La crisis global ambiental es un hecho, el cambio climático es, el mayor riesgo y amenaza que enfrenta el planeta en los próximos años. La acción humana ha venido degradando el planeta, parafraseando a Karl Marx: Un fantasma recorre el mundo. El huracán Katrina de New Orleans en 2005, el derrame petrolero ocasionado por fallas de la empresa British Petroleum en el Golfo de México en 2010, la afectación de los campesinos argentinos ante el uso y manejo de transgénicos en la producción de soja, y en el caso venezolano, los problemas de la minería y el oro en el sur del país, afectando nuestras cuencas hidrográficas, produciendo enfermedades como la malaria y el sarampión, nos habla de un mundo en agotamiento, de una lucha por la supervivencia de los seres vivos. Desde las organizaciones ambientales, los activistas de derechos humanos, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las mujeres, se levanta una voz, un reclamo que exige que detengamos el desastre, una transformación económica, social, ecológica y política debe ocurrir en todos los países, independientemente de su continente.
La transformación política o ambientalismo político
Se hace necesario innovar en materia de institucionalidad ambiental. La agenda ambiental y los activistas no podemos seguir apareciendo como proveedores o asesores de un sistema económico de desarrollo que hace uso extractivo de la naturaleza. En la medida que la Transformación Social y Ecológica pueda convertir su agenda en tratados internacionales (como el reciente Tratado de Escazú), en leyes, ordenanzas, decretos y logremos blindar el marco jurídico de protección de los derechos ambientales, nuestra agenda habrá alcanzado un espacio de reconocimiento institucional. Mientras muchas de nuestras comunidades indígenas pertenecientes a los países amazónicos no se le sean respetados sus territorios, el derecho a la consulta y a sus tradiciones, mientras el Convenio de Minamata no se ratifique en Venezuela, mientras que no hayamos implementado políticas públicas de adaptación y mitigación al Cambio Climático, nuestra lucha por la Transformación Social y Ecológica tiene una prioridad: el reconocimiento político institucional de todos los derechos humanos ambientales.
Ambientalismo político en Venezuela
La propuesta del Plan País impulsada por la Asamblea Nacional el pasado 31 de enero no incorporó la agenda ambiental, ¿La razón?, no hubo participación ni presencia de voces ambientalistas en su diseño y creación. Partiendo de ese criterio, era muy difícil que se incorporara la mitigación y adaptación al cambio climático o la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en un momento de transición que necesitará inversión, nacional y extranjera y “flexibilizar las condiciones del mercado”. Distintas organizaciones ambientales, políticas, sociales y periodistas nos hemos organizado en torno a varias exigencias y propuestas. Es importante que se incorpore la agenda ambiental al Plan País, y que ante cualquier actividad económica y de inversión a realizarse en Venezuela, incorpore de manera obligatoria los estudios de factibilidad e impacto ambiental.
Pero la agenda ambiental no concluye ahí, la transformación social y ecológica requerirá de la dura lucha por la eliminación del decreto del Arco Minero del Orinoco 2248, una exigencia a la reducción de la producción y dependencia petrolera, una apuesta por las energías alternativas, una crítica a los modelos extractivistas, nuevas formas de productividad sustentadas en el trabajo y no en la renta, mucha educación y conciencia ambiental, la recuperación de nuestras cuencas hidrográficas, en definitiva, una verdadera transformación de nuestra forma de relacionarnos con el mercado, con el consumo, con la naturaleza, con el territorio, con Venezuela.
