Crece la polémica sobre
este suceso de la política internacional, en virtud del controversial
papel desempeñado por el mencionado funcionario diplomático a partir
de la resolución 1.973 generada desde el Consejo de Seguridad de la
ONU, la cual ha sido invocada por los Estados Unidos para agredir a
Libia con el pretexto de brindar protección a los "civiles libios"
cuando en verdad se trata de cuerpos armados que procuran el derrocamiento
del líder Muhammar Al-Qaddafi.
En efecto, los EEUU,
acompañados por Francia y Reino Unido, han alegado que Qaddafi habría
emprendido ataques contra poblaciones civiles a los fines de frenar
protestas supuestamente pacíficas en su contra y de ese modo mantenerse
en el poder, lo cual luce manifiestamente incierto frente a las televisadas
imágenes que dan fe sobre la actuación de una organización fuertemente
armada que persiste en su intento por materializar un Golpe de Estado
en ese país.
La irregular actividad
de bombardeo desplegada por el Imperialismo Yanqui y los Estados aliados
a éste, constituye una violación flagrante al Derecho Internacional
Público y una evidente contravención a la comentada resolución de
la ONU que no ha otorgado facultades para el desarrollo de esta campaña
bélica que hasta el presente tiene como agravante, el haber sido prorrogada
por noventa días más y a la que además estaría planteada añadir
la incursión militar terrestre.
A estos elementos violatorios
de la legalidad internacional, se suma el bombardeo teledirigido contra
la propia sede residencial de Muhammar Al-Qaddafi como hecho incontrovertiblemente
destinado al asesinato del mandatario libio; de allí que motive significativa
preocupación en el contexto político jurídico multilateral la total
ausencia de reprobación o condena del Secretario General de la ONU,
Ban Ki-Moon, contra los cruentos crímenes que actualmente se perpetran
sobre esa región del África del Norte.
Es entonces cuando al
analizar el escenario latinoamericano, genera especial preocupación
lo expresado por el Jefe del Gobierno Colombiano (Santos) quien ha formulado
un exhorto para que UNASUR le dé su respaldo a las pretensiones re-electivas
de Ban Ki-Moon, puesto que la mayoría de los países que conforman
esta novel organización grannacional de Sudamérica han mantenido posturas
de rechazo a la política hegemonista y guerrerista de Estados Unidos
y sus principales países colaboradores.
Por lo anteriror es relevante
señalar queel aparentemente apresurado pronunciamiento del Presidente
Santos en apoyo a Ban Ki-Moon constituye un acto político tendiente
a condicionar anticipadamente la postura que la UNASUR pudiera adoptar
en este tema, la cual, a todo evento, deberá ser el resultado de la
discusión interna entre los representantes de los Estados miembros
de este organismo multilateral.
No obstante, el intento
de ejercer influencia por parte del mandatario colombiano pareciera
adquirir fuerza política sobre la base de dos factores concretos: 1)
La nueva etapa de avenimiento diplomático entre Colombia y Venezuela,
caracterizada por el cese de la conflictividad radical que promovió
Alvaro Uribe Vélez cuando ejercía la presidencia de nuestra hermana
república; y 2) La secretaría pro-tempore de UNASUR ejercida actualmente
por Colombia en el marco de una concertación política efectuada principalmente
entre los gobiernos Colombia y Venezuela y avalada por los demás miembros
de esta organización.
Es esta la descripción
general que corresponde al escenario político diplomático coyuntural,
en principio ventajoso, para el avance de la política internacional
colombiana para coronar su pretensión de brindar su apoyo a la continuidad
de Ban Ki-Moon al frente de la Organización de Naciones Unidas y con
ello proyectar ante el mundo un reposicionamiento de Colombia en el
contexto latinoamericano, quien hasta la turbulenta época de Uribe
Vélez (y las bases militares estadounidenses que estuvieron por instalarse
en su territorio y el bombardeo contra Ecuador), lució aislada, o cuanto
menos, disminuida frente a un mayoritario bloque de países latinoamericanos
que apegados a la doctrina de la soberanía y la autodeterminación
de los pueblos, condenaron la subordinación de Colombia al Gobierno
de Estados Unidos y sus políticas expansionistas.
A todas luces, permitir
la concresión de los propósitos del Presidente Santos en lo que concierne
a servirse de UNASUR como plataforma de apoyo para la reelección de
Ban Ki-Moon traería como consecuencia la desnaturalización de una
entidad que ha sido creada como alternativa grannacional diferenciada
de la Organización de Estados Americanos, en el entendido de que la
primera apunta hacia la consolidación de una política latinoamericana
autónoma frente al hegemonista Estados Unidos y Canadá.
En el plano hipotético
de un súbito apoyo suramericano a la reelección de Ban Ki-Moon, dicha
postura política podría ser leída como el manso acatamiento del bloque
latinoamericano a los líneamientos internacionales de EEUU y, lo que
resulta más grave todavía, una convalidación explícita a la criminal
actuación imperialista (Caso Libia) que el actual Secretario General
de la ONU ha cohonestado abiertamente en menoscabo del ordenamiento
jurídico internacional.
Un tratamiento adecuado
del Gobierno Venezolano a este episodio coyuntural de la política internacional,
requiere primeramente establecer una diferenciación entre la política
bilateral con Colombia y la política multilateral de la República
Bolivariana de Venezuela en el concierto de las naciones del mundo.
Efectivamente en lo que atañe a las relaciones con Bogotá, pertinente
es proseguir difundiendo y practicando la doctrina del respeto a la
política interna de cada uno de estos dos países en el marco de la
no injerencia, a la vez que se mantiene la cohabitación armónica y
los convenios intergubernamentales entre ambos mandatarios como valor
que se sobrepone a las diferencias ideopolíticas.
En lo que involucra a
la política multilateral, así como las posturas de Colombia y
Venezuela han sido disímiles frente a Estados Unidos, y sin embargo
tal situación no se ha afianzado como obstáculo para que ambos países
lograsen superar la aguda conflictividad de la etapa de Alvaro Uribe
Vélez; es igualmente pertinente en la actualidad que tanto el Gobierno
de Venezuela como los factores de la propia Revolución Bolivariana
hagan pública una postura propia, autónoma y soberana de nuestro país
en categórico rechazo a la pretensión reelectiva del cuestionado Ban
Ki-Moon, sin que ello configure una contradicción directa con Colombia.
Es estimable que el ejercicio
de esta política diferenciada, obra positivamente en resguardo de la
estratégica paz con Colombia, al igual que en salvaguarda del posicionamiento
ideopolítico y prestigio ya obtenidos por la República Bolivariana
de Venezuela en el contexto de la comunidad internacional, que en la
actualidad la mantiene como vanguardia latinoamericana del antiimperialismo
y factor sobresaliente en elenco de naciones que a nivel mundial, hacen
resistencia frente a los desmanes belicistas del Imperio.
(*)Abog. Constitucionalista y penalista. Profesor Universitario
