Roma, 2 mar (PL) Cerca de cinco mil millones de hectáreas de tierra a nivel mundial están desprotegidas y vulnerables al acaparamiento que llevan a cabo gobiernos y corporaciones, según un informe divulgado hoy aquí.
El documento pertenece a las organizaciones Oxfam, la Coalición Internacional (ILC) y la Iniciativa para los Derechos y Recursos (IRR) y en el destacan la desigualdad en el acceso a ese recurso.
El texto fue presentado en ocasión de una campaña en la que más de 300 organizaciones reclamaron este miércoles duplicar para 2020 las tierras reconocidas como propiedad o bajo control de pueblos indígenas y comunidades locales, pues legalmente solo poseen una quinta parte de lo que les correspondería.
Se estima que una cantidad superior a los dos mil 500 millones de personas dependen de las tierras indígenas y comunitarias, si bien estos grupos poseen apenas un 10 por ciento.
David Rubio, especialista en pueblos indígenas de la ILC, con sede en Roma, dijo a medios de prensa que en necesario tomar conciencia global del problema y defender el papel que cumplen las comunidades en la conservación de los ecosistemas.
Frente a la exclusión, la discriminación y la inequidad en el acceso a los recursos naturales, en esta campaña intentarán movilizar durante cinco años a todo tipo de actores, incluidos los representantes de los pueblos indígenas, agregó.
También buscarán la titularidad de sus tierras, lo cual les permite echar a terceros, obtener compensación en caso de expropiación, gozar de derechos por un tiempo ilimitado. Abogarán además por obtener otras formas de reconocimiento de sus derechos.
El respeto al derecho de tenencia de tierras por estos pueblos está contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el acuerdo del clima de París logrados el año anterior por la comunidad internacional.
De acuerdo con datos suministrados por el Banco Mundial en el 2013, el 90 por ciento de las tierras rurales en África no están documentadas, lo cual abre la puerta al acaparamiento y la expropiación de terrenos.
El estudio también consigna experiencias de países como Brasil y Guatemala, donde en determinadas zonas las comunidades locales gozan del reconocimiento legal de sus tierras y han logrado limitar el avance de la deforestación y coadyuvar a la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.
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