El oposicionismo mediático usando el disfraz de “sociedad civil” u organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que cuentan con el financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED) y con la presencia en la mayoría de los medios de difusión privados, arrecia de nuevo contra la estabilidad democrática, el gobierno y sus instituciones mediante una sistemática campaña, de similares características a la realizada en los días previos al Golpe de Estado en abril de 2002 y durante los 63 días del sabotaje petrolero en diciembre 2002 y enero-febrero de 2003.
Parte de la campaña se centra ahora en atacar la gestión de gobierno. Es así como todos los espacios de opinión, columnas, reportajes están destinados a producir matrices de opinión tendientes a desinformar, ocultar información, tergiversar y sesgar todo lo relativo a la gestión y obras de gobierno. Una campaña que viene afirmando que durante la Administración del Presidente Chávez no se ha producido ninguna obra relevante que pueda exhibir.
De ser cierta la matriz de opinión según la cual “el gobierno no ha hecho nada”. ¿Cómo se explica entonces que en el marco de las normas sobre publicidad y propaganda para las elecciones presidenciales del 3 de diciembre, que actualmente discute el Consejo Nacional Electoral (CNE), los sectores oposicionistas exijan al Poder Electoral que le sea prohibido al jefe del Estado su participación en la inauguración de obras públicas y la transmisión de su programa dominical Aló Presidente.?
Los frentes de la campaña opositora
La campaña oposicionista tiene abiertos tres frentes “visibles” a saber: los medios privados de difusión, las ONG’s como SUMATE y la vía jurisdiccional interponiendo recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los tres convergen presionando e intentando demoler la institucionalidad, la confianza y la credibilidad en el ente Electoral.
Estos frentes tienen un denominador común: evitar a toda costa que el jefe de Estado comunique e informe al pueblo sobre los avances y logros de su gestión de gobierno, una posición que se afianza por las declaraciones suministradas a medios de prensa el pasado 10 de julio por parte del Rector Vicente Díaz cuando manifestó lo siguiente: “Considero que hay que tratar de que las normas entre candidatos sea de igualdad de condiciones, lo cual supone que haya una regulación a las cadenas presidenciales, que tienen que ser restringidas a situaciones de emergencia nacional y no ser parte de un mecanismo de información gubernamental porque eso pondría al ciudadano Presidente en condiciones de ventaja con respecto al resto de los candidatos”.
Vicente Díaz, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, añadió que no descarta que se le pida al mandatario nacional evitar acudir a inauguraciones de obras que puedan servir como propaganda política aunque reconoció que se trata de gestión gubernamental, el Rector Díaz agregó que: “El Presidente tiene seis años de gestión y apenas durante 120 días se podría normar su no participación, en un proceso de inauguración de obras que generen una concentración de información en obras programadas para este período”. Llama la atención como precisamente esta clase de afirmaciones coinciden con las peticiones de los sectores oposicionistas más radicales y golpistas.
El otro frente desde el cual se hacen desesperados esfuerzos, dirigidos por algunos medios como RCTV, es el TSJ. En él introdujeron sendos recursos, uno relativo a la separación del cargo del Presidente durante la campaña electoral -cuya decisión por parte de la Sala Constitucional está pendiente- y otro referido a la solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada, contra el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.970 del 12 de junio de 2000 . En otras palabras, la anulación de dicho artículo.
El artículo en cuestión está referido a la transmisión de las cadenas y que dice: "Sin perjuicio de las disposiciones legales en materia de seguridad y defensa, el Presidente de la República podrá, directamente o a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros. Mediante reglamento se determinarán las modalidades, limitaciones y demás características de tales emisiones y transmisiones. No estará sujeta a la obligación establecida en este artículo la publicidad de los entes públicos". Si bien fue admitido el recurso de nulidad, el TSJ negó la medida cautelar que pedía suspender las cadenas hasta tanto se dirima el recurso interpuesto. (Vea aquí la nota y sentencia del TSJ)
Objetivo negar y censurar los logros del gobierno bolivariano
El arribo del Presidente Chávez al gobierno supuso cambios importantes, la mayoría de ellos derivados de la Constitución Bolivariana, pero también se produjo un modelo de gestión a partir de un programa y plan de gobierno, tal y como se evidencia del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 (vea aquí el texto completo del Plan). El programa y plan de gobierno proponen la construcción de una Venezuela sobre la base de cinco equilibrios en el área económica, social, político, territorial e internacional, cuyo desarrollo y consolidación permite que hoy puedan palparse los logros de una gestión que el oposicionismo se empecina en ocultar.
Veamos brevemente algunos de los logros en educación y salud, correspondientes al equilibrio social del referido Plan, y que ahora, de cara al proceso electoral, sectores mediático-oposicionistas pretenden ocultar. Este equilibrio tiene entre sus metas superar la exclusión derrotando la pobreza, cuya superación y derrota han sido posibles constatar gracias a la implementación de la Misión Robinson, un novedoso plan educativo que permitió sacar del analfabetismo a más de un millón de venezolanos, hecho sin precedentes que contó con el reconocimiento y certificación de la UNESCO. Vale acotar que previo a esta Misión, el gobierno bolivariano adoptó, entre otras medidas, la prohibición del cobro de matrícula en las escuelas públicas y ello se tradujo en un aumento substancial de la inserción escolar. Robinson, junto a otras Misiones como la Sucre y Ribas, permiten a miles de venezolanas y venezolanos ingresar a la educación superior u obtener el titulo de bachiller, como ocurrió recientemente con la graduación de 200.000 mil nuevos bachilleres.(Ver más información aquí: 1 , 2, 3 y 4).
De la misma manera se hace en materia de salud pública con la Misión Barrio Adentro, cuya acción ha permitido a miles de venezolanos ser incorporados a la atención médica gratuita y de calidad, resolviendo desde graves enfermedades hasta de aquellas fácilmente curables. Una Misión con tres niveles de atención, la primera referida a la atención primaria, a partir de la construcción al menos 6 mil módulos de salud especialmente en zonas populares, el segundo conformado por una red de clínicas populares para atender problemas de mayor complejidad quirúrgica y el tercero que contempla la dotación de 43 hospitales a nivel nacional y la construcción de Centros de Diagnóstico (CDI) y Salas de Rehabilitación Integrales (SRI), todos dotados con la más alta tecnología. Todo esto, aunado a la Misión Milagro, nombre dado al programa a través del cual han recuperado la visión miles de venezolanos y centenares de latinoamericanos gracias al Convenio de Salud Cuba-Venezuela, incluye una de las obras más importantes a ser inauguradas próximamente, el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, institución que dará atención a la población de niños, niñas y adolescentes con padecimientos de cardiopatías congénita y adquiridas, que se estiman en 5000 al año. (Ver más información en: 1, 2, 3, y 4)
Vale la pena hacer una mención especial a los logros en infraestructura, dado que constituye un extraordinario avance, la inauguración este domingo 16 de julio de la línea 4 del Sistema Metro de Caracas, que constituye un salto adelante, pues junto al ferrocarril y el segundo puente sobre el río Orinoco, son parte de la nueva infraestructura que se incorpora al desarrollo del país. (Vea más aquí: 1 y 2)
Todos estos logros constituyen avances en el cumplimiento de las Metas del Milenio y evidencian que, a pesar del golpe de Estado, el sabotaje económico-petrolero de 2002 y 2003 y el ocultamiento de la información que hacen la mayoría de los medios privados de difusión, la República Bolivariana de Venezuela recupera sus equilibrios sociales. Tal es el caso de los índices de mortalidad infantil, reducción del desempleo y mejora en el poder adquisitivo, tal y como lo refleja en Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los sectores oposicionistas persisten en la manipulación de sus seguidores, insisten en sus planes desestabilizadores con el auspicio de los medios privados y del gobierno de Washington, buscando mermar la popularidad del Presidente Chávez, para finalmente cuestionar la legitimidad de su eventual triunfo electoral y de ese modo justificar, en aras de una democracia a lo Bush, propiciar la intervención de Venezuela y derrocar su gobierno, tal y como ocurrió con el carmonazo del año 2002. (Ver aquí el informe del PNUD-2005)
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