Tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) adoptada el 2 de septiembre pasado sobre la incautación ilegal del avión Dassault Falcon 900EX número T7-ESPRT, el Observatorio Venezolano Antibloqueo registró el hecho como la medida coercitiva unilateral número 931 impuesta a la República Bolivariana de Venezuela desde diciembre de 2014.
A través de un contundente informe, el organismo destaca que la incautación del activo privado se adoptó en un contexto opaco, de judicialización y politización del caso.
Asimismo, reseña que "esta vez el Gobierno de Estados Unidos judicializó el caso, involucró a funcionarios del Departamento de Justicia, quienes ordenaron la incautación y el envío de la aeronave a su territorio".
De igual forma, el documento resalta el papel de las agencias internacionales presentaron el caso ante la opinión pública como la captura "del avión de Nicolás Maduro". Esto, según el informe, representa una obvia operación de desinformación para desviar el foco del hecho principal. La expropiación de una aeronave privada y la amenaza sobre el sector aeronáutico en la región.
El Observatorio además puntualizó, que el mensaje político es claro: "se busca nuevamente atemorizar al sector aeronáutico para que evite mantener relaciones comerciales con Venezuela. Aún si estas no involucran directamente al Presidente o a funcionarios de su Gobierno".
Este efecto, es lo que la relatora de la ONU sobre MCU, Alena Douhan, ha calificado como sobrecumplimiento o "exceso en el cumplimiento de una sanción". Al afectar operaciones y activos privados se busca generar temor por "exposición al riesgo" para bloquear indirectamente operaciones comerciales normales con Venezuela, destaca el documento.
Sobre el hecho
Pese a que el Departamento de Justicia de EEUU alegó que la medida obedece a una Orden Ejecutiva (emitida por Donald Trump, en 2019), el Gobierno de Biden, aún no ha identificado a las personas naturales o jurídicas estadounidenses sancionadas. Esto es tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Cabe recordar, que el Gobierno de República Dominicana, reconoció que su país colaboró para la operación ejecutada por EEUU. El presidente de dicha nación, Luis Abinader, afirmó que la aeronave "no estaba registrada a nombre del gobierno venezolano, sino a nombre de un particular".