Y es una confrontación que traspasa las fronteras nacionales, porque no es sólo en
Venezuela donde se ha emprendido una lucha a favor de la democratización de los medios de comunicación social. En México, por ejemplo, el Supremo Tribunal de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de una ley que consagraba el monopolio privado sobre las concesiones televisivas, y que prácticamente dejaba al Estado sin potestad de asignar, revocar o no renovar las autorizaciones para el uso del espectro radioeléctrico. Y en Estados Unidos el director de la Agencia Federal para las Comunicaciones, Michael Copp, ha escrito un revelador artículo en The New York Times en el cual se pronuncia a favor de establecer verdaderos controles a las concesiones otorgadas a medios privados, y propone que los concesionarios televisivos rindan cuenta del uso de las frecuencias cada tres años y no cada ocho, que es el período actual de duración de las concesiones. Copp deja constancia en su escrito de los abusos que cometen ciertos medios audiovisuales sobre todo en tiempos de campaña electoral, cuando los candidatos a cargos locales son absolutamente ignorados. También, vaya casualidad, refiere casos de violación flagrante a la norma que obliga a respetar los horarios de la programación infantil, como ha ocurrido con Univisión, cadena televisiva que ya ha sido multada en varias ocasiones por burlar la ley. El funcionario estadounidense ha planteado, en resumidas cuentas, la necesidad de establecer severos controles a las porciones de espectro radioeléctrico asignado.
Imagino que para Granier y para quienes confunden libertad de expresión con renovación de una concesión, estos planteamientos del funcionario norteamericano son atentatorios contra ese y otros derechos humanos fundamentales. Ojalá que este artículo publicado en el diario norteamericano sea leído y comentado en las escuelas de comunicación social, en las reuniones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa o al menos en la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, para que se ubiquen claramente en lo que ya es una tendencia creciente en diversos países, donde el debate sobre los medios de comunicación social viene tomando cuerpo paulatinamente.
Imagino que en Venezuela Marcel Granier y su grupo económico trastocado en partido político aspiraban a lograr algo igual o mejor al poder que acumula Televisa en México. Pretender que el Estado no puede hacer uso del derecho a revocar o a no renovar una concesión televisiva es imponer, de hecho, la dictadura de lo privado sobre lo público. Ese era el objetivo del golpe de Estado de abril de 2002, y por eso es que Granier, aunque pretenda negarlo, estaba de lo más feliz en Miraflores el día en el cual Pedro el breve firmó los decretos que ordenaban la disolución de todos los poderes públicos. Así es como es…
