Los últimos acontecimientos (hechos reales, concretos y tozudos) que ratifican el debilitamiento parcial del gobierno de Petro son relativamente fáciles de explicar. Es el fracaso de la aplicación práctica de una política que, en general, está bien pensada y formulada, pero que no cuenta con una visión estratégica para impulsarla en correspondencia con lo planteado.

Los hechos son evidentes. El trámite legislativo de las reformas sociales (salud, laboral, pensional) ha sido obstaculizado en el Congreso y el resultado de tanto trabajo es una verdadera derrota para el gobierno y la bancada del Pacto Histórico. Los avances logrados con la aprobación de la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo han sido –en parte– dilapidados, fruto de una visión equivocada.

Otros sucesos están a la vista. Entre ellos, los graves errores de funcionarios de alto nivel que han sido explotados con eficiencia y efectividad por los enemigos y los medios de comunicación. Crisis ministeriales que dejan mal sabor de boca porque muestran improvisación administrativa, afanes innecesarios y métodos errados y caprichosos, lo que genera incertidumbre entre las propias fuerzas.

Para algunos, tales fracasos y derrotas parciales son resultado de las alianzas con políticos corruptos (Barreras, Benedetti, etc.). Otros, resaltan el papel de Petro y su personalidad hermética y poco comunicativa con sus ministros. Unos más, responsabilizan a los aliados y a los contradictores políticos, entre ellos, el gran poder económico y los medios de comunicación.

Los hechos son los hechos y deben ser asimilados. Todos los factores juegan, pero la tarea principal es identificar, por un lado, el movimiento de la vida, o sea, la lucha y los intereses de clases y sectores de clase, y por el otro, la correspondencia (o no) entre nuestras ideas y acciones para incidir en esa lucha social y política. Se trata de entender la trama y la complejidad de la vida.

La política formulada por el gobierno progresista

En Berlín (FES), el presidente Petro ratificó su idea central: En los países periféricos –como Colombia– es posible y necesario impulsar la industrialización del aparato productivo combinada con una transición urgente y decidida hacia fuentes de energía no fósil ("descarbonización"). A nivel global, por el contrario, el capitalismo está en proceso de autodestrucción y anomía; degrada a la sociedad y a la naturaleza.

Para impulsar ese proceso, hay que romper con los paradigmas tradicionales. Las izquierdas (o "progresismos") deben proponer un plan a corto plazo (10 años) para evitar la hecatombe ambiental y la extinción de la vida humana en la tierra. "Hay que volver a soñar" y superar la idea de que "por decreto se puede acabar el mercado", y, por tanto, unificar y liderar a la humanidad en torno a una acción de salvamento.

Además, insistió en la idea que la transición energética es mucho más que el simple cambio tecnológico. No basta que los grandes conglomerados que monopolizan las energías fósiles (carbón, petróleo y gas) inviertan en energías limpias y renovables, sino que dicho cambio debe incluir importantes transformaciones frente a las necesidades de las comunidades y de la vida en general. Es el modelo de vida el que tiene que cambiar (decrecimiento diferenciado y sostenible).

Es claro que, para impulsar esa política en nuestro país, los progresistas (o "izquierdas") tendrían que encontrarse con los sectores o sujetos sociales que, por su propia naturaleza, por su historia y sus prácticas productivas y culturales, estén interesados en impulsar dichos cambios. Y, en Colombia, afortunadamente tenemos por doquier a dichos sectores sociales y productivos.

Solo hay que revisar el último informe sobre el avance de nuestras exportaciones "no tradicionales". Existen numerosos pequeños y medianos productores rurales y urbanos, empresarios de diferentes niveles, que le aportan a la economía colombiana un importante valor agregado en varios sectores y ramas de la producción diferentes a las economías depredadoras. Dichos sectores deben ser ganados para esa política y es posible hacerlo porque la economía extractivista y rentista no tiene futuro. Además, están en desarrollo y avance importantes experiencias comunitarias en agroecología, manejo y defensa del agua, y otras similares.

Las alianzas del gobierno progresista y el primer gabinete de coalición

Decíamos en anteriores artículos que la dinámica para lograr la "paz santista" en Colombia (o sea, derrotar a Uribe) nos condujo a la conformación "de hecho" de una "alianza interclasista". El triunfo electoral de Petro fue en gran medida resultado de ese proceso. Pero no fue un triunfo contundente. La ventaja fue mínima y el Pacto Histórico llegó en minoría al Congreso.

En consecuencia, se conformó una "amplia coalición de gobierno" en donde estaban representados amplios sectores populares, las burguesías emergentes (agraria-rural y citadina, de origen legal e ilegal, y otras), la burguesía burocrática y algunos sectores de la oligarquía financiera. Decíamos que dichos sectores se sumaron para impulsar algunos cambios y, a la vez, defender sus intereses.

Fue lo que ocurrió y había que enfrentarlo. El primer gabinete de Petro representaba esa diversidad. José Antonio Ocampo (hacienda) y Cecilia López (agricultura), representaban una clase "casi inexistente", la antigua y débil burguesía industrial, heredera de López Pumarejo, Lleras Restrepo y Echavarría Olózaga. Eran ministros de la escuela "cepalina" y fueron nombrados autónomamente por Petro.

La burguesía burocrática obtuvo varios cupos en el Congreso, en algunos ministerios y en la diplomacia. Alejandro Gaviria (educación), así estuviera cerca de César Gaviria, jefe del partido liberal, representaba a la oligarquía financiera, y de acuerdo a lo conocido, no fue nombrado como resultado de un acuerdo con algún partido político. Fue una deferencia de Petro con quién lo apoyó en la última fase de su campaña.

Los sectores populares tenían su cuota con algunos ministerios, en instituciones nacionales (tierras, víctimas, etc.), en el Congreso y en la diplomacia. Los trabajadores y sindicatos, especialmente, los del Estado (maestros, trabajadores de la salud, etc.) tenían en Gloria Inés Ramírez (trabajo), Carolina Corcho (salud) y Patricia Ariza (cultura), una representación clave de cara a las "reformas sociales".

Esa composición burocrática, más allá de ciertas presiones y tensiones, era necesaria e indispensable para contar con mayorías parlamentarias y arrancar la gestión gubernamental con cierta estabilidad. Sirvió para aprobar la reforma tributaria, lograr el Pacto con los ganaderos (Fedegan) y avanzar con el Plan Nacional de Desarrollo. "Logramos generar confianza en el país", decía Ocampo por entonces.

Las reformas sociales y la alianza con la burguesía burocrática

A pesar de que teórica y correctamente el presidente Petro y varios dirigentes del Pacto Histórico plantean que el proceso de cambio en Colombia contempla una fase de transición que puede durar varios períodos de gobierno, en la práctica no se ha diseñado una estrategia coherente con esa idea. Por el afán de presentarle al pueblo resultados inmediatos, el gobierno progresista se traicionó y aceleró.

Petro se dejó presionar y llevar a la idea tradicional de que durante el primer año se debían realizar las principales transformaciones para aprovechar la existencia y "fuerza" de la "coalición de gobierno". Se entró en afanes y aceleres innecesarios para sacar adelante las "reformas sociales"; se priorizó como "único" el escenario legislativo y prevaleció la alianza con la burguesía burocrática y su "familia" más cercana, la burocracia sindical (que representa escasamente al 4% de los trabajadores).

Se desechó o aplazó el acercamiento con la burguesía emergente de carácter productivo, los pequeños y medianos productores (rurales y urbanos), y los profesionales precariados, muchos de ellos emprendedores y asalariados, que también se expresaron en el "estallido social" (2019-2021) pero que, definitivamente, tienen otros intereses y lecturas que los alejan de las visiones tradicionales de la izquierda. Algunos puntos de la reforma laboral los afectan negativamente, y, sobre todo, se distancian de los enfoques asistencialistas de los "subsidios para población vulnerable" (tema por desarrollar en otro escrito).

Una errada lectura de la evolución y naturaleza de las clases sociales en Colombia (y en el mundo) llevó a fortalecer la alianza con sectores burocráticos, parasitarios e improductivos, que no son ni siquiera "progresistas" y menos revolucionarios. Son sectores débiles y volátiles, proclives a la corrupción, que juegan al mejor postor, y son fácilmente manipulables por la oligarquía financiera, como lo ha comprobado con creces la praxis social y política de los últimos meses (caso Benedetti).

Así, fruto de querer derrotar a la oligarquía financiera en temas tan sensibles como afectar sus intereses en el manejo de los enormes fondos de la salud (EPS) y fondos de pensiones (AFP), usando como principal instrumento una precaria coalición de gobierno basada en la alianza con la burguesía burocrática, el gobierno de Petro se ha auto-saboteado y puesto diversas zancadillas, que indudablemente lo han debilitado frente a sus propias bases sociales y frente a sus contradictores y enemigos.

No se puede desconocer que el gobierno y Petro ha realizado ingentes esfuerzos durante estos diez (10) meses por cumplir con sus propuestas de cambio y de beneficio para los sectores populares. No obstante, la línea estratégica escogida, la alianza con la burguesía burocrática que es insaciable y que se ha incrustado hábilmente en las regiones dentro de las fuerzas del Pacto Histórico y de las organizaciones sociales, es el principal problema que se observa y que debe ser atacado y solucionado con urgencia.

El futuro inmediato y el peligro del "golpe duro"

Si Petro y toda la dirigencia del Pacto Histórico logran entender que el Congreso no tiene por qué ser el principal escenario de lucha, van a poder explorar y explotar otros escenarios regionales, sociales y productivos (y una efectiva lucha contra la corrupción), que son nuestros verdaderos escenarios de lucha, de fortalecimiento de la fuerza social y política, y de una alianza de clases efectivamente progresista y transformadora.

Si se apoyan de verdad en la gente como ha planteado Petro en el discurso del 7 de junio ("asambleas populares"), se puede retomar la iniciativa y pasar a una "ofensiva sistemática y pausada", "seria y consistente". Si ese viraje se hace entre julio y agosto (así sean sólo señales en esa dirección), ello puede movilizar a las organizaciones sociales e incidir positivamente en las elecciones locales y regionales. Lo cual, sería muy importante hacia el inmediato futuro.

Para hacerlo, es importante sintonizarse con amplios sectores populares. Muchos de ellos no entienden cómo un "gobierno del cambio" se esfuerza tanto por cumplir la regla fiscal incrementando el precio de la gasolina para llenar el hueco fiscal creado por el anterior gobierno en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mientras no ataca de frente la corrupción administrativa que se roba –según cálculos– más de 50 billones de pesos anuales.

Así, teniendo en cuenta la realidad existente en las llamadas "instituciones del Estado", las "asambleas populares" no pueden ser "agencias del Pacto Histórico y/o del gobierno", o una "guardia pretoriana" de Petro, sino que deben ser construidas con autonomía, amplias e independientes, no politiqueras, cualificadas y diversas en torno a sectores priorizados y fundamentales, "con dientes" y efectivo "poder vinculante".

No deben ser grandes asambleas para "botar corriente" y proponer "nuevas leyes". Tienen que ser espacios donde se debatan temas concretos que tengan posibilidades de convertirse en "política pública de hecho", o sea, que se traduzcan en proyectos e inversiones públicas apoyándose en la gente. Y si se requieren declaratorias de "emergencia económica y social" para hacerlas realidad, Petro debe actuar con decisión y contundencia. Lograría un apoyo mayoritario y recuperaría la iniciativa política.

Todo esto es posible si hay un cambio en la visión de los dirigentes sociales y populares. Deben entender que su papel no es estar a la cola del gobierno y el parlamento sino al frente de la sociedad.

De no corregir el rumbo, de mantenerse la idea de que con la fuerza acumulada hasta ahora (que está en franco deterioro) o de que la alianza con la burguesía burocrática se garantiza el logro de las transformaciones propuestas, en poco tiempo (meses) se pueden crear las condiciones para que los sectores más extremos de los grandes terratenientes y de la oligarquía financiera, pasen de la estrategia del "bloqueo" y "golpe blando" a la del "golpe duro".

El diseño lo tienen claro y lo han experimentado. Si logran unir la inconformidad popular frente a temas como el aumento del precio de la gasolina (ya los taxistas y moto-taxistas están programando "paros" y protestas) con otros temas coyunturales, y consiguen movilizar –como lo han empezado a hacer– mayores fuerzas sociales contra el gobierno, van a tratar de provocar disturbios y generar muertos para achacárselos al gobierno y, generar desestabilización y caos.

Los intentos del Fiscal por vincular a Petro con hechos dolorosos como la muerte violenta (suicidio) del coronel Ojeda, que fue utilizado –fanática y obsesivamente– como consigna en las marchas de la oposición del pasado 20 de junio, muestran lo que esos sectores extremos son capaces de hacer para defender sus intereses. De hecho, la "revolución de color" está en marcha y hay que estar alerta.