Contexto

Desde el inicio de su mandato como presidente de EEUU, Donald Trump ha intentado lograr una transición ordenada y negociada en Venezuela, que implique un derrocamiento de Nicolás Maduro, a partir del desconocimiento de su autoridad estatal por parte de un sector significativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Dependiendo del nivel de negociación con el bloque gubernamental chavista esto tendría como expresión un golpe de Estado con un pronunciamiento público o una acción armada de los altos mandos militares, o unas elecciones generales acordadas por la presión de los altos mandos militares. A su vez, eso evitaría una siempre latente revuelta popular por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo social al gobierno de Maduro, que desbordé al Estado y cambié la actual correlación de fuerzas regresiva para las clases populares.

En ese sentido, Trump ha desplegado una repudiable y grotesca política injerencista que se ha cristalizado en las sanciones financieras y petroleras de agosto de 2017 y enero de 2019, respectivamente. Además, desde el año pasado, ha apoyado el intento de gobierno paralelo y las acciones golpistas de Juan Guaidó, el líder circunstancial de la oposición de derecha. En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha intensificado su política en un contexto que se encuentra determinado por un factor exógeno a Venezuela: la reelección de Trump pudiera fracasar por los efectos negativos del coronavirus en la economía de EEUU y la desastrosa gestión de esa emergencia sanitaria. En ese marco, maniobra para evitar créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) al Estado venezolano, le puso precio a la cabeza de Maduro y otros jerarcas chavistas por cargos de narcotráfico cuando es un aliado del gobierno uribista de Colombia, propuso un plan de transición con un gobierno de unidad nacional entre las dos fracciones burguesas en disputa, y colocó buques de guerra en las costas de Venezuela para supuestamente combatir el narcotráfico.

También, intensifica esa política injerencista para aprovechar la actual extrema fragilidad económica del bloque gubernamental chavista, producto del desplome de los precios del petróleo y las remesas familiares a partir de la recesión económica mundial que estalló por el coronavirus. Las reservas internacionales venezolanas son solo 6600 millones de dólares y un precio del petróleo venezolano que ronda los 15 dólares por barril afecta más la extracción petrolera en el país porque impone extraer con costos por encima del precio de exportación. En ese sentido, son escasos los recursos para financiar un orden público sostenido con el aparato represivo encarnado en la institucionalidad militar y los numerosos cuerpos policiales, y la red comunitaria de contención social de los Clap.

La retórica del Estado venezolano y el partido gubernamental

De manera permanente, el Estado venezolano y el partido gubernamental despliegan una campaña comunicacional donde se sostiene que el gobierno de EEUU quiere derrocar a Nicolás Maduro para apropiarse del petróleo venezolano y acabar con el proyecto socialista en Venezuela. Ambas afirmaciones son totalmente falsas.

En el transcurso de la llamada Revolución Bolivariana, el Estado mantuvo la presencia del capital transnacional estadounidense en la industria petrolera venezolana y EEUU siguió siendo el principal destino de las exportaciones de petróleo venezolano. Las empresas de servicios petroleros que gestionan los pozos petroleros en Venezuela son en lo fundamental transnacionales de EEUU como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford. Además, Chevron tiene cuatro empresas mixtas con Pdvsa: Petropiar, Petroindependencia, Petroindependiente y Petroboscán; las dos primeras en la Faja del Orinoco y la dos segundas en el estado Zulia. El mercado estadounidense fue el principal receptor del petróleo venezolano, con los datos que se manejan de forma pública, eso se puede asegurar hasta el año 2017 y estimar incluso hasta enero de 2019, cuando Donald Trump decreta las sanciones petroleras. Según la Opep, en enero de 2019, la industria petrolera venezolana extrajo 1.150000 barriles diarios, y EEUU importó 631.000 barriles diarios de petróleo venezolano (datos de la Energy Informatión Adminitration), el 45,13% del total. Es decir, el mes cuando Donald Trump prohibió la importación de petróleo venezolano el mercado estadounidense representó casi la mitad de las exportaciones de nuestro país.

EEUU quiere mantener y seguro ampliar su acceso privilegiado al petróleo venezolano, con un gobierno subordinado a sus intereses y política exterior, pero ni Chávez en su momento fue ni ahora Maduro es un obstáculo real para que las empresas transnacionales estadounidenses participen en la explotación del petróleo venezolano. Esto no niega que, en el 2001, con el decreto de la nueva Ley orgánica de hidrocarburos, el gobierno de Chávez aumentó la alícuota cobrada por regalías y estableció el control estatal de más del 50% de las actividades primarias de la industria petrolera, afectando parcialmente la ganancia del capital transnacional petrolero, pero manteniendo su presencia en la explotación del petróleo venezolano.

La otra afirmación es más absurda, en la Venezuela chavista nunca hubo una transición al socialismo, un gobierno de la clase trabajadora. Desde su inicio, el gobierno de Maduro ha aplicado una política económica subordinada a los intereses del capital transnacional y local. Entre 2013 y agosto de 2018, priorizó el pago de la deuda externa con la contracción unilateral del monto de las divisas destinadas a las importaciones y manteniendo un tipo cambio oficial sobrevaluado para subsidiar los negocios de los importadores privados y gubernamentales. Entre pasivos de Pdvsa y deuda del gobierno nacional pagó más de 80 mil millones de dólares, antes de caer en un default selectivo en 2018.

Esa aguda contracción de las importaciones de bienes de consumo final e insumos productivos, acompañada de un incremento de la emisión de dinero por encima de las necesidades de la circulación mercantil para monetizar el déficit fiscal, desplomó la oferta de mercancías en el mercado interno y disparó los índices inflacionarios, destruyendo la capacidad de compra de los salarios de la clase trabajadora. Esto fue agudizado desde agosto de 2018, con el intento de ajuste macroeconómico denominado programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Un paquete antiobrero y antipopular de medidas que han beneficiado al Estado y a los empresarios con la reducción de los egresos estatales y costos empresariales al reducir derechos laborales, y ha creado más oportunidades de ganancia mediante la supresión de facto y la disminución de las escalas salariales con el memorándum 2792 y las nuevas tablas salariales, la suspensión de los aumentos del salario mínimo, la bonificación salarial, la megadevaluación permanente del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios y la exoneración del ISLR a las transnacionales petroleras y de los aranceles a los importadores.

¿Por qué Donald Trump quiere derrocar al gobierno de Nicolás Maduro?

EEUU es la principal potencia del sistema-mundo capitalista, aunque en las últimas décadas su mismo rol fundamental en el proceso de expansión del proceso mundial de acumulación de capital ha afectado a su economía local y endeudado a su Estado. EEUU controla la moneda mundial, el sistema judicial donde se suscriben muchos contratos empresariales internacionales y el aparato militar más poderoso; y en la economía-mundo tiene a las empresas transnacionales con la investigación tecnológica más avanzada y el mayor volumen de capital y negocios, el sistema financiero más grande y central para la circulación de los flujos de capital y el refugio de valor, y el mercado esencial para la realización mercantil. En tanto principal potencia, EEUU cumple un rol de sucedáneo de Estado mundial pero siempre en provecho de sus propios intereses. Y, en términos geopolíticos, necesita reafirmar esa posición de manera permanente.

En ese sentido, EEUU no puede permitir que otras potencias capitalistas como Rusia y en menor medida China decidan y administren la posible solución a la aguda crisis política y económica del Estado burgués y capitalismo venezolano. EEUU debe lograr que el Estado venezolano recupere su estabilidad institucional y que la formación socioeconómica venezolana vuelva a cumplir con sus roles en el proceso mundial de acumulación: exportar grandes cantidades de barriles de petróleo para suministrar energía barata y exportar capitales a los centros económicos del sistema-mundo. De forma imbricada, EEUU necesita imponer un gobierno subordinado a los lineamientos unilaterales de su política exterior y a los intereses de su capital transnacional, dirigido por la actual oposición de derecha. Así, reafirma su condición de principal potencia del sistema-mundo y alcanza oportunidades de negocio para sus empresas transnacionales en medio de la actual crisis de sobreacumulación del capitalismo mundial. Con esos mismos objetivos, desde hace años, EEUU quiere derrotar al bloque gubernamental chavista que con Chávez y Maduro ha mantenido una política exterior independiente e insertado en la economía venezolana capitales transnacionales provenientes de Oriente, como los rusos y chinos.