Ante el vencimiento de la concesión por 20 años que tuvieron los empresarios de Radio Caracas Televisión (RCTV) y en medio de críticas por parte de otros medios privados nacionales tras no renovarse la licencia, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela lanzó una campaña internacional con el fin de esclarecer su decisión de transformarla en un medio de Servicio Público.

El Ministerio para las Telecomunicaciones y la Informática y el Encargado de Negocios de Venezuela en El Salvador, Wladimir Ruiz, expusieron que “en el caso de RCTV el Estado no está tomando ninguna medida contra el canal, como sanción, o como revocatoria, o cualquier otra, simplemente no renovará una concesión que se vence, lo cual es un acto natural producto del tiempo.”

RCTV no se cierra, ni se viola su derecho de libertad de expresión ya que seguirá trasmitiendo a través de las emisoras 92.9 FM y RCR AM y por los servicios de cable, informaron.

Amparado en las leyes nacionales en sus artículos 113 de la Constitución y 73 de la Ley de Telecomunicaciones al señalar que “no existe la renovación automática, ya que ésta es contraria al concepto del espectro radioeléctrico como un bien de dominio público, y concentraría en unos pocos un recurso que es de todos…”, el Estado procede a crear otro medio de comunicación de Servicio Público por obligación constitucional en lugar de la renovación de la concesión.

La iniciativa gubernamental se desarrolla en el marco de un nuevo modelo comunicacional con base en los derechos humanos, la libertad de expresión, la inclusión social y la creación de un modelo de televisión plural con participación popular, dirigido por ciudadanos y no por consumidores, además de ser orientado a romper con el monopolio y los oligopolios privados de la información para mantener un sano equilibrio.

En las leyes internacionales, Wladimir Ruiz citó sobre el régimen de concesiones a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que en sus normas “reconoce en toda su amplitud el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguarda de la paz y el desarrollo económico y social de los Estados.”

Pese a los llamados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de revisar otra vez la medida y las críticas de organismos internacionales críticos al gobierno de Hugo Chávez como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a partir del mes de junio tras el vencimiento de la licencia de RCTV este 27 de mayo, el gobierno venezolano comenzará la reorganización del canal que sería una alternativa ante el acaparamiento del espacio radio eléctrico por parte de las empresas privadas que concentran el 71 por ciento de las ganancias netas.

Ruiz Tirado aseguró que habrá una convocatoria amplia a los actuales trabajadores del canal para que se organicen y presenten propuestas con el fin de generar un marco de derechos laborales y la creación de nuevas plazas en los nuevos espacios públicos de comunicación que se vienen creando en el país.

Comportamiento de RCTV

En la exposición oficial a cargo de las autoridades ministeriales de la comunicación, se presentó la historia del comportamiento de RCTV y los conflictos que ha enfrentado con diversas administraciones pasadas.

Desde 1976 se han mantenido diferendos en varios niveles. Ese mismo año RCTV fue cerrada en un lapso de tres días por el gobierno de Carlos Andrés Pérez tras “la difusión de noticias falsas y tendenciosas”. En 1980 se cierra otra vez por 36 horas a causa de la programación “sensacionalista”, cuadro sombrío y relato de hecho poco edificante, durante el gobierno de Luis Herrera Campins. En 1981 otro cierre más por 24 horas, al publicarse escenas consideradas “pornográficas”. En 1984 es amonestada por ridiculizar “en forma humillante” al Presidente y su esposa.

En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ya en 1989, hay otro cierre por 24 horas, luego de la transmisión de mensajes publicitarios de tabaco y cigarrillos y en 1991 se suspende el segmento “La Escuelita” del programa “Radio Rochela”, ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, detalla el informe, existen procedimientos jurídicos por prácticas desleales en el ámbito económico. En 2005 PROCOMPETENCIA, mediante la resolución SPPLC/0007-2005, determinó que RCTV y Venevisión incurrieron en prácticas contrarias a la libre competencia, tales como los acuerdos o prácticas concertadas tanto para fijar tarifas y condiciones de comercialización con el fin de repartirse el mercado.

También tiene problemas en el ámbito de la contribución a la hacienda pública. En el año 2003 se le indicó un Reparo Tributario por los periodos fiscales 2001, 2002 y enero 2003, por un monto considerable que a la fecha la empresa no ha cancelado. El caso se encuentra en Tribunal Contencioso Tributario.

En el 2004, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) reclamó un reparo tributario por los períodos fiscales correspondientes a los años 1999 al 1er trimestre 2002, por un monto también alto. La sentencia fue favor de CONATEL. Recientemente, el Tribunal Superior Octavo declaró con lugar la resolución culminatoria de CONATEL.

Democratización de la Comunicación

Desde el año 2000, el Estado venezolano incursiona en la ejecución de las leyes sobre la responsabilidad social en Radio y Televisión. Se trata del fortalecimiento de la comunicación pública, comunitaria y privada con y sin fines de lucro.

A nivel nacional en seis años, la televisión comunitaria en UHF ascendió con 28 nuevos espacios y en el caso de la radio con 167 sitios en FM.

Las televisoras públicas que se crearon fueron 4 en el mismo lapso de tiempo y radiales fueron 46 los nuevos espacios. Y por último, las privadas sumaron en TV UHF 44 y se mantuvieron 440 en radio FM.

Del año 2000 al año 2006, el Ministerio para las Telecomunicaciones y la Informática dio a conocer otros alcances de la nueva política en el ámbito de la comunicación.

El incremento en la producción nacional en televisión, incluyendo 5,5 horas diarias de producción nacional independiente, el registro de 10.778 productores nacionales independientes, la capacitación de productores y financiamiento de programas culturales y educativos, el incremento de 50% en difusión de música regional venezolana y el uso de lenguaje de señas en la televisión para la incorporación de personas con discapacidad auditiva.

También se ha hecho el registro de organizaciones de usuarios de radio y televisión que suman la cantidad de 1.078 registradas entre Universidades, Iglesias, Productores Independientes y Radio y TV privada.

La administración de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión está a cargo de cuerpos colegiados con representación de prestadores de servicios de radio y televisión, sectores sociales y académicos.

En suma se trata de un proyecto de largo aliento para garantizar la libertad de expresión, es decir orientar a los medios como “una garantía para el debate de las ideas en el seno de la sociedad democrática y no simplemente una cobertura de la acción de grandes oligopolios mediáticos”.