"Tanto va el cántaro al río hasta que por fin se revienta"

(Refrán popular)

Una vez más y mil veces más volveremos a insistir sobre el justo reclamo del colectivo de jubilados de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera nacional, Pdvsa y su relación con los haberes e intereses del Fondo de Pensiones.

De plano queremos reiterar que somos chavistas convictos y confesos lo cual no nos impide insistir por los canales del Estado de Derecho, para hacer nuestros reclamos al Gobierno revolucionario del Presidente "Obrero" Nicolás Maduro, sobre las injusticias que puedan cometerse, incluso por parte de unos "falsos camaradas" vestidos de "rojo rojito".

Es harto conocido por la opinión pública nacional los reclamos que a "Voz populi" se han hecho llegar a las diversas instancias del Poder Moral por parte de colectivos legítimamente agrupados, que representan las reivindicaciones y conquistas de los jubilados de la industria petrolera como lo es Ajip y otros grupos independientes, que luchan por los derechos de los jubilados.

Está vigente el caso - que es público y comunicacional - del primer intento de manejo fraudulento de los haberes (más de 230 millones en divisas) de los ahorros de los ex trabajadores de la industria (Caso Illaramendi).

Este caso, reactivado en los últimos meses en los EEUU, está vinculado con los ex trabajadores petroleros quienes por más de 30 años, con esmero y entrega, dedicamos parte de nuestra vida laboral al servicio de la que fuera - hasta no hace mucho tiempo - la primera industria del país, Pdvsa.

Por cierto, es noticia el hecho de que el famoso agente financiero de Rafael Ramírez Carreño, culpable de fraude en los Estados Unidos, Francisco Illaramendi, gracias a una Corte de Connecticut a través de un juez, se ordenó repatriar y congelar más de 230 millones de dólares que se mantenían en cuentas Offshore asociadas a una de las firmas financieras propiedad de Illaramendi, la Highview Point Partners, LLC.

Según información – de buena fuente – la juez Janet Arterton emitió la orden el 16 de junio de 2011 para congelar los activos de los tres fondos de inversión y ordenó que los fondos de cobertura, incluyendo 230 millones de dólares en cuentas offshore sean devueltos a Estados Unidos.

Según los voceros del tribunal, el monto podría elevarse a la suma de los 543 millones de dólares "orquestado" por Illaramendi contra el Fondo de Pensiones de Petróleos de Venezuela, en tiempos del Virrey "rojo rojito".

Todo un trasfondo de alto calibre financiero se esconde sobre el presunto fraude y manejo de las divisas, producto del ahorro de los jubilados de la industria petrolera que estaban en el Fondo de Pensiones, el cual hoy a través de la Junta Administradora (APJ-PDV) se niega a responder a más de 29 mil jubilados asociados o no a la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP).

El problema del Estado venezolano con los jubilados de Pdvsa, ha sido peloteado por instituciones del Poder Moral, que muy bien pudieran dar el ejemplo y responder responsablemente a este colectivo, especialmente por parte de la Fiscalía General de la República.

Este ente del Poder Moral, al igual que la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República – es público y comunicacional - conocen a través de diversos fiscales del mismo, y han recibido las firmas y los recaudos de los jubilados, quienes pedimos justicia en un estado de Derecho; sobre todo en un caso de presunto fraude y adefesios jurídicos, en el cambio de los estatutos del Fondo de Pensiones de Pdvsa.

No queremos ser repetitivos, pero el Primer Mandatario Nacional a quien le etiquetaron el calificativo de "Presidente Obrero" no se ha manifestado sobre el caso, del cual también tiene conocimiento a través de sendas comunicaciones enviadas a Miraflores por dirigentes de Ajip.

Para hacer un recuento de los petitorios al Estado venezolano queremos recordar, los argumentos manejados por una jubilada de la industria, quien ha hecho referencia desde sus inicios a los reclamos del colectivo de jubilados de Pdvsa.

Nos referimos a la doctora Irma Sosa quien sostiene en 10 indicadores financieros y jurídicos lo siguiente:

1.- Modificación de los Estatutos de la APJ-PDV (Junta Administradora del Fondo de Pensiones), quien se atribuyó mediante adefesio jurídico, los haberes y gananciales del colectivo de jubilados de Pdvsa.

2.- Ejecución de los pagos de intereses por parte de Pdvsa-APJ-PDV de 660 dólares por cada jubilado, mensuales, generados por pagarés del Fondo de Pensiones, siendo los jubilados los propietarios legales y únicos.

3.- Establecer las reservas actuariales en relación a la recepción de los estados financieros de la ejecución de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

4.- Cancelación de 140 dólares del recuento de pago acordado con Pdvsa (soportado con recaudos) en mayo de 2019.

5.- Según los jubilados - desde el punto de vista legal - se ha violado la progresividad, la intangibilidad e viabilidad de los derechos laborales del colectivo de jubilados.

6.- Se violaron principios de Constitucionalidad al modificar los estatutos del Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa (administración de Rafael Ramírez Carreño).

7.- Igualmente a los jubilados se nos debe reconocer la homologación (LOT) porque según la Constitución de 1999, al jubilarse la pensión debe ser igual al salario que se devengaba al momento de cambiar los estatus de la relación laboral y es igual a la de los trabajadores activos.

8.- Desde hace más de tres décadas – precedente jurídico – Pdvsa ha reconocido el pago a través de la Contratación Colectiva, al igual que la asistencia médica a través de un propio seguro de la empresa, SICOPROSA (desconocido actualmente por la Junta Directiva de la industria y la Junta Interventora Alí Rodríguez Araque).

9.- Existen precedentes jurídicos del TSJ que reconocen caso de los jubilados de Pdvsa desde 1993 en documento constitutivo de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-PDV).

10.- En el caso de los jubilados de Pdvsa – que una vez más se hace público – existe una situación jurídica que debe ser solventada al cambiar la Junta directiva de la industria (Administración de Rafael Ramírez y estaba en conocimiento Asdrúbal Chávez) quien cambió con componendas jurídicas (Art. 33 y otros) de los Estatutos del Fondo de Pensiones (APJ-PDV), privando a los jubilados de lo que legalmente les pertenece, al igual que de un servicio vital y vinculado a los Derechos Humanos, como es el Seguro de Hospitalización y Cirugía y pago de medicinas, SICOPROSA.

Reconocemos la labor extraordinaria que ha realizado el Fiscal General de la República Tarek William Saab, en nombre de la justicia venezolana para corregir irregularidades administrativas y hechos de corrupción en el país, pero lamentamos que haya ignorado nuestro caso y le exigimos que se ocupe del mismo, para hacer justicia a los jubilados de Pdvsa quienes percibimos que actualmente nuestro caso está engavetado.

¡Amanecerá y veremos!