Si existe alguna revolución apegada al derecho burgués mas ramplón es esta supuesta revolución bolivariana, y yo no diría tanto por el poder político, quien seria culpable o en menor grado cómplice por permitirlo, sino por el poder judicial, el cual es abiertamente de derecha (Y de muy bajo nivel, no solo político-ideológico sino hasta intelectual e incluso cultural, obviando lo ético naturalmente) y conservador de muy poca profundidad en el análisis; eso sí, excesivamente pragmático, he ahí sus supervivencia su “adaptabilidad” (“Inteligencia” me dijo una vez un pumalaca porque el sí se sabe adaptar, yo en cambio era “bruto”) y el por qué se ha mantenido, cuando tiene todas esas características contrarias a lo que es un intelectual, que lo debe ser tanto un Magistrados como Jueces como catedráticos, he ahí, repito, su fuerte, la capacidad de mimetización. Yo por mi parte, prefiero quedarme “bruto”, por eso es que el mundo está así, porque un grupo de personas con capacidad suficiente para subvertir el sistema, que ellos saben que lo está haciendo mal, pero han optado por callar para conservar sus privilegios, status, tranquilidad o confort.
Esto lo digo por el caso Joaquín Pérez Becerra, que es un caso político, pero que desenvuelve en las arenas jurídicas, en este caso del derecho internacional; y lo traigo a colación, porque si ha habido una justificación mas formalista y “apegada al derecho”, al derecho que pauta el imperio atlántico, ha sido la versión oficial o justificación del por qué se entregó a Joaquín Pérez Becerra, primero: “Ese señor tenia código rojo por INTERPOL, que querían que no lo entregara…Así como entregue a Chávez Abarca a Cuba que tenia Código Rojo también..Que querían que no .lo hiciera…”; elemento más respetuoso (Y subordinado) con el derecho internacional imperial, para nada revolucionario, no puede haber; es que ni la Europa Atlántica y hoy perro faldera de Washington, ha sido tan sumiso con eso de los “códigos rojos” de INTERPOL, y para no salirme del caso, tenemos a un Alemán-Judío, que es el autor material de tener teñido de sangre a todo el norte de Sur-América, ya que fue el que enseño a matar sin compasión a los grupos paramilitares Colombianos que Rusia lo iba a extraditar a Colombia y el tribunal de la Comunidad Europea, dijo que no por ser el caso de naturaleza política y corría peligro de muerte, este caballero se llama Yair Klein. INTERPOL nace en plena guerra fría, cuando la teoría de la seguridad nacional gringa, precisamente, para impedir la penetración de agentes comunistas-soviéticos y establecer una lista negra de comunistas peligrosos, a fin de que no se escondiera en otras países de la órbita occidental; ese es el célebre “código rojo”; hoy, con la globalización neoliberal, INTERPOL ha sido repotencia y aunque no pierde su trasfondo político que nunca lo dicen (En la guerra fría tampoco decían que era político sino “criminal”), ha sido repotenciada con la lucha en contra del terrorismo, que es una “lucha” política eminentemente. segundo: El segundo argumento de la entrega de JPB, es precisamente el temor a la invasión o guerras preventivas impuestas unilateralmente por el imperialismo; aquí ya no sería respeto al derecho sino respeto sublime a una norma de hecho producto de un terrorismo de estado imperial, que ha impuesto New York, a los pueblos del mundo que Bush llamó “Guerra Infinita en contra del terrorismo”, perseguir a los terroristas en donde se encuentre, sin respetar el derecho internacional, este argumento es “mucho pior”. Bueno vamos a dejarlo hasta aquí puesto que los otros argumentos como ese de que venía a sabotear (Lo “sembraron” por estar infiltrado, en un avión y lo mandaron para Caracas) la reunión de la CELAC o de que yo sé cosas que ustedes no saben y no puedo decirlas; no son argumentos jurídicos, por lo tanto no los quiero meter en este análisis referido a “Derecho, Política y Revolución”.
Precisamente, así se llama el artículo de un tal Yoel Pérez Marcano, “Derecho, Política y Revolución”, me imagino que será hermano de la Diputada por Monagas del PSUV o de uno de los fundadores del antiguo MIR, por tener los mismos dos apellidos, aunque son bastante comunes ambos y pudiera ser que ni familia remota son, porque no quiero pensar que ya los psuvistas están como los adecos y los burgueses, conservando los apellidos de los abuelos famosos como los Ruiz Pineda o la rectora ucevista que usa los dos apellidos del papá famoso y obvia el materno.
En este articulo Pérez Marcano, hace un análisis, bueno por cierto y bien resumido, en lo que respecta al derecho como expresión de la clase dominante socialmente; pero hasta ahí, luego la pone, bien grandota, cuando quiere utilizar esa crítica socialista al derecho establecido de las clases dominantes, para justificar, desde la óptica marxista y revolucionaria, lo injustificable, la entrega de JPB. Es decir que Pérez Marcano, quiere estar bien con Dios y con el Diablo, quiere seguir siendo chavista revolucionario y marxista a la vez; el problema es que eso son galimatías.
A continuación el artículo de Yoel Perez Marcano, el cual se explica por sí mismo, con los elementos que hasta ahora he analizado, saque usted mismo sus conclusiones:
Francisco Sierra Corrales
franciscosierracorrales@yahoo.com.ar
La reproducción es en Word, lo resaltado es mío y su original es de Aporrea.org.
DERECHO, POLÍTICA Y REVOLUCIÓN
Por: Yoel Pérez Marcano
Aporrea-Fecha de publicación: 22/05/11
Aunque algunos desconfiados lo hayan olvidado, a pesar de sus sesudos estudios de la literatura fundamental de la revolución anticapitalista, el Derecho es la manifestación normativa de la voluntad de las clases y sectores sociales dominantes en una determinada sociedad y, el límite de su vigencia está fijado, no por la norma misma, sino por la preservación del Poder Constituido de esas clases, hecho Estado, para imponerle al conjunto de la sociedad sus intereses.
Contrario a las viejas doctrinas jurídicas burguesas, promovidas en las Escuelas de Derecho y en los estrados tribunalicios, el Derecho conocido no es ni puede ser una emanación de la naturaleza del Ser Humano ni mucho menos expresión de la “voluntad general de las sociedades:”, sino el producto político y cultural del desarrollo de las sociedades de clase, cuyo contenido y propósito responde, en cada momento del desarrollo histórico concreto, a quienes ejercen la hegemonía social y, por esa vía, ejercen el control del Poder del Estado y lo ponen al servicio de sus intereses de clases.
El Derecho es el regulador de la vida política de un Estado, determinándoles a los ciudadanos y a las ciudadanas el ejercicio de sus derechos, garantías y libertades y el cumplimiento de sus obligaciones, a la vez que les establece una relación de reglamentada subordinación a los órganos del Estado, al establecerles a estos sus atribuciones, competencias y funciones e, instituyendo su Judicatura, como instrumento final de legitimación y defensa en los casos en que el Derecho establecido favorece la posibilidad de cuestionar la preservación del sistema.
Toda revolución, cuando asume la dirección del Estado, “naturalmente” desarrolla la producción de un orden jurídico que responda a tal proceso de cambio y en consonancia con las clases y sectores sociales a favor de los cuales se desarrolla tal revolución, pero tal Estado de Derecho no está ni puede estar por encima de la Revolución misma, a tal punto de ponerla en riesgo ante las acciones contra-revolucionarias internas y externas, razón por la cual, en la contradicción entre Derecho establecido y el Derecho de Defensa de una Revolución, no puede haber dudas de que este Derecho deberá imponerse, no importando la formalidad invocada y el artificio jurídico esgrimido, porque la Revolución es el Derecho Fundamental de los Pueblos oprimidos, en sus luchas contra el imperialismo y las clases propietarias que se les subordinan, con el propósito de derrotar un proyecto revolucionario popular que se propone destruir el Estado de los Propietarios, en Transición al Estado de los Trabajadores.
No puede entenderse entonces, como organizaciones venezolanas y respetables colectivos e individualidades que se definen revolucionarias y dicen asumir el proceso revolucionario venezolano bajo el liderazgo del comandante Chávez, se convierten en expertos defensores del Derecho nacional e internacional, invocándolos como instrumentos para rechazar una decisión política, que no tuvo otro propósito que defender al Estado en Transición Revolucionaria de una, más que demostrada, conspiración, fraguada por el imperialismo, instrumentada por el Estado oligárquico colombiano y apoyada por el gobierno otanista del Reino de Suecia, aprovechando el circunstancial viaje a Venezuela de un militante revolucionario colombiano.
Será posible que estos camaradas sigan pensando que, en términos de la lucha de clases nacional e internacional, nuestro Derecho a la Revolución está supeditado al Derecho y que podemos avanzar en nuestros objetivos estratégico de derrotar definitivamente al imperialismo y a las clases propietarias internas, apegándonos irrestrictamente a las normas del Derecho Internacional creadas y violadas descaradamente por los Estados burgueses, con el fin de preservar la hegemonía mundial del Capital y atacar a los Estados, gobiernos y movimientos sociales anticapitalistas, que desafían su pretensión de dominación mundial?.
No se trata hacerle apología al anarquismo, desconociendo la existencia de un cierto Derecho inevitable y necesario en todo Estado, incluso en un Estado en Transición Revolucionaria, sino tener siempre presente que el principal Derecho de los Pueblos es el Derecho a la Revolución y que tal Derecho, en todo caso, siempre estará por encima de cualquier consideración jurídica, porque, aunque no lo quisiéramos, estas son las condiciones impuestas por la dura y difícil lucha de clases y, con ese referente fundamental, debemos responder frente a la amenaza contra-revolucionaria. Si quienes desconfían de la decisión del comandante Chávez tienen alguna duda sobre este tema, entonces deberían revisar las recientes decisiones y acciones, de los Estados Unidos de América, el Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN, La Unión Europea y el ente sionista israelí sobre el proceso político en el Medio Oriente y el Norte de Africa.
