A pesar de las recientes revueltas populares y el ascenso de gobiernos de centro izquierda en gran parte de los países de la región, las estructuras, estrategias y políticas económicas perseguidas por sus predecesores perduran, en particular en relación con las prácticas económicas de cara al exterior.

Influidos por la fuerte demanda y el aumento de precios de las materias primas, sobre todo agro-minerales y energéticas, los gobiernos latinoamericanos han desistido de realizar cambios en varias áreas cruciales y se han adaptado a las políticas y herencias económicas de sus predecesores neoliberales. En consecuencia, y con la llegada de la recesión mundial de 2008, se constató un fuerte declive, con graves consecuencias sociales.

La crisis socioeconómica resultante proporciona importantes lecciones y refuerza la idea de que son imprescindibles profundos cambios estructurales en inversiones, comercio y sectores económicos estratégicos para el crecimiento equitativo, sostenido y estable.

El libre mercado y la doctrina del libre comercio en los años 90 

Desde mediados de los años 70, con la llegada de regímenes civiles autoritarios y militares pro estadounidenses y bajo la tutela de académicos estadounidenses defensores del libre mercado y de economistas educados en EEUU, América Latina se convirtió en un laboratorio para la aplicación de políticas del libre mercado y comercio.

Las barreras comerciales se rebajaron o eliminaron para que pudieran introducirse sin obstáculos los productos agrícolas europeos y estadounidenses subvencionados, diezmando el número de agricultores que cultivaban sus productos para el consumo local. Bajo la doctrina de la “ventaja comparativa”, las políticas buscaron financiar y promocionar a las grandes empresas agrícolas especializadas en las exportaciones básicas: trigo, soja, azúcar, maíz, ganado, etc., apostando por precios y mercados favorables, precios razonables en productos alimenticios, maquinaria agrícola e importaciones no agrícolas.

La desregulación total de la economía y la privatización de empresas públicas abrieron las compuertas a la inversión extranjera, la toma de posesión de sectores económicos estratégicos y la dependencia, cada vez mayor, de la inversión extranjera para sostener el crecimiento y la balanza de pagos.

La estrategia general de los regímenes fue la dependencia de los mercados exportadores en detrimento de los mercados internos (consumo local popular); una política que se basaba en el abaratamiento de los costes laborales locales y el mantenimiento de altos beneficios de la clase dominante agro-mineral. La presencia de ésta en todos los ministerios económicos importantes de los regímenes aseguraba no sólo que las políticas beneficiasen a esta clase, sino que también se vistieran de una apariencia ideológica sobre la noción de “mercados eficientes racionales”, sin tomar en consideración la historia de inestabilidad intrínseca de los mercados globales.

La crisis de los regímenes neoliberales tradicionales

El sistema financiero desregulado y la recesión mundial de 2000–2001, el pillaje salvaje de la economía y tesorería por los profesionales del libre mercado, la tremenda corrupción y la explotación absoluta de trabajadores, campesinos y empleados públicos, causaron revueltas regionales. Se derrocó y/o derrotó en las elecciones a toda una serie de regímenes apoyados por Estados Unidos. Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay fueron testigos de revueltas populares que terminaron en gobiernos de centro izquierda, especialmente tras las campañas que prometieron “profundos cambios estructurales”, incluidos cambios en la estructura económica del poder y un aumento significativo del gasto social y la redistribución de la tierra.

En la práctica, las derrotas políticas de los partidos de derecha y la élite económica debilitada no sirvieron para realizar transformaciones socioeconómicas a gran escala y que perdurasen en el tiempo. Los nuevos gobiernos persiguieron políticas socioeconómicas que intentaban “reformar” a las élites económicas, forzándolas a encaminar sus esfuerzos hacia la reactivación de la economía y la asistencia a pobres y parados. Las élites políticas fueron relevadas, algunos elementos implicados en represiones masivas llevados a juicio, pero sin un esfuerzo serio para transformar el sistema político de partidos. En otras palabras, las élites neoliberales y sus políticas de libre mercado se quedaron donde estaban, sólo frenadas temporalmente por las políticas de intervención estatal de los gobiernos de centro izquierda.

Políticas de centro izquierda: gestión de la crisis y el boom económico

Los nuevos gobiernos de centro izquierda adoptaron toda una serie de políticas, desde incentivos económicos para los negocios, regulaciones financieras, mayor gasto para luchar contra la pobreza, incrementos salariales generalizados y consultas con dirigentes de organizaciones populares. Repudiaron a sus enemigos políticos y responsables del período anterior, junto con la intervención de algunas empresas privadas en bancarrota. Estas políticas de gran alcance y simbolismo lograron, temporalmente, el apoyo popular del electorado, aislando y dividiendo a los sectores más radicales de los movimientos populares.

No obstante, las demandas de cambios más amplios y profundos seguían en la agenda, mientras los gobiernos de centro izquierda hacían equilibrios entre las demandas radicales que surgían desde abajo y sus compromisos políticos para normalizar y estimular el desarrollo capitalista, incluyendo a todas las élites existentes: multinacionales extranjeras, agro-minerales, financieras, comerciales y de manufactura. El dilema del centro izquierda se resolvió gracias al aumento súbito de los precios de las materias primas, estimulado mayormente por la demanda y el dinámico crecimiento de las economías asiáticas, principalmente China.

Los gobiernos de centro izquierda abandonaron cualquier idea de perseguir los cambios estructurales y se sumaron al “crecimiento exportador” –basado en la exportación de productos básicos-. Al abandonar la crítica de la inversión extranjera y las demandas de “renacionalizar” empresas privadas estratégicas, los gobiernos de centro izquierda abrieron la puerta a la entrada masiva de capital extranjero, suspendiendo la aplicación de algunos de sus controles reguladores.

El boom de las materias primas de 2003–2008 permitió a los gobiernos de centro izquierda (y la derecha) “comprar” a la oposición: los sindicatos consiguieron incrementos salariales sustanciosos, el sector de los negocios recibió incentivos cuantiosos, se acogió con entusiasmo a los inversores extranjeros y se fomentaron las remesas procedentes de trabajadores en el extranjero; todo contribuía a reducir la pobreza.

En una palabra, toda la estructura socioeconómica del alto crecimiento de América Latina orientada a la estrategia exportadora se cimentó en la demanda del mercado mundial y las condiciones económicas de los países imperialistas. Pocos expertos económicos, columnistas financieros y políticos que alaban los “mercados racionales” expresaron sus dudas sobre la sostenibilidad del modelo del “mercado exportador”.

La extraordinaria vulnerabilidad de estas economías, su dependencia de mercados inestables, de un número limitado de productos de exportación, de uno o dos mercados, y de las remesas procedentes de trabajadores en condiciones tremendamente precarias, deberían haber alertado a cualquier economista o responsable de las políticas seguidas a poco que reflexionara. Los carísimos asesores contratados, procedentes de la Harvard Business School, la Penn’s Wharton School y otros prestigiosos centros de educación superior (enamorados de sus ecuaciones matemáticas que demostraban sus premisas), argumentaron que los mercados menos regulados son los que más éxito tienen, y convencieron a sus colegas latinoamericanos, desde el centro izquierda hasta la derecha, de la conveniencia de reducir las barreras comerciales y dejar que corriera el flujo de capitales.

Después de sólo cinco años de crecimiento rápido inducido por el mercado exportador, las economías latinoamericanas se derrumbaron. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas, en 2009, las exportaciones procedentes de naciones latinoamericanas y caribeñas sufrirán la mayor caída de los últimos 72 años (desde la última depresión mundial), un 11% en volumen, mientras las importaciones caerán un 14%, la mayor caída desde la recesión mundial de 1982. 

Las trampas de la dependencia de las exportaciones de materias primas

Las fechas de referencia son indicativas de los compromisos y vulnerabilidades antiguos en la estructura comercial: las recesiones pasadas y presentes tienen un impacto acusado en América Latina porque, tanto en el pasado como en la actualidad, sus economías dependen de las exportaciones agro-minerales a los mercados imperiales, quienes rápidamente trasladan sus crisis internas a sus socios comerciales latinoamericanos. El descenso histórico del comercio inevitablemente duplica, y hasta triplica, la tasa de desempleo entre los trabajadores de los sectores exportadores y tiene un efecto multiplicador en las empresas económicas satélites vinculadas al gasto y consumo generados por el comercio de ultramar. La especialización en exportaciones agro-minerales limita la posibilidad de empleo alternativo, al contrario que una economía más diversificada. La dependencia del Estado de los ingresos procedentes de las exportaciones energéticas y agro-minerales implica recortes automáticos en inversión pública y gasto social.

La crisis comercial de América Latina ha afectado en especial a los países con la configuración más tradicional en exportación de productos agrícolas, minerales y energéticos: Venezuela y Ecuador (petróleo), Colombia (petróleo y carbón), y Bolivia, han sufrido una caída del 33% en 2009, mucho mayor que la media de la región. México, que depende en un 80% de su comercio con Estados Unidos (petróleo, turismo, remesas, automóviles), ha experimentado la mayor caída de todos los países del hemisferio: el 11% del Producto Nacional Bruto.

Aunque todas las economías dependientes de las exportaciones se vieron muy afectadas por la crisis, los países que mantenían un comercio más diversificado (manufacturas, agricultura, servicios) cayeron casi un 20%, mientras que los países especializados en exportaciones petroleras y minerales cayeron más de un 50%.

Las trampas de la dependencia del mercado único

Los países con mayor diversidad de mercados y socios comerciales, en especial los que comerciaron con América Latina y China, experimentaron una caída menor en comparación con países como México, Venezuela y los de América Central, que dependían más de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, y que cayeron más del 35%.

Pero el comercio sólo fue uno de los cuatro frentes que impactaron negativamente en América Latina: la inversión extranjera directa, las remesas procedentes de los trabajadores emigrados y los precios de las materias primas también contribuyeron a la crisis.

Las trampas de la dependencia de la inversión extranjera

Una de las principales causas de la crisis en América Latina fue dejar la puerta abierta a la inversión extranjera. Los flujos de capital extranjero escalaron en respuesta al crecimiento interno, aprovechándose de los altos beneficios generados por el boom comercial. Con la posterior caída del comercio, los ingresos y los beneficios, la inversión extranjera cesó y repatrió sus beneficios, exacerbando la crisis y haciendo crecer el desempleo. La inversión extranjera sigue las prácticas de fácil entrada y rápido abandono –un elemento tan poco fiable como inestable para el desarrollo-.

Las trampas de la dependencia de las remesas procedentes de los trabajadores emigrados

Los gobiernos latinoamericanos se acostumbraron, en sus políticas y proyecciones económicas, a las multimillonarias transferencias de dólares procedentes de sus trabajadores en el extranjero, sin tener en cuenta las condiciones económicas y legales de sus ciudadanos emigrados. La gran mayoría de éstos se encuentra en situación muy vulnerable: muchos están indocumentados (los llamados “inmigrantes ilegales”) y cuando aparecen las recesiones se les despide repentinamente; trabajan en sectores como la construcción, el turismo, la jardinería y la limpieza, duramente afectados por las recesiones; no tienen antigüedad, o muy poca, y son los últimos a quienes se emplea pero los primeros a quienes se despide; y, por último, muchos no reciben ninguna ayuda económica cuando se quedan sin trabajo y se enfrentan a la deportación si no pueden mantenerse. Los resultados de esta alta vulnerabilidad son visibles en la disminución de las remesas, lo que ha agravado la pobreza y ha desequilibrado la balanza de pagos.

La inestabilidad de los precios de las materias primas

Al poner todos los huevos en la cesta de los altos precios de las materias primas y los mercados de ultramar, los gobiernos de centro izquierda perdieron una gran ocasión para profundizar en los cambios del mercado interno mediante la industrialización, la reforma agraria y las inversiones públicas en infraestructuras, vinculando éstas con los recursos mineros, manufactureros y energéticos, con el fin de proteger la economía nacional ante crisis inducidas desde el exterior.

Los límites del socioliberalismo (“Centro-Izquierda”) y la crisis económica

Durante la primera década del nuevo milenio, los nuevos gobiernos de centro izquierda arremetieron contra el neoliberalismo y se autoproclamaron “socialistas del siglo XXI”. En la práctica, esto significaba aumentar los desembolsos en servicios sociales dentro de las estructuras económicas y políticas comerciales existentes, con pequeños ajustes con los socios comerciales y las empresas conjuntas establecidas con inversores extranjeros. En el transcurso de este período, todos los gobiernos practicaron políticas socioliberales parecidas a las seguidas por los gobiernos socialdemócratas europeos contemporáneos: combinaron el libre comercio y la inversión extranjera con más gasto en programas de lucha contra la pobreza, prestaciones por desempleo y salario mínimo. Por otra parte, se generaron grandes beneficios para las élites agro-minerales y el sector bancario, que financiaron el comercio, el consumo y las refinanciaciones de la deuda externa.

Todo el modelo socioliberal se fundó, sin embargo, sobre los frágiles cimientos de la estrategia exportadora, vulnerable a las crisis, los ingresos comerciales altamente inestables y las remesas de los trabajadores en situación precaria en el extranjero. Cuando los mercados exportadores de América Latina se secaron y cayeron los precios, los ingresos cayeron igualmente y los trabajadores fueron despedidos. El modelo socioliberal se derrumbó, causando el crecimiento negativo y revirtiendo los anteriores avances en empleo y reducción de la pobreza.

Lecciones del desplome del modelo socioliberal

1. Los programas sociales positivos no son sostenibles sin cambios estructurales que reduzcan la vulnerabilidad externa.
2. La reducción de la vulnerabilidad externa exige la propiedad pública de los sectores económicos estratégicos con el fin de evitar la fuga de capitales, comportamiento típico del capital extranjero.
3. La reducción de la vulnerabilidad económica depende de la diversificación de los mercados, desvinculándolos de los centros imperialistas, controlados financieramente y muy susceptibles de padecer las crisis. Una mayor sostenibilidad económica depende de la intensificación del mercado interno, con el incremento del comercio entre regiones y su reorientación hacia las regiones de mayor crecimiento.
4. Los subsidios sociales son necesarios para afrontar las urgencias, pero no atacan a la raíz de las rentas bajas y la pobreza. Los programas a largo plazo de distribución de la tierra, vinculados a la financiación del desarrollo a gran escala y la inversión en la producción local de alimentos y las industrias internas de producción agro-mineral disminuirán la dependencia de los mercados exteriores y estabilizarán la economía.
5. El control estatal del comercio exterior y las empresas minerales estratégicas permite la consolidación del excedente económico para financiar la diversificación económica y la innovación. 
6. La integración regional debe pasar de las declaraciones retóricas a su realización práctica. Venezuela -presidida por Hugo Chávez, el mayor defensor de la integración regional y promotor del ALBA (Asociación Bolivariana para América Latina)– todavía depende de los mercados estadounidenses en un 80% de su venta de petróleo, un 70% de sus ingresos gubernamentales en concepto de exportación, y más del 50% de sus importaciones de productos alimentarios de Colombia, cliente militar de Estados Unidos. La integración regional será posible siempre que se base en la planificación de inversiones complementarias y empresas conjuntas de propiedad pública para industrializar los productos minerales, el petróleo y otras materias primas.
7. Los pactos de seguridad entre los gobiernos latinoamericanos, destinados a contrarrestar las bases conjuntas de Estados Unidos y Colombia y su estrategia de militarización, también tienen una función económica –la creación de empresas conjuntas para la industria armamentista-, de forma que se reduzcan las compras al exterior. 
8. La diversificación del comercio hacia Asia y la reducción de la dependencia de Estados Unidos y Europa son necesarias pero insuficientes si la exportación sigue consistiendo principalmente en las materias primas. Cambiar de socios comerciales sin cambiar los modelos “coloniales” no disminuirá la vulnerabilidad. América Latina, y en especial Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador, debe insistir en la industrialización de sus productos básicos y su valor añadido antes de la exportación a China, India, Japón y Corea.

En resumen, la actual crisis mundial revela las limitaciones y la insostenibilidad de las políticas y los gobiernos socioliberales. El reconocimiento de las vulnerabilidades y la inestabilidad sentaría las bases para una transformación estructural más profunda basada en cambios en la propiedad de la tierra, los modelos comerciales y la propiedad de las industrias estratégicas. La crisis actual ha desacreditado tanto las recetas neoliberales como las socioliberales, y abre la puerta a una nueva forma de pensar que vincule el gasto social con la propiedad pública.