El martes 17 de mayo tendrá lugar en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional una reunión de vida o muerte para miles de venezolanas y venezolanos. No exagero, es literal. Por iniciativa del presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, se darán cita allí un grupo de diputados, pacientes renales, médicos y demás interesados en el tema de la donación de órganos en Venezuela, con el propósito de descongelar una reforma legal que permita masificar en el país esta práctica indispensable para la sobrevivencia y mejor calidad de vida de un número alarmante de ciudadanos.
Sólo en el caso de los pacientes renales, son 1 mil 500 personas las que esperan por un trasplante de riñón y se mantienen con vida, en dolorosa espera, acudiendo al recurso, costoso y traumático, de la diálisis, por medio del cual una máquina cumple la función de los riñones: limpiar la sangre de toxinas. La lista aumenta cada año. La mayoría muere en la espera, dado el bajísimo número de trasplantes que efectivamente se realizan en el país.
Soto Rojas tomó la iniciativa de convocar la reunión del martes luego de una entrevista que le hice para VTV, en el programa Toda Venezuela, durante la cual un paciente renal llamó por teléfono al canal para clamar por una salida legal a ese drama, frente al cual persiste un grotesco desinterés colectivo. Su petición no cayó en saco roto, dada la conocida sensibilidad humana y social de Soto Rojas.
Este diario ha venido publicando, desde hace algún tiempo, una serie de notas acerca de este drama y la necesidad de enfrentarlo a través de una reforma legal relativamente sencilla, aunque de repercusiones extraordinarias.
Vladimir Adrianza, cuya esposa salvó su vida mediante un trasplante de riñón en Colombia, financiado por el Fondo Único Social, explica que basta con introducir en la ley el concepto de “donación presunta” para dar un vuelco al pasivo que Venezuela muestra en esta materia. De adoptarse esta concepción, todos los ciudadanos seríamos “presuntos donantes” a los ojos de la ley, salvo aquellos que, por cualquier razón, hayan dejado establecido en un documento la negativa a que, en caso de muerte cerebral, sus órganos puedan ser utilizados para salvar otra vida. Es decir, los que no deseen donar no estarán obligados a hacerlo.
En el diario también hemos publicado el caso del artista plástico José Gotopo, quien, como suele suceder cuando se tiene suerte, logró hacerse un trasplante de riñón en el exterior, aunque al costo de vender prácticamente todos sus bienes. Gotopo vive con muchas privaciones en el Zulia, pero vive, y ha asumido una cruzada personal para promover una reforma legal sobre el tema. También se ha propuesto sensibilizar a las autoridades y a la sociedad en general sobre las penurias del paciente renal.
El cambio de la legislación venezolana puede venir por la vía de una nueva Ley de Salud o por la modificación de la Ley Sobre Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Humanos.
No faltarán quienes lo rechacen alegando razones religiosas, discutibles, pero al fin y al cabo respetables. Los habrá también quienes los hagan, a la callada, presionando por aquí y por allá, por razones crematísticas: la diálisis no sólo es un tratamiento doloroso para el paciente, sino también un jugoso negocio para proveedores de insumos y servicios privados de medicina.
Hasta hace poco los trasplantes en Colombia eran relativamente fáciles para los que podían pagarlos. Desde hace un tiempo, los pacientes venezolanos tienen la obligación adicional de nacionalizarse colombianos si quieren hacerse un trasplante en la hermana República.
La AN tiene la oportunidad de acabar con todas esas distorsiones. Finalizada la vida, podemos ayudar al prójimo a prolongar o mejorar la suya. Es también una forma de trascender a la muerte, de vivir en el otro. Y de enfrentar a la enfermedad como negocio.
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