Las declaraciones del ministro de la Defensa de Colombia a través de las cuales manifiesta su preocupación por el desbalance que provoca en la región la compra de armas por parte de Venezuela, no sólo las calificamos de impertinentes, sino que son una consecuencia de una política intervensionista reiterada del gobierno de Uribe Velez en nuestros asuntos
internos que no tiene precedentes en la historia bilateral contemporánea de ambas naciones.

Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia, luego del resonante triunfo que obtuvo en las elecciones de 1.998, ha sido una constante que funcionarios del alto gobierno colombiano formulen declaraciones que intentan, de alguna manera, descalificar a Venezuela como país pacífico, democrático y respetuoso del derecho internacional. Han
sugerido alianzas subterráneas de Chávez o emisarios suyos con las guerrillas de las FARC. Han dicho ene veces que los grupos guerrilleros han convertido a nuestro territorio como opción para el escape y el rearme con el beneplácito de su gobierno y han llegado hasta asegurar que la guerrilla opera desde campamentos establecidos y consolidados en nuestro territorio.

Pero hasta el momento ninguna prueba documental y testimonial le han sido mostradas a la comunidad internacional sobre esas graves acusaciones que se formulan desde Bogotá de manera irresponsable y con una regularidad que llama al mayor asombro y que el gobierno de Chávez tan sólo se limita a desmentirlas y rechazarlas, sin hacer de las mismas
factores coadyuvantes para el deterioro y resquebrajamiento de las relaciones entre ambos países, por que entiende cabalmente que en aras de la unidad latinoamericana, una de sus altísimas prioridades que tiene, cualquier sacrificio vale la pena. Ha sido muy prudente y al mismo tiempo ha sabido manejar la tolerancia como arma inigualable para evitar que se
desborden las pasiones y la sangre llegue al río.

Los temas de reciente discusión que pusieron en grave peligro las relaciones diplomáticas y comerciales se impone retomarlos si queremos que los asuntos con el hermano país no se perturben.

Los casos del secuestro del guerrillero Granda ocurrido a finales de pasado año y el de los cuatro oficiales colombianos detenidos en Maracay en muy sospechosas andanzas de espionaje, antes de que ocurriera lo primero, son cuentas de un mismo rosario, pero esa realidad quedó soslayada para la discusión en niveles burocráticos secundarios, según nos
pareció entender a quienes vimos como mudos espectadores el desenlace final de la crisis por parte de los mandatarios de ambos países. Igualmente ese encuentro presidencial dejó en el limbo y con ello en la mayor impunidad, el mismo hecho del secuestro, el cual nadie, entonces ni aún hoy en día, puede desconocer que se trató de un grave delito, por demás execrable e intolerable.

Estos episodios no pueden quedar para el archivo histórico, de manera que en aras de unas relaciones promisorias hacia la paz, la concordia y la hermandad ciertas, tales hechos deben quedar aclarados y sancionados quienes resulten sus responsables intelectuales y
materiales con arreglo a los convenios y tratados internacionales en materia de integridad y soberanía nacional, así como en lo que tiene que ver con derechos humanos.

Ambos incidentes, donde la postura final de Venezuela ha servido para que el Estado colombiano llegue a la conclusión de que el gobierno de Chávez, lejos de ser honorable, pacifista y tolerante en alto grado, es muy débil y por ello es perfectamente posible seguir agrediéndolo tal y como lo acaba de hacer su ministro de la Defensa, agresión esa que se
torna inconcebible todavía más cuando voceros de la Casa de Nariño han dicho, tratando de restarle importancia a esas declaraciones, que los fueron a título personal y que, por tanto, en lo absoluto comprometen al gobierno de Colombia.

De allí que se le impone a nuestro gobierno actuar con pragmatismo, reduciendo al mínimo posible el sentimentalismo, pues hay que manejar de manera apropiada en la relaciones con Colombia, el hecho real y muy concreto de que su gobierno es un aliado incondicional del imperio del norte, quien a través de su Plan Patriota (antes Colombia) no tiene otro
objetivo que la causa y razón de su origen y de su implementación: controlar y doblegar a nuestro país.

La respuesta del vicepresidente José Vicente Rangel a las declaraciones del ministro neogranadino ha sido satisfactoria, desde nuestra óptica. En la rueda de prensa que convocó a tales fines fue enfático al decir que esas declaraciones son “canallescas” y las mismas se corresponden con una “injerencia intolerable..., tienen la misma
plasticidad, características y estilos que las que suelen utilizar los colaboradores inmediatos de Bush”, las cuales estarían “basadas en la despreciable interpretación de la realidad venezolana que manejan” para, finalmente, exigirle al presidente Uribe que diga públicamente si comparte la opinión de su ministro de defensa.

El presidente Chávez por su parte, expresó, luego de hacerles un llamado a los funcionarios del gobierno de Uribe para que vuelvan a la calma y decirles que Venezuela no tiene que darle explicaciones a nadie por las decisiones soberanas que adopta, pedirles que
dejaran de ser “peones del imperio.”

Ambos pronunciamientos de los más altos funcionarios del gobierno bolivariano deben orientar en lo adelante la conducta que nuestro país debe asumir frente a las futuras injerencias y agresiones de nuestros vecinos, las que, a no dudar, seguirán produciéndose como parte de una estrategia del referido Plan Patriota para “amansar” a Venezuela.