Más de 5.000 toneladas de alimentos yacen en el Ministerio de Capital Humano a la espera de ser distribuidos. La Justicia Federal ordenó al Gobierno avanzar "de inmediato" con su repartición, pero el oficialismo apeló la resolución denunciando contrataciones irregulares de la gestión anterior, en plena cruzada contra organizaciones sociales.

La polémica por la distribución de comida en Argentina llegó a los tribunales. Tras una sucesión de denuncias de organizaciones sociales por la retención de 5.000 toneladas de alimentos por parte del Gobierno, la Justicia Federal ordenó al Poder Ejecutivo su distribución. Sin embargo, la Administración Milei apeló la resolución y adelantó que avanzará en auditorías sobre los comedores populares.

El juez Sebastián Casanello instó al Ministerio de Capital Humano a avanzar en la repartición de los productos, aludiendo a la sensible situación social reflejada en estudios que sitúan a la pobreza por encima del 55% de la población, y a la indigencia por arriba del 10%. "De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva", firmó el magistrado.

Sin embargo, la cartera conducida por la "superministra" Sandra Pettovello —quien tiene bajo su órbita las áreas de Desarrollo Social, Trabajo y Educación- se resiste alegando que los 5 millones de kilogramos de alimentos yacentes en dos galpones -en la provincia de Buenos Aires (centro) y en Tucumán (norte)— responden a "una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría".

En un comunicado, el Gobierno planteó que "el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes", y advirtió que "no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas".

La decisión del Poder Ejecutivo se inscribe en el marco de una cruzada abierta contra las organizaciones sociales que fungen de intermediarios entre el Estado y los sectores vulnerables. Calificados por funcionarios públicos como "gerentes de la pobreza", los movimientos populares alegan una persecución judicial en su contra, mientras que denuncian el freno en el giro de la asistencia a los merenderos, instancia fundamental para miles de familias afectadas por la inseguridad alimentaria.

Denuncias cruzadas

"El Gobierno prácticamente cortó el giro de alimentos a los comedores: parece que no tienen reparos en que la gente sufra hambre. Pretenden ensuciar a las organizaciones denunciando una compra de la gestión anterior, en lugar de distribuir los alimentos que tanta falta hacen", dijo a Sputnik Nicolás Caropresi, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Según el referente social, el oficialismo utiliza como excusa las auditorías a entidades populares para justificar el ajuste presupuestario desplegado. "El Gobierno está dejando sin comida, sin trabajo y sin derechos a una enorme porción de la población. Ahora no hacen nada por la transparencia: solamente están pisando los fondos que antes iban a parar a los merenderos populares".

Desde las huestes oficialistas, el diagnóstico es rotundamente opuesto. Consultado por Sputnik, Eduardo Falcone, diputado nacional de La Libertad Avanza, sostuvo que "el Gobierno ya explicó que lo retenido no es para mitigar el hambre, sino para atender urgencias. Estamos en una cruzada para transparentar la ayuda a los más necesitados".

"La ministra está haciendo un trabajo formidable. En realidad, las organizaciones sociales se han quedado con una parte de la asistencia a los más vulnerables. Lo cierto es que se ha montado todo un circo a partir de este tema", remarcó el legislador.

La judicialización de la asistencia

Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, en Argentina existen 41.253 espacios de este tipo que proveen alimento para millones de personas, mayoritariamente tutelados por movimientos populares.

Ante la extremadamente frágil situación social -en un marco de profunda recesión y empeoramiento de los indicadores de pobreza e indigencia-, dichas entidades desempeñan un papel fundamental en la provisión de alimento a familias vulnerables.

El ministerio de Capital Humano, no obstante, decidió auditar miles de estos establecimientos. A partir de su relevamiento, denunció judicialmente que de los 3.385 establecimientos revisados y que supuestamente operaban bajo el programa "Argentina contra el Hambre", solo funcionaba la mitad (52,3%). Por otro lado, los funcionarios afirmaron que en el 16% de los casos en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero, sino que se trata de viviendas particulares.

La respuesta de las organizaciones no tardó en llegar. "Es mentira que haya comedores 'fantasmas'. El problema del Gobierno es que no entienden cómo funcionan los merenderos: muchas veces son casas de familia donde la jefa de hogar pone una olla popular para que cientos de compañeros puedan recibir una porción de comida. Parece que esperaban encontrarse con locales de comida rápida o algo así", respondió Caropresi.

"El Registro Nacional de Comedores Populares (RENACOM) existe y fue revisado decenas de veces, y el Gobierno lo sabe. Los movimientos sociales consisten en la organización de los que no tienen respuestas, y a esa gente están atacando", denunció el dirigente social.

Según Falcone, "muchas organizaciones no estaban haciendo lo correcto. No podemos seguir dándoles mercadería a organizaciones que lucran con la pobreza". El diputado oficialista agregó que "los movimientos sociales especulan con los que menos tienen".

Dicho y hecho, a principios de año el Poder Ejecutivo desplazó a movimientos sociales y municipios como interlocutores para luego reemplazarlos por una serie de acuerdos con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) y con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), dirigida por Abel Albino, integrante del Opus Dei.

Caropresi se refirió a la ineficiencia de la decisión oficial. "El Gobierno plantea que va a resolver la situación por otros medios, con organizaciones religiosas. Pero hasta ahora no hemos visto que se haya puesto en marcha la distribución de alimentos con la misma frecuencia de años anteriores", sostuvo el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

De los tribunales a los barrios

Lejos de las discusiones palaciegas, la realidad en las localidades más carenciadas no da respiro. Eva tiene 45 años y desde hace 11 administra el comedor Ángel Guardián en Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense. En diálogo con Sputnik, advirtió que "a cantidad de gente que viene aumentó muchísimo: en enero atendíamos a unas 100 familias, y hoy son más de 180. Hay personas que solamente cuentan con la comida que les damos acá".

Consultada sobre la polémica en torno a la asistencia estatal, la referente barrial apuntó que "desde febrero ya no tenemos ayuda ni de Nación ni de la provincia de Buenos Aires, y nos arreglamos con donaciones de vecinos.

Muchos comedores tuvieron que cerrar sus puertas ante la falta de alimentos y esa gente terminó viniendo a nuestro comedor".

"El Gobierno debería dar los alimentos, porque a los comedores se nos está complicando muchísimo salir adelante. Nosotros tenemos talleres donde damos trabajo a personas en condiciones vulnerables. Salimos a juntar botellas y cartón para poder venderlo y sustentar el espacio", sostuvo Eva.