Una de las organizaciones que supuestamente defiende a la “libertad de expresión” en Venezuela, el Instituto de Prensa y Sociedad (“IPYS”), es nada más que un vocero del gobierno de Estados Unidos, financiado por el National Endowment for Democracy y otras entidades conectadas con el Departamento de Estado de Washington. En el día internacional del periodista, el 27 de junio del 2007, el director del Consejo Asesor de IPYS en Venezuela, Ewald Scharfenberg, dió una rueda de prensa donde acusaba al gobierno venezolano de violar los principios fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Presentando las mismas “pruebas” de siempre, como la no renovación de la concesión a la empresa 1BC (RCTV), o la aplicación de la Ley de Responsibilidad Social en Radio y Televisión, Sharfenberg intentó con seriedad reforzar esta matríz de opinión. Cualquier jurista o experto en temas de libertad de expresión se da cuenta de la superficialidad de estos argumentos, más que todo porque no estan basados en los principios de la libertad ni la ética de la profesión del periodismo. Más bien, lo que se critica del gobierno venezolano es el hecho de que ahora se hace el intento de imponer la ley cuando ésta se ha sido violada, y ya no permiten que los dueños de los medios de comunicación también sean los dueños del poder político.
¿Pero quién realmente es el Instituto de Prensa y Sociedad? ¿Qué intereses representa? Según documentos de la National Endowment for Democracy (“NED”), desclasificados durante los años 2004 al 2006 y reforzados por información públicamente disponible en las páginas web de IPYS y la NED, ésta organización fue establecida en el año 1993 como “organización no-gubermental” para “defender la libertad de expresión y promover al periodismo responsable”. IPYS es miembro de la agrupación, Intercambio Internacional de Libre Expresión (IFEX) y es parte de la red de Reporteros sin Fronteras (RSF), organización francesa financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos através de la NED, el Instituto Republicano Internacional y el Comité para una Cuba Libre. IPYS fue formada por periodistas, editores y dueños de medios de comunicación en el Perú y esta gobernado por un Consejo Ejecutivo y un Comité Asesor. Sus programas son dirigidos por Ricardo Uceda y Jenny Cabrera desde Perú. IPYS recibe su financiamiento de la NED, la Fundación Ford, la Fundación Open Society (de George Soros, que también fue financista de la ‘revolución naranja’ en Ucrania), Konrad Adenauer Foundation (que también financia a Súmate y otros grupos de la oposición), entre otras fuentes.
No fue sino hasta el golpe de abril 2002 que IPYS comenzó a actuar en Venezuela. Primero, estableció una corresponsalía en mayo de 2002, con un presupuesto de 25 mil dólares, empleando al periodista Andrés Cañizales como “Coordinador” del programa en Venezuela. Para abril 2003, abrieron su oficina y oficialmente formaron a IPYS Venezuela, coordinado por Andrés Cañizales y financiado directamente por la NED y por la Konrad Adenauer Foundation, y también alimentado con los fondos del IPYS Perú. Ese año recibieron un financiamiento de $44.500.00 de la NED para ejecutar una seria de talleres y conferencias sobre la libertad de expresión en Venezuela y emplearon cinco corresponsales por el país en los estados Zulia (Rogelio Suarez), Anzoátegui (Luisana Mata), Lara (Glexsy Dugarte), Bolívar (Evelyn Guzman) y Mérida (Adelfo Solarte), con un salario de cien dólares mensuales cada uno. El coordinador del IPYS Venezuela, Andrés Cañizales, recibía un salario de $825.00 mensuales directamente de la NED, y su asistente, Livia Yumare, recibía $200.00 mensuales.
Pero ya para el año siguente, la tarifa subió a $72.000.00 en financiamento de la NED, que también pagaba su oficina en el Hotel Caracas Hilton, Torre Sur, Piso 3, Oficina 301, (aproximadamente $350/mes), su estacionamento, y por supuesto todos sus viajes y viáticos durante sus diferentes giras por el país y a los Estados Unidos. El salario de Andrés Cañizales subió a $11.000.00/año, un promedio de $917/mes, y también subió el salario de su asistente a $250/mes. Sin embargo, su apetito capitalista no lo dejó subir los salarios de sus corresponsales; estos se quedaron con sus $100 mensuales, aunque aumentó la corresponsalía a ocho estados. Para el 2005, la cifra subió a $74.950.00 a IPYS Venezuela y $105.770.00 más de la NED para los programas de IPYS en la región andina, que incluye a Venezuela. Más aún, su contrato actual con la NED que tiene vigencia de octubre 1, 2006 hasta septiembre 30, 2007, es de $120.000.00.
Evidente, su trabajo ha sido aceptable a los señores de la NED, ya que siguen aumentando su salario cada año. IPYS, tanto como Reporteros sin Fronteras, utiliza al dinero que recibe de la NED, entidad creada por el gobierno de Ronald Reagan en el año 1983 para lograr penetrar las sociedades civiles en países de interés estratégico de Washington, tanto como hacía la CIA, pero con una fachada más legítima, para pagar los salarios de sus corresponsales en los países donde operan. Eso quiere decir en otras palabras que estos “periodistas” son claramente e innegablemente financiados por el gobierno de Estados Unidos, algo que compromete y cuestiona entonces la objetividad de su trabajo, tanto como de sus informes y denuncias.
En el Consejo Asesor de IPYS Venezuela, se encuentra figuras de los medios privados venezolanos, como Sergio Dahbar del periódico El Nacional, Ewald Scharfenberg, corresponsal de Reporteros sin Fronteros en Venezuela (organización financiada por el Departamento de Estado), Roberto Giusti del periódico El Universal, y Carlos Correa de la ONG Provea.
Importante es reconocer que cualquier organización que recibe financiamiento y asesoría del gobierno de Estados Unidos, se compromete a promover la agenda de Washington en los países donde opera. Cuando se trata de un caso como el venezolano, país que actualmente es víctima de una agresión muy fuerte de Washington, y que especificamente utiliza a las organizaciones no-gubermentales y partidos políticos para ejecutar su agenda sucia, esta relación financiera se convierte en un peligro para la soberanía y la seguridad de la nación.
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