Los derechos de los trabajadores públicos y de los educadores

son letra muerta en la Constitución

Las opiniones acerca de este asunto están divididas: por un lado, los voceros del Gobierno; por otro, los propios trabajadores públicos, incluidos los educadores.

Los voceros del Gobierno y del partido dicen

Los voceros de nuestro Gobierno unánimemente aseguran que estamos en un Estado de Derecho de igualdad y de justicia. Se apoyan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en acrobacias retóricas y nos dicen que tenemos:

1. Derecho a salario digno y todo lo que eso implica, como, por ejemplo, disfrutar de la vida en familia.
2. Derecho a tener agua para cocinar y bañarse y lavar la ropa. Garantizado todo el tiempo, nos dicen.
3. Derecho a un sistema eléctrico que garantice que la luz no se vaya con tanta frecuencia, y que las fluctuaciones del sistema no nos destruyan los aires acondicionados y las neveras.
4. Derecho a internet eficiente.
5. Derecho a servicio de gas.
6. Derecho a la convención colectiva, a participar en su discusión y a aprobar o rechazar si se trata de la entrega de nuestras reivindicaciones.
7. Derecho a la salud. No se preocupe si enferma.
8. Derecho a vivir como una persona.
9. Derecho a no morir de hambre la familia.
10. Derecho a morir no como un perro, o que ello no implique la deuda o la ruina de toda la familia.
11. Derecho a transporte público eficiente.

He visto y oído a los voceros de nuestro Gobierno asegurar que tenemos todos estos derechos y otros y, que, además, son defendidos por ellos, por su partido y por sus sindicatos y federaciones negociadoras.

Los Trabajadores públicos y los Educadores pensamos distinto

Ciertamente en la Constitución Bolivariana están plasmados preceptos y conceptos claros acerca de todos esos derechos y que hay acuerdos internacionales que los respaldan. Debe ser por eso que nos representantes del Gobierno aprovechan para vociferar que los tenemos todos, como si ellos estuviesen atentos a su estricto cumplimiento. Bla bla bla …

¿Pero de verdad tenemos esos derechos, solo porque en la Carta Magna se hable de ellos? ¿Esos sindicatos y federaciones que he aludido, de verdad están defendiendo nuestros derechos consagrados en la Constitución?

• El primero de ellos, el derecho a salario digno. En las alturas (o las bajuras) en las que estamos ya todos sabemos lo que ha hecho el Gobierno y SUS SECUACES con el salario de los trabajadores públicos y, en particular, con el salario de los educadores. El Memorandum 2792 y otros lineamientos contenidos en el tristemente célebre INSTRUCTIVO ONAPRE nos condenaron a educadores y trabajadores públicos a la miseria administrada, a la precariedad de la vida, a la tristeza y a la muerte lenta por hambre. Duele mucho ver como se extingue la salud y la vida de un familiar muy querido por no tener el salario necesario, el convenido por el artículo 91 de la Constitución. De este sadismo contra los trabajadores públicos y los educadores tenemos el fraccionamiento de bonos y aguinaldos, que no es otra cosa que el fraccionamiento de la salud y la vida. No hay derecho a la salud ni a la plenitud de la única vida que tendremos.
• Esos pocos derechos fundamentales enumerados van reduciéndose a su mínima expresión o desapareciendo, igual que nuestras menguadas vidas de trabajadores públicos o de educadores, gracias a la política salarial del Gobierno.

Como una confirmación de que el Gobierno sabe de la tragedia en que vivimos los trabajadores públicos y los educadores cuando planteamos que morimos lentamente de hambre, que recientemente vendió -y no a todos los trabajadores públicos- zapatos a 9000 bolívares. De este modo reconoció que era cierto lo que muchos venezolanos planteamos, que los educadores no tenían zapatos para ir a trabajar porque el salario miserable que devengamos no alcanza para tener calzado digno de la tarea que realizamos. ¿Cómo puede ser la vida, la muerte o la alimentación de un trabajador público o un educador en tales circunstancias?: VIDA de HAMBRE.

Rechazamos la predica de que el país se encamina a un mayor crecimiento para todos. ¿Quiénes se benefician de esas cifras macroeconómicas que manejan los voceros del Gobierno? No son los trabajadores públicos ni los educadores; de ese crecimiento se benefician sectores privilegiados de las finanzas y el poder. Para nosotros, lo angosto, el salario miserable; para los privilegiados que manejan las rentas del país, lo ancho, la buena vida, los viajes por el mundo. Ellos son quienes distribuyen junto con el Gobierno; por eso se quedan con la mayor parte.

Quizá debamos aprender del Gobierno, el cual decide sobre nuestros salarios y nuestras vidas porque tiene la fuerza de las armas, el poder político y muchos recursos mediáticos. Los derechos residen en la fuerza que tengamos para defenderlos, de otro modo serán letra muerte en la Constitución. Se acerca la elección presidencial, hagamos sentir la fuerza que tenemos.