"VER EN CALMA UN CRIMEN ES COMETERLO". JOSÉ MARTÍ

Es conocido que los países representados en la Organización de las Naciones Unidas deben cumplir los Principios contenidos en su Carta Constitucional so pena, como dice el artículo 6 del Capítulo II, de ser sancionados. Al efecto expresa: "Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta podrán ser expulsados de la Organización por la Asamblea General:.. "

Se supone que todo Jefe de Estado, incluso aquel que se considere como emperador del mundo por su poderío militar o piense que se puede gobernar un país como se administra una empresa, como es el caso Trump, debe conocer todo lo relacionado con el derecho internacional y los principios que rigen las relaciones entre los países dentro y fuera de la ONU.

Recientemente el presidente Trump lanzó una fuerte amenaza contra la República Bolivariana de Venezuela, señalando explícitamente la opción militar, y por lo tanto, la posible invasión de ese país. Tal declaración carece de sustento alguno, pues Venezuela no representa peligro alguno para los Estados Unidos, no ha realizado ningún acto hostil que sirva de pretexto para una acción recíproca, y por otra parte, Venezuela ha dado pruebas de cumplir con lo acordado por la CELAC en su Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, y ha sido un artífice principal de la paz en Colombia, que es el único e inveterado conflicto armado existente en el hemisferio.

Al pronunciar su amenaza, tal como ya hecho en forma reiterada en otros casos, Trump comete una violación flagrante de los propósitos de las Naciones Unidas, en particular lo estipulado en el artículo 2, apartado 4, del Capítulo I de la Carta, que expresa en forma diáfana: "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas."

Causa estupor e indignación la intervención e injerencia crasas del presidente Trump y de otros gobiernos y bloques en los asuntos internos de Venezuela, que han actuado como acostumbran a hacerlo frecuentemente, con países grandes y pequeños, a los cuales tratan como a enemigos, y a los cuales amenazan con aplicar sanciones y, las aplican, del más diverso carácter.

Hoy podríamos citar todos los documentos de las Naciones Unidas que han establecido, a lo largo de muchos años, los principios que deben guiar y proteger los derechos de los Estados y Pueblos, pero serán suficientes estos que enumeraremos, de acuerdo con el asunto sobre la no intervención extranjera en materia de soberanía y la libre determinación de los otros pueblos, y que se constata inobjetablemente en las acciones injerencistas contra de Venezuela.

Al respecto veamos lo que plantea la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en loa asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía.

El preámbulo permite reconocer el basamento del articulado que a continuación mencionamos: Y a la luz de las consideraciones que recoge, solemnemente se declara:

1. Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas;

2. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado;

3. El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención;

4. El estricto cumplimiento de estas obligaciones es una condición esencial para asegurar la convivencia pacifica entre las naciones ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas, entraña la creación de situaciones atentatorias de la paz y la seguridad internacionales;

5. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado;

6. Todo Estado debe respetar el derecho de libre determinación e independencia de los pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones extrañas y con absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Atendiendo a los principios esenciales que deben regir el comportamiento de los Estados agrupados en las Naciones Unidas, alguien puede no entender ni explicarse todas las declaraciones y acciones coligadas por los regímenes gobernantes que hasta ahora se han pronunciado contra el gobierno de Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legalidad dimana de la Constitución vigente en Venezuela y refrendada por las elecciones. Puede afirmarse que tales comportamientos, a la luz de la razón y del derecho, pudieran calificarse de la manera siguiente; ¡Son el hazmerreír como políticos! ¡Son personeros de una estupidez sietemesina! ¡Son criminales traidores de los pueblos que representan y, fundamentalmente, de los pueblos a los cuales amenazan o agraden! ¡Son violadores flagrantes de la ley internacional y de las Naciones Unidas! ¡Por tales violaciones merecen las censuras y condenas!

Ahora viene quizás lo más importante: ¿QUÉ HACER?

Es oportuna y necesaria la denuncia y condena para desnudar toda la mentira y fariseísmo de sus ideas y actos, utilizando todas las vías.

Pero considero que se requiere una más contundente acción concertada de todos los países ofendidos, agrupados en organizaciones como el ALBA-TP, LA CELAC, el Movimiento de Países No Alineados, etc., etc., y someter a la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración de condena por la práctica de algunos países por la violación sistemática de los instrumentos aprobados por esa Organización y se solicite se haga un llamado a dichos países sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la necesidad de asumir la protección de su independencia, soberanía y libre determinación.

Pero además, en este minuto concreto sugiero que los países o agrupaciones de países se dirijan al Secretario General de las Naciones Unidas para que tome carta, de acuerdo con sus funciones, de dirigirse a los Estados violadores, recordándoles los principios rectores que están obligados a respetar y cumplir, y luego este asunto vital para el mantenimiento de la paz y la seguridad en las relaciones internacionales, sea abordado en la Asamblea General de la ONU durante la próxima sesión de ese máximo órgano.

Es hora ya de acorralar, blandiendo los derechos y principios sagrados e inalienables de los pueblos, a todos aquellos que enfermizos de manías de poderío e intromisión, pretenden poner "desorden" en casa ajena, digo, en la patria amada de los otros pueblos que se resisten a ser esclavos y vasallos de nadie.

NOTA: SE AUTORIZA LA TRADUCCIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN DE ESTE ARTÍCULO EN TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCLUYENDO LAS REDES SOCIALES, YA QUE COMO AFIRMARA EL HÉROE CUBANO JOSÉ MARTÍ: "VER EN CALMA UN CRIMEN ES COMETERLO".