Al aceptar iniciar un proceso de diálogo con miras al desarrollo de un proceso de negociaciones de Paz, el presidente de la República de Colombia y su Alto Mando de las Fuerzas Militares tuvieron claro el doble propósito de mantener las operaciones militares con el objetivo de producir la mayor suma de daños a la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,-Ejército del Pueblo, FARC-EP, quebrando la resistencia de estructura de mando y control político-militar esparcida por la amplia geografía colombiana, imponiendo sus condiciones de desmovilización y desarme antes de las elecciones presidenciales de mayo 2014, con lo cual se aseguraría una relativamente fácil victoria electoral ante sus rivales del narco-paramilitarismo del uribismo y la fragmentada izquierda institucional.
Para ello, con el abierto apoyo financiero, militar, diplomático y de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos se fortalecieron los sistemas de armas y de inteligencia electrónica para la vigilancia del territorio profundo, se crearon y fortalecieron las unidades de fuerzas especiales Omega para operaciones aerotransportada en territorio guerrillero y se diseñó un plan de ataque y aniquilamiento de la comandancia de las FARC-EP, lo cual tuvo como consecuencia la muerte en combate de los Comandantes Alfonso Cano, Jorge “Mono Jojoy” Briceño, “Caracas” y “El Paisa” y, el asesinato traidor del Comandante Ivan Rios que, unido al anterior fallecimiento del Comandante Manuel Marulanda Vélez, la caída en combate del Comandante Raúl Reyes y la captura de Simón Trinidad, le hacían presumir al gobierno colombiano que podría imponer sus condiciones de rendición en la mesa de negociaciones de la Habana, Cuba.
Sin embargo, pese a tan importantes resultados, los hechos en el terreno de la guerra y su relación con la política interna colombiana, no le concedieron las pretensiones triunfalistas a los estrategas militares del gobierno y sus asesores del Pentágono estadounidense por cuanto, como en Riochiquito y Marquetalia y en los últimos 50 años de guerra popular prolongada, las FARC-EP supieron asimilar los duros golpes recibidos, al suplantar el Secretariado y la Comandancia General, flexibilizar la operatividad de sus unidades estratégicas, incrementar la creación y operación de sus milicias territoriales y mantener su presencia sobre el territorio bajo su control y sus zonas de influencias, mientras que fortalecían el aparato del Partido Comunista de Colombia Clandestino (PCCC) y el Movimiento Bolivariano Por la Nueva Colombia; lo que les permitió sus ataques defensivos y ofensivos contra unidades fijas y en movimientos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y a la estructura económica (energía, producción petrolera y transporte), lo cual mantuvo el equilibrio estratégico de fuerzas entre el Estado Colombiano y las FARC-EP y explica hoy, en parte, su inocultable presencia en la agenda política nacional y, en particular, en el debate electoral.
Derrotada su estrategia de aniquilamiento de los mandos de las FARC y sacudida Colombia por un año de grandes conflictos con los productores y campesinos, indígenas, trabajadores públicos y universitarios, el presidente Santos vio llegar el calendario electoral sin poder “cantar victoria”, debiendo aceptar que, como lo sostuvo la delegación insurgente en las negociaciones, el procesos de Paz no está “amarrado” a ninguna agenda ni calendario electoral y que no se aceptaran ni ultimatun ni términos porque, de los que se trata no es acabar con la guerra sino crear las condiciones que permitan la superación de las causas económicas, sociales y políticas que dieron origen a este largo y fraticida conflicto que desangra a Colombia.
Muy a pesar de todo lo anterior, los resultados electorales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas que le dieron la mayoría relativa de votos al candidato del narco-paramilitarismo uribista, Zuluaga, sobre el presidente-candidato Juan Manuel Santos, impactaron el proceso de negociaciones y las posiciones de todos los actores políticos de Colombia, dada las posturas extremas de ambos candidatos en relación con las condiciones para la continuidad de las negociaciones de Paz y ha originado en el seno de los partidos y movimientos de la izquierda institucional y de la insurgencia, un ineludible debate sobre si abstenerse de toda presencia en esta segunda vuelta u, optar por mandar a depositar el voto por la fórmula Santos-Vargas Lleras que, representando la vieja alianza liberal-conservadora responsable de la guerra y de la mayoría de sus víctimas, pareciera defender la continuación y un posible acuerdo de Paz que de término a la guerra y abra un proceso de cambios democráticos y de Justicia Social en Colombia; declarado objetivo estratégico por las FARC-EP.
Aunque parecieran que ausentes y abstencionistas electorales de la primera vuelta y el amplio abanico de la izquierda legal podrían motivarse a votar ante la amenaza de triunfo del uribismo y su consecuencia en las negociaciones de Paz, hoy no está clara la posibilidad de la victoria de la candidatura de Juan Manuel Santos por lo que, públicamente, no es descartable que, en el extremo del debate electoral puedan las FARC-EP y otros movimientos insurgentes puedan pronunciarse, tal como lo acaba de hacer la dirigente del Polo Democrático Alternativo, Clara López, por un VOTO POR LA PAZ EN COLOMBIA, con el cual si pudiera hacer posible la difícil victoria electoral del santismo que, de esa manera, quedaría políticamente hipotecado por el apoyo político de sus enemigos en el campo de batalla, hoy convertidos en los nuevos socios en las negociaciones de Paz.
