencia externa y la intervención militar que promueve abiertamente el gobierno de EEUU y su vocero en la OEA, Luis Almagro. Además, desde el CNE ha utilizado como herramienta la provocación sistemática, estableciendo condiciones arbitrarias e ilegales para la formalización de la participación en los eventos electorales, con el fin de desestimular y disuadir a los actores políticos de su participación en los mismos, a lo que han contribuido también las intensas campañas que han fluido por las redes sociales para calificar la participación electoral como un acto de "traición" y "legitimación del régimen", promoviendo la abstención sin ofrecer otra alternativa, que no sea esperar la intervención de EEUU para que derroque a Maduro.
Controlando todos los resortes del poder, el gobierno-PSUV se siente invencible, especialmente por su control del CNE y el TSJ, pero tiene una gran debilidad que lo sitúa como un gigante con pies de barro. Más del 80% de los venezolanos lo rechaza y lo hace responsable de la crisis económica y sus secuelas en el cuerpo social de la Nación, así como de la inseguridad y la crisis de gobernabilidad institucional existente. A esto se suman las enormes aprensiones que han suscitado las últimas declaraciones transmitidas del Presidente Maduro, que ofrecen la imagen de un "paraíso terrenal" con una felicidad inalcanzable por cualquier régimen político; frente a una realidad de postración y agotamiento que ya no admite más demagogia populista ni la reiteración de promesas incumplidas durante varios años del gobierno.Ante este escenario de deterioro, lleno de desconfianza y rechazo mayoritario, es ineludible contribuir a la unidad para conformar un fuerte bloque que agrupe a los trabajadores y gremios que luchan por un salario digno y en defensa del derecho a la salud, a la alimentación, la educación y a la contratación colectiva, a los movimientos sociales y organizaciones populares de base, a los movimientos ecológicos que están enfrentando la destrucción ambiental y el extractivismo depredador, a los trabajadores petroleros y electricistas que luchan por erradicar la corrupción y las ineficiencias que mantienen al borde del colapso la industria petrolera y el sector eléctrico nacional, a los profesores, maestros y estudiantes que se mantienen en pie de lucha por la defensa de sus reivindicaciones laborales y sus instituciones educativas, a los empleados públicos que luchan por su derecho a la libertad de conciencia y por el respeto a sus convenciones colectivas, a los pueblos indígenas que luchan por sus derechos y en contra de la destrucción de su hábitat amenazando su propia existencia, a los partidos y movimientos políticos que han asumido el reto de participar en la construcción de una unidad nacional destinada a impulsar una salida constitucional, pacífica y soberana a la crisis política, económica y social que amenaza la existencia de la Nación.
Ese bloque podría emerger y cohesionarse con el fin de exigir la realización del referéndum consultivo, para someter a la consideración del soberano el proyecto de constitución de la ANC y si quiere o no derogar la Constitución vigente. En torno a ese propósito se facilita la unidad y la organización para participar en esa consulta popular, porque no habrá competencia electoral partidista ni estará en disputa la representación en los órganos del poder público, sino exclusivamente la ratificación o derogación de la Constitución bolivariana. Una derrota a la cúpula del gobierno-PSUV en ese proceso referendario, abriría un nuevo escenario político favorable a las fuerzas de la esperanza. En caso de que se difiera la convocatoria al referéndum, se la haga en términos imposibles de lograr su factibilidad real o simplemente se la omita, vulnerando la soberanía popular, de todos modos el saldo de una movilización mayoritaria en defensa de la Constitución vigente sería positivo desde el punto de vista político y organizativo, con el surgimiento de una nueva oposición unida en torno a un programa común, como una expresión genuina de la sociedad venezolana que lucha unida por el rescate de la soberanía popular y la defensa de nuestra Constitución que se ha convertido en el gran obstáculo que tiene el actual gobierno, para la entrega de la Patria a las grandes corporaciones financieras y empresariales del capitalismo global.
- POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA!!!
- POR UNA SALIDA CONSTITUCIONAL, PACÍFICA Y SOBERANA A LA CRISIS!!!
- TODO EL PUEBLO MOVILIZADO EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN!!!
Caracas, Octubre de 2018.
Por la Plataforma en Defensa de la Constitución:
Oly Millán, Santiago Arconada, Héctor Navarro, Gonzalo Gómez, Ana Elisa Osorio, Juan García V., Gustavo Márquez, Edgardo Lander,
Otros firmantes:
Jorge Giordani, Rodrigo Cabezas, Ramón Rosales, Nuris Orihuela, Roberto López…
