08-11-24.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) prorrogó por seis meses, hasta el 9 de mayo de 2025, la autorización para que las empresas foráneas que prestan servicios petroleros en Venezuela puedan seguir operando en el país.
Las empresas beneficiadas por esta extensión son Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International, Public Limited Company.
De acuerdo con los términos de la licencia estas compañías pueden realizar las operaciones necesarias para mantener la seguridad o la preservación de sus activos en Venezuela.
Además, podrán mantener contratos con empresas que involucren a la estatal PDVSA «o a cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa o indirectamente, un 50% o más de participación accionaria», los cuales estuvieran vigentes antes del 26 de julio de 2019.
Las empresas de servicios realizan labores de mantenimiento de pozos, provisión de taladros, alquiler de equipos, entre otras actividades relacionadas con la exploración y producción de crudo.
Estas compañías tienen una larga historia en la industria petrolera venezolana.
Las condiciones de la licencia
Las condiciones de esta licencia establecen que estas organizaciones que «las transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela que están autorizadas por el párrafo (a) incluyen: transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal, o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela».
Igualmente, autorizan a sus directivos a participar en reuniones de accionistas y de la junta directiva; «realizar de pagos de facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas por el párrafo (a) de esta licencia general, o incurridas antes del 21 de abril de 2020, siempre que dicha actividad estuviera autorizada en el momento en que ocurrió».
Asimismo, el permiso de la OFAC permite el pago de impuestos locales y la contratación de servicios públicos en Venezuela, así como la cancelación de salarios para empleados y contratistas en el país.
