Brasilia, octubre 30 - El gobierno brasileño sumó su rechazo a la aprobación de una enmienda constitucional en discusión en el Congreso nacional que propone transferir del Ejecutivo al Legislativo la facultad de delimitar los territorios indígenas.
En una nota divulgada la víspera, la secretaria de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia señalan que ese proyecto ofende el principio de separación de poderes del Estado y viola la Constitución.
La enmienda, sancionada hace tres días por una Comisión especial de la Cámara de Diputados, no se alinea con el derecho consagrado en la Carta Magna sobre las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, revela la nota oficial.
Se trata del pronunciamiento del ejecutivo de la presidenta del país, Dilma Rousseff, tras la sanción de esa propuesta por un grupo parlamentario, la cual deberá ahora pasar a discusión en una sesión plenaria de la Cámara.
El proyecto anula asimismo la posibilidad de ampliar las reservas aborígenes existentes y establece el pago de indemnizaciones a terratenientes y colonos asentados en terrenos considerados como áreas nativas sin contar con títulos de propiedad.
Además del gobierno, bloques de los partidos de los Trabajadores (PT), de los comunistas del PCdoB, y de las formaciones Socialismo y Libertad (PSOL), Red de Sustentabilidad y del Partido Verde rechazaron la sanción de esa resolución al considerar que viola los derechos de los indígenas.
El legislador Ságuas Moraes, del PT, alertó que dicha disposición constituye un retroceso, es injusta, absurda y persigue favorecer al sector de latifundistas y del agronegocio, interesados en acabar con los territorios aborígenes.
Dicha iniciativa opositora será denunciada ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y está destinada a fracasar porque hiere la Carta Magna y el principio de separación y repartición de funciones de los poderes del estado, señaló Moraes.
Otro diputado, Padre João, del PT, alertó que esa medida es impulsada por legisladores del grupo de hacendados, interesados en conquistar los territorios de los nativos y expulsarlos de allí.
Tras conocer esta noticia, más de 100 aborígenes interrumpiran su participación en los primeros Juegos Mundiales Indígenas en protesta contra esa resolución.
Los nativos invadieron el terreno del estadio de Palmas, capital del estado de Tocantins, y señalaron que el traspaso de responsabilidad en la delimitación de las tierras significará la muerte de sus familias.
