Venezuela, una vez más, se encuentra en la mira. Allí se libra una nueva batalla entre las fuerzas que llevan adelante un proceso político patriótico, soberano y democrático, contra quienes representan los intereses de la burguesía proimperialista y del capital extranjero. El punto gravitante, ahora, es la decisión gubernamental de no renovar la concesión de la frecuencia que RCTV utilizaba desde hace cincuenta y tres años, lo que ha provocado una reacción concertada de la derecha golpista venezolana y de la burguesía internacional manejada por el imperialismo norteamericano, que rasgan sus vestiduras por una supuesta violación a la libertad de expresión en Venezuela.
La derecha y el imperialismo apuestan a un nuevo intento golpista; el gobierno de Bush se apuró en aprobar en el Senado una resolución de condena al gobierno venezolano y, al mismo tiempo, trabaja con sus aliados de derecha del Bloque Popular Europeo y otros grupos, para sacar una condena "urgente" en términos similares en el Parlamento Europeo. Las voces de presidentes y políticos reaccionarios de países latinoamericanos abogando por la "libertad" y la "democracia" en Venezuela han hecho el coro. Vaya paradoja, si el capitalismo se sostiene sobre un régimen de violencia institucionalizada, en el que se vulneran a diario las libertades públicas, los derechos de los trabajadores y los pueblos. El pasado 24 de mayo Amnistía Internacional presentó en Londres un informe sobre la vigencia de los derechos humanos en el que se acusó a Estados Unidos de "tratar a todo el planeta como un enorme campo de batalla para su guerra contra el terrorismo y que erosiona los derechos humanos en todas partes". Ese es el supuesto guardián de la democracia y la libertad.
La decisión asumida por Hugo Chávez tiene dos componentes: uno legal y otro político. Por ley, el gobierno venezolano tiene la facultad de renovar o no las frecuencias que actualmente utilizan los canales de televisión o radio, por lo tanto está haciendo uso de su derecho; desde el punto de vista político, el gobierno venezolano está en la obligación de suspender las emisiones de RCTV, uno de los grandes medios de comunicación comprometidos con el intento golpista de abril de 2003, que en todos estos años ha sido parlante de la política norteamericana y de la derecha venezolana interesada en desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez. Suspender la licencia a RCTV es una necesidad para preservar el proceso político que vive esa hermana república y, al mismo tiempo, para debilitar la acción de las fuerzas contrarrevolucionarias.
Los distintos grupos monopólicos –en todos los países- se han apropiado de las frecuencias de radio y televisión, no solo para levantar grandes negocios, sino para asegurar el control ideológico y político de los pueblos. Con los medios de comunicación en sus manos, la burguesía ha sido capaz de crear un mundo virtual en el que una sola voz define lo que debe ser asumido como la verdad, y esa pauta es marcada por los monopolios imperialistas. El espectro radioeléctrico es un bien de la humanidad, como lo es el agua u otros recursos naturales, por lo que debe estar bajo el control estatal.
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