Texto colectivo presentado por más de 160 co-firmantes

23 de mayo por Eric Toussaint , Esther Vivas , Catherine Samary , Mikel Noval , Sergi Cutillas , Janire Landaluze , Daniel Albarracín , Tijana Okic , Pablo Cotarelo , Nathan Legrand , Alexis Cukier , Jeanne Chevalier , Yayo Herrero , Walter Actis

Este texto es la versión reducida del «Manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos en Europa» publicado el 21 de marzo de 2019 en inglés, francés y castellano.

Este Manifiesto ha sido elaborado por un colectivo de activistas e investigadores de una docena de países europeos cuya voluntad es la de proponer un plan que pudiese ser implementado por fuerzas de la izquierda popular. Forma parte del proyecto «ReCommonsEurope» iniciado por dos redes internacionales, CADTM y EReNSEP, así como por el sindicato vasco ELA, con el fin de contribuir a los debates estratégicos que atraviesan a la Izquierda popular en la Europa actual. El texto fue escrito en un año por dieciséis personas activas en seis países diferentes (Bélgica, Bosnia, Estado español, Francia, Grecia y Gran Bretaña), activistas de diferentes organizaciones y movimientos (sindicatos, partidos políticos, movimientos de activistas) y con conocimientos diversos y complementarios (economía, ciencias políticas, filosofía, antropología, derecho, ecología, sindicalismo, feminismo, solidaridad Norte/Sur, etc.). Están representadas tres generaciones. El Manifiesto cuenta con el apoyo de más de 160 firmantes de 21 países europeos. De estas y estos 160 firmantes, la mayoría son mujeres. La recogida de firmas, así como la reflexión y elaboración colectivas de las que ha surgido este Manifiesto, continúan.

Hemos elaborado una propuesta coherente sobre los compromisos, iniciativas y medidas que deben adoptar las fuerzas populares de izquierda en Europa. Las propuestas abordan los principales problemas a los que tendrá que hacer frente un gobierno popular tan pronto como llegue al poder. El Manifiesto está dirigido a organizaciones políticas y movimientos sociales (sindicatos, asociaciones, ciudadanos) que luchen a nivel local, nacional e internacional por los derechos humanos fundamentales y la igualdad para todas y todos, por la emancipación social y la democracia, y contra la destrucción de los ecosistemas.

Nuestro objetivo es el de someter estos análisis y propuestas al debate de la izquierda social y política, así como de todos las y los activistas y ciudadanos de Europa que están convencidas y convencidos de que es necesario un cambio radical si queremos hacer frente a los grandes retos del momento. Europa atraviesa una crisis importante y prolongada. La Unión Europea sigue construyéndose de forma antidemocrática y al servicio de los más ricos. En los últimos años se han perdido varias oportunidades, especialmente en 2015 en Grecia. La crisis ecológica, las violentas políticas de austeridad, el peligro que representa el ascenso de una extrema derecha racista y xenófoba hacen que sea aún más urgente definir una estrategia que combine la autoorganización, los movimientos sociales y las organizaciones políticas, con el fin de poner la política al servicio de la mayoría.

Introducción

Desde hace una década, la ira popular se ha ido expresando en Europa contra las políticas que sirven a las empresas más grandes y más ricas, así como contra las medidas discriminatorias y antidemocráticas implementadas por los gobiernos nacionales, a menudo coordinadas por la Unión Europea (UE). Este descontento se ha reflejado en iniciativas sindicales, pero también en nuevos movimientos como el «15-M» en el Estado español (también llamado movimiento de los "Indignados«en el extranjero), la ocupación de plazas en Grecia y las masivas manifestaciones en Portugal en 2011, los movimientos contra la reforma laboral en Francia (creador del movimiento»Nuit Debout «) y contra el impuesto sobre el agua en Irlanda en 2016, las grandes manifestaciones a favor de la autonomía y contra la represión política en Cataluña en 2017. Las luchas feministas han dado lugar a movilizaciones históricas en Polonia (»Czarny Protest«contra la ley antiaborto en 2017), Italia (»Non Una di Meno«desde 2016), en el Estado español (con una huelga feminista de 5 millones de mujeres el 8 de marzo de 2018), así como a una victoria contra la influencia política de la Iglesia Católica en Irlanda con la legalización del aborto por referéndum en mayo de 2018, y están imponiendo finalmente su centralidad en todas las luchas sociales. El año 2018 fue testigo del surgimiento de nuevas movilizaciones sociales contra el orden económico y político dominante, con, por ejemplo, el movimiento contra la»ley de la esclavitud«(una reforma neoliberal de la legislación laboral) en Hungría, y el crecimiento del movimiento antirracista llamado»Indivisible«en Alemania, y en Francia y la Bélgica francófona, el movimiento de los Chalecos Amarillos, que se opone especialmente a las políticas fiscales injustas y a la falta de democracia en las instituciones políticas. Sin olvidar también de las manifestaciones ecologistas por el clima, organizadas por jóvenes que han llamado a la huelga en muchos países como Suecia, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Francia y Gran Bretaña. Todos estos y muchos otros movimientos, han desafiado la austeridad y la orientación autoritaria de las políticas en Europa, planteando, directa o indirectamente, la necesidad de un proyecto de sociedad radicalmente alternativo al capitalismo, al productivismo, al saqueo ecológico, al racismo y al patriarcado. Este Manifiesto se inscribe en estos movimientos y comparte sus objetivos: la lucha contra todas las opresiones, por los derechos de todas y todos, por la igualdad y por la invención de una democracia que no se detenga en las puertas de las empresas y de los barrios obreros, y que sea radicalmente antinómica con la lógica capitalista (ya pretenda ser»proteccionista«y, por lo tanto, contra los»extranjeros«, o»liberal") que destruye tanto los derechos sociales como el medio ambiente.

Este Manifiesto se inscribe en el seno de movimientos sociales indisociables de las urgencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y por la solidaridad.

Estos movimientos sociales son inseparables de la situación de emergencia social, ecológica, democrática, feminista y solidaria. Una emergencia social porque las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras en Europa se han deteriorado de forma constante en los últimos treinta años, y de forma más acelerada desde la crisis que golpeó al continente en 2008-2009. Una emergencia ecológica porque el consumo exponencial de combustibles fósiles que requiere el capitalismo y la relativa destrucción de los ecosistemas, amenazan la existencia misma de la humanidad. Emergencia democrática porque las clases dominantes no han dudado en adoptar en los últimos treinta años métodos de dominación cada vez menos preocupados por mantener las apariencias democráticas y cada vez más coercitivos, en respuesta a los desafíos a los que se han enfrentado. Urgencia feminista porque la opresión patriarcal en sus diversas formas está provocando reacciones de rechazo cada vez más masivas proclamadas alto y claro por millones de mujeres y hombres. Por último, existe una necesidad emergencia de solidaridad, porque el cierre de las fronteras y la construcción de muros en respuesta a los millones de personas migrantes en todo el mundo que huyen de la guerra, la pobreza, los desastres ambientales o los regímenes autoritarios, no constituyen más que una negación de la humanidad. Cada una de estas emergencias conduce, como respuesta, a que existan movilizaciones de desobediencia, auto-organización y construcción de alternativas, todas ellas posibles fuentes de alternativas democráticas en Europa.

En este Manifiesto, nuestra reflexión y nuestra voluntad de actuar están enraizadas en estas movilizaciones a escala europea, pero sin encerrarnos en las fronteras e instituciones existentes: todos los retos y derechos mencionados tienen una dimensión global, declinándose en cada país y en cada continente, con sus propias especificidades e historias. Los ataques sociales se articulan de lo local a lo global a través de las estrategias de las corporaciones multinacionales y sus grupos de interés dentro de los estados e instituciones de la globalización capitalista, basadas en las normas del llamado «libre comercio». De hecho, es esta lógica la que rige las «acuerdos de asociación» profundamente desiguales que la UE está desarrollando con los países del sur y del este de la zona europea.

Las instituciones europeas incitan y a veces obligan a los gobiernos nacionales a acelerar en cada país los procesos de bajada de salarios y de pensiones, de desmantelamiento de los derechos laborales y sociales, de privatización de los servicios públicos.

Las instituciones europeas desempeñan un papel esencial en la elaboración, la organización y la coordinación de las políticas neoliberales a nivel internacional. Alientan y a veces obligan a los gobiernos nacionales a acelerar en cada país los procesos de bajada de salarios y pensiones, el desmantelamiento de los derechos laborales y sociales, la privatización de los servicios públicos, etc. Es evidente que las políticas neoliberales no son dictadas únicamente por las instituciones europeas -de hecho, los países que no forman parte de la UE también las aplican-, pero es cierto que los tratados y las instituciones son un poderoso instrumento para fomentarlas y hacerlas cumplir. Sean cuales sean las interpretaciones que se puedan hacer de las fases pasadas del proceso de «integración europea», es evidente que la UE siempre ha sido un conjunto de instituciones pro-capitalistas, y que desde el Tratado de Roma se ha construido como un gran mercado de capitales y una «competencia libre y sin distorsiones», protegida de la intervención popular y democrática. Pero su reciente evolución ha radicalizado esta naturaleza desigual y autoritaria de las políticas europeas. Este último período se caracteriza por un aumento considerable de las desigualdades económicas y sociales, tanto dentro de cada país como entre el centro y las periferias internas y externas (sur y este) de la UE; también se caracteriza por un agravamiento de la crisis ecológica: el cambio climático y las denominadas catástrofes naturales, provocadas por la destrucción de los ecosistemas, que se observan de forma intensa y continua. Sin embargo, las instituciones europeas prefieren sistemáticamente salvaguardar la existencia del capitalismo antes que la existencia de la humanidad.

Enfrentados a un agravamiento de la crisis ecológica, las instituciones europeas prefieren salvar de forma sistemática la existencia del capitalismo antes que la de la humanidad.

La respuesta de la mayoría de los gobiernos a los crecientes movimientos de protesta consiste en aumentar el nivel de represión estatal: se amenaza a opositores sociales y políticos en Grecia, en Francia y Bélgica se suceden las leyes liberticidas y la violencia policial se multiplica, se criminaliza a las y los activistas de los movimientos por la acogida y la solidaridad con los inmigrantes, etc. Las fuerzas de extrema derecha, xenófobas y autoritarias están avanzando de forma significativa hasta el punto de participar en gobiernos europeos (como por ejemplo en Italia), o de marcar la agenda política de los gobiernos de «extremo centro» (como es el caso en Francia). Las instituciones europeas, por su parte, nunca habían estado protegiendo tan activamente los intereses capitalistas y nunca han estado tan cerradas ante cualquier intervención de la voluntad popular y la elección democrática como en estos últimos años. En Grecia, respondieron con una política de asfixia monetaria (agotamiento de la liquidez del Estado) ante la victoria electoral de Syriza en enero de 2015 y luego, tras la victoria del «NO» en el referéndum de julio de 2015, continuaron las negociaciones a puerta cerrada con el mismo Gobierno en vistas a neutralizar la voluntad popular e imponer, con la ayuda del Gobierno griego, un tercer memorando austeritario. Con los acuerdos sobre políticas migratorias firmados entre la UE y terceros países, como el acuerdo con Turquía de abril de 2016, estas instituciones se han sumado a la injusticia del Reglamento Dublín III y a la violencia de Frontex (la agencia para la represión de los inmigrantes en las fronteras de la UE), a la violación sistemática del derecho internacional, en especial el derecho al refugio, y a la financiación directa de una política represiva externalizada a terceros países. Hoy en día, los proyectos dominantes para la «reforma» de la UE son militaristas (aumento del presupuesto de Euroforce), antidemocráticos (control europeo automático de los presupuestos nacionales) e incluso aún más neoliberales (proyectos para la privatización generalizada de los servicios públicos). Para esta UE, más que nunca, «no puede haber una opción democrática contra los tratados europeos», como afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en 2015, desde el punto de vista de las instituciones europeas.

Frente a esta construcción pro-capitalista, antidemocrática y xenófoba que representa la UE, ¿qué podemos hacer? Una reforma a escala europea por la vía electoral no es una opción realista. Una (muy) hipotética mayoría de una coalición de la izquierda popular en el Parlamento Europeo no bastaría para imponer un cambio en los principales tratados y control democrático de la Comisión Europea y del BCE, que son las dos principales máquinas de guerra del neoliberalismo en Europa. El Parlamento no tiene las prerrogativas necesarias para tales reformas, y el BCE, la Comisión Europea, así como el TJCE y las diversas agencias europeas se han vuelto absolutamente autónomas con respecto a la soberanía popular. Y una elección simultánea de gobiernos que pretendan reformar la UE en la casi totalidad de los Estados miembros también parece ilusoria, aunque sólo sea por los diferentes calendarios y ciclos electorales. La Unión Europea no es hoy únicamente uno de los líderes mundiales del neoliberalismo, sino que también es un conjunto de instituciones irreformables, razón por la cual una izquierda transformadora de la sociedad no podrá seguir siendo creíble y realista sin que ponga en el centro de su estrategia la ruptura con los tratados e instituciones de la Unión Europea.
Pero, ¿qué forma debería tomar esta ruptura? Sabemos que no puede consistir en negociaciones que busquen el consenso sin un equilibrio de poder con las instituciones europeas, como ha demostrado claramente la experiencia del primer Gobierno de Syriza en 2015. También sabemos que las rupturas políticas deben basarse necesariamente en movilizaciones sociales a gran escala. Estas movilizaciones fueron cruelmente insuficientes en Grecia a principios de 2015, y podrían haber ayudado a orientar la campaña de Brexit en una dirección diferente a la nacionalista y xenófoba que lamentablemente prevaleció en Gran Bretaña en 2016. En otras palabras, la violación de los tratados e instituciones de la Unión Europea debe estar basada en el conflicto social además de tener un carácter democrático e internacionalista. Este Manifiesto defiende la necesidad y la posibilidad de oponerse a la vez a fuerzas y políticas desiguales y reaccionarias (ya se presenten como "liberales" o como "proteccionistas") a nivel nacional, europeo e internacional, basadas tanto en la iniciativa de las y los ciudadanos y los movimientos sociales organizados como en la acción de un gobierno popular que defienda los derechos para todas y todos.

Es necesario y posible de oponerse al mismo tiempo a las fuerzas y políticas desiguales y reaccionarias a nivel nacional, europeo e internacional.

Sin embargo, hará falta que lo que en Europa se conoce como «izquierda popular» pueda estar a la altura de las circunstancias. Hasta la fecha, todos sus componentes carecen cruelmente de claridad y valentía en su relación con las instituciones europeas, de radicalidad y ambición en las propuestas políticas que defienden, y de apoyo popular debido a su desconexión con los movimientos sociales que, desde abajo, desafían el orden existente. Es hora de debatir, a nivel local, nacional e internacional, sobre medidas e iniciativas realistas y radicales, cuya aplicación permita realmente satisfacer las necesidades sociales, garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y hombres que residen en Europa o desean establecerse en ella, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, conquistar el poder democrático y comenzar a superar el capitalismo, emprendiendo la transición ecológica.

Los capítulos de este Manifiesto están concebidos como propuestas para el debate, fruto de una reflexión orientada tanto hacia acciones inmediatas como hacia el largo plazo. Se dirigen a ciudadanas y ciudadanos y activistas, de la izquierda social, sindical y política de los distintos Estados miembros o que estén en la órbita de la UE, presentando para el debate diagnósticos y propuestas que los movimientos sociales y las fuerzas de izquierda que pretenden constituir un gobierno popular podrían defender conjuntamente. En esta versión reducida -que no sustituye a la versión completa- se incluye primero una presentación general del recorrido del Manifiesto y luego un resumen de cada uno de los capítulos, centrado en las propuestas presentadas para su discusión y orientado a la acción.

En el capítulo 1 se someten al debate los principios, estrategias e instrumentos para alcanzar los citados objetivos y aplicar esas propuestas. Se propone responder a esta pregunta: ¿Qué debe hacer un gobierno popular en los primeros días y meses de su actividad? Al igual que los capítulos siguientes, distingue y enumera las medidas inmediatas, a medio y largo plazo que deben adoptarse en los planos nacional e internacional. Los siguientes capítulos contienen propuestas relativas a:

la deuda pública, de la cual debe ser abolida la parte ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible (Capítulo 2);

los bancos, que deben ser socializados como parte de un servicio bancario público que ponga el dinero al servicio de las necesidades básicas y no de la acumulación de beneficios (capítulo 3);

el empleo y los derechos sociales, que deben ser desarrollados y reinventados para mejorar las condiciones de vida y ganar poder democrático sobre los medios y la finalidad del trabajo (Capítulo 4);

la transición energética y ecológica, que debe ser implementada con urgencia para detener la destrucción de los ecosistemas e inventar nuevas formas de vida sostenibles (Capítulo 5);

Las luchas feministas, que deben estar en el corazón de un proyecto radicalmente democrático y ser transversales en todas las luchas sociales y políticas (capítulo 6);

la educación y la salud, que deben ser defendidas como derechos fundamentales, desarrollados y extendidos a todas y todos como servicios públicos, en contra de su mercantilización y degradación en curso (Capítulo 7);

la política internacional y las migraciones, que deben estar orientadas en la práctica hacia la realización de los derechos fundamentales de todas y todos, la paz y la solidaridad entre los pueblos (Capítulo 8).

El capítulo 9, al igual que el primero, propone principios, estrategias y herramientas para lograr los objetivos presentados. Su objetivo es el de responder a la pregunta siguiente: ¿qué hacer frente a la hostilidad y a los obstáculos impuestos por las instituciones europeas? Presenta un enfoque de desobediencia (en todos los niveles territoriales), de confrontación (incluyendo herramientas defensivas y ofensivas), de ruptura (de diferentes posibles maneras) y plantea el desafío de la reconstrucción de alianzas y procesos constituyentes para establecer formas democráticas y de cooperación internacional, alternativas a las de la UE.

La soberanía popular no puede construirse si no se ataca a las formas actuales de las instituciones políticas, a nivel nacional, europeo e internacional y creando sobre la base de la autoorganización de nuevas instituciones democráticas.

Nuestro campo social debe rechazar tanto los planes irrealistas de reforma institucional de las instituciones europeas, que en última instancia solo refuerzan el statu quo, como los planes nacionales de retirada, que solo conducen al fortalecimiento del capitalismo nacional. Una fuerza de izquierda que pretenda aspirar a ser un gobierno popular y emprender cambios sociales inmediatos debe comprometerse a desobedecer a las instituciones de la UE, a romper con su funcionamiento normal, a defenderse de los ataques y represalias de las instituciones europeas y de las grandes empresas, así como de los intentos de bloquear el orden existente por parte de las instituciones nacionales, y a trabajar hacia la construcción de nuevas alianzas internacionales con actores de dentro y fuera de la UE actual, con el fin de crear nuevas formas de cooperación y solidaridad. La soberanía popular sólo puede construirse abordando las formas actuales de instituciones políticas, a nivel nacional, europeo e internacional, y creando, sobre la base de la autoorganización, nuevas instituciones democráticas. Para ello, es necesario convencer a la gente de la necesidad de una ruptura política con las instituciones nacionales, europeas e internacionales que llevan a cabo las políticas contra las que luchamos, y consolidar los vínculos entre las redes, la resistencia y todos los componentes políticos, asociativos y sindicales que comparten los objetivos de un cambio progresista y radical, con el objetivo de tener un peso a escala europea. En el futuro más inmediato, es urgente fortalecer y coordinar las iniciativas de desobediencia, ruptura y autoorganización existentes, así como de iniciar otras nuevas, dándoles sistemáticamente una dimensión internacional, y dirigiéndolas claramente en contra las instituciones al servicio del gran capital y a favor de nuevas formas de solidaridad entre los pueblos.

Reconstruir espacios y un mundo que sean habitables, justos y democráticos.

Mediante estas propuestas de desobediencia y ruptura con las instituciones europeas no se trata, por tanto, de buscar una solución nacionalista a la crisis y a la protesta social. Como en el pasado, es necesario el adoptar una estrategia internacionalista y abogar por una federación europea de pueblos que se oponga a que continúe el modelo actual de integración que está totalmente dominado por los intereses de las grandes empresas. También se trata de desarrollar constantemente campañas y acciones coordinadas a nivel continental (y más allá) en las cuestiones de la deuda, la ecología, el derecho a la vivienda, la acogida de migrantes y personas en busca de refugio, la sanidad, la educación y otros servicios públicos, y el derecho al trabajo. Hay que luchar por el cierre de las centrales nucleares, la reducción drástica del uso de combustibles fósiles, la prohibición del dumping fiscal y de los paraísos fiscales, la socialización de los bancos, las aseguradoras y el sector energético, la reapropiación de los comunes, la defensa y la extensión de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, la promoción de los bienes y servicios públicos, el lanzamiento de los procesos constituyentes. Más que nunca, ha llegado el momento de actuar contra la evolución cada vez más autoritaria de los gobiernos y de luchar por la democracia en todos los sectores de la vida social,

Se argumentará que este camino revolucionario es demasiado radical o demasiado difícil. A esto respondemos que los otros caminos constituyen callejones sin salida, y que es la única manera de romper con el orden existente, ahora y donde que sea posible, para reconstruir los espacios locales, regionales, nacionales, internacionales, y hacia un mundo que sea habitable, justo y democrático.

Capítulo 1 - Primeras medidas de un gobierno popular

¿Qué debería hacer la izquierda popular si accediera al gobierno de un país de Europa? En este capítulo proponemos una serie de medidas e iniciativas comunes -a poner en marcha en cualquiera de los casos- y dos escenarios diferentes -entre los que habría que escoger- respecto a la cuestión monetaria.

Medidas inmediatas:

Desde el primer día de su entrada en funciones, un gobierno popular debe estar preparado para promulgar decretos relativos a: el respaldo de los depósitos bancarios (hasta un cierto montante de dinero); el control de los bancos, compañías de seguros, etc.; el Banco Central deberá ser puesto inmediatamente bajo la autoridad del gobierno y será autorizado a emitir moneda; una moratoria del servicio de la deuda pública; el control de capitales; medidas importantes que permitan mejorar inmediatamente y de manera evidente las condiciones de vida de la mayoría, tales como el incremento del salario mínimo y de las pensiones de jubilación.

La prioridad será acabar con la austeridad. Para ello, el gobierno popular deberá poner en marcha una serie de medidas económicas que respalden la adecuada aplicación de una agenda social. En especial, deberá: confrontar el Pacto europeo de estabilidad y crecimiento; suspender el pago de la deuda pública decretando una moratoria o una auditoría ciudadana de la misma, optando por un impago selectivo que proteja los fondos de la Seguridad social, el pago de jubilaciones y los depósitos de los pequeños ahorradores; establecer un control de capitales para prevenir su fuga y la evasión fiscal; establecer el control de precios sobre los bienes y servicios de primera necesidad; tomar el control del sistema bancario y de seguros; poner en marcha una reforma progresista de la fiscalidad (con mayores tasas sobre los beneficios y la riqueza), priorizando la tributación de grandes empresas y salarios muy elevados para financiar la política de inversión pública; proteger a las clases populares en caso de disminución temporal de los ingresos públicos, haciendo pagar la crisis a las clases dominantes.

La prioridad es acabar con la austeridad.

Un gobierno popular debe lanzar un gran abanico de medidas en materia de derechos sociales: aumentar el salario mínimo y las pensiones de jubilación; extender los servicios públicos universales y gratuitos en los ámbitos sanitario, educativo, de cuidado de menores y personas mayores, de los transportes colectivos y de vivienda social; crear empleos de calidad en el marco de un cambio de modelo productivo en el marco d ella transición ecológica; poner en marcha medidas legislativas de reducción del tiempo de trabajo, junto con una reforma progresista del derecho laboral que limite el poder de los propietarios en las empresas, con vistas a una democratización del conjunto de los espacios de trabajo.

Un gobierno popular debe reestablecer, ampliar y reforzar los derechos sociales y desarrollar un amplio programa de socialización que implique prioritariamente la expropiación de los capitalistas en los sectores estratégicos de la economía

En cuanto a los sectores estratégicos de la economía se tratará de desarrollar un amplio programa de socialización, lo que supone expropiar a los capitalistas, prioritariamente en los sectores financiero (banca y seguros), energético, telecomunicaciones e industria farmacéutica, poniendo sus actividades al servicio de la población. Un gobierno popular debe tomar medidas concretas para socializar completamente los sistemas de educación, de sanidad y de cuidados, derivando al sector público los servicios que controle el sector privado (hospitales, escuelas, universidades, etc.).

Puesto que tales medidas implican desobedecer los tratados e instituciones de la Unión Europea, ésta reaccionará seguramente para intentar impedir su puesta en marcha.

Con el fin de estar mejor preparados para responder a estas reacciones hostiles, un gobierno de izquierda popular debe iniciar de forma inmediata conversaciones públicas con otros gobiernos y dirigirse a los otros pueblos de la U.E. para lanzar campañas internacionales de apoyo a sus políticas, federando diversas iniciativas por el cambio.

Opciones para actuar en materia de soberanía monetaria:

Para responder a la reacción hostil de las instituciones de la U.E. la cuestión crucial es la de la soberanía monetaria. Sobre este asunto existen muchos debates en el seno de la izquierda popular europea; la red ReCommonsEurope plantea aquí dos de ellas, en el marco de un proceso abierto de discusiones que sus participantes consideran abierto a la discusión.

La soberanía monetaria es una cuestión crucial

Escenario 1: Salida inmediata de la Unión económica y monetaria y creación de una nueva moneda nacional

Una etapa crucial que deberá emprender un gobierno popular en su camino es la del rechazo de la Unión económica y monetaria (UEM), y de su estructura económica neoliberal actual. Para los países periféricos, especialmente los de la periferia Sur de Europa, la salida de la UEM actualmente existente resulta imperativa. Salir de esta jaula de hierro es un medio necesario para poner en marcha políticas que permitan desarrollar la economía, absorber el desempleo mediante la creación de empleo bien remunerado y reducir la pobreza. La salida no será necesariamente un proceso sencillo, pero hoy existen conocimientos considerables sobre la manera de conseguirlo mínimo las perturbaciones posibles. Para los países del centro la cuestión de la UEM es mucho más compleja, pues esto supondría el total desmantelamiento de la unión monetaria y la puesta en marcha de dispositivos alternativos. En ningún caso la UEM debería ser sustituida por una competencia abierta entre países en los mercados de cambio. Europa necesita un sistema estabilización de las tasas de cambio y de un sistema de pagos entre países que sean radicalmente diferentes a los de la UEM. Si fuera provocado por las fuerzas populares, el desmantelamiento de la UEM podría constituir un paso importante contra el régimen neoliberal de la U.E.

Salirse o cortocircuitar la UEM permitirá poner en marcha políticas económicas concretas creando una real base de solidaridad en Europa.

Escenario 2: Una moneda alternativa para cortocircuitar la UEM

Un gobierno popular podría poner en marcha una autoridad monetaria capaz de emitir inmediatamente una moneda alternativa al euro, cualquiera que fuera la decisión final (permanecer en la UEM o volver a una moneda nacional). La ventaja política de una moneda nacional alternativa, incluso si su papel es solo complementario en un primer momento, es que permitiría al gobierno popular -sin abandonar inmediatamente el euro- responder a varios desafíos inmediatos y defenderse preventivamente de las medidas de represalia de las instituciones de la U.E., que defenderán las restricciones de los tratados vigentes. La moneda complementaria puede jugar un papel transitorio y amortiguador, ofreciendo un importante margen de maniobra. El gobierno aceptará el pago de impuestos en esta moneda que también servirá como medio de pago para una serie de servicios, para los aumentos salariales del personal de los servicios públicos, de las pensiones y de las prestaciones sociales. Esta nueva moneda tendrá, la menos inicialmente, un valor paritario con el euro. De este modo, la moneda complementaria será parte de una estrategia que busque cortocircuitar el poder vinculante de la UEM, sosteniendo una política de ruptura con los tratados europeos en la vía de permitir, en última instancia, la recuperación completa de la soberanía monetaria, incluyendo una salida d ella UEM si fuese necesario.

Iniciativas en el ámbito internacional:

Abandonar o cortocircuitar la UEM, y eventualmente salir de la Unión Europea, si se trata de una vía para desarrollar políticas de apoyo a los trabajadores (cualquiera sea su nacionalidad) contra le capital, no constituye un planteamiento nacionalista ni significa un retorno a Estados en competencia y en guerra en Europa. Al contrario, será signo de la emergencia de un internacionalismo radical que se apoye en la voluntad popular expresa de rechazo de las estructuras disfuncionales y hegemónicas de la U.E. Dicha ruptura, al reflejar una nueva relación de fuerzas favorable al campo popular, permitirá impulsar políticas económicas que generen una base de solidaridad europea, dando un nuevo contenido a la soberanía popular y a los derechos democráticos, dentro o más allá de las fronteras existentes. Conducirá a nuevas formas de alianza interestatales en Europa, incluso a un modelo alternativo de espacio supranacional, democrático y solidario basado en la cooperación entre los pueblos y sobre el internacionalismo, desconectado de la lógica capitalista.

Capítulo 2 - La banca

La moneda, el ahorro, el crédito y el sistema de pagos, en tanto tienen utilidad para el interés general, deben responder imperativamente a una lógica de servicio público (por tanto, ser utilizados y dirigidos en el marco de un servicio público). La socialización del sector bancario (es decir, el monopolio público de la actividad bancaria y su gestión por parte de trabajadoras y trabajadores con la participación de sus usuarios, de asociaciones cívicas y de representantes de administraciones) es una condición necesaria para el cambio de modelo social. Una medida como esta supone una amenaza seria para el capitalismo, por lo que el apoyo popular será una condición indispensable para su realización.

La socialización del sector bancario es una condición necesaria para el cambio de modelo social

Medidas de adopción inmediata por un gobierno popular:

Para tener margen de maniobra una vez llegado al poder y limitar los riesgos de asfixia financiera, un gobierno popular debe instaurar un control de movimientos de capital. También debe adoptar inmediatamente un nueva regulación bancaria que imponga especialmente: un incremento significativo de los fondos propios de los bancos en sus balances, con un suelo mínimo del 20%; la obligación de los bancos de sanear sus compromisos fuera de balance; la separación d ella banca comercial de la banca de inversión y la prohibición de relaciones crediticias entre entidades de distintos tipos, así como la prohibición de la titulación, de las operaciones a corto plazo, de la especulación, de los mercados financieros de derivados, de los vínculos de bancos con la banca en la sombra y los paraísos fiscales y judiciales, y de la socialización de pérdidas; el fin del secreto bancario; la persecución sistemática de los dirigentes responsables de delitos y crímenes financieros; la instauración de una responsabilidad financiera real de los grandes accionistas, especialmente en caso de quiebras; el incremento de impuestos a la banca para obligarla a participar en el esfuerzo tributario del país. Un gobierno popular también debe recuperar el control de su Banco Central, en la perspectiva de retomar el control de su política monetaria y de sus condiciones de financiación.

Poner en marcha una nueva regulación bancaria y recuperar el control del Banco Central con el objetivo de tener márgenes de maniobra y de limitar los riesgos de asfixia financiera

Hacia la socialización del sistema bancario privado:

Tanto en el seno de la izquierda popular, como en la red ReCommonsEurope, es necesario continuar el debate para lograr una posición unificada. En este momento existen dos posiciones en discusión: bien socializar una parte del sector bancario creando un polo público concebido como una etapa en la socialización integral del sector (escenario 1), o bien proceder de entrada a la socialización completa del sistema bancario, integrando los bancos de inversión y finanzas, así como el de los seguros (escenario 2). Mientras que el concepto de nacionalización puede confundirse con el de estatalización y con la toma de control de la banca por élites dirigentes en el marco de un capitalismo nacional, el de socialización remite más explícitamente a una colectivización en la que las y los trabajadores ejercen el poder de decisión y el control, con la participación de las y los usuarios, de representantes de asociaciones y de autoridades políticas. Un gobierno popular debería indemnizar a las y los pequeños accionistas (aquellas y aquellos que no intervienen en las decisiones de los bancos), mientras que podría decidir no reembolsar más que un euro simbólico a grandes accionistas, recuperando el coste del salvamento de la banca a costa del patrimonio de estos.

El concepto de socialización reenvía explícitamente a una colectivización en la cual las y los trabajadores ejercen el poder de decisión y de control con la participación de las y los usuarios

Escenario 1: Un polo bancario público

Si la opción de la socialización inmediata de todo el sector bancario no fuera compartida por el conjunto de fuerzas que sostengan el gobierno popular, el polo bancario público podría resultar una solución de compromiso que permitiese al gobierno disponer de medios de financiación para sus políticas.

En materia de gobernanza, dentro de ese polo público cada establecimiento conservaría su autonomía de funcionamiento y sus propias instancias de dirección. No obstante, la acción de estas entidades se inscribirá en un marco común definido por una instancia nacional de dirección que asegurará la coherencia del conjunto. Dicha instancia de coordinación nacional estará integrada por autoridades políticas nacionales y locales, responsables de establecimientos bancarios y de representantes de la sociedad civil, especialmente sindicatos y asociaciones. Mientras subsiste un sistema bancario privado, emergerá un sistema bancario tripartido: un polo financiero público, integrado por los bancos socializados y otras instituciones públicas, coexistirá con la banca privada y con un polo mutualista. Además, podrá establecerse el derecho de información y de veto sobre los proyectos a financiar por parte de representantes del personal asalariado del sector. La socialización impone una revisión fundamental de la composición de los consejos de administración y de sus formas de designación. Para el conjunto de bancos que no pertenezcan al polo público una "Ley bancaria" deberá determinar sus tareas, así como la composición y forma de nombramiento de los miembros de sus consejos de administración y sus direcciones, sea cual sea su estatus jurídico.

Escenario 2: Socialización completa del sector bancario

La completa socialización del sector bancario implica la expropiación sin indemnización (o con una indemnización simbólica) de los grandes accionistas (los pequeños accionistas, en cambio, serán indemnizados): el otorgamiento al sector público del monopolio de la actividad bancaria (con una excepción: la existencia de un sector de banca cooperativa de pequeño tamaño, sometida a las mismas reglas que el sector público); la definición -con participación ciudadana– de una carta sobre los objetivos y metas a conseguir, que ponga al servicio público del ahorro, del crédito y de la inversión al servicio de las prioridades definidas por un proceso de planificación democrática. La socialización del sector bancario y de los seguros y su integración en los servicios públicos permitirá sustraer a la ciudadanía y a los poderes públicos de los mercados financieros; financiar los proyectos ciudadanos y de los poderes públicos; dedicar la actividad bancaria al bien común cuya misión será, entre otras, la de facilitar la transición desde una economía capitalista, productivista y nociva hacia una economía social, sostenible y ecológica.

Con la socialización del sector bancario los bancos privados desaparecerían: tras su expropiación, el personal será integrado en el sector público de banca y seguros, respetando su antigüedad y salarios y con una mejora de sus condiciones de trabajo. Las agencias locales otorgarán créditos sin riesgo a individuos, hogares, PYMEs y estructuras privadas locales, a las asociaciones, a los municipios y a las instituciones públicas. Los proyectos locales a financiar serán definidos de forma democrática con un máximo de participación ciudadana.

Sea cual sea el escenario elegido, la recuperación del control sobre el banco central resulta indispensable.
 

Capítulo 3 - La deuda

Todo gobierno popular debe impugnar la legitimidad de la deuda pública que ha sido contraída para reforzar las instituciones financieras privadas y la acumulación privada de capital, y ha de rechazar el principio de equilibrio presupuestario. Este proceso debe comenzar por la suspensión del pago de la deuda y la puesta en marcha de un control de capitales con el fin de iniciar una auditoría, ejercicio de transparencia y de soberanía que permitirá al nuevo gobierno determinar qué parte de la misma es ilegítima y debería ser repudiada o reestructurada unilateralmente. Dando por descontado el nivel de conflicto que ello implicará con los acreedores, resultará muy importante que este proceso sea llevado a cabo con el suficiente apoyo popular.

Cuestionar la legitimidad de la deuda soberana que ha sido contraída para financiar las instituciones financieras priva das y acumular capital privado.

Cuestionar la legitimidad de la deuda pública

La legitimidad de una gran parte de la deuda pública de los estados miembros de la U.E. debe ser cuestionada. La necesidad de reducir radicalmente el importe de la deuda no se debe sólo a la pesada carga que supone el pago de los intereses para el tesoro público, sino también al hecho de que las políticas de austeridad impuestas por las instituciones trasnacionales para adecuarse a sus obligaciones de pago tienen generalmente consecuencias desastrosas para los países deudores. La vigencia de estas políticas de ajuste debe ser detenida de forma inmediata por cualquier gobierno de izquierdas que quiera proponer un programa progresista. Es muy probable que un gobierno progresista que quiera plantar cara a sus acreedores y poner fin a la austeridad llegase al poder en un contexto de fuertes turbulencias en el mercado, como sucedió en Grecia en 2015. En ese contexto, la necesidad del control de capitales es inmediata para impedir la fuga masiva de capitales fuera del país (por parte de capitalistas que teman por sus intereses inmediatos o que busquen abiertamente sabotear los esfuerzos del gobierno progresista), y contribuir a evitar la inestabilidad y el hundimiento bancario.

La auditoría de la deuda pública como herramienta para tomar medidas unilaterales contra las deudas públicas ilegítimas

Debe realizarse una auditoría ciudadana de la deuda para argumentar y obtener el apoyo popular a las medidas unilaterales contra la carga de la deuda pública, desde la suspensión de pagos a la reestructuración o su repudio. Hay que airear las cuentas de la deuda, sometiéndolas al examen público y un análisis bajo control democrático deberá determinar qué deudas no deben ser reembolsadas. Por una cuestión de principios, las deudas consideradas odiosas, ilegítimas, ilegales o insostenibles (de acuerdo con las definiciones elaboradas por la Comisión por la verdad sobre la deuda pública de Grecia) no deben ser pagadas.

Las políticas de austeridad impuestas por los acreedores con el fin de satisfacer el reembolso de la deuda pública tienen consecuencias desastrosas para los países deudores. La puesta en marcha de estas políticas debe pararse inmediatamente.

Los gobiernos de izquierda popular deberán incluir en la auditoría de la deuda los créditos que sus Estados posean sobre otras naciones. Aquellos que fueran considerados ilegítimos, ilegales, odiosos y/o insostenibles deberán ser anulados.

En el momento de una anulación de deudas públicas se protegerá a los pequeños ahorradores que han invertido en títulos públicos, así como a la población asalariada y jubilada que ha visto una parte de sus cotizaciones sociales (jubilación, desempleo, enfermedad, familia) colocadas en ese tipo de títulos por las instituciones u organismos de gestión.

Las deudas odiosas, ilegítimas, ilegales, injustificables no deben ser pagadas.

Reducción de la deuda privada

Un gobierno de izquierda deberá aplicar un programa de reducción de la deuda privada, reduciendo o anulando las deudas de individuos o familias cuyo volumen ha aumentado fuertemente bajo la ofensiva neoliberal contra el empleo, los salarios, los servicios públicos, etc. Dichas medidas de urgencia deberán ser acompañadas por políticas destinadas a revertir dichas políticas.

Capítulo 4 - Trabajo, empleo y derechos sociales

Es necesario un cambio radical en las políticas de empleo y las políticas sociales para garantizar un empleo justo y decente, así como el derecho a la democracia económica para todas y todos.

Iniciativas de los movimientos sociales y ciudadanos:

Las reivindicaciones e iniciativas de los movimientos sociales y ciudadanos son precondiciones para superar la lógica neoliberal. Dichas iniciativas deberían apuntar a la anulación e inversión de los procesos de degradación de derechos sociales y el desmantelamiento de la negociación colectiva desplegado en los últimos años; al establecimiento de un salario mínimo de referencia; a la reducción de la jornada de trabajo, con el horizonte de las 32 horas semanales, y la garantía del derecho a la vivienda; el derecho de toda persona a migrar y a recibir una acogida digna que le garantice la plena ciudadanía; el desmantelamiento del poder de las grandes empresas, especialmente las multinacionales, por la vía de su socialización y regulación pública; la reconversión social, ecológica, democrática y feminista del modelo económico.

Reforzar las iniciativas de los movimientos sociales que busquen parar y darle la vuelta al proceso de degradación de los derechos sociales.

Las medidas inmediatas de un gobierno popular:

Un gobierno popular debería adoptar medidas inmediatas para restablecer los derechos perdidos en el ámbito del empleo y de la negociación colectiva, aumentando el poder de la clase obrera y de los sindicatos; anular los recortes impuestos a las pensiones de jubilación e incrementar su cuantía, al igual que las prestaciones de desempleo y otros beneficios sociales; garantizar plenos derechos a todas las personas forzadas a migrar por motivos económicos, sociales o políticas; anular y oponerse a la "nueva generación" de tratados comerciales.

Romper con los mecanismos impuestos por la lógica de las políticas de "convergencia" a nivel europeo y democratizar la economía.

Los gobiernos populares deberían aplicar a continuación medidas en los siguientes ámbitos: reducción de la jornada de trabajo semanal a 35 horas, como primer etapa de una reducción más importante, sin pérdida de salario; aumento del salario mínimo; abolición de las actuales restricciones para la mejora de convenios colectivos en los distintos ámbitos territoriales y sectoriales; prohibición de despidos en empresas con beneficios; abolición de la desigualdad de género en el empleo, haciendo efectivo el principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres con igual cualificación; fijar un número mínimo significativo de horas remuneradas en los empleos a tiempo parcial; la democratización de los lugares de trabajo y una mayor participación de los trabajadores en los procesos de decisión de las empresas; el aumento de la protección social y de la parte de la riqueza nacional destinada a sanidad, educación, prestaciones sociales, etc.; impulso de experiencias democráticas en el mundo laboral: cooperativas, producción auto-organizada de bienes y servicios, economía social y solidaria, etc.; creación de nuevos derechos sociales que permitan vivir dignamente: acceso a vivienda pública, derecho al trabajo (que es preferible a una renta básica); reconocimiento de las situaciones de dependencia específica por medio de un sistema público de cuidados y de acompañamiento, universal y gratuito; garantía de plazas disponibles y gratuitas en guarderías públicas; creación de un "subsidio de autonomía" (o salario estudiantil) que permita a los jóvenes financiar sus estudios eludiendo las presiones del mercado laboral, etc. Estas medidas implican un incremento de los empleos de alta calidad en sectores económicos socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles.

Las medidas a medio plazo de un gobierno popular:

A medio plazo las medidas sociales y económicas de un gobierno popular deberían consistir, prioritariamente, en romper con los mecanismos impuestos por la lógica de las políticas "de convergencia" a nivel europeo (criterios presupuestarios, limitación del gasto público, etc.) y en democratizar la economía: el derecho de las y los trabajadores a decidir sobre las condiciones y organización de su trabajo, así como sobre los medios y los fines de su actividad, debe ser reconocido como un derecho social y democrático garantizado por las leyes laborales. Esto implica otorgar a todas las personas un derecho inalienable al trabajo, a la educación y a la vivienda y a concebir de forma distinta el papel del trabajo transformándolo en una institución democrática.

Promover a nivel internacional iniciativas a favor de la transformación social, democrática, ecológica y feminista del trabajo.

Las iniciativas a medio plazo en el ámbito internacional:

En el ámbito internacional hemos de promover sistemáticamente iniciativas en favor de la transformación social, democrática, ecológica y feminista del trabajo. Esto significa que todas las instituciones políticas y sociales deben ser puestas al servicio del cambio en las maneras de producir, de distribuir y de consumir, de la relocalización de empleos en sectores social y ecológicamente necesarios, y del establecimiento de condiciones de trabajo justas y dignas. Además, debemos promover la transformación radical de las reglas de la mundialización especialmente rompiendo con los "acuerdos comerciales" que en realidad constituyen sistemas de dominación del gran capital y de las multinacionales- dando prioridad a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

En lo concerniente a las cuestiones estratégicas en el ámbito europeo, las prioridades deberían ser las huelgas trasnacionales, para confrontar colectivamente el poder de las multinacionales con una perspectiva de lucha de clases; las campañas europeas o internacionales impulsadas por sindicatos y movimientos sociales respecto a los retos mencionados: la pedagogía respecto a los efectos desastrosos de la Unión Europea respecto al empleo, las desigualdades y los derechos sociales; la oposición, desobediencia y lucha frente a todas las instituciones del capitalismo neoliberal, incluida la Unión Europea, que obstaculizan la aplicación de los derechos sociales de trabajadores y la ciudadanía.
 

Capítulo 5 - Ecosocialismo y transición energética

Un compromiso ambiental coherente no puede limitarse a modificar el vínculo entre humanidad y naturaleza de forma genérica; es necesario exigir al mismo tiempo la igualdad social que garantice la satisfacción de las necesidades sociales básicas y proteja a las clases populares: se trata de conciliar la preservación de un entorno sustentable (especialmente mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, de un 58% hasta 2030 y de un 100% hasta 2050) y de la justicia social, de lograr la igualdad social al margen del productivismo. En resumen, necesitamos un programa de decrecimiento anti-productivista, ecosocialista y anticapitalista. En Europa esto implica una ruptura radical con la Unión Europea capitalista y sus "políticas climáticas", especialmente sus permisos de emisiones, los certificados verdes y los bonos, y más genéricamente todo lo relacionado con el "capitalismo verde" que intenta promover la Comisión Europea.

Necesitamos un programa de decrecimiento antiproductivista, ecosocialista y anticapitalista.

Iniciativas ciudadanas inmediatas:

Sólo será posible abordar los cambios necesarios para afrontar la crisis descrita contando con un gran apoyo social, basado en una ciudadanía bien informada y dispuesta a impulsar y corresponsabilizarse de las transformaciones a abordar junto con las instancias políticas. Por ello es necesario impulsar, proteger y desarrollar iniciativas ciudadanas orientadas hacia una transición socio-ecológica (cooperativas de servicios públicos, consumo agroecológico, reciclaje, restauración ecológica, sectores en proceso de reconversión, etc.). Asimismo, hay que promover la toma de consciencia y el desarrollo de iniciativas auto-organizadas que actúen como laboratorios de experiencias que puedan ser reproducidas a gran escala.

Necesitamos urgentemente un control público sobre el sector energético, es decir la expropiación de las empresas privadas en este sector y su transferencia a un sector público y socializado de la energía.

Medidas de urgencia a ser adoptadas por un gobierno popular:

Para garantizar un programa democrático en favor de la mayoría necesitamos urgentemente un control público del sector de la energía, es decir, la expropiación de las grandes empresas privadas del sector, transfiriéndolas a un polo público socializado de la energía. Resulta igualmente necesario establecer un control ciudadano de los medios de producción y de los objetivos esperados en todos los sectores, control que deberá recaer en personas lo más próximas posibles al campo y al tipo de necesidades implicadas. Además, necesitamos establecer un control democrático en el ámbito estatal respecto a factores claves como las infraestructuras, los agentes económicos, los mecanismos financieros, la planificación estratégica y los sectores asociados. Para que el sector público pueda cumplir su misión de catalizador de la transición y recibir financiación sin la presión del mercado capitalista necesita contar con autonomía monetaria. Para ello habrá que abandonar las reglas de la Unión monetaria europea y reemplazarlas por otras formas de cooperación financiera en Europa. Debemos promover un modelo que favorezca la producción local, reduzca el impacto socioambiental global y genere prosperidad local, incluso sin crecimiento del PIB.

La magnitud de los problemas ambientales exige importantes transformaciones socioeconómicas en un plazo de tiempo muy breve. Además de las acciones ya mencionadas, el gobierno deberá poner en marcha mecanismos excepcionales de urgencia para sostener los cambios radicales inmediatos destinados a la preservación de la naturaleza y la biodiversidad, especialmente del control del proceso de urbanización y de ocupación de tierras; el refuerzo de leyes y reglamentos para reducir la contaminación y la alteración de los ciclos bio-geoquímicos; la reforestación y el desarrollo de la agroforestación. Las medidas de urgencia también deben extenderse al ámbito de la energía y el clima, especialmente vía un plan de nacionalización/socialización de los medios de producción en el sector energético, las infraestructuras, los operadores y los sistemas de fijación de precios y tasas; un plan de financiación energético con criterios de prioridad social y de redistribución de la riqueza; el desarrollo de un sector energético socializado, relocalizado y de propiedad pública que utiliza fuentes de energías renovables y no contaminantes; prohibición de técnicas de fractura hidráulica y cierre de centrales nucleares y de las térmicas que funcionan con combustibles fósiles; promoción de la agroecología, sin utilización de pesticidas ni de agentes químicos.

Objetivos concretos para un gobierno popular:

Un gobierno popular comprometido en el apoyo a las clases populares y a garantizar la sostenibilidad ecológica debe redefinir los principales sectores económicos. Éstas son algunas de las medidas a desarrollar: establecimiento de objetivos y estrategias a largo plazo, plasmados en la Constitución o en leyes; creación de mecanismos democráticos de inversión y financiación de una transición ecosocialista (mediante la socialización de bancos, pero también de la anulación de la deuda pública ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible, etc.); preservación de los sistemas ecológicos esenciales como el suelo, los cursos de agua, napas freáticas, costas y mares, reforzando la gestión pública de los bienes comunes; eliminación de obstáculos jurídicos a la producción agroecológica en unidades de economía campesina; desarrollo de servicios públicos con acceso gratuito y sencillo para toda la población urbana y rural; impulso de las zonas rurales y descongestión de las zonas urbanas, preservando las zonas aún "vírgenes"; aumento de la autosuficiencia de las ciudades; organización de un amplio plan de aislamiento de viviendas en la perspectiva del derecho a un alojamiento decente para toda la población; desarrollo de un nuevo modelo de gestión de la energía garantizando el control de precios; prohibición de la obsolescencia programada; puesta en marcha de una estrategia que permita prever conflictos ecológicos locales, promoviendo soluciones democráticas en el marco de la reconversión y relocalización económica.

El intentar hacer frente a los desafíos socio-ecológicos y energéticos a nivel estatal es esencial pero irrealizable si estas iniciativas no están acompañadas de medidas a nivel internacional.

Iniciativas en el ámbito internacional:

Tratar de resolver los desafíos ecológicos desde cada país es algo imprescindible pero totalmente inviable si no existe una estrategia de acción internacional. Se trata principalmente de modificar las reglamentaciones de la Unión Europea. Para conseguir un verdadero control público necesitamos, por una parte, librarnos de las reglas de competencia europeas, así como de las reglas sobre los mercados públicos, la regla europea de estabilidad y de los límites al déficit público como las restricciones monetarias vigentes; por otra parte, de introducir cláusulas que limiten la intervención de empresas e inversores en las estrategias europeas de biodiversidad, especialmente en lo referido a salud pública (reducción de la contaminación del aire, prohibición de pesticidas patógenos y contaminantes, etc.); abolir los tratados multilaterales (como la Carta de la energía, los mecanismos de resolución de diferendos por tribunales privados contemplados en los llamados acuerdos de "libre cambio", etc.) y todos los tratados que contradigan los objetivos fijados por el gobierno popular.

Necesitamos un plan radical de transición ecosocialista en Europa y en el resto del mundo. Los esfuerzos destinados a una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser más importantes en los países del norte global, con el fin de garantizar a los países del Sur un derecho prioritario a desarrollarse utilizando lo que la humanidad aún pueda permitirse de energías no renovables, desde este momento hasta que la transición energética esté asegurada a nivel mundial. Superar el capitalismo no es solo cuestión de igualdad y de democracia sino también de supervivencia y de renovación de los ecosistemas en los que se inscribe la humanidad. En esta perspectiva, una ruptura radical con las instituciones y tratados europeos actuales y su reemplazo por otras formas de cooperación internacionales son condiciones sine qua non.

Capítulo 6 - Feminismo

Una posición política feminista coherente exige que nos opongamos a toda forma de explotación, de sexismo, de expresión del patriarcado y a todas las formas de violencia que hacen que las personas explotadas y vulnerables se vuelvan unas contra otras mientras el capital logra dividir nuestras luchas comunes sin ser inquietado. Nuestra fuerza reside en las luchas y en la solidaridad de las/os oprimidas/os, mujeres, comunidades LGTBIQ+, minorías, personas víctimas del racismo y trabajadoras/es contra la tiranía del mercado y el capital y contra la Unión Europea que impone medidas de austeridad.

Nuestra fuerza reside en las luchas y en la solidaridad de las y los oprimidos; necesitamos gobiernos populares que sinteticen estas luchas

Los gobiernos populares deberán sintetizar las luchas de estos movimientos e ir más allá de las simples exigencias de igualdad formal, poniendo en cuestión las bases de género de la división del trabajo y de la reproducción social, así como su exclusión de la esfera pública. Hay que socializar las tareas de reproducción social [1] invirtiendo, por ejemplo, de forma masiva en guarderías comunales, lavanderías y comedores colectivos, con el objetivo de ofrecer dichos servicios de forma gratuita. De esta forma se crearán las condiciones necesarias para la integración en pie de igualdad de mujeres y hombres en todos los sectores económicos y con los mismos salarios. Se trata de crear las condiciones para acabar con el trabajo doméstico subalterno de las mujeres y transformar la división de género del trabajo en un sentido realmente igualitario y liberador. Durante el período de transición habrá que recurrir a un sistema de cuotas, para asegurar que las mujeres, particularmente las de origen inmigrante, estén debidamente representadas en los sectores de su elección, especialmente el sector público. En seno de este último queremos crear formas de flexibilidad que no sirvan a los intereses del capital, que se asegura una reproducción barata de la fuerza de trabajo en las familias a expensas de las mujeres. Las mujeres deben poder elegir libremente su maternidad, de tomar o no permisos de maternidad, de realizar o no una carrera, de tener el derecho de decidir por sí mismas lo que quieren hacer de sus vidas y de su desarrollo personal en el trabajo y en la sociedad. El sector público socializado servirá de palanca para desarrollar cambios radicales de la estructura social. Nuestro objetivo es el de inscribirnos en las luchas de los movimientos de liberación para transformar la reproducción social desde abajo, a través de las iniciativas de movimientos auto-organizados.

Permitiendo a las mujeres el decidir libremente sobre sus vidas, el sector público podrá servir como palanca para traer cambios más radicales en la estructura social.

Por tanto, los movimientos sociales deben trabajar, mediante campañas y movilizaciones, para obtener la igualdad completa para todas y para todos, la penalización de toda forma de violencia y de discriminación fundadas sobre las construcciones sociales de género, de clase, de raza o de edad; la descriminalización de las protestas contra las políticas anti-inmigración y las acciones de solidaridad con las migrantes y otros grupos vulnerables; salario igual por igual trabajo; socialización de las tareas de reproducción social: inversiones en equipamientos colectivos (guarderías, comedores, lavanderías); mayor participación ciudadana en las decisiones políticas a nivel local; protección de las fuentes de agua potable y de todos los medios básicos de subsistencia; lucha contra el sector de las grandes finanzas, el endeudamiento y las políticas de austeridad; acceso gratuito a la atención sanitaria reproductiva; apertura de fronteras, derecho de circulación y de instalación; fin de las guerras imperialistas, impulsadas especialmente por la OTAN, que destruyen sociedades enteras.

Las medidas concretas a adoptar por un gobierno popular deben imponer elevar los impuestos al gran capital financiero para invertir en la expansión masiva del sector público, especialmente en empleos vinculados con la transición ecológica; incrementar el empleo femenino a tiempo completo en el sector público; aplicación la legislación sobre igual salario para trabajos iguales con sanciones a los empresarios privados que no la respetan; aumentar la oferta de guarderías infantiles, comedores y lavanderías colectivos; impedir la feminización de empleos en la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, tendiendo a un equilibrio entre trabajadoras y trabajadores; evitar la interrupción de la carrera profesionales de las mujeres tras un permiso de maternidad; mejorar y aplicar la legislación en defensa de los derechos cívicos y laborales de las poblaciones LGTBQI+; promulgación de una ley que instaure cuotas para promover el empleo público, en igualdad de condiciones, a población de origen inmigrado; apoyar la legislación en favor de la igualdad con campañas públicas en favor de las comunidades y movimientos que combaten el racismo y la opresión y discriminación ligados al género; reformas legislativas para apoyar a las víctimas de violencia sexista, en especial las/os menores, apoyadas en campañas públicas y de apoyo material a las mujeres y movimientos de jóvenes; incrementar la participación ciudadana en todo lo referido a la vida cotidiana, introduciendo mecanismos de autogestión en todos los centros de trabajo del sector público y mecanismos de autogestión comunitaria.

Luchamos por un feminismo de lucha contra las políticas que matan y explotan a las mujeres, porque nuestro enemigo es el capital presente en todas las dimensiones de nuestras vidas.

El feminismo por el que luchamos no es el de una pequeña minoría de mujeres que ocupan posiciones de poder en bancos y empresas en detrimento de las trabajadoras, de las migrantes, de los sectores vulnerables y de nuestros hijos. Es un feminismo de lucha contra las políticas que producen la muerte de miles de mujeres y la explotación de cientos de miles de otras, pues somos conscientes de que nuestro enemigo es el capital, presente hoy en todas las dimensiones de nuestras vidas.
 

Capítulo 7 - Sanidad, educación y vivienda

Desde el estallido de la crisis financiera de 2008, las medidas de austeridad aplicadas en el mundo y en Europa han socavado el gasto social. Han impuesto una "disciplina" presupuestaria estricta, imponiendo nuevos recortes del gasto en educación y sanidad que ya estaba disminuyendo, imponiendo un escenario de guerra a los sectores de población que con ingresos nulos o bajos. Es esto lo que queremos cambiar. La lucha por la educación, la sanidad, los cuidados y el derecho a una vivienda decente son parte de la lucha por nuestra emancipación y por la mejora sustancial de nuestras condiciones de vida.

Nuestras propuestas se dirigen simultáneamente a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas que pueden acceder al gobierno. Pensamos que la lucha por una sanidad y una educación pública gratuita y accesible es la única alternativa viable.

La lucha por la educación, la salud, los cuidados y el derecho a una vivienda decente forman parte de la lucha por nuestra emancipación y por la mejora sustancial de nuestras condiciones de vida.

Propuestas inmediatas para los movimientos sociales:

Las prioridades deberán dirigirse, por una parte, a fomentar educación, sanidad, servicios de cuidados y vivienda públicos, accesibles y gratuitos, por otra, a socializar la industria farmacéutica y el acceso a los productos farmacéuticos a través del sistema de sanidad pública, y a aumentar los salarios y la dignidad del empleo y las condiciones de vida. También hay que exigir el cese inmediato de la liberalización, de la privatización y la mercantilización en los sectores en los que debe garantizarse el acceso a toda la población; promover auditorías ciudadanas de los contratos de asociación público-privada y de las deudas contraídas a través de estos; acabar con la financiación de sistemas privados de educación y sanidad; impulsar la socialización de la educación, la sanidad y los sistemas de cuidados; fomentar un permiso de maternidad de 12 meses para todas; exigir acceso igual y gratuito a todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la universidad; comedor gratuito para todo el alumnado; fomentar la calidad por encima de la cantidad: los seres humanos no somos cifras.

Propuestas inmediatas para un gobierno popular:

En lugar de incrementar las inversiones en equipamiento militar y de defensa, un gobierno popular deberá invertir sus recursos en la educación, la vivienda, la sanidad y los servicios de cuidados en beneficio de toda la colectividad. Además, deberá restaurar la dignidad y elevar los salarios del personal de los servicios educativos, sanitarios y de cuidados; acabar con los planes de asociación público-privada; definir la vivienda como un valor de uso básico (antes que un valor de cambio); invertir en los sistemas públicos de sanidad, educación y cuidados en lugar de promover el interés privado basado en la ideología de la libre elección; acabar con las inversiones en los sistemas privados de estos servicios básicos; asegurar que los menores excluidos del sistema educativo por motivos de discapacidad, pobreza u otras formas de discriminación sean integrados, dedicando los recursos necesarios para su desarrollo y para ofrecerles la necesaria atención educativa especializada; poner fin a la segregación educativa, sanitaria y de cuidados basada en la renta o la raza; invertir en la calidad antes que en sistemas de test cuantitativos dirigidos a fomentar la competencia; disminuir el número de alumnos por clase; reducir la presión sobre las instituciones públicas incrementando el empleo del profesorado, profesionales de la medicina y la enfermería y trabajadoras y trabajadores del sector de cuidados que aseguren un servicio de calidad que responda a las necesidades sociales.

Impulsar una campaña por los servicios públicos accesibles y gratuitos, la socialización de la industria farmacéutica y el acceso a los productos farmacéuticos por medio del sistema de sanidad pública, el aumento de los salarios y de la dignidad en el empleo y en la existencia.

Programa a medio plazo de los gobiernos populares:

Un gobierno popular debe socializar completamente los sistemas de educación, sanidad y cuidados, reintegrando en el sector público los servicios que actualmente se prestan desde el sector privado. Deberá promover la creación de un parque de viviendas públicas administradas colectivamente; expropiar los fondos inmobiliarios cuando sus parques de vivienda no cumplan su función social o no estén al alcance de la mayoría de la población. También deberá promover y desarrollar la autogestión de los servicios educativo, sanitario y de cuidados por parte de sus profesionales con la participación de usuarios, de la ciudadanía y de representantes políticos de la administración local; fomentar la implicación directa de la ciudadanía a través de asambleas de autogestión de los servicios sanitarios y educativos; garantizar el acceso completamente libre y gratuito a la educación, a las medicinas y a los cuidados; asegurar la completa gratuidad de la enseñanza superior, concesión de una ayuda universal de estudios a toda la población estudiante; impulsar la cooperación internacional en materia de investigación pública, especialmente en el ámbito de la sanidad, para enfrentar la fragmentación, la acción de los monopolios, las compras no justificadas y los costes masivos impuestos por la gran industria farmacéutica; organizar un sistema de redistribución de la riqueza desde los países más ricos hacia los más pobres, orientada especialmente hacia los sectores educativo, sanitario y de cuidados; garantizar el respeto de igualdad de derechos -independientemente de la nacionalidad- a la ciudadanía y al empleo para todas las trabajadoras y trabajadores empleados en el sector público socializado.

Desarrollar, preservar y reforzar los sistemas públicos de educación y sanidad, de cuidados y de vivienda no es posible si no atacamos también la economía de la deuda y de la austeridad y en este sentido al marco de la Unión Europea y del euro.

El desarrollo, la preservación y el refuerzo de sistemas públicos de educación, de sanidad, de cuidados y de vivienda de acceso gratuito no son posibles en el marco de la Unión Europea y del euro. Las posibilidades de llevar a cabo este programa son inexistentes si no combatimos la economía de la deuda y de la austeridad. Este capítulo se ha referido a los servicios educativos, sanitarios y al acceso a la vivienda decente, pero también es necesario abordar otras cuestiones relacionadas con los servicios públicos, como el transporte público y otros relacionados con las necesidades y exigencias de las comunidades locales.

Capítulo 8 – Políticas internacionales

Debemos oponernos tanto a las desigualdades entre el centro y la periferia de la Unión Europea, la fortaleza europea responsable de la muerte de miles de migrantes, especialmente en el Mediterráneo, como al neocolonialismo de las principales potencias europeas en el resto del mundo.

Iniciativas ciudadanas inmediatas a nivel nacional e internacional a ser impulsadas particularmente por los movimientos sociales:

La izquierda popular en Europa debe participar y desarrollar los movimientos sociales existentes que desafíen a las políticas anti-inmigración de la Europa Fortaleza, como aquellos que organizan el alojamiento de los migrantes, les ayudan a cruzar las fronteras, denuncian los centros de internamiento de migrantes, organizan manifestaciones masivas a favor de la apertura de las fronteras y acogen a las y los migrantes con dignidad. También debe establecer vínculos con grupos e individuos implicados en las políticas para la emancipación fuera de Europa.

Participar en los movimientos sociales a favor de la apertura de las fronteras y de la acogida digna de las y los migrantes y en oposición al imperialismo económico y militar.

Debemos iniciar y desarrollar auditorías de las deudas de terceros países con los países europeos con la finalidad de cancelar las deudas ilegítimas y odiosas reclamadas por la UE o sus miembros a estos países, así como cuestionar los acuerdos de libre comercio firmados con los países en desarrollo y otras políticas económicas que refuerzan la dependencia de las naciones dominadas. También debemos participar activamente en la campaña «Boicot, Desinversiones, Sanciones» (BDS) contra el colonialismo populista del Estado israelí. Los grupos de izquierda y los movimientos sociales en Europa deben oponerse a las guerras imperialistas y contrarrevolucionarias, vengan de donde vengan, y denunciar activamente la cooperación entre sus propios gobiernos actualmente en vigor y los regímenes implicados en violaciones de los derechos humanos.

Romper con la OTAN y comprometerse con el desarme mundial.

Primeras medidas hacia un gobierno popular a nivel nacional:

Para significar una ruptura radical en el enfoque de las políticas internacionales, un gobierno popular de un país miembro de la OTAN deberá abandonar esta organización y cesará toda cooperación con ella. El mando militar más estrechamente vinculado al Estado y la clase capitalista será destituido y el ejército será reorganizado bajo control democrático. Si el Estado participa en guerras en el extranjero (como por ejemplo en Malí), iniciará un proceso de retirada que se completará lo antes posible y sustituirá su acción por apoyo humanitario bajo el control democrático de las poblaciones afectadas. Socializará la industria armamentística y establecerá una moratoria sobre la producción y venta de armas en el extranjero. Se comprometerá con el desarme mundial y desmantelará su arsenal nuclear en caso de tenerlo.

Un gobierno popular debe abrir sus fronteras, garantizar el acceso seguro a su territorio para las y los migrantes (especialmente en lo que respecta a las vías marítimas) y garantizar la libertad de movimiento y de asentamiento para todas y todos. Se suprimirán los centros de internamiento para migrantes. Deben garantizarse la igualdad de derechos, incluido el acceso gratuito a la atención sanitaria y la educación pública y el acceso a una vivienda digna; toda persona que se traslade a la jurisdicción de un gobierno popular debe tener todos los derechos civiles, incluido el derecho al voto en todos los niveles de la jurisdicción. Se cancelará cualquier contribución financiera a los presupuestos europeos comunes para el control de las fronteras (como por ejemplo Frontex). Si el Estado tiene una fuerza militar marítima, será desarmado, sometido a control democrático y utilizado para acciones humanitarias (como por ejemplo en el Mar Mediterráneo).

El gobierno popular establecerá una moratoria sobre el pago de las deudas contraídas por otros países hasta que se conozcan los resultados de una auditoría participativa. Todas las deudas contraídas por naciones dominadas, tanto dentro como fuera de la UE (como por ejemplo Grecia), serán canceladas, así como también serán canceladas las reclamaciones ilegítimas y odiosas. Un gobierno popular pondrá fin a su participación financiera en las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, que contribuyen a la dominación de los países dependientes. Desobedecerá las normas de la OMC, se retirará de cualquier acuerdo de libre comercio que sea desfavorable para los países menos desarrollados y, en su lugar, propondrá un comercio justo a estos países. Tomará sanciones contra las empresas que operen en su país y que violen las leyes nacionales e internacionales en el extranjero. Prohibirá las transacciones con paraísos fiscales e impondrá sanciones a los mismos. Transferirá gratuitamente cualquier tecnología útil a las naciones dominadas.

Abrir las fronteras, garantizar rutas seguras para las personas migrantes y asegurar la libertad de circulación y de instalación para todas y todos.

Un gobierno popular reconocerá el papel destructivo que ha jugado la colonización, incluyendo la esclavitud, las guerras coloniales, las guerras de exterminio y las masacres coloniales; iniciará un proceso para determinar la compensación financiera que se pagará a sus antiguas colonias, si las hubiera; y devolverá los bienes culturales que les fueron robados.

Un gobierno popular sancionará a los regímenes que violen el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales, asegurándose en el caso de los países dependientes que las poblaciones de estos regímenes no se vean amenazadas en este proceso. Apoyará activamente a las naciones oprimidas y a los grupos étnicos (como por ejemplo a palestinos, kurdos, saharauis, rohingya) mediante asistencia humanitaria y diplomática. Asistirá a las poblaciones cuyas vidas están directamente amenazadas, incluso mediante la adopción de medidas para impedir que los regímenes criminales cometan asesinatos masivos.

Un gobierno popular deberá romper con el aislamiento y llamar a las movilizaciones internacionales por la paz, la solidaridad y la justicia social.

Pasos a medio plazo de un gobierno popular en relación con los movimientos sociales:

Será necesario que un gobierno popular salga del aislamiento a través de movilizaciones de masas contra las amenazas contrarrevolucionarias desde dentro y desde fuera. Un gobierno de este tipo llamará a la movilización internacional por la paz, la solidaridad y la justicia social. Hará público el constante chantaje y amenazas que utilizan los gobiernos pro-capitalistas en las negociaciones y en las instituciones multilaterales. Para salir del aislamiento, el gobierno popular tendrá que establecer una nueva cooperación bilateral y multilateral con gobiernos pro-capitalistas en el extranjero. Para ello, distinguirá claramente entre lo que esté motivado por cálculos diplomáticos tácticos (que motivarían dicha cooperación) y lo que respecte a alianzas políticas estratégicas (que no pueden ser establecidas con gobiernos pro-capitalistas), y someterá estas directrices a un estricto control democrático por parte de la población.

Medidas a medio plazo a nivel internacional:

Los gobiernos populares crearán una institución financiera común basada en la solidaridad, ofreciendo préstamos sin intereses a los países dependientes, tanto dentro como fuera de la UE. Establecerán una nueva cooperación en los ámbitos económico, social y ecológico, adoptando una legislación igualitaria (por ejemplo, en los ámbitos de los derechos laborales, la seguridad social y las políticas de vivienda) basada en las normas más estrictas existentes en el grupo de países de que se trate. Los gobiernos populares adoptarán un tratado jurídicamente vinculante para obligar a las empresas transnacionales a respetar el derecho internacional y actuarán conjuntamente a nivel internacional para promover el cambio social y la transición ecológica. Establecerán una correlación de fuerzas lo suficientemente fuerte como para entablar negociaciones significativas con las potencias opresoras para la solución de los problemas nacionales (como por ejemplo con Palestina, el Sáhara Occidental, Kurdistán) y las guerras civiles prolongadas (como por ejemplo en Siria).

Capítulo 9 - Luchas sociales, confrontaciones políticas y procesos constituyentes

Desobedecer, enfrentar y romper con las instituciones europeas no democráticas y capitalistas para sustituirlas por nuevas formas de cooperación popular e instituciones democráticas en Europa.

Las instituciones europeas (de la UE y de la zona euro) son estructuralmente neoliberales, antidemocráticas y refuerzan la desigualdad. Constituyen un obstáculo para la satisfacción de las necesidades, reivindicaciones y derechos de las clases trabajadoras en cada uno de los Estados miembros, así como para la solidaridad y la igualdad entre los pueblos europeos. Contrariamente a la lógica de la competencia y dentro de la perspectiva de una transición ecológica, la escala europea de luchas y alternativas concretas resulta muy importante. Queremos que Europa sea algo común, pero esto es imposible en el marco de las instituciones europeas existentes. Nuestro escenario propone construir sobre las luchas sociales existentes a nivel local, nacional y transnacional para desobedecer, confrontar y romper con las instituciones europeas no democráticas y capitalistas, y reemplazarlas por nuevas formas de cooperación popular e instituciones democráticas en Europa.

Las principales etapas del escenario de «rebelión» para una Europa común

Desobedecer de forma coordinada a los tratados, dictados y decisiones de la UE.

1. Debemos poner inmediatamente en práctica nuestros objetivos sociales, medioambientales y políticos alternativos a través de plataformas permanentes y de una desobediencia coordinada en Europa, orientada hacia la cooperación entre los pueblos. Se trata, a nivel local, regional, nacional y europeo, y con respecto a todas o algunas cuestiones específicas (por ejemplo, la deuda, las políticas de migración, la transición ecológica, los acuerdos neocoloniales con el Sur global y con Europa Oriental, etc.), de que varios actores políticos decidan no cumplir con los tratados, dictados y decisiones de la UE. Deberían declarar que lo hacen juntos para aplicar políticas alternativas y establecer una nueva cooperación instituida y a largo plazo (sobre todas las cuestiones o sobre cuestiones específicas). Estos procesos de desobediencia pueden basarse en las luchas existentes y en campañas concretas (en todos los ámbitos como el derecho laboral, las políticas monetarias, la lucha contra el racismo, etc.) para demostrar la eficacia de la aplicación de los objetivos democráticos, medioambientales y sociales a escala europea, y la contradicción existente con respecto a los tratados y políticas neoliberales actuales. Si un actor político está temporalmente aislado, puede, sin embargo, contribuir por sí solo a deslegitimar la política y las instituciones existentes, desobedeciéndolas mediante la implementación de soluciones alternativas y proponiendo públicamente nuevas formas de cooperación y autoorganización popular en todos los niveles posibles.

2. Las luchas existentes a nivel nacional deben llevarse a cabo poniendo de relieve las interacciones entre la política de las clases dominantes nacionales, por un lado, y la ideología y la economía política dominantes dentro de las instituciones europeas, por otro. Para romper con la hegemonía del capital, las consultas y movilizaciones populares deberían centrarse en los objetivos y programas concretos que deberán ser propuestos en contra de las clases dominantes y las instituciones de la UE. La confrontación también implica poner en marcha herramientas defensivas contra las amenazas y ataques de la UE, así como iniciativas políticas ofensivas para desestabilizar el bloque neoliberal y provocar una crisis de legitimidad y funcionamiento de las instituciones europeas. Estas herramientas deben ser utilizadas lo antes posible por un actor político (un gobierno a nivel de estatal, comunidad, municipio o cualquier nivel institucional que lo permita) a través de medidas unilaterales, tales como la suspensión del pago de la deuda pública durante una auditoría; la implementación de un programa de política pública que cree puestos de trabajo sobre la base de una imposición específica del capital; el control de los flujos de capital; y ciertas socializaciones y/o nacionalizaciones relacionadas con luchas y demandas concretas. Si un actor político se encuentra temporalmente aislado, debe implementar estas herramientas por sí mismo y, al llamar a la movilización popular en toda Europa (y no sólo en su propia área geográfica), debe proponer a otros actores que contribuyan a la deslegitimación y a la crisis política de las instituciones europeas.

Enfrentarse a las clases e instituciones dirigentes de la UE, defendiéndose frente a los ataques y lanzando iniciativas políticas ofensivas para desestabilizar el bloque neoliberal y provocar una crisis de legitimidad y de funcionamiento de las instituciones europeas.

3. Tales herramientas defensivas e iniciativas políticas ofensivas implican necesariamente una ruptura con los Tratados e instituciones europeos por parte de los gobiernos populares a nivel nacional. Todas las medidas tomadas por un gobierno popular, como se describe anteriormente en el Manifiesto, requieren, al menos a nivel nacional una ruptura con las políticas y normas europeas dominantes. Debemos dejar claro que lo que defendemos no está vinculado al «interés nacional», sino a objetivos políticos, sociales, medioambientales y democráticos, que afectan a todas las personas dentro y fuera de la Unión actual. Debemos defender absolutamente la necesidad de una moneda y un sistema monetario democráticamente controlado y, por lo tanto, la necesidad de socializar los bancos y controlar los flujos de capital. Sin embargo, estas medidas entran en conflicto con la UEM y los tratados de la UE. El gobierno popular puede decidir el abandonar la UEM y/o la UE (por ejemplo, activando el artículo 50 si es útil), o aceptar el reto de ser expulsado de la UEM o de la UE.

Iniciar procesos constituyentes a todos los niveles posibles en vista de crear nuevas cooperaciones, de favorecer procesos de ruptura, de desmantelar la Europa Fortaleza y finalmente de crear instituciones alternativas a nivel europeo e internacional.

4. Deben iniciarse procesos constituyentes a todos los niveles posibles para construir alternativas para una nueva cooperación política en Europa basada en una plataforma común contra las clases dominantes locales y las instituciones europeas, así como contra las corrientes xenófobas, y a favor de los derechos sociales de las y los trabajadores y de todas las clases subalternas y en favor de la protección del medio ambiente. El escenario no puede fijarse de antemano, pero a título de ejemplo, una alianza de asociaciones, ciudades, regiones o Estados rebeldes podría lanzar un «proceso constituyente rebelde» (relativo a prerrogativas funcionales globales o específicas), abierto incluso a espacios políticos que no estuvieran implicados desde el principio en el proceso de desobediencia. Estos procesos constituyentes, que pueden adoptar diversas formas en función de las situaciones y escalas de que se trate (desde foros y redes municipales hasta asambleas constituyentes a nivel nacional o europeo, asociadas a plataformas internacionalistas), deben iniciarse con el fin de crear nuevas cooperaciones, promover procesos de ruptura por parte de los actores políticos vecinos que aún no se han comprometido con ella, desmantelar la Europa Fortaleza y, por último, crear instituciones alternativas a nivel europeo e internacional. Si un actor político está temporalmente aislado, debe lanzar este «proceso constituyente rebelde» en solitario en el territorio en cuestión y sobre el tema específico en cuestión, y proponer a otros actores que se unan al proceso.

Propuestas: iniciativas inmediatas:

Cada una de las etapas descritas anteriormente requiere iniciativas inmediatas. Las condiciones principales conciernen el diseño colectivo y la apropiación popular de las herramientas concretas necesarias para la desobediencia, la confrontación y la iniciativa de los procesos constituyentes, así como la unión de las fuerzas sociales y políticas que pueden implementarlas.

Proponer a todas las fuerzas progresistas el reforzar la crítica de las instituciones europeas, de poner en común y de divulgar nuestras elaboraciones convergentes, animando el desarrollo de todas las iniciativas a favor de "procesos constituyentes rebeldes", de lanzar campañas e iniciar debates populares con respecto a la cuestión de los escenarios propuestos aquí.

En concreto, para el año 2019, proponemos a todas las fuerzas progresistas (sindicatos, organizaciones políticas, asociaciones, colectivos militantes) que compartan objetivos similares: el reforzar conjuntamente sus críticas a las instituciones europeas capitalistas y antidemocráticas y precisar sus propuestas para romper con la hegemonía de estas instituciones y reconstruir nuevas formas de cooperación popular; reactualizar, poner en común y popularizar los desarrollos convergentes como el Manifiesto de Altersummit y el Manifiesto ReCommonsEurope; fomentar el desarrollo de todas las iniciativas destacadas a nivel local, nacional y europeo en favor de «procesos constituyentes rebeldes» como los desarrollados por algunos participantes en el movimiento de los «Chalecos Amarillos» en Francia; aprovechar la oportunidad de las Elecciones europeas para lanzar campañas e iniciar debates populares sobre este escenario y sus implicaciones, informar sobre las iniciativas existentes y los espacios alternativos que podrían tomar parte en este escenario, y reunir a las fuerzas sociales y políticas en torno a esta perspectiva.

Lista de las y los 150 primeros firmantes:

Alemania

Jakob Schäfer (militante de la izquierda sindical, Alemania)
Angela Klein (Revista SOZ, Alemania)

Austria

Christian Zeller (profesor de geografía económica, miembro de Aufbruch für eine ökosozialistische Alternative, Austria)

Bélgica

Anne-Marie Andrusyszyn (directora del CEPAG, Bélgica)
Eva Betavazi (CADTM, Bélgica y Chipre)
Olivier Bonfond (economiste en el CEPAG, Bélgica)
Camille Bruneau (CADTM Bélgica)
Juliette Charlier (CADTM Bélgica)
Tina D’angelantonio (CADTM Bélgica)
Virginie de Romanet (CADTM Bélgica)
Jean-Claude Deroubaix (sociologue, Bélgica)
Ouardia Derriche (Bélgica)
Grégory Dolcimascolo (ACiDE, Bélgica)
Anne Dufresne (socióloga, GRESEA, Bélgica)
Chiara Filoni (CADTM, Bélgica e Italia)
Corinne Gobin (politóloga, Bélgica)
Gilles Grégoire (militante pour la auditoría ciudadana de la deuda ACiDe, CADTM Bélgica)
Giulia Heredia (CADTM, Bélgica)
Nathan Legrand (CADTM, Bélgica)
Rosario Marmol-Perez (militante sindical en la FGTB, artista, Bélgica)
Herman Michiel (editor de la página Ander Europa, Bélgica y Países Bajos)
Alice Minette (CADTM Bélgica)
Christine Pagnoulle (Universidad de Lieja, ATTAC, CADTM, Bélgica)
Adrien Péroches (militante, CADTM Bruselas, ACiDe Bruselas, Bélgica)
Madeleine Ploumhans (ACiDe, CADTM Lieja, Bélgica)
Brigitte Ponet (trabajadora social, CADTM Bélgica)
Daniel Richard (secretario regional interprofesional de la FGTB Verviers, Bélgica)
Christian Savestre (Attac Bruselas 2, RJF, Acide, Bélgica)
Éric Toussaint (politólogo, economista, portavoz de la red international CADTM, Bélgica)
Felipe Van Keirsbilck (secretario general de la Centrale Nationale des Employés (CNE), Bélgica)
Christine Vanden Daelen (militante feminista, CADTM Bélgica)
Magali Verdier (militante feminista, Bélgica)
Roxane Zadvat (actriz, Teatro Croquemitaine, CADTM Bélgica)

Bosnia-Herzegovina

Selma Asotić (poeta, Bosnia-Herzegovina)
Danijela Majstorović (Universidad de Banja Luka, Bosnia-Herzegovina)
Svjetlana Nedimovic (activista, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina)
Tijana Okic (filósofa, militante política, Bosnia-Herzegovina)

Chipre

Stavros Tombazos (economista, Chipre)

Croacia

Dimitri Birac (coordinador de la organización Croatian Center for Workers’ Solidarity, Croacia)
DinamarcaPoya Pakzad (asesor en política económica, Alianza Roji-Verde, Dinamarca)
EsloveniaAna Podvrsic (sociologue, économiste, Slovénie)

Estado español

Walter Actis (miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)
Daniel Albarracin (economista, Podemos, Estado español)
Yago Alvarez (periodista, activista miembro de la PACD, Estado español)
Joana Bregolat (miembro de Desbordem, militante de Anticapitalistes, Catalunya - Estado español)
José Cabayol Virallonga (Presidente de SICOM - Solidaritat i Comunicació, periodista, Catalunya, Estado español)
Laura Camargo (profesora, miembro de la Diputación Permanente del Parlament de les Illes Balears, militante de Anticapitalistas, Estado español)
Raúl Camargo (diputado de la Asamblea de Madrid, militante de Anticapitalistas, Estado español)
Pablo Cotarelo (EReNSEP, Estado español)
Sergi Cutillas (EReNSEP, CADTM, Catalunya – Estado español)
Josu Egireun (revista Viento Sur, Estado español)
Laia Facet (Anticapitalistes, Catalunya, Estado español)
Sónia Farré (militante, ex-diputada por En Comú Podem, Catalunya - Estado español)
Ignacio Fernández del Páramo ( Arquitecto-Urbanista, Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente Ayto de Oviedo, SOMOS OVIEDO-UVIEU, Asturies, Estado español)
Iolanda Fresnillo (socióloga, PACD, Estado español)
Anna Gabriel (Exdiputada por la CUP en el Parlament de Catalunya, actualmente en el exilio en Suiza)
Ricardo García Zaldívar (economista, excoordinador de ATTAC España)
María Gómez Garrido (profesora de sociología, Universidad de las Islas Baleares, Anticapitalistas, Estado español)
Laura Gonzalez De Txabarri (sindicato ELA, Euskadi - Estado español)
Joana Garcia Grenzner (Periodista especializada en género y comunicación, activista feminista, Catalunya, Estado español)
Yayo Herero (anthropóloga, ecofeminista, miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)
Cuca Hernández (cordinadora de ATTAC España)
Juan Hernández Zubizarreta (profesor de universidad, miembro del Observatorio de las multinacionales en América latina - OMAL-, Estado español)
Petxo Idoiaga (Funcación Hitz&Hitz, Viento Sur, Estado español)
José L. Gómez del Prado (Universidad de Barcelona, Centro de estudios internacionales, Escuela diplomática de Barcelona, AEDIDH, Estado español)
Janire Landaluze (sindicato ELA, Euskadi – Estado español)
Monique Lermusiaux (militante sindical jubilada, Bélgica)
Mats Lucia Bayer (CADTM, Estado español)
Fátima Martín (periodista, CADTM, Estado español)
Alex Merlo (asistente parlamentario del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, Estado español)
Anna Monjo (editora, Barcelona, Catalunya, Estado español)
Natalia Munevar (militante, PACD, asistente parlamentaria del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, Estado español)
Mikel Noval (sindicato ELA, Euskadi – Estado español)
Jaime Pastor (jefe de redacción de la revista Viento Sur, Estado español)
Laura Pérez Ruano (profesora y abogada, diputada por Orain Bai-Ahora Sí, Navarra - Estado español)
Griselda Piñero Delledonne (CADTM, Catalunya – Estado español)
Eulalia Reguant (miembro del Secretariado Nacional de la CUP, ex diputada y concejal, Catalunya)
Jorge Riechmann (filósofo, escritor, miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)
Rubén Rosón (médico, concejal de economía y empleo en el Ayuntamiento de Oviedo, miembro de Somos Oviedo-Uvieu, Asturies - Estado español)
Sol Sánchez Maroto (Coportavoz de Izquierda Unida Madrid, Estado español)
Carlos Sánchez Mato (responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Estado español)
Ana Taboada Coma (abogada, vicealcaldesa de Oviedo, portavoz de Somos Oviedo-Uvieu, Asturies - Estado español)
Aina Tella (Coordinadora de Relaciones Internacionales de la CUP, Catalunya)
Mónica Vargas Collazos (antropóloga, militante, Bolivia y Catalunya - Estado español)
Lucía Vicent (profesora de economía de la Universidad Complutense de Madrid, Estado español)
Esther Vivas (periodista, Catalunya – Estado español)

Francia

Marion Alcaraz (NPA, Le temps des Lilas, Francia)
Martine Boudet (coordinadora del libro interasociativo Urgence antiraciste - Pour une démocratie inclusive - Le Croquant, 2017, Francia)
Myriam Bourgy (paysanne, CADTM, Francia)
Vicki Briault Manus (PCF, CADTM Francia)
François Chesnais (economista, profesor emérito de la Universidad de Paris 11, Francia)
Jeanne Chevalier (candidata de la France insoumise para las elecciones europeas de 2019)
Annick Coupé (sindicalista, ATTAC Francia)
Léon Crémieux (sindicalista del transporte aéreo jubilado, NPA, Francia)
Alexis Cukier (filósofo, Ensemble!, EReNSEP, Francia)
Véronique Danet-Dupuis (cuadro en el sector bancario, delegada sindical y defensora de los asalariados, animadora del programa en cuestiones bancarias de la France Insoumise, Francia)
Penelope Duggan (International Viewpoint,Francia)
Pascal Franchet (presidente del CADTM Francia)
Isabelle Garo (folósofa, Francia)
Norbert Holcblat (economista, NPA, Francia)
Michel Husson (economista, Francia)
Pauline Imbach (panadera - CADTM Grenoble, Francia)
Pierre Khalfa (Fondation Copernic, Francia)
Yvette Krolikowski (CADTM France)
Michael Löwy (sociólogo, Francia)
Laurence Lyonnais (Ensemble Insoumis, ecosocialista, candidata por la France insoumise a las elecciones europeas de 2019, Francia)
Jan Malewski (periodista, revista Inprecor, Francia)
Myriam Martin (portavoz de Ensemble!, Francia)
Christiane Marty (ingeniera, Fondation Copernic, Francia)
Gustave Massiah (economista, altermondialista, Francia)
Corinne Morel Darleux (autora y militante ecosocialista, Francia)
Ugo Palheta (sociólogo, NPA, Contretemps, Francia)
Dominique Plihon (economista, ATTAC Francia)
Laura Raïm (periodista, Francia)
Marléne Rosato (Ensemble, EReNSEP, Francia)
Pierre Rousset (ESSF www.europe-solidaire.org, Francia)
Catherine Samary (economista, ATTAC Francia, NPA)
Mariana Sanchez (sindicalista, France)
Patrick Saurin (CADTM Francia)
M. Sofia Brey (escritora, antigua funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los DDHH, Francia)
Alejandro Teitelbaum (abogada en derecho internacional y los DDHH, Francia)
Aurélie Trouvé (economista, ATTAC Francia)
Sophie Zafari (sindicalista FSU, Francia)
Roseline Vachetta (antigua diputada europea, militante internacionalista, NPA, Francia)

Grecia

Marie-Laure Coulmin (CADTM, Grecia)
Katerina Giannoulia (miembro del Consejo general de ADEDY – confederación de la función pública - miembro de Unidad Popular, Grecia)
Stathis Kouvelakis (EReNSEP, Grecia y Reino Unido)
Costas Lapavitsas (economista, SOAS – Universidad de Londres, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)
Moisis Litsis (periodista, Grecia)
Sotiris Martalis (DEA, Grecia)
Sonia Mitralias (feminista, CADTM, Grecia)
Giorgos Mitralias (periodista, Grecia)
Antonis Ntavanelos (DEA, Grecia)
Spyros Marchetos (historiador, School of Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Grecia)

Hungría

Judit Morva (economista, militante, Hungría)

Irlanda

Brid Brennan (analista político, militante, Irlanda)
Andy Storey (School of Politics and International Relations, University College Dublin, Irlanda)

Italia

Marta Autore (Communia Network, Italia)
Fabrizio Burattini (sindicalista de la Unione Sindacale di Base, Italia)
Eliana Como (miembro de la dirección nacional de la CGIL, Italia)
Gippó Mukendi Ngandu (maestro, Sinistra Anticapitalista, Italia)
Cristina Quintavalla (ATTAC-CADTM Italia)

Luxemburgo

Justin Turpel (antíguo diputado de déi Lénk – la Gauche, Luxemburgo)
David Wagner (diputado de déi Lénk – la Gauche, Luxemburgo)

Países-Bajos

Willem Bos (SAP-Grenzeloos, Países Bajos)
Maral Jefroudi (codirectora del IIRE, Países Bajos)

Polonia

Katarzyna Bielińska (filósofa y politóloga, Polonia)
Zbigniew Marcin Kowalewski (investigador de los movimientos sociales, Polonia)
Stefan Zgliczyński (directeur de l’édition polonaise du Monde Diplomatique, Pologne)

Portugal

Francisco Louça (economista, Bloco de Esquerda, Portugal)
Rita Silva (activista de Habita - Colectivo pelo Direito in Habitação and Cidade e investigadora universitaria, Portugal)
Alda Sousa (profesora en la Universidad de Oporto, Bloco de Esquerda, antigua eurodiputada de 2012 á 2014, Portugal)
Rui Viana Pereira (traductor, diseñador de sonido, CADTM, Portugal)

Reino-Unido

Gilbert Achcar (profesor en SOAS – Universidad de Londres, Reino Unido)
Grace Blakeley (comentarista de economía de New Statesman, Reino Unido)
Terry Conway (Resistance Books, Reino Unido)
Fanny Malinen (investigadora, activista, Reino Unido)
Michael Roberts (economista financiero, Reino Unido)
Grace Blakeley (economista, revista New Statesman, Reino Unido)

Serbia

Andreja Zivkovic (sociólogo, Marks21, Serbia)

Suiza

Jean Batou (profesor de historia contemporánea, diputado, SolidaritéS, Suiza)
Marianne Ebel (antigua diputada SolidaritéS, vicepresidenta de la Marcha mundial de las Mujeres Suiza)
Sébastien Guex (profesor en la Universidad de Lausana, solidaritéS, Suiza)
Stéfanie Prezioso (profesor de historia internacional en la Universidad de Lausana, SolidaritéS, Suiza)
Beatrice Schmid (profesora, Suiza)
Juan Tortosa (CADTM Suiza)
Charles-André Udry (economista, director de la página alencontre.org y de las ediciones Page 2, Suiza)

Las personas siguientes han participado directamente en la redacción de este manifiesto:

Walter Actis (miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Daniel Albarracin (economista, Podemos, Estado español)

Jeanne Chevalier (France Insoumise, Francia)

Pablo Cotarelo (ingeniero, EReNSEP, Estado español)

Alexis Cukier (filósofo, EReNSEP, Francia)

Sergi Cutillas (economista, EReNSEP, CADTM, Cataluña – Estado español)

Yayo Herero (antropóloga, ecofeminista, miembro de Ecologistas en Acción, Estado español)

Stathis Kouvelakis (filósofo, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Janire Landaluze (sindicalista, ELA, País Vasco – Estado español)

Costas Lapavitsas (economista, EReNSEP, Grecia y Reino Unido)

Nathan Legrand (CADTM, Bélgica)

Mikel Noval (sindicalista, ELA, País Vasco – Estado español)

Tijana Okic (filósofa, militante política, Bosnia-Herzegovina)

Catherine Samary (economista, ATTAC Francia, NPA, Francia)

Patrick Saurin (CADTM, Francia)

Éric Toussaint (politólogo y economista, CADTM, Bélgica)

Han coordinado la redacción final: Alexis Cukier, Nathan Legrand y Eric Toussaint

Notas

[1] Con "reproducción social" nos referimos aquí a la compleja red de procesos sociales y relaciones humanas que permiten producir las condiciones de existencia de la fuerza de trabajo (como la educación, los cuidados, la alimentación, etc.). Dicha red está mayoritariamente a cargo, de manera invisibilizada, en el ámbito de las familias y de forma abrumadora por las mujeres, tal como señalan autoras del feminismo marxista. Ver, por ejemplo, Nancy Fraser, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Clara Ramas, Manifiesto de un feminismo para el 99%, Herder, 2019, o Tithi Bhattacharya (coord.), Social Reproduction Theory. Remapping Class, Recentering Oppression, Pluto Press, 2017