Después de tanto esquivar durante dos años el debate “cara a cara” con el expresidente paramilitar Alvaro Uribe Velez, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos le ha planteado a su antiguo aliado y tutor, debatir públicamente sobre el proyecto de Paz que en este momento formas parte de las negociaciones que su gobierno sostiene desde hace dos años en la ciudad de la Habana, República de Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, y el Ejército de Liberación Nacional.

La sorpresiva decisión del presidente Santos, quien formo parte del gobierno del gobierno de Alvaro Uribe Vélez como Ministro de la Defensa, pareciera ser, en parte, consecuencia del acuerdo entre los voceros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, encabezados por el Comandante Ivan Marquez y, la representación del gobierno colombiano encabezada por el exvicepresidente Humberto Lacalle, según la cual, se harían públicas el contenido de los resultados de las negociaciones, a los fines de que todas las partes involucradas y especialmente, el pueblo colombiano, pudiera ir valorando positivamente los resultados parciales de este difícil y complejo proceso de negociaciones en donde no solo está involucrado la terminación del conflicto armado interno, sino la superación del conflicto social histórico entre la vieja oligarquía santanderiana que mal gobierna Colombia hace más de 200 años y, el valeroso y resistente pueblo colombiano que sigue batallando por una Colombia de Paz, Democracia, Soberanía Justicia Social.

El debate público sobre las negociaciones de Paz de en la Habana entre Santos y Uribe, representantes de dos corrientes del bloque oligárquico-burgués con intereses comunes pero visiones estratégicas distintas, pareciera estar dirigido a recomponer el bloque social en el Poder en Colombia luego del difícil proceso electoral y sus resultados estrechos, favoreciendo un reagrupamiento de ese sector de cara al proceso de referendo popular que habrá de realizar al término de las negociaciones como mecanismo de legitimación de todos los acuerdos alcanzados, lo que no solo podría permitir ganar de manera destacada ese referendo sino viabilizar el proceso de pos-conflicto con una mayoría social y política e incluso militar- que nuetraliza las previsibles conspiraciones y asonadas de quienes desde el Estado Colombiano y, especialmente, sus Fuerzas Militares y de Policía y el paramilitarismo narcotraficante, puedan intentar revertir el proceso de Paz, mediante la acción armada y otro tipo de iniciativas judiciales, parlamentarias y de calle, teniendo como pretexto la Justicia Transicional, los Falsos Positivos, las Indemnizaciones a las Víctimas Civiles, Ayuda a Militares Lisiados de Guerra y las Zonas de Concentración de los combatientes farianos.

El retardo del fanfarrón Uribe Vélez en dar una respuesta al reto del presidente Juan Manuel Santos para debatir la Paz en Colombia, es un indicativo de la debilidad política en la que actualmente se encuentran las fuerzas que se agrupan alrededor de Alvaro Uribe, del No. 82 de la lista de narcotraficantes de la Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos de América, luego de la derrota electoral sufrida en agosto pasado y los escándalos provocados por el uso de hackers para espiar el comando de campaña de Santos y las chuzadas a los voceros de las FARC-EP y el expresidentre Humberto de la Calle en la mesa de negociaciones, realizada por sectores militares vinculados con el sector uribista de las Fuerzas Militares y los servicios de inteligencia colombiana, por lo que seguramente o, propone una conversación reservada entre ambos voceros de la oligarquía colombiana para mantener sus acuerdos políticos reservados o, acordar un debate en el senado de la República de Colombia, en donde los discursos terminaran por aburrir al público colombiano y quitarle la trascendencia que esperaría Santos de un debate para tender puentes con su antiguo tutor y hoy adversario político.

En cualquier caso, dos elementos de esa propuesta de debate son fundamentales: se trata de una controversia entre sectores rivales pero no antagónicos en la defensa de los intereses de las viejas elites responsables de la guerra contra el pueblo colombiano y, en segundo lugar; el debate será irrelevante si no se da en el seno del pueblo colombiano y tiene como otro de sus actores de primer orden a las FARC-EP, una de las Partes Beligerantes que se encuentra en las Mesa de Negociaciones de la Habana y que tiene como patrimonio 50 años de resistencia política y militar a la estrategia de represión del Estado Oligárquico colombiano, con una fuerza de combate experimentada – reconocida por los Mandos Militares y sus asesores de los Estados Unidos - con más de diez mil combatientes y milicianos desplegados en todo el territorio de Colombia, con control e influencia territorial y vastas zonas del territorio colombiano, una estructura política formada por dirigentes y militantes del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PCC), bases sociales rurales y urbanas en el Movimiento Bolivariano Por la Nueva Colombia, (MBNC) e inocultable simpatías en viejas y nuevas organizaciones políticas democráticas y movimientos sociales reconocidos que jugarán un papel importante en el proceso que se abrirá a partir de los acuerdos de Paz de la Habana y el proceso de aprobación mediante un referendo por parte de la mayoría del pueblo colombiano.

Pretender excluir a las FARC-EP de un debate público nacional sobre la Paz es una maniobra ilusoria destinada al fracaso porque, a pesar de todos los esfuerzos para difamarla con calificativos de “narcos” y “terroristas”, excluirla mediante matanzas como el exterminio de la Unión Patriótica e invisibilizarlos de los medios del Estado y de la oligarquía; la oligarquía tuvo que aceptar abrir las negociaciones de Paz, darle estatuto de Fuerza Beligerante de Hecho a esa organización insurgente y blindar a sus cuadros dirigentes y ayudantes de fuero diplomático que les ha permitido entrar y salir del territorio colombiano con su conocimiento y hoy, el avance de los acuerdos solo serán posible con la aprobación del Secretariado de esa organización insurgente.