Se comenzó a destapar la podredumbre en Colombia. Un dirigente liberal de muy alta estirpe en la política de mando real y muy concreto para el destino del país hermano, fue detenido por la policía por disponer ésta de serias evidencias que lo comprometen como uno de los autores intelectuales en el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, hecho ocurrido hace 16 años (1.989), quien, como se recordará, adelantaba una campaña electoral un tanto distanciada de las tradicionales consignas políticas entre liberales y conservadores, las que, sin apuntar al convencimiento de que su elección hubiera podido traducirse en cambios radicales para beneficio de los grandes sectores ancestralmente excluídos de Colombia, generaban, sin duda alguna, simpatías en la mayoría de sus seguidores del liberalismo y del país en general, lo cual lo reflejaban claramente las encuestas de la época. En efecto, había en Galán una mejor manera de comunicarse con las masas y eso lo hacía diferente de los otros candidatos que le disputaban la nominación presidencial. Para el momento de su asesinato, ciertamente, encabezaba las preferencias con una importante ventaja sobre sus oponentes.



El sujeto señalado como el presunto responsable de haber ordenado la muerte de Galán, es el ex-ministro liberal y Senador Alberto Santofimio Botero, quien había sido acusado en el pasado reciente por sus vinculaciones muy estrechas con el cartel de Medellín y específicamente con quien fue su máximo capo, Pablo Escobar Gaviria.



Santofimio Botero, como aspecto relevante de la noticia de su detención por tan grave acusación, es uno de los políticos más entusiastas y activos en la campaña por la reelección de Uribe Vélez, al punto de que se le tiene como el dirigente de más peso en la tierra del actual mandatario colombiano en favor de que éste permanezca por cuatro años más en la Casa de Nariño.



No ha sido un secreto para nadie y menos aún para las autoridades antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica, las conexiones del presidente Uribe Vélez en el pasado con las mafias del cartel de Medellín, así como el hecho de que muchas publicaciones indican que lo fue su padre y muy activo, quien resultara asesinado al parecer por diferencias en el reparto de beneficios con integrantes de esas mafias. Documentos desclasificados por el Departamento de Defensa en mayo/05, lo incluyen, junto a Santofimio, como parte del grupo de narcotraficantes del hermano país en la década de los ochenta.



Hay hechos muy concretos sobre sus estrechas vinculaciones con el mundo del narcotráfico que se ventilaron durante su campaña para la presidencia, que él logró en todo momento capear con éxito, por supuesto con el auxilio desmedido y vergonzante de un gran poder mediático a su servicio, que aún conserva intacto.



Se dijo, entonces, que mientras ejerció la Alcaldía de Medellín (1.982/83) y la curul de Concejal (1.984/86), mantuvo negocios por grandes sumas con Escobar Gaviria para la construcción de viviendas masivas de interés social y otras obras públicas.



Se precisó que su amistad con el jefe mafioso se fraguó en razón de que ambos eran ganaderos con posesiones colindantes hacia las afueras de Medellín y que, además, lo llevaron algunos años después, siendo ya Gobernador del Departamento de Antioquia (1.995/97), a crear con su respaldo y apoyo logístico, fuerzas de choque y de protección a los hacendados que se les bautizó como las Cooperativas Convivir y que fueron la semilla de las hoy conocidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos de paramilitares criminales y narcotrificantes que han devastado poblaciones enteras y asesinado de manera bárbara a sus habitantes, sin que nadie hasta la fecha haya logrado impedirlo.



Ha salido a reflotar un grave hecho que marcó un momento crítico para el vecino país, porque junto a ese magnicidio político, igualmente fueron asesinados decenas de otros dirigentes, entre los cuales resaltaban por sus jerarquías, Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido cinco años antes (1.984) por sicarios al servicio de Escobar Gaviria, mientras ejercía la cartera de justicia y a quien le correspondió ejecutar la política de extraditar a narcotraficantes a los Estados Unidos, así como el senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, acribillado a balazos en 1.994, por mandato del jefe paramilitar Carlos Castaño, según lo determinó la justicia colombiana en 1.999.



Igualmente se hicieron evidentes para ese entonces, las complicidades de sectores de la dirigencia política del país con el narcotráfico y la insurgencia paramilitar, como ocurrió con el ministro de la defensa del Gobierno de Ernesto Samper, Fernando Botero, con Santiago Medina, quien fuera tesorero de su campaña electoral y con los ex-procuradores y ex-contralores generales de la Nación, Orlando Vásquez Velásquez y Francisco Becerra, respectivamente.



Como se recordará, el alto jefe paramilitar Carlos Castaño hace menos de dos años decidió abandonar el mando insurgente y aun cuando desde entonces desapareció del mapa y nadie sabe a donde se encuentra, existen algunas evidencias que lo ubican en el territorio norteamericano, pues su familia viajó a ese país poco antes de que anunciara su retiro, tal y como lo informó en su momento la prensa colombiana. Le entregó el mando de las autodefensas a quien fungía ser el segundo de abordo, Salvatore Mancuso, su par y compinche coterráneo de igual catadura, el cual, por paradójico que parezca, no solamente el Parlamento de Colombia le permitió el estrado en julio del 2.004 para que planteara sus exigencias para entregar las armas, sino que es la voz de ese grupo criminal con la cual Uribe Vélez busca, en la actualidad, suscribir convenios de paz que pocos gobiernos y organismos defensores de los derechos humanos en el mundo hasta la fecha han podido explicarse lo que anda detrás de

todo ello. Es interesante agregar que el propio Mancuso ha declarado en varias ocasiones que su agrupación controla el 35% de las bancadas del actual parlamento, lo cual explicaría su comparencia a la sede de ese alto poder del Estado.



Desde nuestra óptica lo vemos todo con meridiana claridad. Uribe es parte de la clase expoliadora y dominante de Colombia. Es una verdad del tamaño del universo sus conexiones con las mafias del narcotráfico; Washington lo sabe y él ha llegado a la conclusión de que la única oportunidad que vislumbra como la más oportuna para enterrar ese pasado y seguir siendo “útil” asimismo, al imperio y al estrato social al que pertenece, el cual mantiene una estrecha, ancestral y muy fructífera relación con factores económicos y políticos muy poderosos de los Estados Unidos, es ésta, buscar una nueva nominación presidencial que, sin duda, le abre un espacio para la maniobra hacia el futuro nada desdeñable.



La imputación a Santofimio Botero como autor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán es, con toda seguridad, una pesadilla fantasmal que debe tener acosado y perturbado al paisa Uribe, porque ello conspira en términos reales y muy concretos en contra de sus aspiraciones de continuar en la Presidencia de Colombia hasta el 2.010 y la abre perspectivas aún mayores de triunfo a la candidatura de Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional, quien se postularía a las elecciones del venidero año apoyado por factores claramente identificados con la izquierda moderada y radical del vecino país.