Algunos piensan que cuando se inicia un movimiento contra un impuesto (instrumento que se supone redistributivo, en teoría al menos) más que por el aumento de los salarios (en sentido amplio, incluida la seguridad social), nos encontramos ante un movimiento de derecha. La realidad es muy diferente: varios movimientos revolucionarios estallaron porque el peso de los impuestos considerados injustos se había vuelto insoportable para la mayoría del pueblo.

El inicio de la Revolución Francesa estuvo marcado por el rechazo a la política injusta de la monarquía a nivel fiscal. La mayoría de la población estaba sometida a una carga impositiva enorme y totalmente desigual, puesto que la nobleza y el clero no pagaban impuestos. ¿Por qué la monarquía los aumentaba? Para pagar la deuda pública contraída con los burgueses, deuda que servía a los intereses del régimen sin tomar en cuenta las necesidades de la población.

Uno de los detonantes de la Revolución de Lieja en 1789 fue el impuesto a la cerveza, que constituyó la gota que colmó el vaso. Tampoco en ese caso el pueblo aceptaba que el clero y la nobleza estuvieran exentos del pago de impuestos, y denunciaba el hecho de que 25% del presupuesto del principado de Lieja estuviera destinado al pago de una deuda pública ilegítima.

La primera revolución rusa de 1905 fue provocada en gran parte por los impuestos injustos que servían para financiar el pago de la deuda pública que había aumentado luego de las guerras en las que había participado el poder zarista. Antes de su arresto por la policía del zar, la dirección del movimiento revolucionario que encabezaba los consejos de obrerxs, campesinxs y soldados de la capital, San Petersburgo, había anunciado que había que dejar de pagar la deuda contraída por el poder del zar.

La imposición del poll-tax decretada por Margaret Thatcher en 1989 en Gran Bretaña provocó un gran movimiento popular de resistencia, pues este impuesto sobre la vivienda afectaba injustamente al pueblo. Esto desencadenó revueltas en diferentes puntos del país y acarreó la caída de la Dama de Hierro.

En 2018, el movimiento de los chalecos amarillos (gilets jaunes), que se desarrolla, entre otros lugares, en Francia, en su colonia de la isla de Reunión y en Bélgica (en Valonia y en Bruselas), constituye la expresión de un profundo hartazgo contra la injusticia flagrante de las políticas llevadas a cabo por los gobernantes: una gran parte de la población ha visto disminuir sus ingresos, es víctima de la caída en la calidad de los servicios público y experimenta cada vez más dificultades para hacer frente al costo de la vida. Una mayoría de lxs que participan en este movimiento no está organizada en partidos ni en sindicatos. Los chalecos amarillos denuncian los impuestos injustos, los salarios y las pensiones de miseria, exigen un alza del salario mínimo y del poder adquisitivo. Muy a menudo aparece la reivindicación del restablecimiento en Francia del impuesto a la fortuna ISF (impuesto de solidaridad a la fortuna).

Los gobernantes explican que hay que aceptar el aumento del precio de los combustibles a fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático y a fin de pagar la deuda [1]. Este discurso no funciona, no convence. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de lxs ciudadanxs se da cuenta perfectamente de que el gobierno no lucha de manera eficaz contra el cambio climático: no hay impuesto al querosén, no hay impuesto sobre los beneficios de las multinacionales petroleras, no hay alternativas al automóvil sino, al contrario, menos trenes y un aumento del precio de los pasajes, etc. Además, mientras reduce el poder adquisitivo de lxs de abajo, el gobierno multiplica los regalos a los más ricos y a las grandes empresas.

Cada vez más ciudadanxs se dan cuenta de que los gobernantes llevan a cabo una política totalmente injusta y, por tanto, ilegítima. Salen a la calle para expresar en voz bien alta sus exigencias.

Como durante el proceso revolucionario de 1789, se ve emerger una dinámica de elaboración colectiva y espontánea de las listas de reclamos, que contienen reivindicaciones y propuestas que se multiplican a través de las "redes sociales" y que son objeto de discusión entre personas que hasta ayer no se conocían y que hoy se encuentran haciendo piquetes para bloquear o filtrar la circulación automotor en las rutas y en los puertos, los depósitos industriales, las "torres de finanzas". Quieren hacerse oír e intercambian opiniones al respecto. Para muchos, es la primera vez en su vida que hacen política "en el terreno", que aprenden a auto-organizarse, que afrontan la represión, que se dan cuenta de que los grandes medios y los gobernantes practican la desinformación.

Algunas manifestaciones toman formas violentas, exactamente como durante los grandes estallidos sociales que marcan la historia de la humanidad.

En Francia, la justicia cómplice del poder decidió reprimir severamente a los que protestan. Las penas de prisión se multiplican a una velocidad impresionante. La violencia ejercida por los gobernantes y el aparato judicial a través de las pesadas penas aplicadas a los que protestan no tiene precedentes en los últimos sesenta años. Se trata literalmente de intimar por la fuerza al movimiento para que ya no manifieste su cólera frente a un poder represor, sordo, injusto y autoritario. Esta política recuerda sin la menor duda la estigmatización y la represión de las clases peligrosas, tal como ocurrió en el siglo XIX. La justicia da prueba de su carácter de clase. Por un lado, penas de cuatro a seis meses de prisión firme para los chalecos amarillos por haber participado activamente en protestas ciudadanas donde los bienes públicos o privados fueron dañados. Por otro lado, ninguna condena a los dueños de los bancos o de las grandes empresas, que practican sistemáticamente el robo de los bienes públicos a través de la evasión fiscal y el fraude a gran escala. Ni uno solo de los banqueros y empresarios, ladrones de guante blanco, ha sido objeto de condena a prisión, cuando los daños causados por la crisis que ellos provocaron en 2007-2008 acarrearon un costo que se eleva a decenas de miles de millones de euros para la sociedad.

Por otra parte, como señuelo, el gobierno de Macron intenta desactivar el movimiento anunciando la anulación del aumento del precio de los combustibles y sobre el endurecimiento del control técnico. Pero rechaza un alza del salario mínimo y de las pensiones. Rechaza el restablecimiento del ISF.

La austeridad presupuestaria continuará e impedirá en consecuencia el aumento real de los ingresos de lxs que lo necesitan con urgencia. No habrá tampoco inversiones masivas en los transportes públicos ni baja del precio de estos transportes, cuando estas medidas constituirían un medio excelente para combatir el calentamiento climático. No habrá aumentos de impuestos sobre las grandes empresas contaminantes como la petrolera Total. Larga es la lista de lo que habría que hacer y que Macron no hará para aportar una solución a las crisis social y climática.

Es importante subrayar, en las discusiones dentro del movimiento, que los impuestos injustos sirven para pagar una deuda pública también ella injusta. La deuda pública que ha aumentado fuertemente durante estos últimos años fue acumulada para favorecer los intereses particulares de una minoría privilegiada: los grandes accionistas y los banqueros, que se beneficiaron con los salvatajes bancarios desde 2007-2008, los más ricos, que recibieron de manera continua regalos fiscales, las grandes empresas, que pagan muy pocos impuestos… Además, en lugar de recurrir al servicio de Tesoro para financiar la deuda, los gobiernos que se han sucedido desde hace cuarenta años colocan los títulos de la deuda pública en bancos privados, que se benefician con el monopolio del otorgamiento del crédito a los poderes públicos. Esta práctica inaceptable es dictada por el tratado de Maastricht y entraña un sobreprecio para los poderes públicos, que lo compensan aumentando los impuestos y los gravámenes pagados por el pueblo, y de los que están exentos en la práctica los más ricos, como en la época del Antiguo Régimen.

Una gran parte de los nuevos empréstitos de deuda pública sirve para refinanciar el pago de deudas antiguas y esto constituye, por tanto, una renta para los bancos privados y para los ricos, que compran títulos de la deuda. Por estas diferentes razones, la mayor parte de esta deuda es ilegítima, y hay que luchar por que sea anulada.

La otra cara de esta moneda injusta está constituida por el hecho de que una parte muy importante de lxs que se suman al movimiento de los chalecos amarillos están endeudadxs con los bancos, pues sus magros ingresos no bastan para hacer frente a los gastos elementales, tales como la vivienda, la comida, la calefacción, la ropa, la salud, el transporte, el acceso a la enseñanza para lxs hijxs… Se lo ve claramente en la situación de las personas que han sido condenadas estos últimos días: una parte significativa de ellas están sobreendeudadas, pues sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades elementales. Deben tomarse medidas para anular una parte de la deuda de los hogares pertenecientes a la mayoría social, pues han sufrido de lleno una disminución de sus ingresos reales.

Finalmente, el poder está haciendo la demostración práctica de la validez de la afirmación del manifiesto comunista, en el sentido de que lo único que tienen para perder los proletarios son sus cadenas. Después de cuatro décadas de ofensiva neoliberal, la explotación capitalista de hoy ha llevado al pueblo a una situación que lo acerca progresivamente a la condición de los proletarios del siglo XIX: precarización de las condiciones de trabajo, disminución de los ingresos, omnipotencia de la patronal en sus relaciones contractuales con los asalariados, inseguridad frente a la vejez, degradación de las condiciones de vida en general, estigmatización de las "clases peligrosas", represión arbitraria y desproporcionada para dar el ejemplo e impedir las protestas sociales…

Recordemos que al comienzo de la ofensiva neoliberal, algunos podían simular la creencia de que emergería un capitalismo popular capaz de llevar a los asalariados a convertirse también ellos en accionistas que acumulan riquezas. Hoy, todos pueden darse cuenta de que una parte muy importante de la población vive con un ingreso miserable. El mito del capitalismo popular se derrumba con un ruido ensordecedor.

Ya es tiempo de pronunciarse por las soluciones radicales.

Un enfoque alternativo y favorable a los intereses de los pueblos debe a la vez ocuparse de la austeridad, la deuda pública, la moneda, los bancos privados, la zona euro, la oposición a las políticas autoritarias y el lanzamiento de procesos constituyentes. El balance del periodo 2010-2018 en la zona euro es claro: es imposible salir de la austeridad sin aportar respuestas a estas cuestiones. Desde luego, hay que agregar que la alternativa también debe abordar otros problemas, entre los cuales se encuentran la crisis climática y ecológica, la crisis humanitaria ligada al refuerzo de la fortaleza Europa, que condena cada año a una muerte cierta, en el Mediterráneo o en otras partes, a miles de candidatos a la inmigración y/o al asilo, sin olvidar la crisis en Medio Oriente. Se trata también de luchar contra la extrema derecha y el avance del racismo. Los chalecos amarillos, la izquierda radical, los movimientos sindicales, sociales, feministas y ecológicos europeos deben lanzar puentes hacia las fuerzas que resisten en los Estados Unidos después de la elección de Donald Trump, sobre todo con la aparición de un movimiento radical de izquierda alentado por la campaña de Bernie Sanders y que está llamado a luchar en la primerísima línea contra Trump y sus proyectos. También es vital que los movimientos de izquierda radical del continente desarrollen una colaboración estrecha con la izquierda británica y el corbynismo.

Hace falta avanzar alternativas frente a la política neoliberal.

La deuda pública podría constituir un instrumento de financiamiento de un vasto programa de transición ecológica, en lugar de servir para imponer políticas antisociales, extractivistas, productivistas, que incitan a la competencia entre los pueblos. El endeudamiento público no es malo en sí mismo. Los poderes públicos pueden recurrir al empréstito para:

financiar el cierre completo de las centrales nucleares o térmicas;

remplazar las energías fósiles por energías renovables, respetuosas del medio ambiente;

financiar una reconversión de la agricultura actual, que contribuye de manera importante al cambio climático y es una gran consumidora de insumos químicos, responsables de la disminución de la biodiversidad. Se trata de volver a darles a las actividades agrícolas una orientación compatible con la lucha contra el cambio climático, favoreciendo especialmente los circuitos cortos y produciendo alimentos bio;

reducir radicalmente el transporte automotor y aéreo en beneficio de los transportes colectivos por vías férreas;

financiar un vasto programa de desarrollo de un hábitat de mejor calidad, que consuma mucho menos energía.

El empréstito público es legítimo si está al servicio de proyectos también legítimos, y si aquellxs que contribuyen a ese empréstito lo hacen también de manera legítima. Un gobierno popular no dudará en obligar a las grandes empresas (nacionales o extranjeras) y a las familias más ricas a contribuir en el empréstito, sin obtener ninguna ventaja, es decir con tipo de interés cero y sin compensación por la inflación.

Al mismo tiempo, el gobierno tendrá que convencer a una gran parte de los hogares de las clases populares para que confíen voluntariamente sus ahorros a los poderes públicos, con el fin de financiar los proyectos legítimos ya mencionados. Esa financiación voluntaria por parte de las capas populares sería remunerada por una tasa real positiva, por ejemplo, del 4 %. Esto significa que si la inflación anual alcanza el 3 %, la administración pública debe garantizar un interés nominal del 7 %, con el fin de asegurar un tipo real del 4%.

Ese mecanismo sería totalmente legítimo, puesto que financiaría proyectos útiles para la sociedad, y porque permitiría reducir la riqueza de los más ricos y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos de las clases populares y asegurar sus ahorros.

Se trata también de hacer otras propuestas concretas, que deberían ser asumidas por un gobierno tan fiel al pueblo como los gobiernos actuales lo son con respecto al 1% más rico.

La primera propuesta es la necesidad de que un gobierno popular desobedezca, de manera muy clara y con anuncio previo a la Comisión Europea. El partido o la coalición de partidos que pretendan gobernar deben comprometerse, desde el principio, a desobedecer las exigencias de austeridad. También deben rechazar la coerción presupuestaria. Será necesario declarar: «Nosotros no respetaremos la obligación decretada por los tratados europeos de tener por objetivo el equilibrio presupuestario, porque queremos aumentar los gastos públicos para luchar contra las medidas antisociales y de austeridad, y para poder comenzar la transición ecológica. Eso implica aumentar el déficit presupuestario durante varios años.» En consecuencia, el primer punto es el compromiso, de manera clara y determinada, a la desobediencia. Después de la capitulación de del gobierno de Alexis Tsipras en 2015, es esencial abandonar la ilusión de obtener de la Comisión Europea y de los otros organismos europeos el respeto a la voluntad popular. Conservar esta ilusión nos conducirá al desastre. Debemos desobedecer.

Segunda propuesta. Comprometerse a un llamamiento a la movilización popular, tanto en cada uno de los países como en el ámbito europeo.

Tercera propuesta. Comprometerse a organizar una auditoría de la deuda con participación ciudadana y a rechazar el pago de unas deudas ilegítimas. Tanto dentro de la Unión Europea como en la zona euro, los países se encuentran en situaciones distintas. Hay países europeos en los cuales la suspensión de pagos es una medida prioritaria de absoluta necesidad, como el caso de Grecia, con el objetivo de atender ante todo las necesidades sociales y de garantizar los derechos humanos fundamentales. Este es también un elemento clave de autodefensa.

Frente a las amenazas de represalias del BCE, los pueblos de los Estados miembros de la zona euro disponen de una potente arma de autodefensa. Efectivamente, el BCE posee grandes cantidades de títulos soberanos de países de la zona euro que compró a los bancos privados en el marco de la política de flexibilización monetaria (ver el cuadro sobre el QE). Al 30 de noviembre de 2018, el BCE poseía títulos soberanos españoles por un valor de 259 000 millones de euros, italianos por 363 000 millones, franceses por 417 000 millones, portugueses por 36 000 millones. [2] En total, el BCE poseía en diciembre de 2018 2,17 billones de euros (2 150 000 millones) en títulos soberanos de los países de la zona euro (si incluimos lo que le queda de los títulos griegos comprados en 2010-2012). Imaginad que un gobierno de izquierda en España o en Francia dijera al BCE: «si ustedes quieren impedir que haga la política que me comprometí a realizar ante el pueblo de mi país, suspenderé inmediatamente el pago de los títulos que ese banco posee.» Esa suspensión se aplicaría tanto al pago de intereses como al monto debido al vencimiento. El gobierno tendría en sus manos una potente arma de defensa y de presión que no debería dudar en utilizar. Además, esa deuda se puede repudiar si el gobierno y el pueblo la consideran odiosa, por haber servido a objetivos contrarios a los intereses de la mayoría. El repudio sobre la base de una auditoría con participación ciudadana constituiría un acto legítimo.

Cuarta propuesta. Poner en marcha el control de movimiento de capitales. Y tener en cuenta lo que eso significa. Hay que aclarar muy bien que no se trata de prohibir a lxs ciudadanxs la transferencia de algunos cientos o miles de euros al extranjero. Es evidente que las transacciones financieras internacionales estarán autorizadas hasta un determinado monto. Por el contrario, significa implementar un control estricto sobre los movimientos de capitales por encima de un monto predeterminado.

Quinta propuesta. Socializar el sector financiero y el sector de la energía. Socializar el sector financiero no consiste solamente en desarrollar un polo bancario público, puesto que se debe decretar un monopolio público del sector financiero, es decir, de los bancos y las sociedades aseguradoras. La socialización consiste en poner al sector financiero bajo control ciudadano y crear un servicio bancario público. Socializar el sector financiero significa:

la expropiación sin indemnización (o la simbólica de un euro) a los grandes accionistas, mientras que se indemniza a los pequeños accionistas;

la concesión al sector público del monopolio de la actividad bancaria con una excepción: la existencia de un sector cooperativo bancario de pequeño tamaño, sometido a las mismas reglas fundamentales que el sector público.

la definición —con participación ciudadana— de un documento sobre los objetivos a alcanzar y sobre las misiones a proseguir, que ponga el servicio público del ahorro, el crédito y la inversión al servicio de las prioridades definidas según un proceso de planificación democrática;

la transparencia de las cuentas que deben presentarse al público de manera comprensible;

la creación de un servicio público de ahorro, crédito e inversiones, doblemente estructurado: por una parte, una red de pequeños establecimientos cercanos a la población y, por otra, organismos especializados a cargo de la gestión de fondos y financiaciones no garantizados por los ministerios a cargo de la salud pública, la educación nacional, la energía, los transportes públicos, las pensiones, la transición ecológica, etc. Los ministerios deberán estar dotados de un presupuesto suficiente para la financiación de las inversiones correspondientes a sus atribuciones. Los organismos especializados intervendrían en los ámbitos y actividades que excedieran las competencias y las esferas de acción de esos ministerios, con el fin de asegurar el cierre presupuestario. [3]

Por supuesto que en el marco de la transición ecológica, la socialización del sector de la energía es también prioritaria. No puede haber transición ecológica sin un monopolio público en el sector de la energía, tanto en la producción como en la distribución.

Sexta propuesta. Creación de una moneda complementaria, no convertible y salida del euro si fuera necesario. Ya sea en el caso de una salida del euro o del mantenimiento en la zona euro, es necesario crear una moneda complementaria no convertible. Dicho en otras palabras: una moneda que sirva, en circuito corto, en los intercambios dentro de un país. Por ejemplo, para el pago de los aumentos de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, el pago de impuestos, de servicios públicos. Utilizar una moneda complementaria permite separarse y salir parcialmente de la dictadura del euro y del Banco Central Europeo. Es evidente que no se puede evitar el debate sobre la zona euro. En varios países, la salida del euro es también una opción que debe ser defendida por partidos, sindicatos y otros movimientos sociales. Varios países de la zona euro no podrán romper realmente con la austeridad y lanzarse a una transición ecosocialista sin salir de la zona euro. En el caso del abandono del euro sería necesario ya sea una reforma monetaria redistributiva, [4] ya sea la aplicación de un impuesto excepcional progresivo por encima de 200 000 euros de patrimonio. Esta propuesta concierne solamente al patrimonio líquido, por lo tanto no concierne al patrimonio inmobiliario (casa, etc.), tratado en la séptima medida.

Séptima propuesta. Una reforma radical de la fiscalidad. Suprimir el IVA sobre los bienes y los servicios de consumo básicos, como la alimentación, la electricidad, el gas, el agua (con respecto a estos tres últimos dependería del nivel de consumo), [5] y otros bienes de primera necesidad. Por el contrario, debería producirse un aumento del IVA sobre los bienes y productos de lujo, etc. También necesitaremos un aumento de los impuestos sobre los beneficios de las empresas privadas y de los ingresos por encima de un determinado nivel. En otras palabras, un impuesto progresivo sobre los ingresos y sobre el patrimonio. La primera residencia debería ser exonerada del impuesto por debajo de un cierto monto que varíe en función de la composición de la familia. La reforma fiscal debe producir efectos inmediatos: una reducción muy sensible de los impuestos indirectos y directos para la mayoría de la población y un aumento muy sensible para el 10 % más rico, y para las grandes empresas. Finalmente, se intensificaría la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Octava propuesta. Desprivatizaciones. «Volver a comprar» las empresas privatizadas mediante el pago de un euro simbólico. Desde este punto de vista, hacerlo resultaría muy simpático, al pagar un euro simbólico a aquellos que se aprovecharon de las privatizaciones. Y reforzar y extender los servicios públicos bajo control ciudadano.

Novena propuesta. La puesta en marcha de un amplio plan de urgencia para la creación de empleos socialmente útiles y para la justicia social. Reducción del horario de trabajo con mantenimiento de los salarios. Derogación de las leyes antisociales y aprobación de leyes para remediar la situación de la deuda hipotecaria abusiva, disposiciones que conciernen prioritariamente a países como España, Irlanda, Grecia… Eso podría resolverse muy bien por ley, evitando los procesos —hay numerosos procesos jurídicos en marcha por la deuda hipotecaria en los que las familias se enfrentan a los bancos—. Un parlamento puede decretar una ley de anulación de deudas hipotecarias inferiores a 150 000 euros, por ejemplo, y acabar de esa forma con los procedimientos judiciales. Se debe implementar un amplio programa de gastos públicos con el fin de relanzar el empleo y la actividad socialmente útil, favoreciendo los circuitos cortos.

Décima propuesta. Comenzar un verdadero proceso constituyente. No se trata de cambios constitucionales en el marco de las instituciones parlamentarias actuales, sino de disolver el parlamento y convocar elecciones, con sufragio directo, para una Asamblea constituyente. Este proceso se debe articular con las luchas existentes, en diferentes ámbitos locales, que sientan las bases de lo que podría ser una sociedad ecosocialista. Para citar solo algunas de esas luchas, se pueden mencionar el actual movimiento de los chalecos amarillos, las huelgas cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de trabajo, y que, de hecho, desafían el poder de la patronal; las ocupaciones y recuperaciones de fábricas con la introducción de modelos autogestionarios; la nueva ola de luchas feministas que ataca al patriarcado y conduce hacia la igualdad de derechos; los movimientos de acogida y ayuda a los migrantes; los movimientos ecologistas fundamentados en la ocupación de territorios y en la acción directa («ZAD», «Ende Gelände», etc); la invención de nuevas formas de gestión de los bienes comunes; las «municipalidades rebeldes» que desobedecen a las directivas de austeridad y contra los migrantes, y se constituyen en red; las iniciativas desde las bases de auditorías de deudas públicas y de cuestionamiento de las deudas ilegítimas. Estas luchas constituyen los puntos de apoyo para iniciar un proceso constituyente con visión anticapitalista. También, por supuesto, este proyecto puede integrarse con otros procesos constituyentes similares en el ámbito europeo.

Son diez propuestas de base para someter a debate. Pero una cosa es cierta, las medidas que hay que tomar deben atacar la raíz de los problemas y deben ser aplicadas simultáneamente ya que es necesario tener un programa coherente. En ausencia de la implantación de las medidas radicales anunciadas desde el comienzo, no habrá ruptura con las políticas de austeridad. Es imposible romper con estas políticas sin tomar medidas radicales contra el gran capital. Los que piensan que sí es posible son «vendedores de humo» que no podrán obtener ningún avance real concreto. En el nivel europeo, la naturaleza de la arquitectura europea y la amplitud de la crisis del capitalismo hacen que realmente no haya espacio para políticas productivistas neokeynesianas. El ecosocialismo no debe quedar al margen, sino estar en el centro del debate, de donde saldrán las propuestas inmediatas y concretas. Es necesario llevar a buen término la lucha contra la austeridad y lanzarse al camino del anticapitalismo. La transición ecosocialista es una necesidad absoluta e inmediata.

Es fundamental construir y popularizar una explicación sobre lo que es necesario y posible hacer, para conseguir un cambio real. En las discusiones públicas surgen constantemente cuestiones sobre la factibilidad de la ruptura con el modelo neoliberal después del fiasco de la experiencia griega en 2015.

Estas propuestas deberían constituir un programa coherente. El programa debería acompañarse de algún tipo de «instrucciones». Evidentemente, es lo más difícil pero ¿cómo convencer sobre la factibilidad de un programa sino se prevé la existencia de varios escenarios basados en la experiencia de los 8 últimos años en la UE en general, y en la zona euro en particular?

Es importante hacer un análisis riguroso de los acontecimientos del primer semestre de 2015. Podemos sacar una conclusión clara: frente a un gobierno popular, la reacción negativa de los órganos dirigentes de la UE y de la zona euro será rápida. La Comisión Europea, el Eurogrupo y la dirección del BCE no se quedarán de brazos cruzados ante la decisión de un gobierno popular de comprometerse en un camino de cambio. No habrá período de gracia de varios meses. El gobierno popular deberá actuar rápidamente y por su propia cuenta.

En el caso de Grecia, desde los primeros días que siguieron a la asunción del gobierno, el BCE sometió al país a un proceso de asfixia económica. El rechazo del gobierno de Tsipras a tomar medidas fuertes de autodefensa lo condujo a una primera capitulación el 20 de febrero de 2015. [6] Sin embargo, todavía podría haber sido posible emprender un cambio radical, pero el núcleo dirigente que rodeaba a Tsipras mantuvo la misma política de capitulación, y eso condujo a la dramática situación de julio de 2015.

De hecho, desde la experiencia griega, a menos que nos contentemos con medidas tomadas por un gobierno del tipo Costa en Portugal, la izquierda debe integrar en su estrategia el hecho de que las medidas de sabotaje que tomarán las autoridades europeas serán rápidas y fuertes. Asimismo, los mercados reaccionarán negativamente y los grandes medios de comunicación serán hostiles a ese gobierno.

La izquierda se equivocaría si pensara que el Eurogrupo, el BCE, el gobierno alemán de 2018 y sus aliados de la zona euro podrían permitir que un gobierno popular en España o en Francia, o en otros países de la zona euro, realice cambios profundos. Para esas instituciones es vital impedir cualquier posible extensión de una auténtica experiencia popular.

Por consiguiente, es necesario mostrarse capaz de elaborar propuestas radicales en los ámbitos de la política monetaria, de la deuda, de los bancos, de los impuestos, del presupuesto (rechazando liberar un excedente primario antes del pago de la deuda), de las relaciones capital/trabajo, del sistema de seguridad social, de la política internacional y también es totalmente indispensable en el dominio de la democracia política que implique la convocatoria de un auténtico proceso constituyente.

Sabemos que no basta con elaborar un programa coherente y adjuntar instrucciones convincentes para modificar la relación de fuerzas. La movilización del campo popular será un elemento decisivo. Pero sin programa coherente y sin una voluntad real de aplicarlo, las movilizaciones populares corren el riesgo de no tener éxito y permanecer fragmentadas. La existencia de un programa y la determinación de propagarlo podrían generar la movilización de la población, y así poder volver a la ofensiva

Esperemos ser capaces de confrontar nuestras ideas y nuestras propuestas con el fin de realizar una elaboración colectiva que supere el nivel actual de fragmentación y de abstracción de las propuestas del campo popular. Hagamos lo necesario en acciones y movilizaciones para que este programa sea puesto en práctica.

No se trata de buscar una salida nacionalista a la crisis ni de abandonar el combate. Como lo fue en el pasado, es necesario adoptar una estrategia internacionalista y de promover una federación europea de pueblos opuesta a la continuación de la forma actual de integración, que está totalmente dominada por los intereses del gran capital. También hay que buscar constantemente desarrollar campañas y acciones coordinadas a nivel continental, y más allá, en el ámbito de la deuda, del derecho a la vivienda, de la acogida de migrantes y refugiados, de la salud y la educación públicas, del derecho al trabajo, en la lucha por el cierre de las centrales nucleares, en la reducción radical del recurso a las energía fósiles, en la lucha contra el dumping fiscal y los paraísos fiscales, en el combate por la socialización de los bancos, de las aseguradoras y del sector energético, en la acción contra la evolución cada vez más autoritaria del modo de gobernanza, en la lucha por la defensa y extensión de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, en la promoción de los bienes públicos, en el lanzamiento de procesos constituyentes.

Los eslabones débiles de la cadena de dominación intraeuropea se encuentran en los países periféricos (Grecia, Portugal, España, entre otros), pero también en Francia, en Bélgica, en Gran Bretaña y en Italia.

El movimiento de los chalecos amarillos iniciado en Francia en la isla Reunión tiende a extenderse hacia otras regiones, a Bélgica francófona especialmente. Las acciones de solidaridad con los chalecos amarillos se están desarrollando. Es tiempo ya de adoptar una estrategia emancipadora internacionalista.

Traducido por Patricia Wilson

Notas

[1] Subrayemos que, a partir de julio de 2018, un enorme movimiento popular sacudió a Haití. Con el fin de privilegiar, como lo destaca un comunicado del FMI, "la creación de un espacio presupuestario necesario para el financiamiento de los programas sociales y para aumentar las inversiones públicas" (blablablá…), el gobierno en el poder aumentó el precio de los combustibles. Esto tuvo un efecto inmediato sobre el costo de la vida, provocando un alza brusca de los precios de los transportes públicos. En un país donde la urbanización es anárquica, lo esencial de lo que se consume debe ser importado y la producción agrícola tiene que ser transportada en vehículos hacia la capital Puerto Príncipe. La población no se equivocó. Apenas se anunció el alza, estallaron revueltas en los barrios populares. Dos millones de haitianos se movilizaron y provocaron el retiro de las medidas.

[2] Web oficial del BCE, Breakdown of debt securities under the PSPP, https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html, consultado el 9 de dicembre de 2018.

[3] ¿Qué podemos hacer con los bancos? http://www.cadtm.org/Que-podemos-hacer-con-los-bancos

[4] Aplicando a la nueva moneda un tipo de cambio progresivo para pasar al euro, se disminuiría el patrimonio líquido en posesión del 10 % más rico, lo que reduciría la desigualdad.

[5] Esto puede combinarse con medidas de gratuidad por consumo de agua, electricidad, gas, transportes públicos, etc., por persona y hasta un determinado nivel de consumo

[6] Éric Toussaint, «El tándem Varoufakis-Tsipras hacia el desastroso acuerdo que firmaron con el Eurogrupo, en la reunión del 20 febrero de 2015», publicado el 26 de marzo de 2018, http://www.cadtm.org/El-tandem-Varoufakis-Tsipras-hacia; del mismo autor, «La primera capitulación de Tsipras y Varoufakis fue a fines de febrero de 2015», publicado el 9 de abril de 2018, http://www.cadtm.org/La-primera-capitulacion-de-Tsipras