Caracas, 04 de Sep. El parlamento Europeo rechazó discutir el tema de las inhabilitaciones administrativas en Venezuela por considerarlo un asunto interno del país y un caso que de ninguna manera viola los derechos humanos. De esta manera, la Eurocámara desestimó las peticiones de la derecha venezolana que buscaba una resolución de urgencia contra Venezuela.
“Después de su fallido intento en lograr una condena en el Parlamento de Mercosur, la oposición venezolana ha vuelto a fracasar en su campaña contra Venezuela. El parlamento Europeo no se prestó al juego de la derecha”, afirmó el Viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Alejandro Fleming, quien realizó recientemente una visita a la sede de las instituciones europeas.
Pese al intenso lobby desplegado en Bruselas por los dirigentes oposicionistas Leopoldo López de Un Nuevo Tiempo, y Juan José Molina del partido Podemos, la Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos de la Eurocámara, que define los temas de urgencia a debatir en la Sesión Plenaria, rechazó incluir el tema de las inhabilitaciones administrativas en Venezuela.
Indicó Fleming que los dirigentes oposicionistas “buscaban en Bruselas el pronunciamiento que no consiguieron en Montevideo. Para ello, contaban con el apoyo de la derecha europea, que contraviniendo el usual consenso de los grupos políticos en los temas de urgencia, pretendió imponer su criterio para favorecer a la oposición venezolana. Pero les falló la jugada”.
Terreno preparado
La estrategia opositora comenzó con las recientes visitas de bajo perfil que realizaron Milos Alcalay y Timoteo Zambrano a la Eurocámara, para forzar una visita de inspección al país y la introducción de una resolución de urgencia contra Venezuela.
Posteriormente, Leopoldo López declaró a los medios privados que viajaría al Parlamento Europeo una vez conocida la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declarando la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley de la Contraloría, relativo a las inhabilitaciones administrativas de funcionarios incursos en hechos de corrupción.
Leopoldo López recibió una sanción de 3 años por tráfico de influencias cuando logró un donativo millonario entregado por PDVSA, y aprobado por su propia madre, para el financiamiento de su partido político Primero Justicia, mientras laboraba en la empresa estatal. También le fue impuesta una sanción de 6 años por haber desviado de manera ilegal las partidas presupuestarias del municipio Chacao.
Visita Truncada
La visita de Leopoldo López al Parlamento Europeo con financiamiento internacional y el apoyo del derechista Partido Popular Europeo, agrupación que guarda estrechos vínculos con el ex embajador venezolano Milos Alcalay, se vio truncada con la decisión del Parlamento Europeo de no incluir a Venezuela en las materias de urgencia.
Las estrechas relaciones de Alcalay con la derecha europea se remontan a los años ochenta, cuando el ex embajador socialcristiano desempeñaba funciones en la Embajada de Venezuela en Bruselas, y tuvo su punto culminante durante la instalación de la Asamblea Euro-latinoamericana (EuroLat) en noviembre de 2006, cuando fue expulsado del Parlamento Europeo por el entonces presidente de la Eurocámara, el socialista Josep Borrell, luego de haber sido descubierto al intentar usurpar la identidad de diputados venezolanos. El propio presidente Borrell acusó entonces al Partido Popular Europeo de haber invitado a Alcalay de manera irregular a dicho evento.
Un argumento difícil de defender
La derecha europea mantiene una apabullante mayoría en el Parlamento Europeo. Cualquier resolución que cuente con el apoyo del Partido Popular Europeo y de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, es prácticamente imbatible. No obstante, la derecha europea se encontró esta vez con la dificultad de tener que rechazar una sanción administrativa cuyo fin principal es la lucha contra la corrupción en Venezuela.
También los eurodiputados de derecha hubieran tenido que explicar a su electorado cómo es que mantienen un discurso contra la corrupción administrativa, y luego se ponen del lado de corruptos venezolanos, movidos por un interés político.