Traducción desde el inglés por Sergio R.Anacona
Strategic Culture Foundation
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El Departamento de Estados de Estados Unidos anualmente publica un informe sobre derechos humanos alrededor del mundo. Convenientemente, el informe no menciona a unos de los violadores más sistemáticos de derechos humanos en el planeta. Bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos se ha graduado como un paria violador sistemático de los derechos humanos, como quedó demostrado por los recientes asesinatos y asaltos cometidos por la policía contra personas inocentes en calles de Estados Unidos.
Aunque históricamente Estados Unidos ha estado siempre dispuesto a criticar las políticas de derechos humanos de otros países, incluso en la sede de la Organización de Naciones Unidas y se ha engrifado ante los intentos de ventilar en esta instancia internacional sus propios desastres en derechos humanos.
El último intento de señalar la abyecta negativa de Estados Unidos de regirse por los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 proyecto supervisado por Eleanor Roosevelt que ha sido presentado en forma de petición con fecha 8 de Junio del corriente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para que "rápidamente se reúna en sesión especial para iniciar una investigación sobre la situación de escalada en la violencia y represión de las protestas por parte de la policía en Estados Unidos". La carta fue firmada por George Floyd, Breona Taylor, Michael Brown y PhilandoCastile—Afroamericanos asesinados por fuerzas policiales junto con 600 agrupaciones de Derechos Humanos en Estados Unidos y en el extranjero.
La solicitud ante la ONU fue presentada por la Unión de Libertades Civiles en EE.UU. (ACLU) y por la Red de Derechos Humanos en EE.UU. Petición que incluyó las firmas de cientos de agrupaciones en representación de los Pueblos Negros, Morenos e Indígenas en Estados Unidos y alrededor del mundo. La carta dirigida al Consejo de los Derechos Humanos declara lo siguiente: "estamos profundamente preocupados debido a la escalada en la violencia de la respuesta policial contra protestas mayoritariamente pacíficas en Estados Unidos, lo cual incluye el empleo de balas de goma, gas lacrimógeno, fumigación de pimienta y en algunos casos armas de fuego, en violación a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y el control de manifestaciones, que incluye a la reciente Guía de la ONU sobre el Empleo de Armamento Menos Letal. Además, estamos profundamente preocupados que el presidente Trump en vez de emplear su cargo y emplearlo como una fuerza para la calma y la unidad, ha preferido exacerbar las tensiones a través de su retórica, puesta en evidencia por su promesa de arrebatar la autoridad de los gobernadores que no emplean las más extremas tácticas contra los manifestantes y desplegar fuerzas armadas federales contra los manifestantes (medidas de dudosa legalidad).
La carta denuncia al gobierno de Trump por sus sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y libertades civiles empleando la fuerza de la ley en el país: "los recientes asesinatos cometidos por la policía contra personas afroamericanas desarmadas como también el uso por parte de la policía de fuerza excesiva y represión de las protestas, violan los deberes de Estados Unidos contemplados en el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPH sigla en inglés ) la Convención Contra la Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes (CAT sigla en inglés) y la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial (ICERD).
Esta no es la primera vez que afronorteamericanos acusan en un informe al gobierno de Estados Unidos por violar las normas básicas que rigen los Derechos Humanos. Durante la Conferencia de Paz de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, el activista internacional jamaiquino negro Marcus Garvey intentó incluir en el Tratado de la Liga de las Naciones una cláusula sobre la igualdad racial. El intento fue apoyado por Japón pero falló en las manos del presidente norteamericano Woodrow Wilson, nacido en Virginia "hijo sureño " y segregacionista, que no tuvo tiempo para adelantar los derechos civiles para los afronorteamericanos. De ningún modo desanimado por la oposición a la cláusula de igualdad racial en el Acuerdo de la Liga, particularmente de parte de los norteamericanos –que posteriormente rechazaron la membresía en la Liga—canadienses, australianos, neozelandeses y sudafricanos, Garvey lanzó su propia Asociación para el Mejoramiento Universal del Pueblo Negro (UNIA sigla en inglés) y Declaración de sus Derechos el año 1920. Este documento se adelantaría a la Declaración Universal de los Derechos Humanos el año 1948 bajo la égida de la ONU sucesora de la Liga de las Naciones.
En el año 1946 el diplomático afronorteamericano Ralph Bunche que había asistido a la Sra. Roosevelt en la promoción del concepto de los derechos humanos en la estructura de la ONU junto a W.E.B. DuBois, famoso luchador por los derechos civiles de los afronorteamericanos a elevar una solicitud ante la ONU en representación de la NAACP.
El día 24 de octubre de 1955 durante el décimo aniversario de la fundación de la ONU el representante norteamericano Charles C. Diggs uno de los únicos tres afronorteamericanos destacados en el Congreso de EE.UU. solicitó al Subsecretario Bunche, colega negro representante por Detroit que lo ayudara en la presentación "de la cuestión racial en EE.UU. en la instancia apropiada de Naciones Unidas." Diggs estaba profundamente conmovido a su regreso de Misisipí donde asistió al juicio de dos jóvenes blancos acusados de haber brutalmente asesinado a golpes y disparos a Emmett Till, muchacho afronorteamericano de catorce años de edad, acusado de haber sido irrespetuoso con una mujer blanca en un negocio de Misisipi. Ambos blancos fueron declarados inocentes por un jurado todo blanco, aunque un año más tarde, ambos acusados admitieron haber asesinado brutalmente a Till. El asesinato de Till fue uno de los peores eventos racistas que ocurrieron durante los tiempos de Jim Crow en el sur de EE.UU.
Durante el juicio en el mes de septiembre de 1955 el alguacil del Condado de Tallahatchie, Clarence Strider, recibió al público afronorteamericano presente en el tribunal con un virulento saludo racista: "Hola Negruchos". A los miembros blancos del jurado se les permitió beber cerveza durante el juicio y a los espectadores blancos se les permitió portar armas de fuego. Diggs y otros dirigentes de la comunidad afronorteamericana no tenían donde acudir para plantear sus quejas sino a la ONU. En ese tiempo, el congreso de EE.UU. estaba efectivamente controlado por una coalición de segregacionistas del Partido Demócrata y derechistas republicanos. En el año 1960 el asesinato de Till recibió una mayor atención a raíz de la publicación de la novela de Harper Lee "Asesinar a un Ruiseñor" cuya trama contenía varias similitudes con el asesinato de Till. En el año 1962 la película epónima se basó en la novela de Lee con Gregory Peck como actor principal, que provocó una gran atención internacional debido al masivo atropello contra los afronorteamericanos prevaleciente en la policía y el sistema judicial de EE.UU.
Como ha sido evidente a través de los recientes asesinatos de afronorteamericanos y de otras minorías cometidos por la policía, poco ha cambiado desde que se cometió el horrible asesinato de Emmett Till. De hecho, el número de muertes ocurridas durante custodia policial –mil durante 2018—supera lejos aquellas muertes ocurridas en manos de la policía del Reino Unido, tres, ocho en Australia, once en Alemania, seis en Suecia y una sola en Nueva Zelandia. La mayoría de las muertes ocurridas bajo custodia policial en EE.UU. fueron afronorteamericanos. Cuando las estadísticas son analizadas, calificar a Estados Unidos como un país paria en relación a atropellos a los derechos humanos y libertades civiles, no es definitivamente ninguna exageración.
Además, los afronorteamericanos y otras agrupaciones minoritarias en EE.UU. han visto sus derechos pisoteados bajo las botas de la brutalidad policial norteamericana. Entre estas agrupaciones agredidas figuran los Nativos Norteamericanos cuyas supuestas tierras "soberanas" han sido saqueadas por empresas mineras y energéticas, particularmente bajo el gobierno de Trump. Las naciones tribales también han acudido a la ONU en busca de asistencia. Estas incluyen a naciones tribales de la Banda Oriental De Indígenas Cherokee, a las Tribus Indígenas de Alasca Tlingit y Haida, a la Nación Navajo, a la Tribu Mohegian, a los Sioux Lakota a la Confederación Iroquois y a otras. Como fue el caso con Marcus Garvey en el año 1923 la Liga de las Naciones en Ginebra rechazó la petición de reconocimiento de parte del Jefe Cayuga Deskaheh, representante de las seis Naciones de la Confederación Iroquois. La solicitud de los Iroquois fue rechazada por la Liga de las Naciones bajo una fuerte presión de Estados Unidos—que ni siquiera era miembro de la organización—y también Canadá.
La situación de los Indígenas norteamericanos ha empeorado bajo el gobierno de Trump, quien de manera errónea sostiene que los casinos indígenas de juegos de azar son responsables del fracaso de sus propios casinos en Atlantic City y Nueva Jersey. En realidad sus casinos quebraron debido a que Trump recibió préstamos de parte del crimen organizado y de su propia mala administración, además de todos los otros negocios en los cuales él ha tratado de prosperar. Las naciones tribales como los Navajo en el sur de este país quienes están experimentando el más alto promedio de muertes a raíz del Covid-19.
Quizás el más perverso de los recientes abusos contra los derechos humanos en EE.UU. Ha sido la detención de los migrantes en busca de asilo en la frontera sur, incluyendo a sus hijos y encerrándolos en insalubres instalaciones bajo el control de elementos del Departamento de Seguridad Interna, colmado por un personal problemático, muchos de los cuales son matones, racistas, he incluso algunos proclives a actos de pedofilia. Las condiciones de los migrantes detenidos, particularmente Indígenas Mayas procedentes de Guatemala, quienes ni siquiera hablan castellano y menos inglés. Su situación ha empeorado durante la pandemia del Covid-19.
Estados Unidos carece de autoridad para cuestionar las condiciones de los derechos humanos en Hong Kong, China, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria y en cualquier otra parte. El mundo ha visto con sus propios ojos la hipocresía de Estados Unidos como uno de los mayores delincuentes del mundo cuando se trata de su relación con su pueblo.
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