La propuesta del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente encolerizó inmediatamente a los esbirros del establecimiento ultraconservador nacional. Salieron a través de sus medios de comunicación exclamando ¡Quéée!, ¡cómooo!, ¡una Asamblea Nacional Constituyente!, ¡ese lo quiere es quedarse en el poder'!

Es necesario aclarar lo siguiente: Una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el ejecutivo, para que el legislativo apruebe dicha enmienda, es ingenuo. Creer que dicha iniciativa pase, es como pedir peras a los olmos, sabiendo que dicho congreso está compuesto en su mayoría por parlamentarios que históricamente han defendido el StatuQuo.

Sí, a una Asamblea Constituyente, pero de iniciativa popular, legitimada jurídicamente en el artículo 3 de la Constitución Nacional: "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece". Es decir, el poder supremo en la toma de decisiones políticas, reside únicamente en el pueblo organizado, en sus movimientos sociales. Esto significa que el pueblo es la fuente de autoridad legítima y que el poder público emana de él.

La forma en que el pueblo ejerce esta soberanía puede ser directa, a través de mecanismos de participación, como cabildos abiertos populares o, indirecta, mediante la elección de representantes que actúan en nombre del pueblo.

En resumen, este principio consagra la idea de que el poder político proviene del pueblo y debe ser ejercido en su beneficio, ya sea directamente o a través de representantes elegidos democráticamente. Pero esos representantes no pueden ser los hijos que han desangrado históricamente al Estado durante casi doscientos años, no aquellos que se hacen elegir comprando votos, ofreciendo puestos y hasta intimidando al elector. ¡No! por ahí no es.

Dicha Asamblea Constituyente de iniciativa popular debe ser un proceso mediante el cual las ciudadanias libres pueden proponer y convocar a la creación de un Contrato Social, a la colombiana, obviamente. Este tipo de asambleas suelen ser convocadas a través de la recolección de firmas o mediante otros mecanismos de participación ciudadana, siendo su objetivo permitir que la población tenga un papel directo en la formulación de las leyes fundamentales que rigen en la defensa de los derechos humanos.

Dicha Asamblea Nacional, Constituyente de iniciativa popular, serviría para establecer un Contrato Social para satisfacer las necesidades de Colombia, reflejando los valores, principios y demandas de la sociedad colombiana, sin esperar que los representantes sean quienes definan su vida y su futuro, precisamente, aqullos a quienes el pueblo elige y legislan en su contra.

Este contrato social podría abordar temas como la justicia social, la paz, la lucha contra la corrupción, la justicia ambiental, el desarrollo humano inclusivo, la promoción de la educación y la salud, entre otros. Para perfeccionar ese contrato social acorde a las necesidades de Colombia, se requeriría un proceso participativo que involucre a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a grupos étnicos, comunidades indígenas, organizaciones civiles, empresariales y políticas.

Este proceso debería ser inclusivo y democrático, con el fin de garantizar que las diversas voces y perspectivas sean tomadas en cuenta. Además, el contrato social podría abordar la distribución equitativa de recursos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la garantía de los derechos humanos y el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.

En resumen, un contrato social, expresado en dicha Asamblea, serviría para responder a las necesidades de Colombia, reflejando los valores y aspiraciones del pueblo que históricamente ha sido mancillado e instrumentalizado a los intereses de la oligarquía más mezquina y asesina del continente.

Es hora, tras más de 30 años de burla de la Constitución del 91, de retomar el poder popular en esta convocatoria para que el pueblo colombiano redescubra su inmenso poder y recuperar al Estado colombiano al servicio de la vida y la dignidad humana.