"Con la fuerza de la verdad, que es la fuerza más grande, junto al amor, la dignidad y la moral, venceremos los atropellos imperiales"

Hugo Rafael Chávez Frías (Miraflores, 7 de marzo de 2006)

A propósito de la visita a nuestro país de la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, un grupo de jubilados de Pdvsa en el oriente venezolano, hemos considerado oportuno que la alta funcionaria conozca el caso del presunto hurto de los haberes e intereses del Fondo de Pensiones.

Resulta insólito que en plena Revolución Bolivariana y cuando se coloca en el tope de la opinión pública internacional, la noticia sobre el saqueo de recursos del Estado venezolano en la empresa Citgo y recursos otorgados por varios países para ayuda humanitaria en Colombia y en nuestro suelo patrio también se produzcan hechos dolosos.

El presunto saqueo al Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa que fue conocido a través de los medios de comunicación desde el recordado caso Illaramendi, en los Estados Unidos, con la malversación de más de 500 millones de dólares en la administración del "rojo rojito" en La Campiña, el "virrey" Rafael Ramírez Carreño.

En aquella ocasión, el alto funcionario para enmendarse ante el Comandante Hugo Chávez, le echó tierra al caso y buscó artificios para tapar el adefesio y el escándalo de los jubilados y trabajadores de la industria.

Transcurrido el tiempo se volvió a destapar la olla con la llegada de una nueva Junta Directiva a la Asociación de Jubilados (AJIP) cuando se conoció del cambio de los estatutos del Fondo de Pensiones de los trabajadores de la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional (año 20014 - art. 33) para meter las manos en un alto volumen de divisas (más de 7 mil millones de dólares) que pertenecen a los ahorros acumulados en los años de servicio, por jubilados y trabajadores de Pdvsa.

Para el reclamo de estos recursos que por Ley y legítimo derecho pertenecen a los jubilados y a los trabajadores activos de la industria petrolera, se han realizado varios actos administrativos y reclamos de ascendencia legal, ante las más altas instancias del Estado de Derecho venezolano.

Es así como por la acción organizada de trabajadores petroleros, representados en AJIP, se han emprendido acciones legales a través de instituciones del Poder Moral como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, en manos del doctor Tarek William Saab.

En este último caso, donde no se ha obtenido respuesta, sólo se sabe que los documentos presentados con las firmas de un grupo de más de 300 jubilados de la División de Oriente (Monagas) a través de la Fiscalía, el caso ha sido peloteado y pasado de la Fiscalía 50 a la 37 y no avanza su investigación y no ha habido pronunciamiento.

La paciencia de los jubilados de Pdvsa a nivel nacional, ya rebasa los límites, y son frecuentes en el Zulia, Falcón, Anzoátegui y Monagas los reiterados bastonazos y manifestaciones en reclamo del pago de los intereses y haberes del Fondo de Pensiones, arrebatado por la industria desde la administración del "virrey" rojo rojito, y hasta la fecha no ha habido ningún pronunciamiento oficial.

En este aspecto llama la atención, que desde la llegada del nuevo presidente de Pdvsa, designado por el Presidente Nicolás Maduro, MG Manuel Quevedo, no habido ninguna respuesta.

Un refrán popular señala que "el que calla otorga", cosa que es preocupante para más de 29 mil jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional, quienes esperamos se haga justicia con nuestros haberes e intereses del Fondo de Pensiones.

La estrategia que ha venido manejando la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (JAD-PDV) sin la participación de los jubilados, porque la conforman los propios directivos de PDVSA (zamuro cuidando carne).

En la actualidad para apaciguar los ánimos de los jubilados se han venido anunciando pagos (a cuenta gotas) que ni siquiera se cumplen. El último es por un monto de 200 mil bolívares en diez meses no ha sido cancelado y casi es un engaño, porque las deudas de intereses son cuantiosas y esperan por una (interminable auditoría) de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, sin haber sido auditados.

La crisis económica en una población de más de 29 mil jubilados (la mayoría de la tercera edad) rebasa las expectativas que ya cruzan la mamadera de gallo y el engaño, de parte de las autoridades de Pdvsa y del Estado venezolano.

Los últimos acuerdos entre directivos de Ajip y la Junta Administradora del Fondo de Pensiones, asignada por la Casa Matriz de La Campiña, han sido violados y ya la falta de respeto hacia los jubilados es recurrente.

En hoja de ruta manejada por los jubilados se exige al MG Manuel Quevedo y a la Junta Directiva de Pdvsa se cumpla con este colectivo, se exige "se deje sin efecto la modificación de los Estatutos APJ-Pdv realizada en el 2014 (administración de Rafael Ramírez) para que se reconozca que los dineros del Fondo de Pensiones pertenecen a los jubilados beneficiarios".

El tiempo transcurre y sólo la opinión pública observa estupefacta como los robos del erario público se incrementan, de la manera más descarada y la crisis se agudiza en la sociedad venezolana. En esta crisis estamos también atrapados el colectivo de jubilados de Pdvsa.

Mientras se desenreda la maraña de corrupción interna y externa en nuestro país, el colectivo de jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional, a quienes se nos agota la paciencia, esperamos se haga justicia con nuestros pagos que se devalúan aceleradamente y además se violan los Derechos Humanos.

No resulta nada extraño y es una situación imperiosa, que en ocasión de la visita de la alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet, quien representa los Derechos Humanos, ella conozca de esta irregularidad que es ya del conocimiento de la opinión pública y que además exige se haga justicia por parte del Estado y del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro en nuestro país.

¡Justicia ya!

¡Amanecerá y veremos!