Las medidas diplomáticas y consulares del gobierno del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de aplicar el Principio de Reciprocidad con los Estados Unidos de América, estableciendo un número igual en el personal diplomáticos y consular asignados en ambos países, la obligación de expedición de visa para el ingreso de ciudadanos estadounidenses al país – tal como lo aplica el gobierno de los Estados Unidos a los venezolanos - y el cobro de las mismas cantidades de dólares para el pago de derechos por solicitud de visado a los turistas estadounidenses; es una medida absolutamente basada en la Constitución y leyes venezolanas y en plena concordancia con las Convenciones sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones consulares de las cuales son Estados Partes Venezuela y los Estados Unidos de América; razón por la cual, en estricto Derecho, nada han dicho ni podrán decir los voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado sobre un asunto que forma parte de la indiscutible jurisdicción interna del Estado Venezolano.
Aunque las medidas se dan en un ambiente de tensiones y fricciones políticas, derivadas de la demostrada – pero estúpidamente negada – gravísima intromisión del gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de espionaje en los asuntos internos de Venezuela, al promover, financiar y apoyar acciones desestabilizadoras de la oposición e incluso, Golpes de Estado contra el gobierno democrático del Presidente Nicolás Maduro Moros; los razonamientos jurídicos de la Cancillería venezolana, en la persona de la Ministra Delcy Rodríguez, demuestran que Venezuela sigue actuando en el marco del respeto a su ordenamiento jurídico interno y de los tratados y convenios internacionales válidamente suscritos por la República – incluso antes del surgimiento de la Revolución Bolivariana - y que en defensa legítima de sus intereses nacionales, ejerce las potestades que le otorga ese orden jurídico patrio e internacional para prevenir a impedir actos que afecten la seguridad de la Nación y la estabilidad de sus instituciones.
En cuanto a la decisión de negar el visado para visitar al país al expresidente George W. Bush, a Dick Chenney, al Director de la Agencia Central de Inteligencia, George Tennet y, a los congresistas Marco Rubio, , Diaz Balart, Ileana Ross y Bob Menendez, además de constituir una medida legal y legítima, por ser un acto de ejercicio de Soberanía, ella es políticamente justa y conveniente, por cuanto se trata de repudiables funcionarios de los Estados Unidos de América responsables de políticas y acciones dirigidas al derrocamiento de las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que su presencia en el territorio venezolano constituiría una afrenta a la Nación y un peligro para la seguridad nacional.
En sentido contrario a las medidas legítimas y legales tomadas por el gobierno bolivariano, ha de esperarse que la soberbia imperial ofendida por este acto soberano, responda con acciones de represalia y “torceduras de brazos” como gusta calificar al presidente Barak Obama sus acciones ilegales ejercidas contra gobiernos que no se someten a sus designios e intereses imperialistas, las cuales pueden ir, desde la expulsión del actual Encargado de Negocios de Venezuela en los Estados Unidos de América, hasta medidas de revocación de visas a la gerencia venezolana en la empresa petrolera CITGO, de propiedad de PDVSA, pasando por restringir o prohibir el uso del sistema bancario estadounidense para las operaciones financieras desde y hacia Venezuela e imponerle trabas para la adquisición de equipos y productos necesarias paras la industria petrolera nacional, tradicionalmente dependiente de la tecnología de los Estados Unidos de América.
En ese marco de medidas y contra medidas, respuesta y represalias, las relaciones de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Bolivarianas de Venezuela entraran en un espiral de confrontaciones políticas y diplomáticas que conduciría a cambios importantes en los vínculos entre ambos países, con un nuevo posicionamiento bilateral y regional más ajustado a la realidad de los cambios operados en la geopolítica en América Latina y el Caribe, que a la pretendida hegemonía imperio-colonial que pretende preservar el decadente imperio yankee.
