¿Puede hablarse de libertad de expresión en un país donde sólo una minoría dispone de los canales o medios para expresarse y decide quien y cómo se expresan los demás a través de ellos. ¿Son los medios de “comunicación” privados espacios para la libre expresión del pensamiento de todas las ciudadanas y ciudadanos?
De acuerdo a la experiencia que hemos vivido en Venezuela podemos afirmar, sin ninguna duda, que la privatización de los medios de comunicación constituye el factor fundamental para que en un país no exista libertad de expresión, porque sencillamente, y hay muchos ejemplos que lo demuestran, quien tiene el control de los medios tiene el poder de decidir que y quienes se expresan a través de ellos.
Aunque constitucionalmente todos y todas tenemos el mismo derecho a expresarnos, en la realidad sólo una insignificante minoría, que por diversas razones y desde hace mucho tiempo, en algunos casos más de cien años, se apropió de los medios de comunicación, expropiando al resto de la población de sus derechos de propiedad, sólo esa minoría repito, conformada, ¡que casualidad! por la oligarquía criolla, tiene la capacidad y ejerce a plenitud su derecho a expresarse libremente a través de los medios de comunicación y no así el pueblo, excluido como siempre ha sido en el capitalismo, de todos sus derechos.
El caso de RCTV y el Grupo 1BC es bastante emblemático al respecto y permite ubicar la discusión sobre la libertad de expresión en el plano de la realidad nacional y latinoamericana y los procesos de cambios estructurales que hoy se desarrollan en nuestras sociedades, en la búsqueda de universalizar los derechos humanos y dignificar las condiciones de vida de la gran mayoría de nuestra población, sumida en la pobreza y la exclusión.
Fueron 53 años de uso y abuso, como bien dijo nuestro presidente, de una concesión, entregada en condiciones que garantizaban prácticamente propiedad absoluta por parte de sus beneficiarios, quienes en su visión de capitalistas se consideraban dueños absolutos de la frecuencia que usufructuaron por tantos años y con el derecho, tal cual lo ha mostrado en sus investigaciones el lingüista Noam Shomsky, de colocarlo al servicio de sus intereses vendiendo, en el “libre mercado”, como una mercancía más, la libertad de expresión.
Es por ello que aplaudimos la decisión soberana del estado venezolano, establecida claramente en las leyes, de no renovar la concesión al consorcio 1BC, pues estamos convencidos que sólo democratizando los medios de comunicación, es decir, socializando la propiedad de los mismos y garantizando la igualdad de condiciones para la búsqueda, recepción y difusión de información , de manera oral, escrita, en forma impresa, artística, o por cualquier otro procedimiento, podremos evitar que la “libertad de expresión” esté solamente a disposición de quienes “pueden” costearla y se aprovechan de ella, en detrimento de todas y todos los venezolanos.
¡Vamos a democratizar los medios de comunicación!
¡Hagamos de la libertad de expresión un derecho de todos!
Correo Electrónico: isabelrada68@hotmail.com
