Una organización no gubernamental presentó el jueves 21 de diciembre el primero de la catarata de amparos que se esperan contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente de Argentina, Javier Milei, en la noche del miércoles, publicaron medios locales.

El amparo colectivo fue impulsado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que fue respaldado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA). El texto recayó sobre el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, encargado de evaluar las demandas que se realizan contra el Estado.

La demanda pide que se declare "la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable" del DNU que desregula la actividad económica en el país y de "toda normativa o acto que derive de su vigencia o dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la nación Argentina, por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público".

También considera que el texto constituye "una desviación de poder y un abuso de derecho público", además de "violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes".

Por lo tanto, considera que "de forma manifiesta" queda demostrado que el DNU "no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales", sino que a lo que aspira es a "establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente".

"La envergadura de este paquete normativo equivale a afirmar que el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público", agregó la asociación que presentó el primer amparo contra el 'megadecreto'.

Por su parte, el economista de Unión Popular, Claudio Lozano, quien también respaldó el amparo, calificó al DNU como "inconstitucional y antidemocrático", por lo que pidió que se declare su "nulidad insanable".

El rol del Congreso

La Constitución establece que el jefe de Gabinete debe enviar el DNU para su control al Congreso en un plazo de diez días. La encargada de recibirlo es la Comisión Bicameral Permanente --que, en la actualidad, no está integrada.

El resto del trámite está regulado por una ley especial, la 26.122, adoptada en 2006. Sus principales lineamientos son los siguientes:

- Si el jefe de Gabinete no envía el DNU dentro de los diez días, la Bicameral puede empezar a estudiarlo de oficio;

- Si la Bicameral no emite un dictamen dentro de los diez días, las dos Cámaras pueden empezar a tratar el decreto de oficio;

- El Congreso no puede modificar el decreto firmado por el Presidente;

- El DNU está vigente mientras dura el control del Congreso;

-El decreto únicamente pierde vigencia si es rechazado expresamente por ambas Cámaras, no alcanza con que lo haga una;

- Si el Congreso no se pronuncia, el DNU continúa en pie.

En la presentación del Observatorio, la CTA Autónoma y ATE se planteó, además, la inconstitucionalidad de la norma que regula el régimen de decretos. "Según la Ley 26.122, le basta al Presidente con lograr que una de las Cámaras apruebe el DNU para imponer su voluntad sobre el Congreso. De tal modo, la norma permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso no puede lograr por iniciativa propia, siendo el titular de la función legislativa, lo que desequilibra la relación entre ambos poderes", explicaron.

El camino hacia la judicialización

Es posible que este amparo sea el primero de decenas que se presentarán para intentar frenar la iniciativa de Milei para desregular la economía y el mercado de trabajo. Habrá quienes lo impugnen de manera general o en modo particular por cómo afecta sus derechos.

En este caso particular, el juez Furnari deberá correrle vista al Poder Ejecutivo Nacional --que es el demandado. La representación del Estado la encabezará Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro, exjuez de la Corte de la mayoría automática y exministro de Justicia de Carlos Menem.

Barra no estuvo acompañando a Milei en la cadena nacional. Conocedor del fuero contencioso administrativo, el jurista sostiene --tal como surge de su web-- que los tribunales no pueden controlar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de los DNU y que la excepcionalidad es una "cuestión de valoración política".

Marchas de protesta

Más allá de las acciones judiciales, las centrales de trabajadores ya anunciaron un plan de lucha contra el decreto. La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, anunció el 21 de diciembre que el próximo miércoles 27 se movilizará hacia los Tribunales de Buenos Aires para reclamar que se declare la nulidad del decreto.

Además, para el día siguiente, fue convocado su Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, para analizar la posibilidad de convocar a un paro general.

"Tenemos que exigir que se retrotraiga el decreto", expresó Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que dirige la CGT, quien agregó: "Uno nunca imagina que se puedan trasgredir tan fácilmente valores innatos de nuestra historia. Que se largue un decreto derogando una cantidad de leyes sin necesidad ni urgencia". "Hay clima para un paro", concluyó.

Por su parte, ATE marchará este viernes 22 de diciembre rumbo a la Jefatura de Gabinete de Ministros. "Milei ha decidido gobernar por decreto y arrasar con el Parlamento. La mayoría de las propuestas coinciden con los objetivos económicos de la última dictadura militar", denunció.

En tanto, en las noches del miércoles, minutos después de la presentación del DNU, y del jueves, se produjeron movilizaciones y cacerolazos en distintos puntos del país en rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Con información de Actualidad RT / P{agina 12.