Con la salida del gobierno de Uribe y la asunción del nuevo presidente Juan Manuel Santos, muchos vaticinaban una agudización del conflicto regional con Venezuela y Ecuador por las acciones desarrolladas por Santos cuando fue Ministro de la Fuerzas Armadas defendiendo los planes de exterminio de la guerrillas de las FARC, ELN y otras, esas campañas en que a la vez masacraban a los campesinos y sus familias, bajo una vieja estrategia de tierra arrasada, con el objetivo de quitarle a los grupos insurgentes su apoyo local.

Pero en sus primeras acciones de gobierno Santos se desprende en lo internacional, de la instalación de las 7 bases militares estadounidenses. Al no aprobar estos acuerdos, invita a los presidentes de Venezuela Hugo Chávez y Rafael Correa de Ecuador a restablecer los vínculos diplomáticos, se restablecen los acuerdos comerciales entre el empresariado colombiano y venezolano y hasta se articulan algunas acciones en materia de lucha antidroga y la extradición de mafiosos narcotraficantes, dando a entender un manejo mas amplio en las diferencias entre estas naciones, luego de la crisis diplomática con la agresión a Ecuador y las acusaciones de vínculos del presidente Chávez con la guerrilla.

Pero uno se pregunta ¿Santos cambió su visión geopolítica al ser presidente? ¿Ha dejado sus discursos agresivos a lo externo del país, su pertenencia a los sectores empresariales, a los monopolios de la prensa y a su calificación de miembro de la Oligarquía colombiana? Sus acuerdos con el Plan Colombia siguen intactos, solo se ha parado la instalación de las bases gringas, pero la violencia sigue en todo el país -no solo con la guerrilla- sino también con los campesinos, los trabajadores, los periodistas y los comunicadores sociales, aplicando políticas de corte seudo fascista. Se mantienen también los grupos paramilitares, así como los nuevos carteles de la droga.

Entonces surge otra impronta, los vínculos y los acuerdos con Venezuela, ¿son sinceros y no ocultan una carta bajo la manga? porque en período de Uribe se dieron algunos acuerdos, desde comerciales hasta energéticos, pero también vimos las trampas y la manipulaciones hacia el mandatario venezolano, para llevarlo a un laberinto en el tema de la FARC, pidiendo su apoyo para la liberación de rehenes para luego vincularlo a la guerrilla, llegando hasta a plantearse una guerra regional, en el marco de las políticas de EEUU para la región.

La política de Colombia lleva medio siglo signada por el terrorismo de Estado

La historia de Colombia desde mediados de siglo 20 con la muerte por asesinato político del líder popular del Partido Liberal Eleizer Gaitán, marcó décadas de violencia popular y social, hasta el surgimiento de las guerrillas que comenzaron liberales, hasta llegar a constituir grupos marxistas. Se produjo una agudización de la lucha de sectores sociales, que tuvieron como respuesta mayores niveles de violencia, no solo con los actores políticos de las guerrillas, sino que se amplió a los campesinos, a los trabajadores, a estudiantes, políticos (senadores, diputados, concejales, dirigentes políticos, abogados, jueces, etc.,). El estado colombiano sustentó su poder en el ejercito y la policía, ampliando con paramilitares un plan de exterminio sobre los opositores. Algunas cifras de medicina legal de Colombia reflejan que 38.255 personas han desaparecido en sólo 3 años (2007al 2009) en Colombia, así como existen 7.500 presos políticos con sumario bajo montajes judiciales.

Hemos manejado algunas cifras cercanas a la gestión de Uribe y del nuevo presidente Santos. En un informe del 2011 de la Central Unida de Trabajadores (CUT), sus dirigentes denuncian que “En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”

La preocupante extradición Joaquín Pérez Becerra a Colombia

La deportación de Pérez Becerra nos hace reflexionar sobre los derechos de los periodistas, de los luchadores sociales por el derecho a la vida, así como sobre los derechos de asilo político, los procedimientos legales para su expulsión de Venezuela siendo ciudadano sueco, o la ausencia de una condena en Colombia y la inexistencia de una alerta roja de la INTERPOL. Todo esto deja entrever una nueva estratagema del gobierno colombiano, para llevar al gobierno de Venezuela y al presidente Chávez hacia una mala imagen política en América Latina y el mundo, por no proceder con cautela y no estudiar el caso del periodista colombiano.

Algunas consideraciones históricas muestran a Pérez como un perseguido político, no por pertenecer a la guerrilla sino por su vinculación con la Unión Patriótica (UP), la que sufrió la peor cacería de brujas de la historia de Colombia en el denominado plan "Baile Rojo", genocidio político que consta ante la CIDH del Colombia y la OEA en el que “5000 personas fueron asesinados por los aparatos de exterminio del Estado colombiano”, donde su esposa fue asesinada en el marco de ese plan. Estos nuevos montajes no son nuevos en la guerra sucia en Colombia, donde el DAS ha sido denunciado por acusaciones infundadas, en un país donde los jueces y abogados viven la crónica de una muerte anunciada (como lo refleja magistralmente García Márquez en su novela).

Este hecho no retrotrae a las consignas posteriores a las dictaduras de América Latina, donde los luchadores por la violación de derechos humanos impulsaron la consigna “nunca mas” a estos hechos. No podemos volver atrás, defender la vida y lo derechos del periodista Joaquín Pérez Becerra, es defender el derecho a la justicia, a las normas procesales internacionales que no pueden ser acuerdos particulares de gobiernos.

No caigamos en la trampa de la derecha colombiana, su objetivos no colindan con el humanismo, el socialismo o cualquier modelo de justicia social, solo reflejan el poder y los intereses de la oligarquía, sus aparatos y su socio principal, el gobierno de EEUU.

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