Diciembre 05 de 2015.-El gobierno de Chile busca ahora lavar el bochorno de su imagen internacional con una acción judicial gubernamental, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), para revertir el fallo de la Corte Suprema que el 18 de noviembre acogió un recurso de protección en favor de los venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, detenidos en los penales de Ramo Verde y Guárico, en el país de Chávez. "Se trata del mismo poder del Estado que ignoró o no prestó oídos a los cientos o miles de recursos de amparo y habeas corpus presentados por los familiares de otros tantos miles de hombres y mujeres que desaparecieron como víctimas de perversos crímenes de lesa humanidad durante los trágicos años de la dictadura", manifestó Juan Cuevas, activista de la Unión Bicentenaria de los Pueblos (UBP).
El CDE, que principalmente defiende los intereses pecuniarios del Estado Chile ante los tribunales y cuya institucionalidad responde al gobierno, por unanimidad de sus 11 consejeros pidió a la Corte Suprema anular el fallo que ordenaba al Gobierno chileno requerir a la OEA por la salud de López y Ceballos. El CDE argumentó que la Corte Suprema carece de jurisdicción y que el dictamen es inejecutable, pues requiere autorización de Venezuela, según informó el viernes el senador Alejandro Navarro, quien se encuentra en Venezuela.
La intromisión politiquera en los asuntos internos de otro país avergonzó a otros miembros del Poder Judicial e incluso a personajes de la derecha política porque y menoscaba la decaída seriedad con que se mira a Chile en el concierto internacional.
La iniciativa fue impulsada por fuerzas locales e internacionales adscritas a la Organización Demócrata Cristiana Americana (ODCA) y a otras instancias de la internacional de las derechas promovidas por potencias extranjeras para injerir contra sectores contrarios al interés de Estados Unidos y países OTAN, en este caso, en las elecciones venezolanas del 6 de diciembre. En el espectro chileno se trata de los mismos sectores ideológicos demócrata-cristianos y ultra-derechistas de la hoy llamada centro "centro-derecha" que llamaron a los militares para dar el golpe "cívico militar" de 1973, cuyas profundas llagas en la sociedad chilena aún no terminan de cicatrizar.
El ministro del interior, Jorge Burgos, demócrata cristiano que subroga como "vicepresidente" a la jefa del Estado en ausencia del país, dijo el 18 de noviembre que el gobierno acataría el fallo: "los fallos de la Corte Suprema, en el caso de nuestro gobierno no hay dos posiciones, se acatan. En consecuencia lo que resolvió hay que implementarlo. Si usted me dice cómo va a reaccionar la OEA respecto de este fallo es una cuestión que no se la puedo señalar". Al Parecer, en dos semanas cambió de opinión el gobierno que representa Burgos.
El controvertido fallo tuvo opiniones divididas de origen en la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Valderrama. La sala revocó una resolución anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero las dos mujeres del alto tribunal, las ministras Egnem y Sandoval, argumentaron en contra del fallo, la primera diciendo que "los tribunales chilenos carecen de jurisdicción para conocer de la acción intentada, por la vía del presente recurso de protección", y la segunda, "según sus propios fundamentos, y teniendo a la vista además lo resuelto en sentido contrario a la aplicabilidad de la jurisdicción universal de los derechos humanos, por esta Corte en el recurso de amparo Rol 60-2015", según la versión oficial de la Corte.
Bochorno internacional
"La Tercera Sala de la Corte Suprema nos metió en un bochorno internacional", dijo el senador Navarro, líder del Movimiento Al Socialismo. "Lo dijimos, la resolución de la Corte Suprema que ordenó a la Presidenta oficiar a la OEA para que se constituya en Venezuela, es inconstitucional, rompe con el Estado de derecho; en consecuencia, lo único que cabía era solicitar la nulidad del fallo".
Para el senador Navarro, "la Constitución chilena es clara en señalar que quien lleva las relaciones políticas internacionales, es exclusivamente la Presidenta de la República. Hoy estamos siendo protagonistas de un bochorno internacional, que quedará como un pésimo antecedente histórico, quedando sujetos a la resolución de un poder ajeno a quien tiene que dirigir esas relaciones internacionales".
Agregó que, "este fallo, días antes de las elecciones, fue utilizado por la derecha chilena e internacional, como parte de un diseño que busca deslegitimar las elecciones en Venezuela, cuestionándolas a priori para luego desconocer los resultados de los comicios". Para Navarro, "la Tercera Sala ha dañado la confiabilidad de la Corte Suprema".
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