Las numerosas y siempre cambiantes franjas del claroscuro con que se nos presenta eso que llamamos frecuentemente, de manera arbitraria, “la realidad social”, resultan ser a fin de cuentas un complejo conjunto de actuaciones y reacciones, protagonizadas por una gran diversidad de actores sociales. Se caracterizan además porque algunos de sus componentes esenciales vienen a ser las mentiras deliberadas o las verdades a medias que emiten los interesados y que son las que nos impiden captar, de manera muy frecuente, la esencia de lo que en verdad podría estar ocurriendo por debajo de la epidermis con la que se nos presentan una serie de eventos, como los que vienen ocurriendo, durante este cambio de siglo, en nuestras sociedades latinoamericanas

Tomemos por ejemplo, las reacciones que se han producido, dentro y fuera de Venezuela, a propósito del acto de no renovar la concesión para operar a Radio Caracas Televisión (RCTV), por parte del actual gobierno venezolano, en el momento de producirse su vencimiento. Se trata de un hecho que nos ofrece una oportunidad única para reflexionar acerca de temas tan delicados como los relativos a la llamada libertad de prensa y al derecho de la población de estar informada, a partir de una serie de criterios como el profesionalismo (que debe comprender al menos una dosis de comportamientos éticos) y una cierta amplitud de miras que permita al menos un acercamiento a lo que en verdad está ocurriendo en una sociedad y en un determinado período histórico. Es decir que no podemos dejarnos llevar por los cantos de sirena de algunos que han demostrado, durante un largo período histórico (como el de la Cuarta República Venezolana, de 1958 a 1998 o el de la Quinta, transcurrido a partir de la llegada al poder del actual gobierno de Hugo Chávez Frías), una reiterada vocación liberticida, golpista y totalitaria pretendan aparecer ahora, ante los ojos de un mundo desaprensivo, como los paladines de la libertad en su país y en el resto de los países de la región.

El hecho de convertir el fin de la concesión a RCTV en un drama que pone en peligro la libre emisión del pensamiento en Venezuela y en el resto del continente puede resultar un sainete de tan mala calidad, que sus protagonistas no dejan de moverse entre lo ridículo y lo grotesco, porque tanto en ese país a la vez andino y caribeño, como en algunas de las naciones vecinas, incluida la pequeña Costa Rica, desde cuya capital estoy elaborando y enviando estas líneas, sabemos del silencio que han guardado estos paladines de la libertad, cuando se ha tratado del cierre de medios y la conculcación de las libertades cívicas de aquellos que han apostado por una convivencia más humana, en beneficio de las grandes mayorías populares de América Latina.

Los cierres de diarios, semanarios y espacios radiofónicos durante los gobiernos –no tan “democráticos”- de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni fueron numerosos, lo mismo que las torturas y el asesinato de periodistas. La pregunta que debemos formular, de manera obligatoria, al número uno de RCTV ¿Adónde estabas tu, Marcel Granier, cuando estos hechos ocurrían en décadas anteriores? ¿Es qué acaso se alzó la voz de RCTV para denunciarlos? Desde luego que aquellos gobiernos tan obedientes a Washington la hubieran clausurado también, pero lo cierto es que si luchamos, de manera consecuente, por la libertad de expresión para todos nos encontraremos con que su precio puede resultar muy elevado. En aquellos lejanos años, de la segunda mitad de la década de los sesenta, estaba fresca la sangre derramada por el mártir Fabricio Ojeda, el periodista y líder de la revolución democrática de 1958, traicionada por los regímenes de Punto Fijo, con la que se puso fin a la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y quien, de manera consecuente, arriesgó su vida por la libertad y el bienestar de sus compatriotas hasta las últimas consecuencias.

Desde la Costa Rica democrática del cambio de siglo, donde estamos sosteniendo una lucha firme y decidida contra la destrucción de la democracia y las conquistas sociales de un pueblo generoso y culto como el costarricense, representada por la pretensión de imponernos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TLC CAEU-RD), por parte del régimen autoritario de los Hermanos Arias Sánchez (Oscar el presidente y Rodrigo, su hermano y manager ministro de la presidencia), no miramos con buenos ojos el juego de quienes sostienen, a escala internacional, una dictadura mediática cuyos únicos objetivos parecer ser la protección de los intereses de un puñado de empresarios, quienes mantienen un monopolio casi total, en el campo de la comunicación colectiva, lo que les permite obtener exorbitantes ganancias e imponer sus decisiones en todos los órdenes de la vida social, política y cultural. En nuestro país, como una manifestación de ese fenómeno, se han cerrado varios programas independientes (con el pretexto de la no renovación de la concesión o contrato de producción) en la televisión cultural del Estado, ya que en las restantes televisoras privadas sería un sueño pensar siquiera en su existencia. Su delito fue el de oponerse a las políticas delirantes y totalitarias de la dictadura neoliberal que viene cercenando las raíces de nuestra democracia centenaria, con sus actos de todos los días. De ahí la desigual y abrumadora campaña a favor del TLC que llevan a cabo los diarios y la televisoras de Costa Rica sin que exista, al menos una aproximación en términos del acceso a los medios, para quienes nos oponemos a su aprobación y nos preparamos a votar no, en el referéndum que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre.

Sabemos, desde hace mucho tiempo que, tanto en Venezuela como en la mayor parte del continente, los medios de comunicación siguen perteneciendo a una minoría plutocrática, capaz de arrastrar a otros, a quienes incluso desprecian, hacia la defensa de sus mezquinos intereses.

Estaríamos muy preocupados si el semanario La Razón de Caracas (u otros medios independientes) se viera amenazado, pero no estamos dispuestos a derramar lágrimas de cocodrilo por los fascistas (con ropaje presuntamente democrático) de Globovisión y Radio Caracas TV quienes, entre el 11 y 14 de abril de 2002, auspiciaron el pinochetazo de Pedro Carmona Estanga, frustrado por el sacrificio y la valiente determinación de lucha de miles de caraqueños, quienes le pusieron un rostro fiero a la muerte, durante esas cruentas jornadas de lucha.

De no profundizar el análisis del tema en sus complejos matices, correríamos el riesgo de seguir ensanchando las sombras del claroscuro que provocan las mentiras deliberadas y las verdades a medias de quienes consideran que las únicas libertades posibles, se basan en las ganancias multimillonarias que obtienen a partir del uso de las frecuencias de radio y televisión, las que deben ser, de verdad, un patrimonio de nuestros pueblos.

Debemos entender, de una vez por todas, que el tema de la libertad de prensa, entendida sólo como un tema empresarial oculta un hecho esencial: el derecho a la libre información para todos no puede ser monopolizado por un puñado de oligarcas, quienes han privado a las grandes mayorías latinoamericanas, hasta de la elemental condición de humanidad. Es decir, el punto de partida del genocidio y el etnocidio cotidianos que se vienen ejecutando, en este continente, desde hace varios siglos.