A principios de siglo me encontraba cada tanto con un camarada, que después del saludo, siempre preguntaba ¿Cómo está el movimiento?. Era su natural manera interrogar sobre la situación del movimiento obrero, del cual veníamos participando de diferentes maneras. Hace unos meses otro camarada también formuló la necesidad de plantearse en esencia la misma interrogante, solo que tuvimos la oportunidad de debatir parte de la respuesta. Aunado a lo anterior, podemos constatar que en la coyuntura socio-económica actual las consecuencias más terribles las experimentan las familias trabajadoras venezolanas, y en ella existen algunas respuestas de forma organizada. Entender cómo se configuran las respuestas colectivas que hoy damos como clase trabajadora a la situación que experimentamos justifica que hoy nos volvamos a preguntar ¿Cuál es el estado del movimiento hoy?, dicho de otro modo ¿Cuáles son los rasgos o características que prevalecen en las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela?. Lo que leerá a continuación es un aporte para el debate en la construcción de una respuesta compartida, lo que debería permitir identificar claramente orientaciones, estrategias y tareas desde nuestros intereses como clase trabajadora.

Asumimos la idea de movimiento organizado de los trabajadores y las trabajadoras de manera amplia, así que proponemos superar la visión clásica que lo reduce al abordaje exclusivamente a las organizaciones sindicales (Iranzo, 25 años en la sociología del trabajo en Venezuela, 2016) y que algunos estudiosos sobre el tema (López, 2012) han desafiado este enfoque al incorporar otros mecanismos de participación como la defensa de la salud y la vida en el trabajo y la gestión directa de las empresas por parte de los asalariados y asalariadas y el cooperativismo. En esta oportunidad con el objeto de enriquecer el análisis incorporamos a las cajas de ahorros. Los rasgos o características que se proponen abordar son las formas de participación, las capacidades de negociar con los patronos públicos y privados, las relaciones con el Estado, entre otros.

¿Cuántos somos y donde estamos los que trabajamos en Venezuela?

Como se ha afirmado otras oportunidades en materia de estadística en nuestro país experimentamos un apagon (Rondón, Estadisticas en Venezuela: la caja oscura, 2017), en consecuencia, tener un panorama actualizado de la demografía venezolana no es posible en este momento. Desde 2016 en Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Venezuela no generan información oficial y publica en relación al tema que nos ocupa [3].Es posible que, en función del desempeño de algunos indicadores en los aspectos económicos y sociales en los últimos años se estén produciendo cambios, sin embargo, sin información oficial o con base científica, una discusión sobre este aspecto es especulativa y estéril.

Sobre la base de la información disponible en el INE a la fecha, podemos tener una aproximación a los principales indicadores relacionados con la fuerza de trabajo, en este sentido encontramos que para el primer trimestre de 2016 la población total en Venezuela se estimó en 30.731.774 habitantes[4], de los cuales 14.124.319 formaron parte de la Población Económicamente Activa (PEA). La población desocupada fue en ese momento de aproximadamente 7,3%.

La población formal a principios de 2016 se ubicó en 7.899.160 personas, en contraparte tenemos el sector informal, que represento el 39,7 % de la PEA. El porcentaje de mujeres trabajadoras en el sector informal es de 35 %, estando el resto en sector formal. En cuanto a hombres observamos que 57,5 se ocupa en el sector formal, y los demás en el sector informal. En sintesis, para ese momento había una mayor prevalencia de trabajadores y trabajadoras en el sector formal de la economía y en él predominó la ocupación de las mujeres, en contraparte con el sector informal donde laboran más hombres.

De los trabajadores y trabajadoras ocupados en el sector formal el 20,9 % lo hace en el sector público, lo que es el equivalente a 2.741.032 personas, la diferencia se encuentra en el sector privado, de los cuales 4.912.001 son clasificados como obreros y empleados.

Para complementar este panorama breve sobre la clase trabajadora en Venezuela, se incorporan dos aspectos abordados en la sección de Empleo de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2017 (Marotta), que elaboran anualmente tres universidades nacionales en Venezuela[5]. De acuerdo al autor de esta sección de la denominada Encovi el 91 % de la PEA esta ubicado en el sector terciario (Comercio y Servicios) de la economía, ratificando un comportamiento histórico. De igual manera afirma el estudio que solo el 7,6 % de los encuestados declara tener una afiliación sindical, observándose un decrecimiento en relación al año anterior donde este porcentaje se ubico en 9.4 %.

Las organizaciones sindicales.

Entender el movimiento sindical en la Venezuela contemporánea implica necesariamente referirnos brevemente a su historia, en la cual la Confederación de Trabajadores del Venezuela (CTV) tiene un rol estelar hasta 1998. La CTV estuvo subordinada en la negociación con los partidos políticos (Acción Democrática y Copei), siendo evidencia de ello la suscripción por parte de esta, del Pacto de avenimiento obrero-patronal (1958) vigente por más de cuatro décadas y cuyo objetivo fue "regularizar las formas de solución a los conflictos laborales y desestimular la lucha de clases" (López, 2012:122). Con posterioridad se constituyeron también la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (1963), de orientación de comunista; la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (1964), de orientación socialcristiana; y la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (1971). Estas últimas centrales en general tuvieron actuaciones marginales y fueron ignoradas sistemáticamente por los gobiernos de turno. La irrupción de Hugo Chávez en la dinámica política, entre otras cosas implicó una sistemática critica a la CTV y falta de reconocimiento en los años siguientes (Ellner, 2003: 163)[6].

En el marco del proceso constituyente de 1999, diversos sindicatos conformaron el Frente Constituyente de Trabajadores (FCT), cuya dirigencia tuvo cierta influencia en la política gubernamental de ese momento y jugo un papel importante en la redacción del texto constitucional, en relación a los derechos laborales. Desde los inicios de la revolución bolivariana "los trabajadores abandonaron masivamente los sindicatos afiliados a la CTV, y procedieron a conformar nuevos sindicatos bolivarianos, identificados con la revolución encabezada por Chávez" (López, 2012:143). Luego las centrales que surgieron al calor de esta revolución buscaron fortalecerse "por la vía de constituir y registrar numerosos sindicatos que ahora se denominaban "bolivarianos" (López, 2012:150). En la perspectiva de Iranzo (2018:110) esta estrategia se denomina paralelismo sindical. Según el ministerio con competencia en las relaciones laborales en Venezuela (Ministerio para el Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, 2018), en el periodo 1996-1999 se registraron 4.198 sindicatos, mientras que el periodo 2.000-2.016 se legalizaron 6.333 organizaciones de trabajadores y trabajadoras.

Después de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se inició un proceso inédito de elecciones en la CTV, donde las organizaciones sindicales vinculadas al proceso revolucionario organizadas en la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT) intentaron sin éxito lograr posiciones en la directiva de la central. La CTV despilfarro la escasa legitimidad en lo sucesivo y su dirigencia la inmoló organizativamente en el 2002 al aliarse con la patronal organizada en la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) en la promoción de la huelga de empresarios, cuya duración fue de poco más de tres meses y tuvo como objeto forzar la renuncia de Hugo Chávez a la jefatura del gobierno.

En el año 2003 se conforma la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), con cierto reconocimiento gubernamental, en tanto le era útil para contar con un interlocutor alternativo a la CTV, pero en la realidad las demandas de la nueva central eran sistemáticamente diferidas por los actores políticos, que en otros escenarios son patronos. A lo interno de la Unete prevaleció desde su fundación una tensión que terminó con la salida en 2006 de un sector minoritario, pero con pleno reconocimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y en consecuencia del gobierno; representado por la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores (Fsbt). La base de la tensión es como se concibe la relación entre el movimiento sindical con el partido-gobierno, en la cual se establecieron dos posiciones: los que promovieron la autonomía (fundamentalmente la Corriente clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma -Ccura-) y los que promovían la subordinación (Fbt).

Afirma López sobre esta coyuntura lo siguiente: "La disposición de los trabajadores de romper con la tradicional hegemonía cetevista no ha sido recompensada con la constitución de un polo alternativo que sirva como referencia organizada para la participación laboral en pro del fortalecimiento y avance de la revolución bolivariana." (2012:152)

La larga confrontación desarrollada desde los inicios de proceso bolivariano entre los liderazgos sindicales, por lograr una hegemonía en las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, se comienza a resolver con la constitución de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst) en 2008 y se cristaliza con su relanzamiento en 2011, durante el Primer Encuentro de Trabajadores del Campo, la Ciudad y el Mar, y en el cual Hugo Chávez designa la dirigencia. Para este momento la diáspora de sindicatos que había comenzado en la Unete se acrecentó y terminó por debilitarla significativamente.

A la fecha la mayor parte de las organizaciones sindicales esta fundamentalmente afiliadas a la Cbst. De manera minoritaria existen expresiones como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Obrera (promovido por la Corriente Cruz Villegas, de Partido Comunista de Venezuela), conformado en 2015; y algunos sectores de lo que fue la Unete, quienes desde el punto de vista político son afines al proceso revolucionario. En contraparte y aún más minoritarios encontramos a la CTV (ahora Alianza Sindical Independiente), el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), quienes se asumen en oposición al gobierno bolivariano (Fadess, 2011).

En la dirigencia de la Cbst se encuentran fundamentalmente los líderes de los sindicatos del sector público, que en el proceso de migración desde la CTV, asumieron afiliarse al proceso revolucionario en Venezuela. Esta dirigencia se está constituyendo en una nueva casta burocrática que negocia bajo el enfoque que ya conocen la subordinación a la sociedad política. En los últimos años parte de la dirigencia de la central ha desfilado como ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, entre ellos podemos nombrar Francisco Torrealba, Oswaldo Vera y a Néstor Ovalles. En la práctica no se observa que la dirigencia actúe como interlocutores de los intereses y problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras de la base sindicalizada.

En el marco de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que se desarrolló en 2017, se contempló la participación sectorial y en el caso de los trabajadores y trabajadoras se eligieron 79 constituyentes de 545 en total. La totalidad de los electos o electas forman parte de la Cbst y de ellos la mayoría son afiliados a la FBT.

En el contexto actual y particularmente en marco del Programa de Recuperación Económica, se observa que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores se constituye en un actor con una posición de minusvalía, puesto que en la definición de esta estrategia para superar la crisis actual la preeminencia ha sido de los interlocutores que representan a los actores económicos que promueven el capital privado internacional y en menor medida nacionales. Así pues, estimo que la política económica se acuerda con los empresarios y a los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras se les informa de lo que se espera de ellos en la estrategia definida. Y en este marco se ubican discursivamente sus voceros, de ello destaco la declaración del ahora ministro del proceso social de trabajo (Piñate, 2018) quien reitera que "La clase obrera da un paso al frente", pero cuando se examinan sus declaraciones se constata que se le asigna el rol de "peón".

La dirigencia de los sindicatos que representan a los afiliados y afiliadas que laboran en la administración pública y que forman parte de la Cbst, se han caracterizado por una posición de sumisión. Esta posición se justifica en el hecho de que en un escenario de confrontación serán satanizados y estigmatizados como contra-revolucionarios por la sociedad política. La consecuencia de esta posición ha sido la convalidación por la vía de los hechos a la precarización de las condiciones de trabajo (entre las cuales la más afectada es el salario). Para ilustrar lo indicado podemos referirnos a la posición que se ha asumido en relación al incumplimiento por parte de patrono público de sus obligaciones previstas en las Convenciones Colectivas vigentes en la actualidad, esta ha sido extremadamente tímida, solo algunos sindicatos se han atrevido a manifestar sus exigencias al respecto.

En el sector privado los sindicatos se han ido distanciando organizativamente de la Cbst y la relación que podemos observar es circunstancial e instrumental, pues la base de los trabajadores y las trabajadoras que representa asume la creencia de la responsabilidad del gobierno en la situación económica que vivimos. Estas organizaciones habían logrado un avance con el respaldo del gobierno para lograr la suscripción de contrataciones colectivas con los patronos, lo cual podemos observar en el Gráfico Nº 1. Debido a la situación económica (donde la hiperinflación es uno de los aspectos que ha diluido la capacidad adquisitiva del salario) que experimentamos esos logros se han devaluado significativamente, y sus demandas de ajustes de las clausulas erosionadas han sido ignoradas por la patronal privada.

La estrategia de las direcciones de las empresas privadas ha sido la bonificación del salario, es decir otorgar beneficios sin incidencia salarial, mediante bonos en bolívares o en dólares, así como especies (alimentos). En consecuencia, las banderas de reivindicación les fueron arrebatadas a la dirigencia sindical, en tanto las direcciones de las empresas no negocian con las representaciones sindicales, sino que otorgan de manera unilateral beneficios como los descritos. Badiola (2017) expone desde su experiencia como directivo de Cargill, una descripción de la relación que prevalece en el sector con los sindicatos: "Estas instancias de representación obrera han cesado su tradicional beligerancia con los patronos. Ya no se centran en la promoción de huelgas y protestas en procura de reivindicaciones socioeconómicas "faraónicas", sino que privilegian el mantenimiento de los puestos de trabajo. Existe, en este sentido, una conciencia acerca del potencial letal que para la continuidad de las operaciones tiene una contratación colectiva lesiva a la empresa. Esto constituye un gran avance."

En los actuales momentos encontramos una serie de manifestaciones espontaneas fundamentalmente de trabajadores y trabajadoras de la administración pública en las cuales demandan que el patrono honre los compromisos asumidos en las Convenciones Colectivas (Aporrea, 2018). Las manifestaciones son promovidas por liderazgos sindicales que no declaran vincularse con las centrales nombradas y privilegian las exigencias de la mejora de las condiciones salariales (Aporrea, 2018). Los sectores como salud -enfermeras- y educación universitaria -profesores- son las más resaltantes, con menores expresiones sectores como energía -eléctrica y petróleo-, transporte y minas., Las demandas de los manifestantes espontáneos o promovidas por liderazgos sindicales se ubican en la dimensión económica fundamentalmente.

En el gobierno bolivariano conscientes de la importancia de generar unas válvulas de escape para liberar la tensión en algunos sectores, y con la anuencia de la Cbst han anunciado tablas salariales para los trabajadores y trabajadoras petroleros, de la industria del hierro (al sur del país) y los cementeros, entre otros. Los tabuladores acordados no son del conocimiento público y según los que laboran en esos sectores no satisfacen sus expectativas.

Una característica de la conflictividad laboral en este momento esta relacionada con su cobertura mediática, puesto que históricamente el tema laboral ha estado ausente de la agenda de los medios de comunicación privados. Hoy esta muy presente y se hace énfasis en las protestas de los trabajadores y trabajadora del sector público y sobre todo de aquellos que sostienen un discurso que responsabiliza al gobierno actual de las causas se sus condiciones. En los medios públicos estas expresiones están invisibilizadas.

A la fecha no se observan niveles significativamente importantes de coordinación entre liderazgos sindicales que promueven estas protestas, que aun siendo afecto al proceso bolivariano, sean alternativos a la Cbst, y menos en los que no lo son o se asumen críticos al proceso, aunque eso no significa que se vienen desarrollando convocatorias regularmente.

A pesar de lo anterior no podemos ignorar en este análisis la conformación recientemente de una instancia de articulación denominada la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, quienes en su declaración fundacional (08/11/2018) expresan: "Rechazamos el paquete económico de Maduro porque es lesivo para la clase trabajadora En estos momentos, cuando la negativa gubernamental a respetar nuestros derechos constitucionales obliga a la profundización y generalización del conflicto laboral en Venezuela, hacemos un llamado a todos los trabajadores del país a profundizar y unir nuestras luchas hasta alcanzar la restitución plena de nuestros derechos humanos, políticos y sociales" (Aporrea.tvi, (VIDEO) Aprobada por aclamación y a mano alzada la proclama de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, 2018).

Por otro lado, conviene citar las declaraciones del Coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, Pedro Eusse, quien en el ultimo encuentro de esta instancia denuncio "que el Gobierno ha dictaminado una política salarial regresiva, que estamos enfrentando y que debemos derrotar porque golpea los beneficios económicos conquistados por las y los trabajadores a través de sus convenciones colectivas, tanto en el sector público como en el privado" e hizo un llamado «a que nos levantemos en lucha unitaria contra esas decisiones, que forman parte de una concepción que ha adoptado el Gobierno para pretender salir de la crisis por una vía procapitalista, por el sendero del reformismo regresivo que va dirigido a fortalecer el papel del capital, a reducir el papel del Estado y a restarle fuerza al movimiento de las y los trabajadores" (Tribuna Popular, 2018: 5).

Finalmente examinamos brevemente otro espacio emergente promovido por la Unidad Popular Revolucionaria Antiimperialista (UPRA), bajo el lema: "Ante la Agresión Imperialista, la clase obrera lucha, avanza y se organiza". Participan sindicatos de empresas privadas y publicas vinculados al movimiento Gayones, que tiene su fuerte en el Estado Lara. En su declaración destacan que la situación de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela son producto de una agresión a la revolución bolivariana y proponen una serie de medidas que debe implementar el gobierno de Nicolas Maduro (Se desarrolla con éxito 1er Encuentro Nacional de la Clase Obrera organizado por la UPRA, 2018).

Sectores sindicales no afectos y afectos al gobierno denuncian un proceso de criminalización de la protesta (Aporrea.tvi, (VIDEO) Libertad plena para Rodney Álvarez claman trabajadores frente al Palacio de Justicia, 2018) y del ejercicio del derecho a la sindicalización. Desde el gobierno bolivariano hay un desconocimiento de tales afirmaciones, y desde el Ministerio Público no hay posición oficial. Organizaciones de Derechos Humanos como Provea sistematizan y reportan casos que según ellos evidencian esa realidad, los cuales se pueden encontrar en el capítulo denominado Laborales, que se encuentra en sus informes anuales (Provea, 2018).

La organización y participación de los trabajadores y trabajadoras en la defensa de la vida y la salud en el trabajo.

En la década de los setenta comenzó la movilización organizada de los trabajadores y trabajadoras por la defensa de la salud y la vida en el trabajo. La movilización congrego a los que laboraban y a profesionales en materia de salud y se logró construir una propuesta de ley en materia de salud y seguridad laboral entre 1977 y 1979. Debido a la unidad de clase del momento se alcanzó articular con algunos diputados como Emigdio Cañizales (PCV) y José R. Felice (URD), a pesar de pertenecer a proyectos políticos diferentes; presentaron la propuesta en el entonces Congreso Nacional. En 1982 ocurre la denominada tragedia de Tacoa (Rivas, 2015), que ratifica comunicacionalmente la necesidad de una legislación en el tema. Finalmente, en 1986, luego de un largo y muy amenazado proceso de discusión legislativa se aprueba la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Para la emisión de la nobel norma fue determinante la suma a la iniciativa de diputados relacionados con la base sindical, aunque como se afirmó anteriormente pertenecían a proyectos políticos distintos; como Acción Democrática (Beltrán Vallejo) y el Movimiento al Socialista (MAS).

En el marco del proceso constituyente (1999) se logró incorporar en nuestra carta magna un precepto constitucional en que aborda la responsabilidad del patrono o patrona en relación a las condiciones seguras y saludables (Articulo 87, Crbv). La aprobación de la ley o la nueva constitución no significo un avance en términos institucionales de manera inmediata. Lo que se convirtió en el próximo desafío de las movilizaciones. En los albores de la revolución bolivariana (2002) las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores (Conasat) logran incidir en la política gubernamental y lograr la activación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), como órgano gestor en el ámbito de la salud de los trabajadores en el país. Gracias a la fortaleza organizativa también se promovió y alcanzo la reforma Lopcymat en 2005, donde la instauro una visión sistémica e integral para abordar la responsabilidad del patrono o patrona y donde participación de los trabajadores y trabajadoras es clave, bien sea directamente o delegada.

Los delegados y delegadas de prevención son electos por los trabajadores y trabajadoras (excepto los que ocupan cargos de dirección o tengan un vínculo de afinidad o consanguinidad con los patronos o sus representantes) en sus entidades de trabajo mediante elecciones democráticas, directas y secretas. En tanto cargos de elección popular poseen atribuciones y facultades, de las cuales conviene resaltar tres: conformar conjuntamente con los representantes del patrono o patrona los Comités de Salud y Seguridad Laboral, donde se define la política de salud laboral y se aprueban y evalúan los planes de acción para abordar los procesos peligrosos; coordinar con la organizaciones sindicales las acciones para la eliminación de la condiciones inseguras e insalubres y exigir al empleador o empleadora las mejoras en materia de salud ocupacional así como la participación conjuntamente con los trabajadores y las trabajadoras en la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A la fecha el Inpsasel, como ente encargado del registro de los trabajadores y trabajadoras electos como delegados o delegadas de prevención solo dispone de cierta información pública (Inpsasel, s.f.). En función de dichos datos, podemos observar que en el periodo 2008-2015 se han registrado en promedio 34.062 personas por año como delegados o delegadas de prevención. Resulta llamativo que la proporción de hombres en relación con las mujeres electas como delegadas de prevención es mayor (tomando en cuenta las mujeres están más ocupadas en el sector formal de la economía), aunque podemos constatar un cierre lento de la brecha hacia el 2015. En el siguiente cuadro se detalla las cifras por año y por sexo.

Cuadro Nº 1. Número de delegados y delegadas de prevención electos en el periodo 2008-2015

Fuente: Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales

Los delegados o delegadas de prevención en términos generales son bien valorados por el colectivo de trabajadores y trabajadoras en las entidades de trabajo. Incluso en algunas se puede constatar un escenario de competencia o de conflicto, más que de complementariedad o alianzas con los representantes sindicales. En tanto los delegados o delegadas de prevención no promueven o gestionan beneficios de carácter contractual, como los representantes sindicales; son menos susceptibles de establecer algún tipo de negociación con el patrón o patrona que comprometan su desempeño.

Aun así, lo que puede perjudicar esta forma de participación es la inacción de los delegados o delegadas de prevención, quienes, al no ejercer su labor de contraloría de la obligación del patrono o patrona de garantizar condiciones seguras y saludables, hacen mermar la confianza en ellos por parte de sus compañeros y compañeras y comprometen los avances que en materia de seguridad laboral se puedan desarrollar. En función de fomentar un mayor desempeño de las personas que ejercen estos cargos el Inpsasel desarrolla un Programa Nacional de Formación dirigido exclusivamente a estos representantes.

La articulación de los trabajadores y las trabajadoras en torno al tema de la salud y la vida en el trabajo se ubican en tres momentos. El primero en las organizaciones originarias, donde las expresiones regionales[7] se articularon en la Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores, que venían fortalecidas por más de tres décadas de lucha y que gozaron de una gran autonomía frente a la nueva institucionalidad (fundamentalmente el Inpsasel), hasta el punto de tener una gran influencia en la definición de la política pública en materia de salud de los trabajadores. Un segundo momento a partir de 2007, protagonizado por los Frentes de delegados y delegadas de prevención, cuya instancia nacional en el Frente Unido Nacional Socialista de Trabajadores y Trabajadoras por el Derecho a la Vida y la Salud en el Trabajo, que podemos afirmar que se constituyó en una de las primeras acciones de la burocracia de influir y subordinar las organizaciones por la defensa de la salud y la vida en el trabajo. Finalmente encontramos un tercer momento donde desde el Inpsasel igualmente se promovió la creación de los Consejos de delegados y delegadas de prevención, como una nueva táctica para controlar las organizaciones. En este último momento, se profundizó una relación clientelar en relación con estas organizaciones, es decir en el Inpsasel se tramitaban las demandas de los delegados y delegadas de prevención a cambio se apoyo nominal. Hoy día coexisten las tres formas de organización y desde hace ya un buen tiempo se inició un proceso de unificación que no se ha concretado.

En relación al aspecto organizativo de los delegados y delegadas de prevención podemos afirmar que hoy es débil, esta mediatizado por una relación clientelar con la institucionalidad y en consecuencia en gran parte subordinada a esta, por lo que su influencia en la política pública de salud y seguridad laboral que es su ámbito de competencia primario es muy limitado.

Los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras.

En el proceso de la revolución bolivariana las iniciativas de los Consejos de Fábrica se constituyen en la primeras iniciativas en la cuales los trabajadores y las trabajadoras se proponen poner en "practica en práctica la democracia directa entre los trabajadores", "superar la división social del trabajo existente entre empleados y obreros, entre sindicalizados y no sindicalizados, entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales", demostrar que es posible prescindir de los capitalistas propietarios de los medios de producción para llevar a cabo la gestión directa de las fábricas . (López, citando a la Corriente Marxista Revolucionaria,2012:151). Estas iniciativas se articularon en torno al Frente Revolucionario de Trabajadores de Empresas Recuperadas y Ocupadas en 2006.

Para el año 2011 las diversas iniciativas existentes convergen en el Encuentro Nacional por el Control Obrero, realizado en Ciudad Guayana con las siguientes consignas "Ni capitalistas ni burócratas, todo el poder para los trabajadores", y "La emancipación de la clase obrera es obra de la clase obrera misma". Hasta ahora ha sido el mayor encuentro sobre el tema en la Venezuela contemporánea, en cuanto a representatividad de las experiencias vigentes para el momento y se caracterizó por la independencia y autonomía en las deliberaciones y la toma de decisiones.

Posterior a la realización de este encuentro se desarrollaron reuniones con el objeto de hacer seguimiento a las propuestas operativas relacionadas con la organización, la formación, la movilización y la legislación. En este último aspecto la orientación central era promover una discusión en la construcción de un marco jurídico que contemplara lo relacionado a la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas, por lo cual es fundamental para ese escenario la aprobación de una Ley de Consejos de Trabajadores. Paulatinamente los niveles de articulación se fueron debilitando hasta desaparecer completamente hacía 2016. Vale resaltar que en estas deliberaciones el Partido Comunista de Venezuela, sometió a consideración de las iniciativas involucradas una propuesta de Ley de Consejos de Trabajadores.

La tensión principal de quienes han promovido la gestión de las empresas por parte de los trabajadores y trabajadoras organizadas ha sido en relación con la burocracia gubernamental y la dirigencia sindical burocrática. Siempre ha existido la intención desde la dirigencia política de subordinar cualquier iniciativa en esta materia.

La oportunidad de actuar de la alianza burocracia gubernamental y el sindicalismo burocrático llegó en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se presentó y se aprobó sin mayor deliberación una iniciativa legislativa que se concreto en la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores. Esta oportunidad tuvo su cimiento en el fracaso de múltiples experiencias (en la mayoría de cuales la causa está relacionada con los ataques de la burocracia gubernamental contra la autonomía) y en los pocos niveles de articulación de las experiencias que existen. En 2016 en el marco del estado de excepción y emergencia económica, se había publicado un decreto (con un ámbito de acción reducido) en mi opinión escueto sobre los Consejo Productivos de Trabajadores.

La ley de los Consejos Productivos de Trabajadores tiene por objeto: "regular la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, para la participación protagónica de la clase obrera y demás expresiones del Poder Popular en la gestión de la actividad productiva y distribución de bienes y servicios en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales, a fin de garantizar el desarrollo productivo de la Nación y su acceso oportuno para el Pueblo, en aras de fomentar una nueva conciencia y cultura de trabajo.". Es de particular interés resaltar que en el artículo Nº 6 de la citada norma, se establece que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo será el órgano rector de los Consejos Productivos de Trabajadores.

A instancias del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social se convocó el Encuentro Nacional de los Consejos Productivos, en julio de este año. Se informó que participaron aproximadamente 720 delegados y delegadas de todo el país. En este evento el ministro Eduardo Piñate afirmó que explicó que "la jornada tiene como finalidad elaborar mesas técnicas de debate con representantes de la clase obrera con el objetivo de crear un proceso productivo diversificado que no dependa de la renta petrolera" (Morales, 2018). Previamente había declarado Piñate que "se presentará un proyecto de reglamento de la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de los Trabajadores (CPT) y se desarrollará un debate sobre el modelo de gestión de las empresas de la Revolución por la clase obrera." (Yañez, 2018).

Algunos sectores son críticos de esta norma y en ese sentido afirman: "Es nuestro deber señalar que esta ley tiene un fin propagandístico, al denominar "consejos" lo que realmente es un ente observador y fiscalizador del ministerio en las empresas, el legislador busca ganar apoyos de la clase trabajadora, que desde 2012 cuando fue promulgada la LOTTT, viene luchando por una ley de consejos de trabajadores que le permita tomar bajo control obrero los medios de producción." (Perez & Escalante, 2018). En todo caso la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras tipifica a los Consejos de Trabajadores, lo que indica que la discusión y la acción no está cerrada al respecto.

Las Cajas de Ahorro de los trabajadores y trabajadoras.

Las cajas de ahorros surgieron como mecanismos de amparo de los trabajadores y trabajadoras, en una sociedad que se configuraba capitalista. Sus inicios están relacionados con las sociedades de auxilio mutuo. Hasta 2001 estaban regidas por la misma norma que regulaba la actividad cooperativa. En Venezuela se constituyen de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999) en "medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía" en el ámbito social y económico. En estas 1.322 organizaciones conformadas en nuestro país, estamos asociados y asociadas aproximadamente ocho millones de trabajadores y trabajadoras. El 57 % de las Cajas de Ahorro están ubicadas en el sector público y el resto en empresas privadas.

En concordancia con el postulado constitucional aludido, se establece la Ley Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro similares (2.010), que en su artículo Nº 3 define a las Cajas de Ahorro "como de las asociaciones civiles sin fines de lucro, creadas, promovidas y dirigidas por sus asociados, destinadas a fomentar el ahorro, quienes reciben, administran e invierten, los aportes acordados". Seguidamente se establece en el artículo Nº 4 que estas asociaciones civiles deben ser guiadas por los siguientes principios: Libre acceso y adhesión voluntaria, participación y protagonismo en lo social y económico, de carácter social, generador de beneficios colectivos, eficiente y sin fines de lucro; funcionamiento conforme al principio de control democrático, que comporta la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados y finalmente mutua cooperación, equidad y solidaridad, para fomentar y proteger el ahorro de sus asociados (Rondón, Seis desafios para las cajas de ahorro en Venezuela, 2018).

Las cajas de ahorro son y se constituyen con parte del patrimonio de la familia trabajadora, pues por vía contractual los trabajadores y trabajadoras que se asocian aportan un porcentaje mensual de su salario y el patrono en contraparte coloca el mismo o un mayor porcentaje.

En el contexto económico vigente el patrimonio de las Cajas de Ahorros en Venezuela está siendo devorado por la hiperinflación. Los ahorros de toda la vida de los trabajadores y las trabajadoras y por ende de sus familias ahora valen muy poco.

Hace poco tiempo describí la situación de las cajas de ahorro de la siguiente manera: "En este escenario de crisis económica la operación de las Cajas de Ahorro es sumamente limitada, por un lado, porque los instrumentos de inversión en el ámbito financiero presentan rendimientos ínfimos y por otro encontramos que las capacidades y las opciones de inversión son reducidas. En el ámbito financiero las cuentas de ahorros y otros instrumentos (como las ofertas en el mercado de valores) no superan el catorce por ciento en rendimientos anuales. Los préstamos que otorgan estas asociaciones a sus afiliados y afiliadas tienen una tasa de interés que no supera el doce por ciento. El Gobierno Bolivariano ofertó la participación en la compra de Petros, que aún no se ha concretado; ahora se está en trámites de hacer colocar un segmento del patrimonio en la oferta de oro, mediante certificados. Adquirir inmuebles es prácticamente imposible, dada las pautas previstas en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones similares. La fracción del patrimonio de nuestras asociaciones presupuestado para inversión en instrumentos no financieros es extremamente limitada ante la escasa ofertas de productos o servicios en el mercado formal y menos en el especulativo, dado los costos crecientes.

En contraparte los costos de personal, insumos, servicios, entre otros gastos siguen muy de cerca a los ingresos. Aun así, la mayoría de las Cajas de Ahorro siguen solventes, puesto que no reportan perdidas. Se sigue resistiendo, incluso a costa de hipotecar o liquidar parte de los bienes." (Rondón, Cajas de Ahorro en Venezuela: ¿Qué hacer?, 2018).

La participación de los trabajadores y las trabajadoras como asociados y asociadas a las cajas de ahorro es muy limitada, pues se circunscribe a participar en las asambleas anuales donde las directivas de estas organizaciones rinden cuentas y presentan los proyectos (programáticos y financieros anuales). Los espacios de intercambio son muy escasos. Así pues, los asociados y asociadas se convierten en clientes en términos reales.

Actualmente las cajas de ahorro se articulan a nivel nacional en dos organizaciones de carácter nacional, en primera instancia y con más participación la Federación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela (Fecafav) y la Asociación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela (Ancahoven). Las actividades promovidas por Fecafav y Ancahoven se han orientado fundamentalmente a desarrollar espacios para que las asociaciones construyeran algunos proyectos comunes y compartir experiencias de desempeño.

Hasta este año las cajas de ahorro de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela habían estado ausente de la política gubernamental. La Superintendencia de Cajas de Ahorro a lo largo de la historia ha cumplido un rol administrativo, más que de orientación o promoción de las cajas de ahorro. A lo largo de 2018 estas organizaciones han estado en el discurso gubernamental, y principalmente en el del máximo vocero es el presidente Nicolás Maduro. La intención más que política gubernamental en que los devaluados patrimonios de las cajas de ahorro sean invertidos en mecanismos que según declaran debería protegerlos de la hiperinflación. Así pues, invitan a invertir en certificados en oro y en la criptomoneda Petro (AVN, Autoridades nacionales se reunieron con Cajas de Ahorro, 2018). A la fecha no se disponen de datos públicos de cajas de ahorro que hayan invertido en Petros y según Reuter para mediados de octubre solo 23 entidades habían adquirido certificados en oro (Reuter, 2018). En conclusión, la política gubernamental esta orientada a profundizar un enfoque rentista, que viene prevaleciendo en las cajas de ahorro históricamente. Aun así el conjunto de cajas de ahorro no parece ver de manera atractiva la oferta gubernamental, frente a lo cual algunos de la Cbst plantean la reforma la Ley de cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones similares (AVN, Proponen aprobar una nueva Ley de Cajas de Ahorro, 2018).

El cooperativismo.

En el inicio de proceso revolucionario hubo un espacio donde se escucharon diversas propuestas para superar el modo de producción capitalista. Uno de los sectores que llegaron a tener un discurso que influyeron en el liderazgo de la revolución fue el de economía social y solidaria. Los portavoces de este discurso estaban en Venezuela, pero otros nucleados en torno a la articulación favorecida por el Foro Social Mundial que en ese momento experimentaba su clímax. Las experiencias de referencia en el ámbito de la economía social y solidaria que influyeron de gran manera en Venezuela estaban ubicadas en los estados Lara (Bastidas, 2017) y Falcón y a nivel latinoamericano en Brasil, Europa y España.

La política del gobierno bolivariano fue el impulso de las cooperativas, como mecanismo alternativo a la empresa mercantil que prevalece en la economía nacional; para ello se diseñó e implementó la Misión Vuelvan caras cuyo propósito "fue contribuir a la construcción de un nuevo modelo económico-social". Acompañado de una reforma legal del marco jurídico relacionado con el cooperativismo, se implementó un conjunto de sistemas de formación desde el Estado, en los cuales se promovió la conformación de las cooperativas, complementado con sistemas de financiamiento expreso para los proyectos que estas entidades se formularon con la asistencia técnica de los sistemas de formación. Los indicadores en cuanto a la conformación de cooperativas brindaron información de una realidad particular, de 1.004 cooperativas conformadas antes del 1999, se pasó a contar con 307.796, de la cuales al cierre de 2011 estaban inactivas 267.796. Un crecimiento y descenso súbito. A la fecha no contamos con indicadores oficiales públicos sobre este aspecto.

Bastidas y otros (2011:33) consideran que el fracaso de la promoción del gobierno en el ámbito cooperativo fue: 1.- La ausencia absoluta de claras definiciones de la Economía Social y el Cooperativismo por el primer mandatario. 2.- El desconocimiento extremo de la dimensión económico - empresarial de las cooperativas por los facilitadores de la formación. 3.- El financiamiento de cooperativas sin formación previa en formulación de proyectos y planes.4.- La manipulación con fines políticos de la constitución de cooperativas por los Círculos Bolivarianos, y luego por los militantes del PSUV acompañada del filtro político-ideológico de pasar por la Misión Vuelvan Caras. 5.- La imposición inicial a las empresas que quisiesen contratar con empresas públicas como PDVSA y la CVG de convertirse en cooperativas o constituir cooperativas para contratarlas.

En el contexto actual podemos afirmar que luego de la experiencia en la revolución bolivariana en cuanto a cooperativas, volvimos al escenario previo a 1999. Incluso recientemente se denuncia que desde el punto de vista impositivo se beneficia sustancialmente a las empresas mercantiles, y en contraposición se incrementan las tasas para las asociaciones cooperativas (Uzcátegui, 2015).

A modo de conclusión:

En este momento las expresiones organizativas en el movimiento de los trabajadores tienen una configuración diferenciada, por un lado la mayor parte de las organizaciones sindicales y los mecanismos de articulación entre ellas están subordinados al Partido-Gobierno, otras minoritarias están comprometidas con una agenda contra el gobierno más allá de los intereses de la clase trabajadora, es decir subordinadas a otra agenda de actores políticos; y en mucha menor medida algunas críticas al gobierno. Las expresiones de protestas espontaneas u organizadas tienen una base de demandas fundamentalmente economicista.

Similar comportamiento encontramos en las organizaciones de defensa de la salud y la vida, quienes tendencialmente terminan subordinadas a la burocracia institucional y su incidencia en la política pública en materia de salud y seguridad laboral hoy es marginal.

Las iniciativas de gestión directa de las empresas por parte de los trabajadores y las trabajadoras hoy son cooptadas por el Estado gracias a la legislación, en este caso el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo como ente rector, lo que reduce las posibilidades de acciones sin la aprobación del Partido-Gobierno.

Finalmente, y en contraparte encontramos a las cajas de ahorro, las cuales en el escenario actual están en número como históricamente se han mantenido, pero con el patrimonio de las familias trabajadoras erosionado por la hiperinflación; y mantienen relativa autonomía en relación al Estado, aunque sus niveles de articulación son sumamente débiles.

Las cooperativas después del crecimiento y descenso súbito experimentado a principios de siglo, vuelve a tener un comportamiento similar a los que estaban antes de la llegada de Chávez a la presidencia, caracterizado por una silente y marginal contribución al tejido económico venezolano.

Esta lectura del momento actual del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela, no permite constatar que la clase trabajadora no ha sido el sujeto histórico en la revolución. En un primer momento bajo la conducción de Chávez, el sujeto promovido fue el pueblo con sus organizaciones comunales y progresivamente fue desplazándose hacia el partido como la forma organizativa del partido. Bajo la conducción de Maduro el sujeto es el partido como expresión organizadas del pueblo. Esta situación tiene implicaciones prácticas, puesto que cuando prevalecen las organizaciones comunales, hay una indiferencia hacia las organizaciones del movimiento de la clase trabajadora por parte de la sociedad política, pero cuando se desplaza al partido la relación cambia y se procura el control y la subordinación de estas expresiones de los trabajadores y trabajadoras.

Hoy podemos observar la ausencia de discusiones en el seno de nuestras organizaciones orientadas a definir nuestro papel en el proceso de cambios. La agenda que prevalece ayer y hoy es reivindicativa, lo que coloca un sesgo importante que las orientaciones de las acciones.

Históricamente como clase trabajadora, somos quienes estamos en su seno quienes tenemos la capacidad de impulsar, construir y articular organizaciones en función de nuestros intereses. Nuestras organizaciones, como en otros momentos deben tener claro quién es el enemigo de clase y las capacidades de lucha. En la Venezuela contemporánea las organizaciones de la clase trabajadora están desafiadas a construir capacidades para construirse como sujeto del proceso de cambios, incidir en la correlación de fuerzas vigentes.

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[1] Publicado en https://rondonjesus.blogspot.com/2018/11/el-estado-del-movimiento-apuntes-sobre.html

[2] Agradezco la contribución para este articulo a Marisol Guedez, Pedro Montilla, José Fonseca, Turki Al Maaz, Adelmo Becerra, Eduardo Ríos y Roberto López, quienes participan activamente en diferentes instancias organizativas del movimiento de trabajadores y trabajadoras en Venezuela; que además de correcciones y contenidos, aportaron preguntas o cuestionamientos que he intentado incorporar en el texto.

[3] Esta situación no significa que no exista información, solo que en ámbito público está reservada para la toma de decisiones de los distintos niveles de gobierno y en ámbito privado las empresas cuentan con reportes de entidades especializadas (Hinterlaces, Datanalisis, entre otros) sobre este y otros aspectos igualmente para la toma de decisiones.

[4] De los cuales 22.520.607 tenían 15 años o más y de esta cantidad los que están en edades de 15 y 44 años son 9.233.302

[5] Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar.

[6] Podemos referir por ejemplo la falta de convocatoria a la tripartita, conformada por el gobierno, la representación de los empresarios y la principal central de trabajadores y trabajadoras para acordar los salarios, como hasta la fecha se había venido haciendo

[7] Entre las que encontramos Centro de Formación Laboral y Sindical del estado Lara (Cerforlasin) -1990-, liderada por Pedro Pascual Abarca; la Asociación De Trabajadores Incapacitados del Estado Aragua (Atrinca) -1992-; y la Coordinadora de Higiene y seguridad de Aragua -1992-.