La estrategia de valorización de nuestros recursos minerales ha sido planteada por Comandante Chávez desde la dimensión de la lucha de clases. En su planteamiento, no se trata de desarrollar el poderío minero por una necesidad carente de dimensión política y sin considerar las relaciones sociales que se entretejen en el proceso, sino como la necesidad de construir un nuevo orden social a partir de nuestras potencialidades, considerando las relaciones sociales de producción que se instauran desde un modelo de propiedad y ejercicio del poder. En la contextualización del tercer objetivo histórico del Plan de la Patria, nos indica el Comandante:
"La construcción del Poderío Económico de Venezuela como potencia energética, agroalimentaria e industrial a futuro, obliga a consolidar los avances en cuanto al desarrollo del marco normativo y de la política de inversiones soberanas para que la riqueza nacional esté al servicio de la vida de nuestro pueblo y de la construcción de un mundo de justicia y paz. Para ello es determinante el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, logrando el vivir bien"
En tal sentido, la necesidad de nacionalizar y centralizar en el Estado la propiedad, el desarrollo y la comercialización del oro y demás recursos minerales, obedece al requerimiento de construir un estado socialista que materialice el desarrollo de la propiedad social mediante: a) la instauración de un marco normativo de derecho y justicia social a favor de los históricamente excluidos; y b) la implantación de las políticas que aseguren el desarrollo soberano de los recursos.
Planteado de esta manera, se trasciende la economía desarrollista, que en lo formal sólo plantea el desarrollo de las fuerzas productivas con el fin de posicionarse fuera de las economías periféricas, sin aclarar cuál modo de producción en lo real se vigorizará: el capitalismo o el socialismo. En cambio, en el nuevo orden se precisan medidas sobre la propiedad de los medios de producción, que luego definirán el ejercicio del poder, que direccionan en lo formal la construcción del nuevo orden económico hacia el socialismo. En consecuencia, este planteamiento formal se corresponde en lo concreto o en lo real, con las medidas políticas y el marco legal socialista que impulsa y pone en marcha el Comandante Supremo, una vez que anuncia el fin de las despreciables concesiones minera y el inicio de un nuevo modelo de asociación con el estado venezolano que asegura la toma de decisiones soberanas sobre la administración de los recursos. En el año 2011, el presidente Chávez decreta:
"Los yacimientos de oro existentes en el territorio nacional cualquiera que sea su naturaleza, pertenecen a la República y son bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del Estado, por lo tanto inalienables, imprescriptibles y carentes de naturaleza comercial por ser recursos naturales no renovables y agotables. Las actividades a las que se refiere el presente Decreto Ley, sólo podrán ser ejercidas: a) Por la República o a través de sus institutos públicos, o empresas de su exclusiva propiedad, o filiales de éstas, b) Por Empresas Mixtas, en las cuales la República o alguna de las empresas señaladas en el literal "a" del presente artículo, tenga control de sus decisiones y mantenga una participación, mayor del cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social."
Lo que se reafirma en el Plan de la Patria original de la siguiente manera:
"3.1.15.7. Fortalecer la Empresa Minera Nacional de propiedad social indirecta para integrar las actividades mineras, explotar racionalmente los yacimientos minerales, desarrollar los conocimientos científicos y tecnológicos, elevar la productividad y mejorar la eficiencia de la producción en el sector;
3.1.15.8. Incrementar la producción de oro y diamante actualizando tecnológicamente las empresas estatales de oro existente, conformando empresas mixtas en las cuales la República Bolivariana de Venezuela tenga el control de sus decisiones y mantenga una participación mayor del 55 % y organizando la pequeña minería en unidades de producción."
En lo concreto sólo deja tres opciones orgánicas para asumir la producción de estos minerales estratégicos: Empresa Estatal, Empresa Mixta y Pequeña Minería; haciendo el necesario hincapié que en el caso de las empresas mixtas el Estado debe mantener una participación mayor al 55%, lo que garantiza el control en la toma de decisiones. Nuevamente se alinea el marco legal y político real con el planteamiento formal de construir el socialismo como nuevo orden económico y social, es decir, no hay contradicción entre el discurso del líder de la revolución y las medidas políticas y económicas que se están implantando.
En octubre 2014, la comisión presidencial para la protección, el desarrollo y la promoción integral de la actividad minera lícita en la región Guayana intentó abordar la organización de la pequeña minera como estrategia de aprovechamiento de nuestros recursos mineros, en correspondencia con los objetivos estratégicos del Plan de la Patria del Comandante Chávez, sin embargo, después de anuncios que señalaban que la minería ilícita sería un mal recuerdo para Guayana, este esfuerzo presidencial se abandonó sin conocer razones ni reportar resultado alguno, más allá del nuevo decreto presidencial del 13 de noviembre de 2014 de número 1395, donde se deroga el decreto original de Chávez del 2011. En cambio, en el actual contexto político, en medio de la mas encarnecida ofensiva económica emprendida por la burguesía contra los humildes, y atravesando un periodo de austeridad económica por la caída de los precios internacionales del petróleo, se anuncia el retorno de la transnacional aurífera Gold Reserve después de 5 años de haber sido expulsada del país por el Comandante Chávez. En las declaraciones que dan a conocer el "Acuerdo de entendimiento" se precisa:
"Hemos firmado el acuerdo de inversión por 5 mil millones de dólares, que están disgregados en la resolución de la disputa que se tenía, las inversiones en las minas de oro por 2 mil millones de dólares, y 2 mil millones de dólares en préstamo para el país…. Llegamos al acuerdo final de esa disputa. Demuestra el país la responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales, de resolver las discrepancias que se hayan sucedido"
Responsabilidad ante el capital internacional, compromiso con las transnacionales expoliadoras, aunado a un nuevo marco legal que ofrece la posibilidad de "flexibilizar" el régimen aduanero y fiscal, con "incentivos" económicos y financieros para la inversiones privadas nacionales e internacionales en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco", configuran un nuevo marco formal de relaciones políticas y económicas, que dejan la mesa servida para materializar en lo real nuevas entregas de índole neoliberal como mecanismo para el desarrollo de nuestros recursos mineros.
El cambio en el marco formal de la política económica no se ha podido consolidar. La pugna entre en planteamiento de construir una sociedad socialista y girar al neoliberalismo como mecanismo de recuperación económica está en su etapa crucial. Al tiempo que el presidente Maduro declara posturas como las siguientes:
"La venganza de Venezuela ante el decreto injerencista renovado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, será construir una nueva economía con base en el legado del Comandante Hugo Chávez para cumplir con el objetivo de construir un país socialista"
Se decreta en cuestión "Zonas de Desarrollos Estratégicos" que no dan espacio a la irreverencia de los pisatarios en contra de los expoliadores internacionales, pues serán sancionados si intentan como gremio, sindicato o particulares imponer sus intereses de clases sobre el "interés general" de explotar el recurso mineral. Se revela de esta forma una estrategia de desarrollo del potencial económico que puede invocar la participación del capital privado nacional y transnacional, con la tentativa de abandonar en lo formal el planteamiento de construir la sociedad socialista como necesidad histórica del pueblo venezolano.
