13 de agosto de 2023.- El pasado 21 de junio del 2022, EL MOVIMIENTO DE POBLADORES Y POBLADORAS que articula a inquilinas e inquilinos, ocupantes, campamentos de pioneros, comité de tierras urbanas, trabajadoras y trabajadores residenciales, Consejos Comunales, Comunas; en conjunto con otras organizaciones, entre ellas las Asambleas Vivienda Venezolanos, realizamos una movilización chavista, rebelde, autónoma, irreverente de unas 3000 personas desde Parque Carabobo hasta Miraflores, en donde fuimos recibidos por el Presidente Nicolás Maduro[i].

Pocas semanas después, específicamente el 12 de agosto del 2022, nos movilizamos por las calles de Barquisimeto, con una gran marcha contra los desalojos, por el derecho a la ciudad, a la tierra urbana, a la vivienda y al hábitat[ii], en donde pasamos por la Gobernación del Estado Lara, la Alcaldía de Iribarren y llegando a la Plaza la Justicia, sede de los Tribunales.

Ahora, una vez más, recorreremos las calles de Barquisimeto con la marcha contra los desalojos, las mafias judiciales y contra la criminalización de la lucha popular, que realizaremos el 10 de agosto, nuestro punto de partida y concentración será la Plaza La Mora, desde las 9 am, y nuestra llegada será en la Plaza La Justicia.

En la marcha exigimos:

1.- Paralización inmediata de los desalojos
Luego de la Marcha del 12 de agosto de 2022, se paralizaron en seco la ejecución de los desalojos en nuestra ciudad, pero en el presente año se inició una nueva arremetida violenta desde los tribunales de Barquisimeto, contra las familias pobres que viven no solo en el centro de la ciudad. El interés mercantilista y mafioso de los latifundistas de concreto se impone contra los y las pobres, porque para el capital inmobiliario, este sector de la clase popular no puede vivir en las tierras “lomitos”, porque las mismas tienen que ser controladas por los burgueses que se creen dueños de la ciudad, para multiplicar sus jugosas ganancias con inversiones inmobiliarias especulativas.

Creemos firmemente que el desalojo no es la opción en un estado social de derecho y de justicia, como el que está planteado en la Constitución Nacional. El desalojo representa la máxima violencia contra la familia afectada, es un acto de profunda crueldad y en tal sentido RATIFICAMOS solicitar su paralización en forma inmediata.

Asumiendo que los desalojos tienen múltiples aristas que deben ser atendidas, planteamos que el municipio debe someter a una amplia discusión con las comunidades, la reforma de la Ordenanza Especial sobre la adjudicación en venta directa de parcelas de terrenos en los Asentamientos Urbanos Populares, igualmente debatir y construir consensos en relación a un nuevo plan de desarrollo urbano local, así como declarar a la ciudad de Barquisimeto libre de desalojos.

Buscando darle un carácter estructural a este conflicto que básicamente afecta a las familias pobres, proponemos también que, a nivel del Municipio, se impulse una reforma a la ordenanza de catastro, sobre ejidos y terrenos de propiedad municipal y del plan de desarrollo urbano local de la ciudad de Barquisimeto. Sobre estas reformas solicitaremos un derecho de Palabra al Concejo Municipal para exponer los proyectos que hemos elaborado al calor de nuestras luchas, que nos direccionan al derecho a la vivienda y a la transformación integral del barrio.

2.- Reestructuración del poder judicial en el estado Lara
Toca decir, que los tribunales se han prestado para estas arremetidas violentas, sin tomar en cuenta a la organización popular del territorio, para intentar el diálogo, y/o la conciliación, sino que se impone de una vez la arremetida de la fuerza pública, VIOLENTANDO en la mayoría de los casos el DEBIDO PROCESO.

Incluso, ni siquiera consideran la posibilidad de que el ocupante o inquilino aplique el derecho a la primera opción de adquisición del inmueble en caso de la venta del mismo. Los tribunales no toman en cuenta esta opción, porque esos administradores de la justicia solo ven el interés del capital como prioridad.

Ante esta situación, solicitamos la reestructuración del poder judicial en el estado lara, de manera que se corrijan estas actuaciones judiciales que atentan contra el bienestar físico y mental de muchas familias pobres que son sometidas a estas violaciones de sus derechos humanos.

Es importante destacar que nuestra Constitución consagra de manera amplia el derecho a la participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública, creemos que esa debe ser la vía para la reestructuración del Poder Judicial en Lara, la participación ciudadana de la comunidad organizada en la gestión pública de los tribunales y de la fiscalía, redundaría en la reducción de la conflictividad con relación a los desalojos y generaría una sintonía necesaria entre el pueblo y el poder judicial, que en este momento no existe.

3.- Condena a toda acción de criminalización del pueblo que lucha
Existen múltiples casos de compañeros y compañeras chavistas judicializadas, por defender familias pobres que ocupan un espacio en la ciudad o en el campo. Hay casos que ya llevan varios años y otros apenas se inicia la judicialización. Algunos están judicializados solo por ser SOLIDARIOS, es decir, que con este criterio judicial la solidaridad es un delito.

Exigimos un cierre definitivo de los casos judicializados, y que se detenga dicha práctica por parte del sistema judicial, es un reclamo que unifica la alianza popular, entre la lucha urbana y la lucha campesina. ¡Exigimos cierre de los casos de judicialización de luchadores y luchadoras populares!

Una vez más en la calle, como siempre hemos estado para la defensa de la Revolución Bolivariana, y de nuestros derechos, seguimos levantando nuestra agenda de lucha, la que creamos junto a Chávez y que presentamos al presidente Maduro, hoy seguimos exigiendo su cumplimiento, dejando claro que ¡Nadie Nos Quita Lo Luchado!