Antes de ir al asunto referido al título de este escrito, voy hacer una serie de revelaciones de la cual me he reservado durante algún tiempo esperando una rectificación o propósito de enmienda por parte de las autoridades que administra las instituciones públicas y deben ser garantes del debido proceso y aplicación de justicia. Sin embargo, pueden más los intereses de grupos y particularidades que emiten órdenes con la finalidad de crear distorsión y confusión perjudicando la verdad y el derecho, en mi caso, pretender hacer linchamiento ético y moral que socaven la credibilidad de una vida recta y digna, consagrada al servicio del pueblo.
En fecha 9 de Junio de 2021 se emite una Resolución por parte del Contralor General de la República el Sr. Elvis Amoroso, que recibo en fecha 30 de septiembre de 2021 donde se me notifica que he sido inhabilitado para cualquier cargo público por no cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio en los treinta (30) días siguientes al cese del ejercicio de la función pública. Ante esto procedí hacer inmediatamente mis descargos el 13 de octubre de 2021 en los tiempos establecidos donde presento la Declaración Jurada de Patrimonio que reposa en los archivos digitales de la Página de la Contraloría perfectamente verificable y llevada al ente contralor en físico donde se demuestra la autenticidad de la misma, a pesar de eso, se me impone la inhabilitación arriba descrita, obviando el artículo (75) de la Ley Anticorrupción que en su numeral uno (1) establece que cualquier sanción Cesa al momento de ser presentada ante el órgano contralor y subsanar el hecho, por tanto, no solamente entregué formalmente y en físico al ente contralor, es decir, se obvio mi solicitud o petitorio ya que no se procedió a levantar la sanción y ni siquiera recibí respuesta del oficio que introduje en mi defensa violando mi derecho hacer informado si se acepta o se rechaza mis alegatos.
De los aspectos extraños y premeditados en esa inhabilitación señalo lo siguiente, la inhabilitación se hace tres (3) años después de hacer mi declaración jurada y se hace el 9 de Junio del 2021 a escaso un (1) mes para la realización de las elecciones primarias del PSUV y la escogencia de candidatos a las Gobernaciones de los Estados; Para ese momento en el país se denunciaron muchas inhabilitaciones por parte de la CGR de dirigentes políticos que aspiraban a participar en los venideros procesos electorales, caso emblemático, el de Eduardo Samán, igualmente varios dirigentes de diferentes toldas políticas entre ellas del PCV en el Estado Portuguesa.
Otro elemento que empaña la seriedad del proceso, la transparencia y el debido proceso, es que una vez que fui notificado por la máxima autoridad de la CGR de la inhabilitación con una Resolución que fue emitida al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a Organismos Nacionales la cual considero ilegal, desproporcionada y con premeditación, recibo once (11) meses después el 21-08-2022 una notificación nuevamente que mi sanción comienza el 11 de Junio de 2021 y no establece un lapso perentorio o fecha de caducidad, pese a que es un hecho la existencia de mi Declaración Jurada de Patrimonio y nunca ha sido considerada por ese órgano en franca violación al artículo 75 de la ley anticorrupción. Lo que evidencia todo esto, es que soy sujeto no al derecho sino a la discrecionalidad y la subjetividad de quienes dirigen estos órganos. Es decir, tengo una inhabilitación perpetúa violando además mis derechos constitucionales y políticos.
Por otro lado, después de seis (6) años de haber entregado la Gobernación y haber rendido cuentas anual y públicamente como lo establece las Leyes de la Republica y del Estado, la Contraloría del Estado Mérida, me envía a la unidad de potestades investigativas para mantenerme en una constante averiguación de reiterativos procedimientos, el cual se ha dado respuesta no solo por mi persona, sino por quienes fueron mis directores dichas averiguaciones se sustentan en auditorias posterior o muchos años después a mi gestión además no precisan elementos contundentes sobre hechos de corrupción dolo o malversación que ameriten una investigación profunda, solo señala procedimientos administrativos que presuntamente fueron errados u omitidos y a pesar de haber dado y presentados las pruebas y refutados los argumentos, continúan con un acoso burocrático y leguleyo sin hacer un finiquito del expediente o realizar sanciones si hubiese fundamentos. .
Lo que me motiva hacer público este escrito, es que ahora sorpresivamente la oficina de Auditoria de la Gobernación del Estado Mérida. Me envía una comunicación de fecha 26 de octubre de 2022 donde se me notifica que estoy siendo investigado por la omisión de no entregar la Gobernación del Estado Mérida al anterior Gobernador, increíblemente pensé que era un chiste, sin embargo, hice mis alegatos a ese falso positivo y respondí ante la Contraloría con copia a Auditoria, pero resulta que el 10 de febrero del año en curso un trabajador de la Gobernación me envía por WhatsApp una imagen de una cartelera donde el ciudadano Luis Rodrigo Cáceres Cabeza Jefe de la Oficina de Determinación de Responsabilidades Administrativas de Auditoria Interna de la Gobernación del Estado Mérida genera un Auto Expreso donde dice que debo presentarme en ACTO ORAL Y PUBLICO en los próximos 15 días para presentar pruebas del por qué no hice entrega formal de la Gobernación del Estado Mérida. Sabiendo ellos que la Gobernación es un ente u órgano Político Territorial y que la personalidad jurídica reposa sobre las direcciones, secretarias e institutos, los cuales hicieron sus respectivas actas de entregas que reposan en los archivos de la gobernación y en mis archivos personales, es tan descabellada y de mala intención que se cae por su propio peso cualquier argumentación, puesto que de no haber entregado la Gobernación, sencillamente no pudiese haber continuidad ejecutiva ni administrativa.
Ante estos falsos y mal intencionados argumentos, alerto que se trata de un show que no tiene sustento legal, en primer caso no he sido notificado personalmente, ni se ha publicado en gaceta o en un medio público nacional o regional como establece la normativa legal, por el contrario resulta de una notificación que se colocó en un sótano de la gobernación acompañada de información de las corridas de Toros y Ferias del Sol. Por tanto, eso carece de seriedad y descalifica cualquier procedimiento mínimamente acorde al derecho. Segundo, quien firma el auto expreso es un empleado de la auditoria en sustitución del que legalmente debería firmar que es el jefe de la Oficina de Auditoria Interna. Tercero. La Auditoria de la Gobernación es un órgano de control Interno y no tiene facultad para sancionar, solo puede sustanciar y remitir a la Contraloría del Estado Mérida o Nacional y por último estos funcionarios bajo el tenor del Auto Expreso, están usurpando funciones de los órganos competentes como son los tribunales.
Sin embargo, asistiré al pobre y triste tribunal espurio de la gobernación para combatirles y refutarles los ataques de odio y resentimientos de quienes pretenden ensañarse contra mi moral y mi honor; el pueblo sabe bien quien soy, un hombre que siempre me he puesto a Derecho, también sabe dónde vivo y como vivo, no ostento riqueza alguna ni bienes materiales he trabajado con honestidad y he combatido la corrupción, ahora se pretende imponer persecuciones a quienes por razones políticas tengamos opiniones diferentes y ellos saben bien que siempre he defendido al pueblo y sus trabajadores y por expresar esas opiniones, soy un perseguido por la canalla que hoy se ha convertido en miserables elites políticas y económicas que lo único que saben mostrar son sus ostentosas y súbitas riquezas y además pretende congraciarse con los intereses de la burguesía y los poderosos dejando a un lado los intereses sagrados del pueblo .
Por ultimo estoy consciente que estos funcionarios subalternos, obedecen a órdenes superiores que cobardemente no asumen sus responsabilidades políticas, sino que las delegan en cualquiera para hacerse y mantenerse en el poder de los bajos intereses personales, afortunadamente los conozco muy bien y se quiénes son, así que pueden revisar todo lo que quieran no solamente a mi sino a mi familia, amigos cercanos y mis directores, porque tengo la certeza de su honestidad, mística y dedicación, una virtud que pocos pueden exhibir.
En Mérida a los 12 días del mes de Febrero de 2023.
Alexis Ramirez
Ex Gobernador de Mérida 2012 – 2017.
Militante Revolucionario.
