Para el año 1989, el Instituto de Economía Internacional de Washington (W.I.E.I.), reunió en una conferencia extraordinaria a economistas del congreso norteamericano y del gobierno, a los líderes y ejecutivos de las principales empresas trasnacionales en especial las petroleras, a miembros de las comunidades académicas y centros de estudio, a los representantes de las instituciones internacionales multilaterales más importantes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, todo esto con el firme propósito de sentarse a discutir acerca de las reformas necesarias a ser impulsadas para que el continente latinoamericano saliese de la llamada "década perdida", la década de la inflación y la recesión y pudiese retomar el camino del crecimiento y la estabilidad. A esta reunión, se le calificó como el consenso de Washington.
NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACIÓN
En este escenario del Consenso de Washington, se pasaron horas discutiendo como orientar las economías de América Latina e insertarlas en el mundo globalizado, para poder hacer de este continente una región para el libre mercado.
Para ello, según el planteamiento de Washington, había que establecer un nuevo orden jurídico y político que garantizara la inversión de las trasnacionales en esta región y a tal efecto se planteaban la necesidad de que todos los países reformaran sus constituciones, bajo cualquier figura jurídica, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica a la inversión extranjera.
Estas política de reformas y ajustes en el orden jurídico- político y en el plano económico, marcaron además el camino a seguir y estuvieron contenidas en los diversos programas de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional.
En Venezuela se comienza a ejecutar estas políticas, desde el momento que se nombra la Comisión para la Reforma del Estado y por razones de inestabilidad política para ese entonces y que todos conocemos, esta desaparece, asumiendo este papel la Asamblea Nacional Constituyente, que impulsa el Presidente Chávez.
LA CONSTITUCION DE 1999
A esta Constitución de 1999 como resultado de la Asamblea Nacional Constituyente, Chávez se la vendió al pueblo, como una Constitución revolucionaria, jamás conocida en el planeta tierra, al pueblo se le dijo que esta Constitución le garantizaba todos sus derechos y la euforia, la manipulación y el momento político que se estaba viviendo, hizo que el pueblo votara por ella, desconociendo incluso su articulado.
En esta Constitución se plasmaron artículos como el 299 que establece la libre competencia en su primer párrafo y en el segundo señala "El estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional…". Con la libre competencia jamás podrá haber justicia social, la democracia es una simple caricatura y mucho menos solidaridad "a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad…", como reza la Constitución.
Esa reforma jurídica planteada por Washington, para los países de América Latina le está dando a Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra –entre otras potencias- resultados satisfactorios y es así como en Venezuela esa iniciativa privada multinacional (Empresas Mixtas), es la que impone las leyes de la economía, no generando fuentes de trabajo porque sus procesos productivos están altamente tecnificados y por lo tanto no producen empleo, ni eleva el nivel de vida de la población y mucho menos el desarrollo técnico de las fuerzas productivas, además de producir muy graves consecuencias para la soberanía y la independencia del país.
EL MANDATO DEL CONSENSO DE WASHINGTON
Este escenario del Consenso de Washington, introduce políticas laborales que dañan las aspiraciones de los trabajadores, pues están dirigidas a desregular los mercados laborales, mediante la privatización de los fondos de retiro, eliminación de la retroactividad para el cálculo de las prestaciones sociales, eliminación y reordenación de las centrales y organismos sindicales, eliminación del régimen de estabilidad laboral y la contratación colectiva, propiciando la contratación a régimen parcial o temporal.
En lo demás, se puede observar que Venezuela cumple con las orientaciones del Consenso de Washington en materia laboral y el propio Chávez las impulso y lo que es peor, las hizo aparecer como si fueran medidas de carácter revolucionario.
Al respecto el intelectual norteamericano James Petras en un artículo escrito en RUPTURA No 5, titulado La "izquierda radical" y la "izquierda pragmática", nos indica lo siguiente: "En el actual sistema de poder capitalista imperialista controlado por Washington, la estrategia con el "enemigo de paja" tiene como objetivo principal el de "desactivar" los conflictos sociales y las luchas populares (naturalmente violentos y "antisistema") y encauzarlos por caminos "pacíficos" y meramente "reclamativos", a través de su inserción en el "sistema democrático" controlado por Washington y el establishment económico en la región.
Ese es el rol concreto que cumplen los gobiernos "revolucionarios" integrados al capitalismo como el de Chávez/Maduro, cuya función principal es la de integrar a las reglas "democráticas" los conflictos sociales que, de otra manera, romperían el orden vigente y pondrían en peligro los negocios (hoy en paz) de las trasnacionales y bancos capitalistas en América Latina…".
INTERESES GEOPOLÍTICOS
Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Venezuela-entre otros países- son las naciones que mejor han asumido la orientación del Consenso de Washington, sus constituciones han sido modificadas y reformadas para adaptarlas al mandato del imperio del capital, constituyentes derivadas del poder constituido y reformas para "modernizar" el Estado, sólo han servido para consolidar los intereses económicos de las multinacionales norteamericanas, Inglesas, Chinas, Rusas que ahora aparecen en el caso concreto venezolano como empresas mixtas.
Todo este panorama esta desarticulando los procesos jurídicos de los Estados-nación, para darle paso, a nuevas formas "jurídicas" de subordinación de los pueblos a las potencias que los dominan, al mismo tiempo que coloca en crisis, el llamado estado de derecho ante el nacimiento del Estado Moderno, las filosofías jurídicas y políticas que orientaban el derecho positivo de los Estados-nación, se transformo en la modernidad, en aras de abrirle camino a la legalidad de nuevas formas del "derecho internacional" facilitando la legitimidad al mundo globalizado con nuevas interpretaciones jurídicas acerca de la soberanía, democracia, justicia, integración-entre otros conceptos- y así ajustarlos a los intereses de quienes dominan y justificar en el plano internacional las aberraciones que cometen contra los pueblos, incluyendo los crímenes de guerra.