28-04-20.-El gobierno del presidente Nicolás Maduro levantó a principios de abril una antigua prohibición de actividades mineras en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní.
Aunque tal minería ya ocurre ilegalmente, los ambientalistas dicen que levantar la restricciones alentará una mayor minería, que durante años ha sido un semillero de enfermedades infecciosas, mientras el país trata de evitar la propagación del COVID-19.
“Hay una relación directa entre minería y el crecimiento de algunas epidemias como el paludismo, el sarampión y otras, así que en el contexto del coronavirus la actividad minera en estos ríos puede generar un ambiente propicio para el contagio con esta pandemia”, dijo Luis Bello, del Grupo de Trabajo Socioambiental Amazónico de Wataniba, según un reporte Reuters.
Los ríos cruzan el llamado Arco Minero del Orinoco, creado por el gobierno en 2016, un área de más de 111.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía venezolana.
La iniciativa minera en los seis ríos ha sido criticada por activistas ambientales y grupos de derechos humanos por contaminar las cuencas con mercurio, alimentar masacres mientras las pandillas luchan por el control del territorio y servir como caldo de cultivo para la enfermedad.
“Con ese decreto van a devastar las aguas, suelos y aires”, dijo la legisladora de oposición, María Gabriela Hernández, jefa de la comisión de medio ambiente del parlamento.
“El mercurio que usan produce un grave daño a los seres humanos, principalmente a los propios mineros y comunidades de las zonas cercanas”, agregó.
Nueve etnias indígenas habitan cerca del curso de los ríos incluidos en la resolución oficial: eñepá, jodi, yekwana, sanema, kariña, arawaco, pemon, jivi y akawayo, que suman en el estado Bolívar, al sur del país, una población de 47.642 personas, según el último censo oficial que data 2011.
“Esta medida aumenta la presión sobre esas comunidades indígenas que están en condiciones precarias por situaciones económicas, la malaria e, incluso, por la posibilidad de que entre el COVID-19. Están generando una presión mayor para que dejen su cultura y se vayan a la minería”, dijo Alejandro Álvarez, coordinador del grupo no gubernamental Coalición Clima 21.
La violenta caída de los precios mundiales del petróleo “va a aumentar la presión para seguir extrayendo oro, diamante y coltán y eso va a ser muy duro para las comunidades indígenas, criollas y el resto de los venezolanos”, agregó.
En este mismo sentido, cabe recordar que en medio de una extensa crisis económica que atraviesa el país, donde su principal fuente económica como lo es el petróleo la cual se encuentra en una voraz caída, surge la explotación del Arco Minero del Orinoco, donde empresas nacionales y extranjeras hoy explotan legalmente bauxita, coltán, oro y diamantes. Todo esto ha generado una grave contaminación de los ríos, pérdida del subsuelo, deforestación, enfermedades como la malaria y la proliferación de grupos armados al margen de la ley.
Sumado a esto, se encuentran organizaciones delictivas que operan minas de oro en el sur de Venezuela han mutilado a mineros acusados de robo, extorsionado a propietarios de negocios y obligado a niños a trabajar sin equipo de seguridad mientras afianzan su control en la región rica en minerales,
*Con información de Reuters