"Tanto va el cántaro al río que por fin se revienta"

(Refrán popular)

Una vez más queremos hacer referencia a una situación que ya rebasa el límite de la tolerancia y que nos muestra la indiferencia a la cual han llegado los representantes del Estado venezolano y en especial, la actual junta directiva de Petróleos de Venezuela, Pdvsa.

Luego de varios años de insistencia por parte de Ajip, asociación que agrupa a los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional (unos 19 mil asociados y 10 mil sin afiliación), el descaro y la burla por parte de los directivos de Pdvsa en sus áreas de Finanzas, Recursos Humanos y de toda la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJPDV) es inaceptable.

Mucho se ha dicho sobre la necesidad de mantener alejado del campo político, el legítimo reclamo de los jubilados, una vez que están involucrados en el mismo ciudadanos venezolanos de diferentes posiciones e ideologías políticas y que al igual que todos los ciudadanos de nuestro país, también somos víctimas de la actual situación económica que sacude los cimientos de la sociedad venezolana.

Es bajo esta circunstancia y coyuntura económica deplorable que la grieta del poder adquisitivo de los jubilados de Pdvsa se ha acrecentado y muestra las frágiles costuras de una estructura que fue creada, para amortiguar los ataques de una situación económica al poder adquisitivo de los ex trabajadores de la industria petrolera y petroquímica nacional.

.La tabla de salvación que en este momento pudiera amortiguar el desbalance sufrido por los jubilados de Pdvsa, para enfrentar no sólo el alza de los alimentos y las medicinas, rebasa los efectos secundarios que permean la salud de ancianos de la tercera edad y que abrigaban sus últimas esperanzas, en el Fondo de Pensiones de los jubilados de la industria.

Ya es harto conocida la historia de un Fondo que fue creado a finales de la década de los 70 y que tiene personalidad jurídica y estatutos que norman sus procedimientos y su uso, bajo las leyes de la República y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La violación de sus reglamentos y normativa sufrió su mayor amenaza en el período de la administración del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, quien acompañado de la Junta Directiva para entonces con personeros como Eulogio del Pino, Asdrúbal Chávez, Wills Rangel y Simón Zerpa, entre otros, firmaron una modificación de sus estatutos (Art. 33) para ponerle la mano a los recursos de los jubilados.

Este descarado adefesio jurídico cambio la vida a más de 29 mil jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional, cuando públicamente se destapó la olla (como quedó reflejado en medios de comunicación) con el conocido "Caso Illaramendi" que reflejó una pública estafa y presunto desfalco del Fondo de Pensiones, con manejos dudosos en los Estados Unidos de más de 500 millones de dólares.

Desde entonces comenzó- al menos públicamente - el viacrucis de los jubilados de la industria quienes gracias a la presencia de una nueva directiva de AJIP , en especial con los "tres mosqueteros" (Héctor Villalobos, Helena Pino y Omar Antúnez) quienes destaparon la olla y empezó el reclamo formal de los intereses y haberes del Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa.

Según versiones oficiales se esperaba un pago para los jubilados como adelanto de la deuda pendiente y que actualmente estaba sujeta a las auditorias que se realizan en el Fondo, las cuales según los estatutos estaban limitadas a un tiempo prudencial de 3 meses.

Ahora, este lapso de tiempo, se ha extendido y ya supera un año con análisis y más análisis que ya cruzan la frontera de la sospecha y la dimensión de lo desconocido.

En los últimos meses, cuando se hizo pública la gestión de los representantes de Ajip y del Grupo Caracas, sobre el justo reclamo de deudas pendientes y el pago de los montos legales que pertenecen a los jubilados, de sus intereses y haberes junto a otros trámites expresados en pagarés y bonos asociados a dichos recursos, las expectativas crecieron y se hicieron públicas.

Declaraciones de Ajip relacionadas con el tema señalaron, refiriéndose a la actuación del actual ministro de Finanzas Simón Zerpa lo siguiente:

• El Ministro de Finanzas, Simón Zerpa fue Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa y pudo arreglar la situación de APJPDV (Junta Administradora del Fondo de Pensiones) en ese momento y no lo hizo. Ahora que está en el Ministerio de Finanzas, prohíbe el pago de los intereses del Pagaré hasta que se culminen las auditorias del Fondo de Pensiones años 2016, 2017 y 2018.

Esto, según sostiene la junta directiva de Ajip, "…ha penalizado una vez más a las víctimas, jubilados de la gestión de APJPDV. La duda razonable nos invade – señalan directivos de Ajip – sobre la certeza de la información recibida, porque no mostraron a los representantes de la Asociación de Jubilados (Ajip) ningún documento del Despacho de Finanzas que soporte la supuesta información recibida".

No obstante, la directiva de Ajip aplaude el hecho de que se avance en poner orden en los procesos del Fondo de Pensiones y que además deben ser aclarados, montos y divisas involucradas que generan altos intereses y en pagarés y bonos que ha manejado a su antojo Pdvsa y que pertenecen al colectivo de más de 29 mil jubilados y de trabajadores activos que se ya están en camino a la jubilación.

El punto está en que se había ofrecido un pago de adelanto a cada uno de los jubilados por el orden de 1.900.000,00 Bs.S. (aprox.) lo que representa unos 600 dólares por jubilado (aprox.).

Esta cantidad ya debería haber sido cancelada antes de Semana Santa, pero una mano peluda lo frenó para causar desaliento y frustración al colectivo de jubilados, quienes una vez más somos víctimas del descaro y de la burla por parte de los directivos de Pdvsa.

En este caso, que ya se ha hecho público en los actuales momentos, según declaraciones de Ajip recae – presuntamente - en el actual ministro de Finanzas del Gobierno Revolucionario, Simón Zerpa.

La situación ha llegado al estado de desespero y más aún, cuando las reuniones y más reuniones llevadas a cabo en La Campiña, entre dirigentes de Ajip y directivos de Pdvsa, tienen una agenda y varias minutas firmadas, para aprobar el esperado pago (hecho jurídico y procesal).

En realidad la encrucijada que vivimos más de 29 mil jubilados por encima de nuestra posición política, rebaza los canales del Estado de Derecho y claman sinceramente - con documentos en la mano - de la Fiscalía General de la República por una respuesta del Estado venezolano y un firme pronunciamiento del Fiscal Tarek William Saab.

No es casual que este hecho de trascendencia jurídica laboral y de violación del orden constitucional, hoy no sólo cruce también la frontera de la violación de los derechos laborales sino de los derechos humanos.

Ya para esta esta época, el caso del Fondo de Pensiones afecta directamente al colectivo de jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional en los límites de la paciencia y trasciende al estado de salud de quienes esperamos, hasta el cansancio, una pronta respuesta porque hemos pasado a ser los "cirineos de Pdvsa".

¡Amanecerá y veremos!