"El Gobierno administra el Tesoro de la Nación; así como durante muchos años los gobiernos lo administraron para favorecer a un sector determinado, ahora nosotros lo administramos con sentido de justicia".

Hugo Rafael Chávez Frías (Aló Presidente N. 250, Valles del Tuy, 20 de marzo de 2006)

En días recientes hemos recibido a través de los medios de comunicación noticias vinculadas a hechos de corrupción en el Perú, los cuales rompen los límites del equilibrio de justicia que debe existir en cualquier país o sociedad del mundo.

Desde luego que la corrupción no es nada nuevo dentro de nuestras sociedades y quizá podríamos afirmar que son la causa de muchos desastres las cuales llevan a las naciones a la guerra o a su misma destrucción.

Resulta curioso, por ejemplo, lo ocurrido en el Perú con el Fondo de Pensiones de los trabajadores de la administración pública a quienes les fue arrebatado todo el capital de sus ahorros de varios años, hecho que generó una reacción especialmente de los jubilados, quienes denunciaron el caso al más alto tribunal de dicho país y lo calificaron como un detestable hecho de corrupción.

Salvando las distancias, resulta curioso como en nuestro país en plena Revolución Bolivariana, unos funcionarios disfrazados de rojo rojito metieron las manos en los ahorros de los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional.

El hecho de corrupción que ha sido denunciado a las más altas instancias de la justicia en Venezuela, ha corrido con mala suerte y no precisamente la más esperada. El caso ha sido peloteado con el más cínico descaro, hasta alcanzar los linderos de la burla, para todo un colectivo de más de 29 mil jubilados petroleros.

La presunta sustracción de los haberes y capital del Fondo de los jubilados de Pdvsa, alcanzó su más flagrante despojo en noviembre del año 2014, cuando el flamante presidente, ministro plenipotenciario y virrey de las Finanzas del Gobierno Bolivariano, el ingeniero Rafael Ramírez Carreño, firmó el cambio de los Estatutos del importante Fondo Financiero (Art.33).

Gracias a la asesoría de leguleyos y secundado por la alta gerencia sumisa de Pdvsa del momento, se firmó un adefesio jurídico que hoy ha llevado a más de 29 mil familias a la desesperación y a una situación, que aunada a la crisis económica que hoy vive la sociedad venezolana, ha alcanzado los linderos de la angustia a una población en su mayoría adultos de la tercera edad.

Lo más sorprendente del caso es que por diversas vías ha sido denunciado a las más altas instancias de la justicia venezolana, e incluso ha sido llevado a la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y a la misma Fiscalía General de República (Fiscalía 50), sin haber recibido hasta la fecha ninguna respuesta de estos entes del Poder Moral Republicano.

Luego de una actuación aguerrida de la actual directiva de la Asociación de Jubilados de la Industria petrolera y petroquímica (Ajip) y de un grupo organizado de jubilados del oriente venezolano, se han presentado firmas y alegatos, los cuales presumimos también conoce el Presidente de la República Nicolás Maduro y que están relacionados con el Fondo de Pensiones.

La importancia de este ente de personalidad jurídica, creado por los trabajadores de Pdvsa en la década de los 70, (Lagoven) tiene como finalidad la protección social que no se riñe con la Revolución.

Justamente el Fondo visualizaba a futuro, poder amortiguar cualquier contingencia de los ex trabajadores petroleros y petroquímicos, al momento de finalizar su vida laboral y poder asegurar también una justa pensión para los años de la vejez.

Todo este futuro se derrumbó (como dice la canción) y pasó a ser un hecho público con visos punibles y además, un escándalo de corrupción para el Gobierno Revolucionario sin que hasta la fecha se haya pronunciado el Fiscal General de la República Tarek William Saab y le haya puesto el cascabel al gato, por razones que aún desconocemos.

En muchas oportunidades nos hemos referido a este caso y como dicen los compositores de las grandes obras musicales, hemos hecho variaciones sobre el mismo tema sin que haya habido por parte de Pdvsa y del Estado venezolano, una respuesta satisfactoria.

El asunto es que el Fondo de Pensiones ha sido utilizado para fines distintos a los de su creación y presumimos que algunos personeros - gracias a la recomendación de financistas de turno - le metieron la mano, luego de haber perpetuado su flagrante violación a los estatutos y los cuales fueron cambiados para fines inconfesables durante la administración del "Virrey de las Finanzas", rojo rojito.

Hoy, un discípulo del innombrado expresidente de Pdvsa, sigue sus instrucciones al pie de la letra y a control remoto desde el exterior, aprovechando su rol en las más altas instancias de las finanzas de la República. Este personaje ha desviado los recursos pertenecientes al colectivo de jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional, y sin ningún rubor, viola los objetivos del Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa.

Si bien el Fondo maneja cuantiosas divisas que han generado movimientos financieros, en el pasado, no muy transparentes (bonos y pagare) como en el Caso Illaramendi, el cual suponemos está congelado en tribunales de los Estados Unidos (con más de 500 millones de dólares); cuando su razón de ser estaba orientada a su fin original, el de proteger las pensiones de los jubilados de Pdvsa.

Para los miembros del Fondo (trabajadores activos y jubilados) sólo es transparente, según las leyes de la República, el pago de los haberes e intereses (a dólar DICOM) como lo estipulan sus estatutos para favorecer a sus legítimos propietarios en la industria petrolera y petroquímica nacional: los jubilados.

Actualmente los pagos al colectivo de jubilados de Pdvsa están en el limbo y los últimos hechos - pensamos que de buena fe - sólo buscan otorgar una mísera compensación pasajera, a través de los Bonos de la Patria (30.000 soberanos) los cuales no están a la altura de la respuesta esperada, a la luz de los fines y objetivos del Fondo de Pensiones.

Han habido respuestas de algunos directivos de Ajip y de miembros de la actual directiva de Pdvsa, con ofertas de pagos adelantados de bonos y pagaré que no han sido cumplidos; mientras el actual presidente de la industria y ministro de Energía y Petróleo, MG Manuel Quevedo, ha venido guardando silencio, cosa que se traduce en la conocida sentencia: "el que calla otorga".

Los jubilados revolucionarios de Pdvsa sólo esperamos que la justicia del Estado venezolano se aboque a poner las cosas en su lugar y a cumplir los postulados que defiende la Revolución y que atañen a nuestro Estado de Derecho.

"La justicia tarda pero no olvida" y es eso lo que esperamos el colectivo de más de 29 mil jubilados Pdvsa de parte del Fiscal General de la República Tarek William Saab, quien tiene la palabra antes de acudir al Tribunal Supremo de Justicia.

¡Justicia ya!

¡Amanecerá y veremos!