La contaminación de aguas, suelos aires, alimentos, la usurpación de territorios agrarios por proyectos urbanísticos, minería, las muertes por sicariatos, las muertes por contaminación agrícola, la lentitud en los procesos jurídicos relativos la justicia en el campo, las costas y sus habitantes
¡ES VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO!
1. La situación de los y las habitantes del campo y campesinos y campesinas e indígenas, adyacentes a las zonas de crecimiento urbano, que produciendo en conucos, no son respetados y prontamente se convierten en habitantes PERIURBANOS, sujetos de cambios de la vocación de la tierra: uso INDUSTRIAL, URBANISMO DEPREDADOR Y HACINADOR. Sin consulta previa por parte de los planificadores de los gobiernos locales (casos de estos conocidos por los CTU y CTR)
2. La planificación depredadora con planes turísticos, industriales, agroindustriales, mineros, cementeras, petroleras (refinerías) que hacen caso omiso a las nuevas regulaciones ambientales, leyes de costas, tierras, del ambiente, por ejemplo, o que no se adecúan a las nuevas regulaciones y que preexisten en tierras altamente productivas desde los años ’50 del siglo XX (casos de las costas venezolanas contaminadas por industrias costeras).
3. La contaminación de nuestras costas por desechos industriales y petroleros que permanecen en nuestra fauna y pesca , de los metales pesados que consumimos y absorbemos TODOS, bien por las vías respiratorias, dérmicas o digestivas (la soberanía y seguridad alimentaria también son ALIMENTOS SANOS SEGUROS Y SOBERANOS)
4. Las contradicciones entre las planificaciones y ejecución de los planes y de las políticas de entes de nuestro mismo Estado: PDVSA Agrícola, MAT, Direcciones regionales Agrícolas, Escuelas Técnicas y de Agronomía y Agroecología de las Universidades, relativas al curriculum, la investigación, las prioridades, el financiamiento, la inversión.
5. Desplazamiento y desgaste de los movimientos populares del campo hacia luchas reivindicativas (seguridad, vigilancia de tierras rescatadas, jurisprudencia) en vez de poder concentrar y unificar esfuerzos para la producción y la distribución de alimentos sanos, seguros y soberanos y para la derrota de las estrategias de dependencia hambreadoras de las trasnacionales.
6. Escasa formación importancia e interés, en temas de Derecho Agrario y del Mar, y su adaptación al siglo XXI venezolano y mundial, de las nuevas cohortes de ciencias jurídicas, políticas, internacionales y derecho, de los egresados de nuestras instituciones universitarias.
7. Por ultimo, sesgar los criterios presupuestarios institucionales de desarrollo, hacia la visión urbana dejando en segundo plano la importancia territorial del campo y el mar, y los planes de desarrollo rural y pesquero, confinándolos a los entes relacionados al MAT (INDER, CIARA, INSAI, INAPESCA etc…), es ignorar en la prospectiva, la formación y la educación integral para la vida de los habitantes del campo, sean campesinos, indígenas o productores agropecuarios.
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