Los Estados Unidos transitan por un momento crucial de su historia en el cual se debaten las fuerzas políticas que han dado vida al sistema monopolista de Estado debido a una crisis estructural expresada en las contusiones financieras, económicas y tecnológicas aparecidas en los tres últimos años, y que contrastan con lo que vienen avanzando en estas mismas áreas países como China, Rusia, India o Brasil dispuestos a no dejar arrebatarse bajo ningún concepto lo alcanzado.

Expresión jurídica de las contradicciones del sistema

Al eliminar las restricciones financieras a las empresas estadounidenses, impuestas desde hace veinte años, para apoyar o adversar a congresistas en las campañas electorales, y verter presupuestos éticos y jurídicos contradictorios con la Constitución y algunas leyes del país, la Corte Suprema de Justicia de EEUU podría estar provocando indirectamente que el sistema político estadounidense comience a sufrir sacudidas estructurales y morales que podrían tender hacia la desestabilización del país.

Sin dudas, estas contradicciones al interior del sistema político, expresadas en la decisión de la Corte Suprema, son claras formas de mostrarse la crisis sistémica por la que atraviesa el capitalismo y su principal defensor, el imperialismo estadounidense.

Tal posibilidad se deduce de varias declaraciones de funcionarios allegados al propio presidente Barack Obama y del comunicado crítico emitido desde la Casa Blanca mediante el cual se reconoce que la decisión de la Corte producirá "más poder a los grupos de intereses especiales y sus lobbystas, en detrimento de ciudadanos comunes y pequeños contribuyentes".

El panel de jueces federales, en el que las ideas de la jurista de origen latino, Sonia Sotomayor, no son compartidas por la mayoría, presentó este jueves a la prensa un veredicto de 5-4 que consolida a los grandes consorcios empresariales en la cima de las fuentes de financiamiento de los congresistas, pues las restricciones que existían -según ahora la Corte Suprema- constituyen "una violación a la libertad de expresión de las empresas", situando con ello la “libertad” de estas personalidades jurídicas por encima de los derechos civiles y humanos de los ciudadanos y de otras instituciones, incluso públicas.

No obstante, la decisión dejó intacta la prohibición de que las empresas y sindicatos hagan aportes directos a los candidatos, lo cual introduce otros nexos que continuarán enmascarando la compleja relación entre capital financiero y control político.

Semejantes argumentos esgrimido por al Corte Suprema podrían llegar a erosionar fuertemente la llamada “ideología revolucionaria” dentro del hemisferio norteamericano, y desde ahora en adelante, en EEUU podría pasar a predominar, jurídica y definitivamente, un pensamiento más conservador que el propio pensamiento conservador de los canadienses, criticado por los intelectuales estadounidenses defensores del llamado “american way of life” y quienes se han autodenominado “revolucionarios” de Norteamérica.

De ahora en adelante, las grandes firmas, industriales o comerciales, e incluso financieras, de bajo o alto riesgo, corruptas u honestas, podrán influir a su antojo en las decisiones legislativas que afectan a toda la sociedad, y lo que hasta ahora fue motivo de especulación teórica, comenzará a ser clara evidencia de que las élites económicas son las que controlan o sirven de vínculo a otros poderes, para poner o quitar a congresistas, y con ellos para hacer o aprobar leyes o derogarlas.

Según analistas, este hecho tendrá un impacto político importante en un año donde se realizarán votaciones para sustituir o ratificar a congresistas y para aprobar leyes y otros instrumentos jurídicos favorables a las aspiraciones del Presidente Barack Obama.

Según declaró el presidente de EEUU el pasado 20 de enero, el pueblo estadounidense está involucrado profundamente en un estruendoso tsunami financiero y dos guerras persistentes, mientras que el país enfrenta graves amenazas y desafíos a su seguridad, por lo que su administración está comprometida con el pueblo estadounidense en eliminar las actuales dificultades de EEUU y formar una estructura de cooperación colectiva global para lograr los objetivos, así como el ímpetu externo necesario para poder restablecer la economía de EE.UU.

Ante tales aspiraciones, la decisión de la Corte Suprema puede ser más un terremoto que una sacudida para el sistema político en el cual se debe apoyar Obama. A un año de gobierno de Obama, crece la cifra de estadounidenses que, a la espera del “cambio” prometido por el presidente, han visto cómo las dificultades siguen siendo parte inseparable de sus vidas, estimó esta semana el Diario del Pueblo de China. Ahora, los más altos magistrados John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas, Samuel Alito y Anthony Kennedy fueron los que asumieron esa responsabilidad histórica ante el pueblo estadounidense y aprobaron el documento que contiene 57 páginas.

Para Bob Edgar, líder de la consultoría civil Common Cause, la decisión de la Corte es “super pésima” pues favorece a Wall Street, mientras que expertos del diario The Wall Street resaltaron lo negativo que resultará para Obama, según reseñó Prensa Latina.

Los ciudadanos comunes y pequeños contribuyentes, así como gobernadores y alcaldes de territorios pequeños, estarán obligados a plegarse más a los poderosos grupos empresariales para poder competir políticamente, lo cual conllevará a un proceso mayor de centralización y concentración del capital y de la producción, donde la competencia feroz generará mayor cantidad de fraudes, corrupción y diversos delitos que sin dudas harán estremecer más al sistema imperante.

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