Hoy, día 5 de octubre de 2011, centenas de representantes
de entidades del Brasil, Argentina, Bélgica, Colombia,
Venezuela, Suiza, Noruega, Grecia, Ecuador, Uruguay, Perú,
Bolivia, de la Auditoria Ciudadana de la Deuda y de las
redes internacionales CADTM (Comité por la Anulación de la
Deuda Tercer Mundo) y Latindadd (Red Latinoamericana sobre
la Deuda, Desarrollo y Derechos) se reunieron en Brasilia,
en el Seminario Internacional “Alternativas de
enfrentamiento a la Crisis”, para demandar:
- la modificación radical del actual sistema financiero
global, que está funcionando de manera desregulada, sin
ningún tipo de control democrático o popular, a pesar de que
las crisis financieras sean sufridas por amplios y
vulnerables segmentos sociales;
- la instalación de comisiones para auditar la deuda
pública en cada país, y el fin de la emisión de deuda
pública para salvar instituciones financieras en riesgo de
quiebra;
- avance de la integración latinoamericana y la
implementación inmediata, en toda la región, de una Nueva
Arquitectura Financiera, que incluya el pleno funcionamiento
del Banco del Sur;
Las organizaciones y movimientos, aquí reunidos, repudian
los efectos de las políticas impuestas por los bancos y sus
representantes – FMI, Unión Europea y gobiernos – sobre las
poblaciones, destacándose las situación en Grecia, vidriera
de una verdadera guerra entablada entre el pueblo y el
sistema financiero.
Este sistema insiste en exigir desempleo masivo y la
reducción, sin precedentes, de derechos y gastos sociales:
congelamiento salarial, desempleo, drama de los jubilados,
privatizaciones, precariedad de la salud, educación,
vivienda, todo esto para garantizar el pago de una deuda
repleta de ilegitimidades. Esta es una crisis que se
multiplica como un virus, que viene enfermando y
contaminando a la sociedad.
La crisis ofrece una oportunidad de lucha conjunta de los
pueblos del Sur y del Norte contra el “sistema de la deuda”,
que es la usurpación del endeudamiento público,
transformándolo en un instrumento de dominación global.
Además de las manifestaciones públicas puestas en evidencia
por huelgas en varias partes del mundo, la demanda y la
creación de comisiones de auditoría se multiplican por los
países. La auditoría es un instrumento capaz de revelar y
documentar la VERDAD sobre ese “sistema de deuda”,
posibilitando a la sociedad el CONOCIMIENTO sobre el cómo, y
al servicio de quién, tales deudas fueron contraídas. Somos
conscientes que el conocimiento es uno de los principales
instrumentos de los pueblos en la lucha contra su opresión.
El instrumento de auditoría fue utilizado recientemente
con éxito por el Ecuador que, tomando como base la relatoría
de la comisión creada para ese fin, respaldado en documentos
y pruebas de ilegalidades, anuló el 70% de la deuda con
bancos privados internacionales. Este proceso fue
considerado como un ejemplo para el mundo por la propia ONU,
donde la sociedad podría estimular la creación de una
comisión de auditoría independiente.
En Brasil, la reciente Comisión Parlamentaria de
Investigación de la Deuda Pública, concluida en 2010, en la
Cámara de Diputados, también denunció fuertes indicios de
ilegalidades – resultados dirigidos al Ministerio Público –
y reconoció que la mayor parte de la deuda pública brasileña
es el resultado de las altas tasas de interés, demostrando,
también, la ausencia de contrapartida real de una deuda que
en 2010 utilizó 45% de los recursos del Presupuesto de la
Unión para el pago de los intereses y amortizaciones. Esa
deuda, generada por mecanismos financieros ilegales e
ilegítimos, entre los cuales hasta se utilizó la práctica de
intereses sobre intereses (anatocismo), ya declarada ilícita
por el Supremo Tribunal Federal (STF), debe ser urgentemente
auditada.
Justamente, en el Supremo Tribunal Federal se encuentra
la acción llevada a juicio por la Orden de Abogados del
Brasil (OAB) – ADPF n°59/2004 – que lleva a pleito el
cumplimiento del artículo 26 del Acto de las Disposiciones
Transitorias de la Constitución Federal de 1988. Ese
artículo determinó que el Congreso Nacional constituya una
Comisión Mixta para realizar el examen analítico y pericial
de los actos y hechos generadores del endeudamiento
brasileño. Hoy, 5 de octubre de 2011, se cumplen,
exactamente, 23 años del sistemático incumplimiento de ese
dispositivo contenido en la Ley Mayor del país, proclamada
para ser la “Constitución Ciudadana”. Las organizaciones
presentes en el Seminario repudian esa continua violación y
declaran su apoyo a la importante iniciativa de la OAB, y a
las investigaciones del Ministerio Público derivadas de la
CPI de la Deuda.
La auditoría de la deuda es urgente, pues el Brasil,
también, enfrenta una seria crisis de endeudamiento, aunque
no lo aparente. El actual modelo económico aplicado en el
país privilegia el pago de la deuda al mismo tiempo que
aplica todas las medidas recomendadas por el FMI en Europa.
Están en marcha en el Brasil el recorte de R$ 50 billones
del Presupuesto Federal; el congelamiento de salarios de
trabajadores públicos, propuesto por el Proyecto de Ley
Complementaria 549/2009 y, ya implementado en la práctica
por la negativa del gobierno de negociar con varias
categorías; la privatización del régimen jubilatorio de esos
trabajadores (Proyecto de Ley 1992/2007); la privatización
de los hospitales universitarios (Proyecto de Ley
1749/2011); la restricción de recursos para inversiones en
áreas esenciales como salud, educación, vivienda,
asistencia, saneamiento, etc.
Los participantes del Seminario declaran su apoyo a la
recomposición de los haberes jubilatorios, como así,
también, a la campaña para destinar 10% del PBI para la
educación y demás reivindicaciones que llevan a rescatar los
derechos sociales.
Repudiamos la intención anunciada de que Brasil podrá
destinar recursos para “ayudar” a la Unión Europea (UE) a
“combatir” la crisis, contando con el aporte de más reservas
internacionales brasileñas para el FMI, UE u otro
instrumento similar. Sabemos que eventuales medidas de esa
naturaleza no se convertirán en ayuda a los pueblos; la
historia reciente muestra que los beneficiarios, de hecho,
serán las organizaciones financieras, que continuarán, así,
asegurando niveles extorsivos de lucro. Tal medida no
combate la crisis, sino que la profundiza, visto que los
paquetes de “ayuda” imponen recesiones, desempleo y
reducción de los gastos sociales.
Súmese a esto, que los recursos que Brasil,
eventualmente, pueda destinar a tales paquetes nefastos son
obtenidos por medio de más “deuda interna”, sobre la cual
inciden las más altas tasas de interés del mundo. Esta es la
peor manera posible de “combatir” la crisis, pues hace a la
población brasileña pagar caro para financiar programas que
sacrifican, todavía más, a la población europea.
Otra aplicación de las reservas brasileñas es la compra
de títulos del Tesoro de los EEUU, que no rinden casi nada
y, además, financian las políticas estadounidenses, como el
salvataje de bancos fallidos y las guerras.
Todos estos puntos muestran la necesidad de una nueva
arquitectura financiera internacional, cuya lógica no sea
que los pueblos de los países periféricos financien los
imperios. Esa nueva arquitectura financiera pasa por la
efectiva creación del Banco del Sur, orientado a inversiones
en proyectos que atiendan las necesidades de los pueblos y,
no los intereses de las grandes empresas transnacionales.
Esta institución debe ser controlada, por lo tanto, por
organismos representativos de la sociedad civil, dedicados a
la defensa de los derechos humanos fundamentales, de los
intereses colectivos, de la sustentabilidad ambiental y de
la autonomía de los pueblos. Solamente con esa integración
democrática será posible escapar de las cadenas impuestas
por el estado capitalista, sujeto a las determinaciones
dictadas por “los mercados”, sabidamente incompatibles con
el desarrollo social.
En este sentido, las organizaciones y movimientos
presentes rechazan todo instrumento de dominación de los
pueblos al servicio de las grandes empresas transnacionales
y, proclaman:
- NO, al proyecto de Ruta Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos, en Bolivia, que cuenta con el financiamiento del
BNDES de Brasil. Esta ruta que atraviesa el Territorio
Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
generará destrucción ecológica y afectará la vida y la
cultura de los pueblos indígenas. Nos solidarizamos con los
pronunciamientos de las redes Latindadd y otras contra este
proyecto;
- NO, a la actuación del CIADI (Centro Internacional de
Resolución de controversias relativas a Inversiones), cuyas
decisiones favorecen a las transnacionales en detrimento de
los pueblos. Los países de América Latina se deben retirar
de este organismo y avanzar en la implementación de una
Nueva Arquitectura Financiera Internacional;
- NO, a la promoción de proyectos que aumentan la deuda
ecológica, la difusión de un modelo agrícola basado en el
monocultivo y los agrotóxicos – que envenenan el ambiente –
en tanto los campesinos/as permanecen abandonados/as, sin
una reforma agraria integral;
- NO, a la presencia de tropas brasileñas en Haití, que
sirven para mantener un modelo neoliberal de explotación de
la clase trabajadora;
Ante todo lo expuesto, las organizaciones y movimientos,
aquí reunidos, reivindican:
- la suspensión inmediata de los programas neoliberales
impuestos por el FMI, la Unión Europea y los gobiernos a los
pueblos europeos y, la suspensión del pago de las deudas
contraídas para salvar al sector financiero y sustentar el
lucro de grandes empresas;
- una nueva arquitectura financiera internacional, que no
privilegie al sector financiero del Norte, sino al conjunto
de los pueblos que depende de inversiones públicas capaces
de desarrollar políticas de empleo y salarios dignos y de
producir servicios satisfactorios, en áreas como salud y
educación;
- la completa auditoría de las deudas del Sur y del
Norte, que dará a los pueblos una importante herramienta
para derrotar este verdadero “sistema de la deuda”, el que
promueve la apropiación de las riquezas globales y el
sometimiento de enormes sectores poblacionales del planeta
en beneficio de una elite capitalista, empresarial y
financiera. Para tal fin, las organizaciones internacionales
presentes elaborarán un manual de auditorías de la deuda,
direccionado tanto a especialistas como a los movimientos
sociales;
- la democratización de las decisiones de política
económica para el enfrentamiento a la crisis, expresada en
sus facetas alimentaria, ambiental, financiera y social,
será posible, solamente, a partir del amplio conocimiento de
los factores de poder que impiden el pleno acceso a los
derechos consagrados en los diversos ordenes
constitucionales y en el derecho internacional.
Brasilia, 5 de octubre de 2011
Traducción - Maria Elena Saludas - ATTAC Argentina /
CADTM AYNA
