El pasado 21 de noviembre de 2005 comenzó en la sala tercera de la Audiencia Nacional española, presidida por la jueza Ángeles Murillo (tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público franquista) el macroproceso “18/98” contra 59 ciudadanos y ciudadanas vascas.

La petición fiscal suma un total de 991 años de prisión; las imputaciones son “integración en organización armada, delitos contra la Seguridad Social y Haciendas españolas, de contabilidad y falsedad documental”; las penas oscilan entre los diez y cincuenta y un años de prisión.
Este proceso, de clara intencionalidad política, con origen en la “Operación persiana”, ordenada por Baltasar Garzón el 15 de julio de 1998 (cierre del diario “Egin” y de la emisora “Radio Egin”) se está caracterizando en estos primeros compases por el caos judicial y por la vulneración del derecho a la defensa de imputados e imputadas.

15 de julio de 1998. Era verano, caluroso verano, cuando los medios, las llamadas de teléfono nos advirtieron que la policía española, por orden del inefable Baltasar Garzón, estaba procediendo al registro y cierre del diario “Egin” (Hacer) y de la emisora radiofónica del mismo nombre. El juez consideraba a dichos medios como funcionales a los fines de ETA (Euskadi Ta Askatasuna; País Vasco y Libertad), teniendo como objetivo último el “aparato financiero” de la organización.

Esta primera actuación policial tuvo su seguidilla en el cierre de otros dos medios de comunicación más: la revista de investigación periodística “Ardi Beltza”, el año 2001 (Oveja Negra, creada por trabajadores que perdieron su empleo con el cierre de “Egin”, y financiada mediante suscripciones), y el diario “Euskaldunon Egunkaria” (El diario de los vascos), el 20 de febrero de 2003.

En el medio, organizaciones de diverso tipo (una empresa dedicada al alquiler de sillas; una comercializadora de bacalao islandés; escuelas; colectivos de enseñanza de la lengua vasca; un coro, “Euskaria”; y grupos políticos de diferente signo – Xaki, Ekin, Fundación Joxemi Zumalabe-) fueron intervenidas, algunas cerradas y un buen número de personas relacionadas con ellas detenidas, encarceladas y procesadas. Citemos, como muestra, las 221 detenciones habidas en este tiempo, amen del pago de 4.393.000 euros, una bagatela.

Independientemente del “fallo” que pueda dictar la jueza Murillo, empresas y ciudadanía, ya han sido condenadas a cárcel preventiva, fianzas millonarias, desempleo, embargo de cuentas bancarias, criminalización, prohibición de viajar fuera del estado español y ruina económica. Sólo el cierre de “Egin” supuso la pérdida del empleo de 250 personas.

Los diversos autos de procesamiento de Garzón tienen como base la ya aludida connivencia con ETA: todas conforman “una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, cual es la autodeterminación de la llamada “Euskal Herria” (País Vasco); (…) para ello, sus responsables anteponen a cualquier otro medio el ejercicio de la violencia, cuya práctica no sólo justifican, si no que consideran imprescindible para la solución de lo que denominan “conflicto” y que no es más que una actividad criminal de contenido terrorista”. Curioso el verso garzoniano: ¿Será éste al que se refiere León Gieco cuando dice que se siente muy honrado por la utilización de algunos de sus textos por el magistrado español? Quizás.
“¿Acaso creían que no nos íbamos a atrever?”, dijo, desde Turquía el entonces presidente español José María Aznar, en ese aún próximo 15 de julio de 1998, mientras su antecesor Felipe González señalaba que “en cualquier país democrático sería insoportable e insostenible un periódico como “Egin” por la ruptura de las reglas del juego que entraña el servicio que presta a ETA”.

El “pecado” de los medios de comunicación cerrados por la “democracia” española fue no reírles la gracia, no bailarles el agua, ser medios independientes de los grandes grupos de comunicación (de “formación de masas”, como en una ocasión los calificó el filósofo zamorano Agustín García Calvo); su pecado fue dar voz a la disidencia vasca y de todo el estado español; ejercer la investigación y crítica periodísticas.
¿Tiene, todavía, alguien dudas de la intencionalidad política de estas operaciones represivas?

El 21 de noviembre la sala tercera de la Audiencia Nacional se desplazó a la sala especial sita en la Casa de Campo: 59 procesados y procesadas necesitan de un decorado comparable a los de la Italia de los años setenta y ochenta, la Italia del “compromiso histórico” de comunistas y democratacristianos. Y empezó el desbarajuste, el caos judicial, la infracción de las normas procesales españolas, la vulneración del derecho a la defensa de los acusados.

600 tomos y 200.000 folios ocupan la instrucción. Así, en estos primeros días de juicio, han sido varios los documentos requeridos por la defensa (algunos de ellos constituyen las pruebas documentales en base a las cuales están procesados varios de los acusados) que no han aparecido; otros, de los que se pedía su exhibición, tampoco aparecieron en primera instancia y sí cuando el Fiscal, Enrique Molina, quiso, dándoles, además, lectura, cosa no solicitada; varios de estos documentos fueron obtenidos por la Guardia Civil de las computadoras de los procesados. Dada la incapacidad del Tribunal para encontrar los papeles, la defensa pidió que toda referencia o acusación respecto a la misma no pudiera ser utilizada, asunto que negó la jueza Murillo.

En la primera vista la jueza solucionó en menos de media hora estos y otros aspectos procesales, entre las protestas de la defensa; uno de ellos era la recusación –pedida por la defensa en enero- de los peritos (15 de la policía española, 12 de la Guardia Civil) por haber participado en la instrucción del caso: en alarde de cinismo, el fiscal Molina dijo desconocer tal petición de recusación cuando él mismo cursó, con fecha de 3 de marzo del presente, un texto al respecto.

Por otra parte, la jueza impide el derecho a la libre expresión de quienes se sientan en el banquillo, cortando bruscamente sus disertaciones cuando estos han intentado resaltar el carácter político de esta pantomima, pidiendo “que se atengan a la causa” e, incluso, llamando impertinente a uno de ellos, Joxean Etxebarria. La defensa ya ha recusado al Tribunal por “parcialidad manifiesta”.

La sociedad vasca ya ha reaccionado en diferentes ocasiones ante estas tropelías contra su cultura, idioma, contra sus lícitos anhelos de autogobierno: las ideas no se pueden criminalizar, todas pueden defenderse.

Una comisión internacional de juristas, formada por diez profesionales de Italia, Puerto Rico, Suiza, Alemania y Estados Unidos sigue el proceso desde hace meses.

El circo no ha hecho más que comenzar. El pueblo vasco está harto, quiere justicia, quiere que se acabe la persecución y el dolor provocada por la infamia española y francesa.